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El silencio administrativo negativo, como limitación de acceso al mercado en casinos y tragamonedas y su influencia en los estados financieros de la empresaGarcía Rojas, Weyden 09 April 2014 (has links)
La presente investigación trata un tema muy controvertido, que se centra
en analizar la Aplicación del Silencio Administrativo Negativo en el Mercado
de Casinos y Tragamonedas dispuesto por nuestra legislación, la misma que
constituye una barrera burocrática de acceso al mercado como
consecuencia de la inacción de la Administración Pública.
El régimen económico, según está establecido y reconocido en nuestra
Constitución Política del Estado, permite la iniciativa privada y se ejerce
bajo una política de economía social de mercado, garantizando la libertad
de trabajo y la libertad de empresa, constituyendo la intervención del
Estado una forma de actuación de los poderes públicos, imponiendo límites
a la actuación de los particulares mediante el establecimiento de un marco
normativo, que establece cómo es que se tiene que desarrollar y ejercer el
derecho a la libertad de empresa y libre iniciativa, a efectos que el mercado
funcione, sin que ello implique una sobre regulación, como se da en el
mercado de Casinos y Tragamonedas, lo que hace difícil y complicada la
obtención de una autorización expresa para este tipo de negocio, por las
restricciones y barreras administrativas de acceso a éste mercado, tanto en
el MINCETUR como el gobierno local correspondiente, generando también
en algún momento una informalidad en este mercado.
Las barreras burocráticas de acceso al mercado en las empresas de Casinos
y Tragamonedas, como se ha indicado, están referidas en gran medida a la
sobre regulación y por ello es pertinente analizar el rol que debe jugar el
Derecho Administrativo en este mercado, que permita regularla en forma
eficaz y transparente, para que se establezcan relaciones más justas entre
las empresas dedicadas a la explotación de juegos de casino y máquinas
tragamonedas y el Estado. / Tesis
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Análisis de constitucionalidad de la facultad de la Contraloría General de la República para sancionar por responsabilidad administrativa funcional y su relación con el principio del "Ne bis in idem"García Cobián Castro, Erika 19 August 2014 (has links)
En el ordenamiento constitucional peruano, la Contraloría General de la República es
un organismo constitucional autónomo y órgano superior del Sistema Nacional de
Control, encargado de la supervisión de la legalidad de la ejecución del presupuesto del
Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas
a control (artículo 82º de la Constitución Política del Perú).
Por su naturaleza institucional la Contraloría General corresponde a la figura de una
Entidad Fiscalizadora Superior, definida como el organismo público que, con
independencia de su designación, constitución u organización, ejerce en virtud de su
competencia jurídica, la más importante función de auditoría pública en el Estado1
No obstante la existencia de este marco institucional, la Contraloría General de la
República consideró, en su oportunidad, que las facultades con las que contaba para el
y rectoría del control gubernamental / Tesis
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“El procedimiento de fiscalización es el único procedimiento regular previo para la válida emisión de la resolución de determinación”Vera Alfaro, Milton André 17 January 2018 (has links)
La presente investigación se dirige a establecer si la Administración Tributaria (en adelante
AT) puede emitir válidamente una Resolución de Determinación (en adelante RD), sin
efectuar previamente un procedimiento de fiscalización; este cuestionamiento, surge por la
técnica legislativa empleada en el vigente Código Tributario peruano (en adelante CT) que
denota una falta de claridad sobre la vinculación expresa entre ambos conceptos, y por la
numerosa cantidad de pronunciamientos del Tribunal Fiscal (en adelante TF) respecto de
los siguientes supuestos (i) la errónea utilización de la RD y la Orden de Pago (en adelante
OP); y (ii) la existencia de RD sin un procedimiento de fiscalización previo, debido a la
convalidación del acto administrativo. En tal escenario, el primer objetivo de la investigación
es examinar los elementos vinculados a la determinación de la obligación tributaria, el
procedimiento de fiscalización, la verificación, la RD y la OP para conocer sus
características y la idónea relación entre cada uno de ellos; el segundo objetivo busca
estudiar si la deficiente técnica legislativa del artículo 61º y 75º del vigente CT, reflejada en
la reunión del procedimiento de fiscalización, la verificación, la RD y la OP sin efectuar
alguna distinción de qué procedimiento regular de formación corresponde a cada acto
administrativo, también se presentó en los anteriores CT promulgados y publicados, así
como, revisar las resoluciones del TF emitidas en la última década, que implicaron la nulidad
de OP ya que su verdadera naturaleza jurídica correspondía a RD y las que versaron sobre
la aplicación de la convalidación de OP como RD; el tercer objetivo es identificar los
principios jurídicos y derechos del deudor tributario amenazados o vulnerados por los
problemas antes descritos. Finalmente, se concluye que la AT solo puede emitir válidamente
una RD siempre que haya efectuado previamente un procedimiento de fiscalización. / Tesis
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Dificultades de los gobiernos locales para la cogestión de los programas de complementación alimentaria : caso Municipalidad Provincial de Huancavelica-Perú, junio 2011Torres Saavedra, John, Romero Untiveros, Luis Alfredo 13 June 2016 (has links)
La investigación está enmarcada en el proceso descentralización que implica la
transferencia de la gestión de los programas sociales. Esta transferencia plantea
desafíos técnico - administrativos, fiscales y políticos, que son necesarios para
responder a las exigencias de innovación institucional en los gobiernos sub
nacionales para conducirse con liderazgo, exigiendo además del gobierno nacional
el establecimiento de mecanismos que viabilicen los canales de coordinación
intergubernamental y que propicien la autonomía local.
Asimismo, la investigación es de nivel meso. Involucra un elemento de la política
sectorial perteneciente a una competencia del Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social (MIMDES) relacionada con programas sociales de seguridad alimentaria y
programas de complementación alimentaria (PCA), focalizada en el programa de
Comedores Populares. Aborda expectativas, intereses, percepciones y opiniones
sobre el rol de los actores en la gestión del programa de Comedores Populares
transferido, visualizando cómo se gestionan en el ámbito local.
Se toma como estudio de caso al gobierno provincial de Huancavelica, abordándose
como una investigación cualitativa. A nivel institucional toma en cuenta al
subsistema psicosocial: estrategias y estilos de liderazgo, comunicación y
relacionamiento de los representantes políticos y técnicos con organizaciones
sociales de base, que son las destinatarias directas del PCA.
Se proponen recomendaciones y lineamientos para aportar al fortalecimiento de
capacidades en la gestión de programas sociales de los gobiernos locales orientado
a sugerir mejores condiciones de concertación para la cogestión local,
contribuyendo al debate sobre los desafíos del proceso de transferencia de estos
programas sociales. / Tesis
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La inclusión de la subsanación voluntaria como eximente de responsabilidad en la ley del procedimiento administrativo generalMartínez Alfaro, Alexandra Arminda Rosa January 2018 (has links)
La potestad sancionadora de la Administración Pública tiene su manifestación primordial en el procedimiento administrativo sancionador, el cual tiene como finalidad determinar la existencia de una conducta infractora, y una vez probada, imponer las sanciones respectivas. Sin embargo, se ha introducido en nuestro ordenamiento legal una figura que omite la imposición de una sanción, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos. En ese sentido, este trabajo es pues un primer estudio y análisis de la figura de la subsanación voluntaria como eximente de responsabilidad por infracciones en el procedimiento administrativo sancionador.
Para tal efecto, se ha preguntado ¿Cuál ha sido la motivación para trasladar la subsanación voluntaria de su calidad de atenuante a la de eximente de responsabilidad por infracciones?, teniendo cono Objetivo General el determinar cuál es el efecto de la inclusión de dicha opción legislativa innovadora.
De lo analizado, se obtuvo como conclusiones, entre otras, que con la modificatoria introducida a través del Decreto Legislativo N.° 1272, los procedimientos administrativos sancionadores, en todos los sectores, están siendo adecuados, de tal manera que se defina la aplicación de la eximente de responsabilidad que nos ocupa, y que a su vez, conlleva a que la Administración Pública, como partícipe del impulso de las reformas, evite imponer condiciones menos favorables a los administrados que las dispuestas por la Ley.
Finalmente, se conviene en considerar que la variación de atenuante a eximente obedece a reducir la carga procesal de la Administración Pública al decidir el inicio de procedimientos administrativos sancionadores, en los casos en que las infracciones no hayan sido subsanadas, con la finalidad de lograr una mejor atención a los administrados, priorizando y optimizando el uso de recursos públicos. / Trabajo académico
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El estado de necesidad justificante como eximente de responsabilidad administrativa: análisis del procedimiento administrativo sancionador por la prestación ilegal del servicio de radiodifusión por municipalidades de zonas rurales y de preferente interés social en el PerúLinares Ormeño, Glendy Mishell 08 May 2017 (has links)
El presente trabajo de investigación se enfoca a analizar el estado de necesidad justificante como un eximente de responsabilidad administrativa en los procedimientos administrativos sancionadores seguidos contra municipalidades de zonas rurales o de preferente interés social, por la prestación ilegal del servicio de radiodifusión en el Perú en el contexto de desastres naturales y estados de emergencia, pues al no haber operadores privados de radiodifusión en las citadas zonas son las municipalidades las que se ven obligadas a operar de manera “ilegal” en determinados frecuencias y canales para poder comunicar a su población sobre temas de seguridad y prevención. / Trabajo académico
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El ejercicio del derecho de defensa del contratista de manera previa a la declaración de nulidad de oficio de los contratos públicos celebrados y regidos por la ley de contrataciones del estado y su reglamento, y sus efectos, en aplicación de las normas comunes del texto único ordenado de la ley de procedimiento administrativo generalVera Díaz, Adela Yvonne January 2018 (has links)
El presente trabajo de investigación busca analizar el ejercicio del derecho de defensa del
administrado cuando la Administración, por causas concretas, pretende declarar la
nulidad de oficio de un acto, concretamente, de un Contrato Público. Este tema resulta
sumamente relevante, debido a que permite asegurar el interés y la seguridad jurídica del
contratista, dado que, cuando la Administración le corra traslado del oficio o documento
donde se manifieste la intención de declarar la nulidad del acto, este podrá realizar su
descargo en el plazo de cinco (5) días, para que, posterior a ello, corresponda el
pronunciamiento determinado, debidamente motivado por parte de la Entidad respectiva.
En este análisis se trabaja desde el ámbito de lo establecido en el Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, específicamente en
cuanto a los dispuesto en su artículo 211°, y aterrizando a las Contrataciones del Estado
y a su normativa especial, así como, además, a lo señalado en nuestra Constitución
Política, y legislación comparada.
Se concluye que el contratista puede ejercer su derecho de defensa –derecho protegido
constitucionalmente-, antes de la declaración que realiza la Entidad respecto a la nulidad
de oficio de un contrato público suscrito, en virtud a que dicha nulidad recae sobre la
resolución mediante la cual se le adjudica la buena pro, y no a una relación contractual
propiamente dicha. Por ello, es posible precisar que el contratista, antes de que la decisión
de declarar la nulidad sea firme, puede presentar sus argumentos de defensa a fin de hacer
preservar su derecho legítimamente obtenido, asegurar su derecho constitucional a un
debido procedimiento, derecho de defensa, y debida motivación de manera antelada. / Trabajo académico
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El procedimiento administrativo sancionador en el régimen disciplinario de la Policía Nacional del PerúBueno Hidalgo, Mirtha Ira January 2016 (has links)
Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere asesor / La Potestad Sancionadora de la Administración, está regida por un conjunto de principios, contenidos en el artículo 230 de la Ley N.º 27444; encontrándose establecido en el artículo 229.2 de la ley en comento que todas las entidades de la administración pública que ejerzan potestades sancionadoras cuando tramiten los respectivos procedimientos administrativos sancionadores, aunque estos últimos se encuentren regulados por leyes especiales, estarán obligadas a observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa consagrados en la LPAG. Asimismo, es necesario precisar que el Tribunal Constitucional ha establecido en el Expediente N.º 2050-2002-AA/TC el criterio de que la sanción administrativa no solo debe imponerse dentro de las normas establecidas en el marco institucional, sino que debe observar principios constitucionales y que la aplicación de una sanción administrativa constituye la manifestación del ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración, que como toda potestad, en el contexto de un Estado de Derecho, está condicionada, en cuanto a su propia validez, al respeto de la Constitución, de los principios constitucionales y, en particular, a la observancia de los derechos fundamentales. De conformidad con lo establecido, la Administración Policial en la sustanciación de procedimientos administrativos disciplinarios debe sujetarse al irrestricto respeto de los derechos constitucionales procesales y a los principios constitucionales que lo conforman y que se encuentran contenidos en el artículo 1 del Decreto Legislativo N.º 1150 modificado por el Decreto Legislativo N.º 1193, dispositivo que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú; cabe precisar, que este régimen no es uno que esté apartado del Procedimiento Administrativo General, pues como ya antes dijimos pese a tener una regulación especial, este está supeditado a los principios generales del derecho administrativo sancionador. / Tesis
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Las faltas administrativas y su relación con los delitos contra la administración públicaMendivil Mamani, Angel Ernesto 14 February 2018 (has links)
La potestad sancionadora de la Administración Pública tiene que realizarse con respeto
al debido procedimiento administrativo, establecido por el Tribunal Constitucional, uno
de estos principios es el ne bis in ídem, que establece que nadie puede ser sancionado o
procesado dos veces por los mismos hechos.
Una de las entidades que imparte el procedimiento administrativo sancionador es la
Contraloría General de la República a partir de la Ley N° 29622 y su Reglamento se
ampliaron las facultades sancionadoras de la Contraloría General de la República, con el
propósito de sancionar administrativamente a funcionarios que habrían incurrido en
faltas administrativas en el desempeño de sus funciones, sin embargo si bien esta
decisión la encuentra acertada como política anticorrupción vemos que muchos de los
fundamentos de estas faltas administrativas que son consideradas como muy graves
compartirían el mismo fundamento que algunos tipos penales vigentes en nuestro
Código Penal.
En ese sentido, me planteo como objetivo dilucidar si no sería el fundamento jurídico de
algunas faltas administrativas y de algunos delitos el mismo, para lograr el mismo
divido el presente trabajo en tres partes, siendo la primera de ellas el estudio de la
función punitiva del Estado y el desarrollo de los principios constitucionales de la
responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos y de la potestad sancionadora de
la Contraloría General de la República.
En la segunda parte del presente trabajo se tratara un aproximamiento a los principales
delitos contra la administración pública, como el Cohecho, Peculado, Negociación
Incompatible, Colusión, Tráfico de Influencias, Nombramiento o Aceptación Indebida
para Cargo Público, Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, Concusión y
Malversación de fondos.
En la tercera parte se realizara un análisis comparativo entre las faltas administrativas
sancionadas por la Contraloría General de la República y algunos delitos contra la
administración pública a partir de la Ley N° 29622, para luego pasar a las conclusiones
y recomendaciones. / Trabajo académico
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Eficacia de la aprobación automática y del silencio administrativo positivo como mecanismos de simplificación administrativa en procedimientos administrativos sobre licencias de edificación en la Municipalidad Metropolitana de LimaMalca Suárez, Dulmer 12 February 2019 (has links)
El presente trabajo de investigación pretende analizar la eficacia de dos mecanismos de
simplificación administrativa empleados en los procedimientos de otorgamiento de licencias de
edificación tramitados ante la Municipalidad Metropolitana de Lima; estos son: la aprobación
automática y el silencio administrativo positivo. Se parte de la hipótesis que dicha municipalidad
desnaturaliza los referidos mecanismos de simplificación administrativa puesto que desconoce
y/o obstaculiza los efectos de estos en los procedimientos administrativos sobre licencia de
edificación de su competencia. Este tema resulta relevante ya que la actuación de las
municipalidades en los procedimientos sobre autorizaciones administrativas para edificar es un
factor determinante para contar con un desarrollo urbano ordenado y con los estándares de
seguridad suficientes, así como para tutelar los intereses de los administrados sin generar
inseguridad jurídica para los mismos. La investigación se sustenta en el análisis de la doctrina
sobre las técnicas de la aprobación automática y del silencio administrativo positivo; en el
análisis de la regulación de los procedimientos administrativos sobre licencias de edificación;
sobre el análisis de pronunciamientos del Tribunal Constitucional y; sobre el análisis de
resoluciones administrativas emitidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se concluye
que los servidores encargados de la tramitación de los procedimientos y/o de realizar las
acciones de verificación administrativa con posterioridad a la emisión de la licencia de
edificación realizan una serie de actuaciones propias de un procedimiento administrativo en
trámite, desconociendo la existencia de una resolución ficta que otorga la licencia de edificación
ya sea por aprobación automática o por silencio administrativo positivo, quitándole vigencia a
dichos mecanismos; lo que implica vulnerar el principio de seguridad jurídica y el principio de
legalidad. / Trabajo de investigación
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