Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo institucional del proceso, en general, y del proceso penal, en particular, es la averiguación y reconstrucción de la verdad relativa sobre una situación fáctica que se presenta en el contexto de un procedimiento racional con el propósito de resolver un conflicto de relevancia jurídica. En este cometido, las reglas de estándar de prueba se constituyen en una herramienta provechosa de distribución del riesgo de error judicial y de control intersubjetivo de la decisión que permite evitar la arbitrariedad judicial. En esta memoria postulamos la idea, apoyada por un sector de la doctrina procesal especializada, de que su formulación no está constreñida a la declaración definitiva de los hechos probados en la sentencia definitiva, sino que es posible de ser establecida aun en decisiones preliminares y anteriores a ésta, en donde esté en disputa cualquier premisa fáctica del razonamiento probatorio que sea necesaria disolver para aplicar el derecho, tal como ocurre con la prisión preventiva. Dicho lo anterior, en la siguiente investigación intentaremos presentar esta discusión teórica, determinar su relevancia y sugerir algunos criterios generales de construcción de un umbral de suficiencia probatoria que sea aplicable sobre la proposición fáctica que recae sobre la concesión o denegación de la medida cautelar personal más intensa del sistema. Para ello, orientaremos el debate desde la mirada y los fundamentos práctico-epistémicos de la presunción de inocencia y su dimensión como regla de tratamiento del imputado. Al mismo tiempo, expondremos y someteremos a análisis crítico algunos pronunciamientos jurisprudenciales y evidencia empírica que dan cuenta de los problemas asociados, en parte, a la ausencia de una regla de estas características que influye en la imposición errónea de la prisión preventiva sobre personas que más tarde terminan siendo liberadas en alguna etapa del procedimiento penal como consecuencia de la confirmación de su inocencia probatoria. / 11/01/2019

The New Criminal Procedure Code of 2004 provides an extensive protection in terms of fundamental rights; however, a new obstacle for the proper administration of justice has surfaced involving the judge, who is constantly being affected in its finaldecision by the media.The author of this article discusses this problem from the field of preventive imprisonment, focusing on current cases and doctrine. In addition, the author makes an analysis and classification of judges based on their way of making choices, showing a discouraging picture of the situation. / El Nuevo Código Procesal Penal de 2004 es más garantista en cuanto a derechos fundamentales; no obstante, un nuevo obstáculo para una correcta administración de justicia lo supone el mismo juzgador, quien está siendo afectado constantementeen su decisión por los medios de comunicación.El autor del presente artículo expone este problema desde el ámbito de la prisión preventiva, centrándose en casos actuales y doctrina. Además, realiza un análisis y clasificación de los jueces en base a su modo de tomar decisiones, mostrándonosun panorama poco alentador.

El presente trabajo de investigación trata el requisito de apariencia de delito en la prisión preventiva y la categoría procesal de la evidencia como estándar probatorio para acreditarlo. Para tal efecto, bajo el método de análisis documental, conjuntamente con la técnica del fichaje, se revisan las instituciones jurídicas más importantes relacionadas. A partir de ello, se identifica la verdadera naturaleza de la prisión preventiva que responde a criterios de eficacia y criterios garantistas, manifestados en el peligro procesal y la apariencia de delito consecutivamente. Posteriormente, se analiza los elementos de convicción para acreditar apariencia de delito en la prisión preventiva bajo la categoría procesal de la evidencia, que exige ausencia de duda que después de realizada la audiencia de juicio oral el procesado será declarado culpable de la comisión del delito. Para tal efecto, los elementos de convicción que se utilicen serán consideradas auténticas pruebas en el proceso cautelar, cuya única deficiencia es que no han pasado los filtros de calidad que permite el control de acusación y el juicio oral. Asimismo, el estándar de la evidencia permite la discusión de las tres categorías del delito. / This research work deals with the requirement of appearance of crime in pretrial detention and the procedural category of evidence as a standard of proof to prove it. For this purpose, under the documentary analysis method, together with the signing technique, the most important related legal institutions are reviewed. From this, the true nature of preventive detention is identified, which responds to criteria of effectiveness and guarantee criteria, manifested in the procedural danger and the appearance of a crime consecutively. Subsequently, the elements of conviction are analyzed to prove the appearance of a crime in pretrial detention under the procedural category of evidence, which requires the absence of doubt that after the oral trial hearing the defendant will be found guilty of committing the crime. For this purpose, the elements of conviction that are used will be considered authentic evidence in the precautionary process, whose only deficiency is that they have not passed the quality filters that allow the control of the accusation and the oral trial. Likewise, the standard of evidence allows discussion of the three categories of crime.

This article analyzes the negative impact of the reforms within the criminal systems in Latin America, both for those who suffer a crime, and those who are accused of having committed such crime. Supprted by empirical data, the author warns how the innovations of the reformed criminal proceedings (for example, the simplified court proceeding or the active role played by prosecutors), by enrolling into an authoritative legalculture, become in practice contrary to their likely design. / El presente artículo analiza la incidencia negativa de las reformas llevadas a cabo en los sistemas penales de América Latina, tanto en relación a quien sufre un delito, como respecto a quien es acusado de haberlo cometido. Sustentado en información empírica, el autor advierte cómo las novedades del proceso penal reformado (por ejemplo, el procedimiento abreviado o el rol activo a desempeñar por los fiscales), al inscribirse en una cultura jurídica autoritaria, devienen en la práctica en formas contrarias a su diseño ideal.