Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objetivo de esta memoria es la de descubrir la naturaleza jurídica de los derechos de artistas, intérpretes o ejecutantes, cuestión que no pudimos dilucidar en el transcurso de este. Comenzamos por un estudio de los derechos de autor, a modo de preparar la entrada al tema, con el fin de ilustrar en que consiste y revisar las más importantes doctrinas acerca de su naturaleza. El capitulo segundo aborda el tema de los derechos conexos tratando, especialmente, aquellos que corresponden a los productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, deteniéndonos en las diversas posiciones que tratan de explicar su naturaleza jurídica, con el fin de establecer claras diferencias entre estos y el derecho de los artistas. Seguidamente nos abocamos, derechamente, a la exposición de las diversas variantes que existen sobre la naturaleza jurídica de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, terminando por exponer la posición de nuestra legislación, atendida la historia fidedigna de la ley, y nuestra propia opinión, la cual es influida, fuertemente, por los autores de las más modernas tesis que existen sobre la materia. El capitulo cuarto, aborda los derechos de estos sujetos que se han consagrado positivamente, analizando nuestra ley, la Convención de Roma, el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT). Especial mención merece el tema de la responsabilidad extracontractual por daño moral, el cual bien puede servir de tema a un nuevo trabajo

El presente artículo busca presentar nociones básicas sobre la publicidad y el Principio de Adecuación Social, así como la posición de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, y el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Asimismo, se hará una comparación con la legislación española y neerlandesa. Para una explicación más dinámica, el tema será visto desde el Fashion Law, y analizaré el controvertido anuncio publicitario de Dolce & Gabbana, donde la modelo Zuo Ye intentaba degustar platillos italianos con palillos chinos; así también, aplicaré la normativa nacional, ello para analizar si el anuncio hubiese sido sancionado en Perú. En una etapa posterior, se brindarán recomendaciones para dilucidar quién es el mejor posicionado para sancionar aquellos anuncios publicitarios que vulneren el Principio de Adecuación Social, ya sea mediante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), o a través del mecanismo de la autorregulación. Además, se expondrá el rol del análisis económico del derecho en el mercado nacional. Finalmente, se presentarán conclusiones y unas breves recomendaciones, las mismas que podrán ser utilizadas para complementar futuros razonamientos de la Sala Especializada en Competencia Desleal del Indecopi. / The article seeks to present basic notions on advertising and the Principio de Adecuación Social, as well as the position taken in the Ley de Represión de la Competencia Desleal and the Código de Protección y Defensa del Consumidor. Likewise, a comparison will be made with the Spanish and Dutch legislation. For a more dynamic explanation, this will be explained from a Fashion Law perspective, and I will analyze Dolce & Gabbana’s controversial advertisement, where model Zuo Ye tried to eat Italian dishes with chopsticks, and I will apply the national regulation. This will be made to analyze whether this advertisement would have been sanctioned in Peru. Afterwards, recommendations will be provided to elucidate who is in a better position to sanction advertisements that violate the principle, either through the Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), or through self-regulation; and the role played by the economic analysis of law in the peruvian market. Finally, conclusions and brief recommendations will be presented, which may complement future reasoning by Indecopi’s Sala Especializada en Competencia Desleal del Indecopi.

El presente informe jurídico analiza la denuncia ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) interpuesta por Geo Supply S.A.C., empresa del sector telecomunicaciones prestadora del servicio público móvil satelital, contra el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones por la presunta existencia de una barrera burocrática consistente en la fórmula de cálculo del canon por el uso del espectro radioeléctrico. La denuncia tiene como pretensión que se declare la inaplicación de la metodología de cálculo del canon, al considerarla como una barrera burocrática irracional que impide la ejecución de sus actividades comerciales. El caso refleja un problema jurídico medular que radica en evaluar la naturaleza jurídica del cobro del canon por el uso del espectro radioeléctrico que realiza el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La posición que se adopte sobre la naturaleza de esta obligación deriva en consecuencias jurídicas distintas respecto a las reglas que deberían regir su determinación y sus características Del caso analizado se derivan diversos tópicos controvertidos en materia jurídica como la naturaleza de los cobros efectuados por la Administración, las características del tributo, el alcance de la potestad tributaria, los mecanismos de interpretación del ordenamiento jurídico, las competencias de Indecopi, la evaluación de la vía idónea para cuestionar la razonabilidad del cobro del canon, entre otros temas que serán evaluados bajo el prisma de la teoría general del derecho. En las conclusiones de este informe se confirman nuestra primer hipótesis de investigación referida a que el canon por uso del espectro radioeléctrico tiene naturaleza tributaria, al calificar como una tasa de la especie derecho, así como nuestra segunda hipótesis que sostiene que la vía adecuada para cuestionar la razonabilidad del cobro del canon es el proceso contencioso administrativo o los procesos de acción popular o amparo en sede constitucional, en cuyo ámbito se puede efectuar un control de constitucionalidad de la razonabilidad del importe cobrado. / This legal paper analyzes the complaint filed before Indecopi by Geo Supply S.A.C., a telecommunications company engaged in the provision of public mobile satellite service, against the Ministry of Transportation and Telecommunications for the alleged existence of an administrative barrier consisting in the formula to calculate the fee for the use of the radio electric spectrum (“canon fee”). This complaint seeks to declare the non-application of the fee calculation methodology, considering that such methodology qualifies as an irrational administrative barrier that prevents the execution of its commercial activities. The case reflects a key legal problem that lies in evaluating the legal nature of the canon fee charged by the Ministry of Transportation and Communications. The position adopted on the nature of this obligation leads to different legal consequences with respect to the rules that should regulate its determination and characteristics From the case analyzed, several controversial topics in legal matters are derived, such as the nature of the fees charged by the Administration, the characteristics of the tax, the scope of the taxation power, the mechanisms of interpretation of the legal system, the competences of Indecopi, the evaluation of the suitable procedure to question the reasonableness of the canon fee, among other topics that will be evaluated under the prism of the general theory of law. The conclusions of this report confirm our first research hypothesis that the canon fee it’s a tax, as it qualifies as a fee of the type of law, as well as our second hypothesis that the appropriate way to question the reasonableness of the canon fee is the administrative litigation process or the processes of popular action or amparo in constitutional venue, in which a control of constitutionality of the reasonableness of the amount charged by the Administration can be carried out.

El presente trabajo tiene como finalidad analizar la Resolución Nro. 0479-2014/SDCINDECOPI contenida en el Expediente Nro. 002-2009-CLC, emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual -Sala Especializada en Defensa de la Competencia- del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI), mediante la cual se establece que, a efectos de la aplicación del artículo 3 de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, deberá entenderse que la interpretación de la "norma legal" en la que se basa la exención del control antitrust debe ser restrictiva o literal, es decir, la norma debe autorizar (u obligar) claramente la conducta bajo análisis y no debe aplicarse extensivamente a otras conductas. Así, para el caso concreto, desde un análisis de las instituciones del Derecho de Trabajo, y en especial de las del Derecho Colectivo de Trabajo, y del Derecho de Libre Competencia se analizarán los siguientes tres aspectos relevantes de la Resolución emitida: i. Si la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas es aplicable o no a los sindicatos respecto al ámbito subjetivo regulado en este dispositivo legal. ii. Si la legislación laboral, en particular aquella aplicable a las actividades sindicales, establece una exención (expresa o implícita) a favor de dichas organizaciones en lo que respecta a la aplicación de la legislación de libre competencia (ámbito objetivo de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas) iii. Si, de ser el caso, el actuar de los sindicatos denunciados en el procedimiento seguido resulta sancionable por la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas Del análisis de los puntos antes expuestos, se concluye, en primer lugar, que los sindicatos sí son agentes económicos, dado que son entidades de derecho privado y sin fines de lucro, cuyos integrantes (los trabajadores) realizan una actividad económica al ofrecer su fuerza de trabajo en el mercado, por lo que se encuentran dentro del ámbito subjetivo de 1 la norma en mención. En segundo lugar, respecto al ámbito objetivo del D.L 1034, compartimos el criterio de observancia obligatoria expuesto en la Resolución 0479- 2014/SD C-INDECOPI, en el sentido de que el criterio de exclusión debe orientarse a analizar si la conducta imputada como anticompetitiva es consecuencia de una autorización o permiso de la norma pertinente del sector (sin que ello represente una afectación a los principios que el derecho laboral / colectivo busca defender). Finalmente, consideramos que, a pesar de que las normas de competencia y las de relaciones laborales / colectivas buscan objetivos que podrían entenderse como contrapuestos, es posible una convivencia entre estas dos instituciones, siendo incluso que la aplicación de las normas de competencia puede llegar a ser beneficiosas en las relaciones laborales (con un énfasis especial en los trabajadores).

En el presente Informe, se analiza la Resolución N° 039-2020/SDC-INDECOPI emitida por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, mediante la cual se sanciona a América Móvil Perú S.A.C. por la comisión de actos de engaño mediante la campaña publicitaria “Max Internacional”. Primero, se presenta y desarrolla una postura sobre los parámetros de interpretación aplicables a la publicidad, con el objetivo de contrastarla con la tomada por el regulador en el caso. Segundo, se revisa la campaña materia de controversia atendiendo a conceptos jurídicos desarrollados a partir de la legislación y doctrina, a fin de establecer cuál era el mensaje publicitario y qué se entiende por “roaming” en el contexto de la campaña. Tercero, se aplican los criterios desarrollados en las dos primeras partes del Informe para cumplir con el objetivo de verificar si mediante la campaña se cometieron actos de engaño y, si es así, bajo qué términos. Todo ello a fin de contar con elementos adecuados y suficientes que sustentan la posición académica de que CLARO sí cometió actos de competencia desleal en la modalidad de actos de engaño según el artículo 8° de la Ley de Represión de Competencia Desleal. Finalmente, el Informe permite poner sobre la mesa los criterios aplicados por el INDECOPI en relación a la interpretación de la publicidad y, en específico, la decisión sobre una iniciativa comercial de uno de los sectores más dinámicos, pioneros y relevantes del mercado.

El presente trabajo de investigación analiza y desarrolla el funcionamiento de las adquisiciones de artículos o ítems virtuales en mundos o plataformas virtuales, desde un punto de vista jurídico. Este sofisticado mercado virtual, en el que interactúan millones de usuarios, plantea diversos desafíos relacionados con la protección de los artículos adquiridos, al igual que en el mundo real. Es así que, para identificar los tipos de protección jurídica de estos artículos, se analiza la naturaleza jurídica de los mismos desde el Common Law hasta el derecho peruano, lo cual nos lleva a poner en la balanza los derechos de propiedad tradicionales y los de propiedad intelectual y los derechos de autor, los cuales encuentran seguridad jurídica en los EULA o acuerdos de licencia que suscriben los usuarios. Es a partir de allí que destacamos cuáles son los mecanismos de solución de conflictos entre usuarios y cómo deben llevarse a cabo, para luego plantear propuestas ante los nuevos retos virtuales. / This paper analyzes and develops the functioning of the acquisition of virtual items in virtual worlds or platforms, from a legal point of view. This sophisticated virtual marketplace, in which millions of users interact, poses various challenges related to the protection of acquired items, just as in the real world. In order to identify the types of legal protection for these articles, the legal nature of these articles is analyzed from the Common Law to the Peruvian law, which leads us to put in the balance the traditional property rights and the intellectual property and copyright rights, which find legal security in the EULA or license agreements signed by the users. There, we highlight the mechanisms to solve conflicts among users and how they should be carried out, and then we make proposals to face the new virtual challenges.

La aparición de Internet supuso un reto para la protección de obras y respeto de derechos de autor. Se ha concluido que nos encontramos ante una “anarquía”, dado que lo virtual se confunde con lo material, y se pretende utilizar erróneamente los mismos mecanismos de protección de obras que son utilizados en el entorno “físico”. No obstante, esta “anarquía” puede dejar de ser tal si nuestras herramientas jurídicas son reinterpretadas, con el fin de lograr delimitar cuál es el alcance de protección de los autores, y de intervención de la autoridad administrativa. Es en ese contexto que el presente trabajo tiene por objetivo proponer un mecanismo de protección de derechos patrimoniales y de tutela de las autoridades administrativas adecuado para Internet, en el marco del fenómeno y auge de publicación de obras audiovisuales en plataformas streaming. De esta forma, a partir de la aplicación de dicho mecanismo, será posible establecer un equilibrio entre la protección al autor y la libertad de los usuariosconsumidores, siendo los pasos que, a nuestra consideración, se deberán emplear, los siguientes: (i) Aplicación de Licencias Creative Commons de forma previa a la publicación de obras en Internet; (ii) la interpretación amplia, no restrictiva, de los límites y excepciones, utilizando la Regla de los tres (3) pasos, así como la consideración de un límite que permita “user generated content”; y (iii) en caso que se produzca una infracción, la aplicación de una tutela administrativa efectiva que sea aplicada de forma proporcional en caso el supuesto infractor supere dichos límites y excepciones, con especial énfasis cuándo se comercialice la obra sin la debida autorización del autor.

Este Expediente está referido al procedimiento de oficio iniciado por el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI contra UNITED DISCO S.A., por una práctica discriminatoria que fue detectada en su establecimiento comercial, la Discoteca Aura. Como primer problema jurídico analizado en este caso se evalúan los alcances de la discrecionalidad del INDECOPI para la realización de las acciones de fiscalización. Como segundo problema jurídico, se evalúan los alcances de la materialización del derecho al debido procedimiento y cómo podría haberse visto afectado en el procedimiento. En este sentido, con respecto al primer punto se concluirá que la realización de inspecciones con la colaboración de organizaciones civiles (la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Defensa Legal) fue ilícita, pero que la diligencia encubierta sí se encontraba en arreglo al margen de discrecionalidad de la Administración. Por su parte, con respecto al segundo punto, se concluirá en que el derecho al debido procedimiento se habría afectado debido a que el Tribunal omitió brindar respuesta a un pedido del administrado presentado en su recurso de apelación, y a que tanto la Comisión como el Tribunal graduaron inadecuadamente la sanción. Para estos efectos, se considerarán tanto doctrina y jurisprudencia vinculadas como los instrumentos legislativos vigentes al momento de ocurridos los hechos. Nos referimos principalmente a la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y al Decreto Legislativo N° 807, Decreto que establece las Facultades, normas y organización del INDECOPI.

El accionar de las entidades de la Administración Pública - frente a los agentes económicos y/o administrados - cumple un rol fundamental en la relación entre el Estado y la Sociedad. Es debido a ello que, la exigencia de requisitos, limitaciones, prohibiciones y/o cobros que condicionen, restrinjan u obstaculicen, el acceso y/o permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o afecten a los administrados en la tramitación de procedimientos administrativos, debe darse en observancia al Principio de Legalidad con la finalidad de salvaguardar el debido procedimiento administrativo. A pesar de ello, la experiencia nos ha demostrado que - reiteradamente - la autoridad administrativa ha establecido exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones y/o cobros incumpliendo normas y/o principios de simplificación administrativa en perjuicio de los administrados; así como también, restringiendo u obstaculizando la presencia de los agentes económicos en el mercado a través de exigencias ilegales y/o carentes de razonabilidad. Este escenario ha generado que, la informalidad sea vista como una opción válida en desmedro del desarrollo económico y social del Perú. En este contexto, el Procedimiento de Eliminación de Barreras Burocráticas, llevado a cabo ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, toma un papel protagónico en la prevención y eliminación de barreras burocráticas, ya que ha permitido declarar la inaplicación de aquellas barreras burocráticas declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad en base a lo establecido en la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas - aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1256. Una muestra de la efectividad del Procedimiento de Eliminación de Barreras Burocráticas es el Ranking de Barreras Burocráticas elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi desde el año 2016. En efecto, solo en el año 2017, el referido Ranking de Barreras Burocráticas1 informó que se eliminaron 3 288 barreras burocráticas a nivel nacional, lo cual significó un ahorro ascendente a más de S/ 570 millones de soles a la ciudadanía. Ello, es una muestra de la trascendencia del Procedimiento de Eliminación de Barreras Burocráticas - a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas. Sin embargo, a pesar de la efectividad del Procedimiento de Eliminación de Barreras Burocráticas, aún está pendiente el debate con relación a la Naturaleza Jurídica del mismo; así como también, respecto a los efectos jurídicos que este produce. Es debido a ello que, el objetivo del presente trabajo radica en dilucidar la Naturaleza Jurídica del Procedimiento de Eliminación de Barreras Burocráticas. Para ello, como punto de partida, se realizará el análisis de los tipos de procedimientos administrativos: (i) procedimiento general y (ii) procedimientos especiales: trilateral y sancionador. Posteriormente, se evaluarán las características del Procedimiento de Eliminación de Barreras Burocráticas a la luz de la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas - aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1256 - para con ello determinar qué tipo de procedimiento es.

En la actualidad, el Perú es un país que cuenta con diez denominaciones de origen reconocidas, que entre otros, protege a productos que representan bebidas alcohólicas, frutos, granos, cereales y artesanías. Ante esta situación, en esta investigación cuestionamos si ese número de productos declarados como dicho signo distintivo reflejan la diversidad natural y cultural de este país. Con la finalidad de responder esta incógnita, hemos escogido un producto que, a nuestro criterio, cumple con todos los requisitos para ser declarado una denominación de origen: el Café de Jaén - San Ignacio, en Cajamarca. Cabe resaltar que, a la par, consideraremos a la marca colectiva como posible alternativa de protección, toda vez que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, viene implementando un Plan Nacional de registro gratuito de estos signos distintivos y a plazos bastante cortos. Es a raíz de estas dos alternativas que optaremos por elegir la mejor opción de protección en función a los mayores beneficios que puedan obtener los productores cafetaleros de las mencionadas provincias. En tal sentido, se analizará la normativa nacional e internacional vigente, así como diversos factores como son el de la asociatividad en el Perú y el estado de los Consejos Reguladores. Asimismo, realizamos un par de visitas a la zona en búsqueda de un mayor acercamiento al producto, a los actores y los retos que hoy viene enfrentando el café peruano. Por último, hemos visto conveniente tomar como referente un caso de éxito internacional, que es Café de Colombia, para identificar al final de esta investigación, qué estrategias podrían aplicarse con el café peruano en búsqueda de una mejor protección jurídica, promoción y posicionamiento / At present, Peru is a country that has ten recognized appellations of origin, which, among others, protect products that represent alcoholic beverages, fruits, grains, cereals, and handicrafts. Faced with this situation, in this investigation we question whether this number of products declared as said distinctive sign reflects the natural and cultural diversity of this country. In order to answer this question, we have chosen a product that, in our opinion, has all the requirements to be declared an appellation of origin: Café de Jaén – San Ignacio, in Cajamarca. It should be noted that at the same time, we will consider the collective trademark as a possible protection alternative, since the National Institute for the Defense of Competition and the Protection of Intellectual Property – (Indecopi in Spanish), has been implementing a National Plan for the free registration of these distinctive signs and in fairly short deadlines. It is as a result of these two alternatives that we will choose the best protection option based on the greatest benefits that coffee producers in the aforementioned provinces can obtain. In this sense, the current national and international regulations will be analyzed, as well as various factors such as the associativity in Peru and the state of the Regulatory Councils. Likewise, we made a couple of visits to the area in search of a closer approach to the product, the actors and the challenges that Peruvian coffee is facing today. Finally, we have seen fit to take as a reference an international success story, which is Café de Colombia, to identify at the end of this investigation, what strategies could be used with Peruvian coffee in search of better legal protection, promotion, and positioning.