El presente informe jurídico tiene por finalidad exponer el análisis de los principales problemas jurídicos identificados en el Expediente N° E-504. Se describen los antecedentes relevantes, identificación y desarrollo de los problemas jurídicos detectados; asimismo, en los anexos, copia de las principales piezas procesales del Expediente, y bibliografía. El Expediente llamó mi interés en tanto contiene una diversidad de materias, tales como derecho administrativo, constitucional y protección al consumidor. Asimismo, contiene supuestos de controversia que invitan a hacer una reflexión sobre la discriminación y racismo institucionalizados dentro de nuestra sociedad, tales como las prácticas discriminatorias incurridas por los proveedores en el mercado, conductas que vulneran notablemente el derecho de los consumidores. Al ser un Expediente del año 2004, me permite analizar cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo las materias de Derecho Administrativo Sancionador y de Protección al Consumidor. Como conclusión principal, considero que, si bien es cierto que existen problemas procedimentales en el Expediente materia de análisis, me encuentro de acuerdo con la decisión del INDECOPI de sancionar a la empresa United Disco debido a la relevancia de la materia del caso, al sancionar una conducta prohibida por afectar el derecho constitucionalmente protegido a no ser discriminado por motivos de sexo, raza, opción sexual, condición socioeconómica. Al mismo tiempo, considero que es importante resaltar que, a partir del cambio normativo de la Ley del Procedimiento Administrativo General y de la concreción de las normas materia de Protección al Consumidor en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la actualidad se puede tutelar de manera más eficiente los derechos de los administrados.

El presente trabajo tiene por finalidad determinar los efectos de la modificación del Artículo 108.f del Código de Protección y Defensa del Consumidor sobre la interpretación de la idoneidad del servicio de transporte aéreo respecto a la aplicación de los remedios establecidos en la Decisión 619 de la Comunidad Andina de Naciones, aplicables a los casos de retrasos, cancelaciones y sobreventa. En el mismo, se puede identificar la naturaleza subsanatoria de los remedios establecidos en la normativa aeronáutica, que configurarán garantías legales para los consumidores, así como la importancia del pronunciamiento del legislador que da fin a la controversia interpretativa sobre los efectos de la aplicación de dichos remedios sobre la idoneidad del servicio de transporte aéreo, configurándose un eximente de responsabilidad que permite a los administrados llegar a soluciones sin la necesidad de la intervención del INDECOPI. Lo anterior, implica beneficios para los administrados, ya que genera celeridad y ahorro de costos tanto para consumidores y proveedores, como para el propio Estado, y, a su vez, un incentivo para los proveedores de transporte aéreo de cumplir con los remedios establecidos en la normativa aeronáutica. No obstante lo anterior, será de especial relevancia que los órganos resolutivos del INDECOPI mantengan la prevalencia del principio “pro consumidor” al momento de analizar las denuncias donde se argumente subsanación, para evitar rechazos liminares que injustamente dejen desprotegidos a los usuarios.

El presente trabajo de investigación surge debido a diversas resoluciones emitidas por la agencia de competencia peruana en materia de protección al consumidor y en materia de competencia desleal sobre productos industrializados destinados al consumo humano. En especial, el caso de productos lácteos que tuvo una gran repercusión mediática y reacción por parte de la opinión pública. Asimismo, se determinarán los alcances y límites de competencias de las dos entidades del Estado involucradas: INDECOPI y DIGESA. Al respecto, es relevante determinar si el criterio adoptado se ajusta a derecho, en tanto que vulneran principios del procedimiento administrativo; se aplicó de manera errónea conceptos de la protección al consumidor y de competencia desleal. Pero lo más importante, es que el mensaje transmitido al mercado es el de una grave inseguridad jurídica. Así, no siempre la posición política más llamativa implica una correcta aplicación e interpretación de la normativa. En ese sentido, se desarrollarán ciertos conceptos teóricos respecto al Derecho Administrativo, de Protección al Consumidor y de Competencia Desleal. Se analizará la normativa vigente hasta ese momento y se concluirá que no era posible atribuir responsabilidad administrativa a diversas empresas que ofertaban productos industrializados en el mercado peruano, especialmente, la leche evaporada. / This research work arises due to various resolutions issued by the Peruvian competition agency on consumer protection and on unfair competition on industrialized products for human consumption. In particular, the case of dairy products, which had a great media coverage and reaction from public opinion. Likewise, the scope and limits of powers of the two State entities involved will be determined: INDECOPI and DIGESA. In this regard, it is relevant to determine if the adopted position was correct, insofar as they violate principles of administrative procedure, concepts of Consumer Protection and Unfair Competition were misapplied. But the most important thing is that the message transmitted to the market is that of serious legal uncertainty. Therefore, not always the most striking political position implies a correct application and interpretation of the regulations. Certain theoretical concepts will be developed regarding Administrative Law, Consumer Protection and Unfair Competition. The current regulation at that time will be analyzed and it will be concluded that it was not possible to attribute administrative responsibility to various companies that offered industrialized products in the Peruvian market, especially evaporated milk.

En el presente informe jurídico se tiene como objetivo analizar de manera concreta el análisis de la Sala respecto de la Resolución Nº 2272- 2018/SPC/INDECOPI, la cual consiste en una denuncia por parte de la señora Agostini contra el Banco Falabella por seis (6) operaciones no reconocidas, puntualmente disposiciones de efectivo hechas en cajeros automáticos. Por ello, se analizará si la entidad bancaria cumplió con acreditar la ideoneidad de sus medidas de seguridad como la acreditación de las operaciones y el análisis de patrón habitual de consumo. Seguidamente, también se analizará lo alegado por la denunciante respecto a un supuesto caso de clonación de su tarjeta de crédito, con la que pudieron efectuar las operaciones. Finalmente, se evaluará si la decisión de la Sala en devolver solo cuatro (4) operaciones de las seis (6) reclamadas fue lo correcto / The purpose of this legal report is to specifically analyze the Chamber's analysis regarding Resolution No. 2272-2018/SPC/INDECOPI, which consists of a complaint by Mrs. Agostini against Banco Falabella for six (6) unrecognized operations, occasionally cash withdrawals made at ATMs. For this reason, it will be analyzed whether the bank complied with accrediting the suitability of its security measures such as the accreditation of operations and the analysis of the habitual pattern of consumption. Next, the allegations made by the complainant regarding an alleged case of cloning her credit card, with which they were able to carry out the operations, will also be analyzed. Finally, it will be evaluated whether the Chamber's decision to return only four (4) operations out of the six (6) claimed was correct

El presente artículo tiene como objetivo analizar el criterio que viene siendo utilizado por el Indecopi para determinar si se han configurado actos de engaño en publicidad en empaque de productos de origen lácteo, ello en la medida que si bien la metodología para realizar dicho análisis es acertado, esto es, teniendo en cuenta la delimitación del mensaje y la verificación de veracidad de las afirmaciones consignadas en la misma, existen ciertos aspectos en el desarrollo de estos momentos que resultan cuestionables. En ese sentido, a lo largo del desarrollo del presente artículo, se demostrará que pueden existir determinados elementos propios del rotulado que también pueden formar parte de la publicidad en el empaque. Asimismo, se concluirá que, si bien es válida la remisión del Codex Alimentario para acreditar la veracidad de las afirmaciones consignadas en las publicidades en empaque de productos de origen lácteo, difícilmente un consumidor va a conocer las definiciones desarrolladas en la misma, por lo que es de vital importancia recurrir a la experiencia del consumidor. Finalmente, se propondrá un concepto de lo que el consumidor, bajo dicha experiencia, podría entender como leche de vaca y por qué la imagen de una vaca no puede ser el elemento determinante que concluya que los productos de origen lácteo contienen 100% leche de vaca

Después de haber efectuado una lectura a la Resolución Final 1525-2008/CPC, de fecha 07 de agosto de 2008, emitida por la Comisión de Protección al Consumidor, y a la Resolución 1731-2010/SC2-INDECOPI, de fecha 11 de agosto de 2010, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia N°2, advierto que el criterio utilizado por la referida Sala no se ajusta a lo dispuesto en la Constitución Política del Perú en su inciso 2) del artículo 2, ni a lo desarrollado en reiterada jurisprudencia por el Tribunal Constitucional, el cual ha establecido el criterio que se debe tener en cuenta para determinar si nos encontramos o no frente a una discriminación. Es en virtud a dicho criterio, que la Sala debió desarrollar sus fundamentos para confirmar lo resuelto por la Comisión y llegar a determinar que en la conducta denunciada se configuró uno de discriminación. Esto es, corresponde determinar si la calificación que se le dio al hecho denunciado por el señor Augusto Barrón Velis es solo un trato diferenciado ilícito, que como tal, no vulneró la dignidad del denunciante, o si por el contrario el trato que recibió el señor Barrón la noche del 30 de abril de 2006, fue un acto de discriminación, y por ende debió ser sancionado acorde a la gravedad que este implicó

Mediante el presente trabajo se busca abordar la naturaleza de la eximente de responsabilidad por subsanación voluntaria existente en el derecho administrativo, para analizar su aplicación en el derecho publicitario. Se ha podido advertir que esta eximente reviste cierta complejidad para su aplicación en esta subrama del derecho, siendo que en su mayoría ha sido denegada cuando fue solicitada en casos recientes, vistos por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. Es por ello que se busca analizar qué requisitos son exigidos y habría que ser cumplidos para su aplicación en el derecho publicitario, si ello es en efecto posible en la práctica y si tal tratamiento es adecuado. Ello, con la finalidad de brindar mayores luces a la autoridad como aplicadores del derecho, a los proveedores y a los consumidores, a efectos de conocer esta figura y poder analizar su posibilidad de empleo en estrategias legales. / This paper seeks to address the nature of the exemption from liability for voluntary amendment existing in administrative law, in order to analyze its application in advertising law. It has been noticed that this exemption has a certain complexity for its application in this subspecialty of the law, being that most of it has been denied when it was requested in recent cases, seen by the National Institute for the Defense of Competition and Protection of Intellectual Property - INDECOPI. That is why we seek to analyze what requirements are demanded and would have to be fulfilled for its application in advertising law, if this is indeed possible to be apply in practice and if such treatment is adequate. The purpose of this is to provide more light to the authorities as law enforcers, suppliers and consumers, in order to know this figure and be able to analyze the possibility of using it in legal strategies.

El presente informe aborda uno de los casos de discriminación en las relaciones de consumo respecto a la contratación de un seguro de salud en relación con una persona con discapacidad mental, específicamente con Síndrome de Down. Cabe destacar que respecto a este tema, somos concientes que la realidad supera todo aquel precepto legal que proteja a las personas a no ser discriminadas, surgiendo situaciones lesivas que incluso podrían llegar a afectar los derechos de igualdad, dignidad e incluso integridad de las personas que presentan una condición de discapacidad. En cuanto a este punto, resulta necesario mencionar que el ámbito de consumo no se encontrará excento de estos casos, razón por la cual resulta relevante el abordar la presente resolución y analizar a cabalidad la viabilidad de incluir a una personas con discapacidad mental a un seguro de salud privado y evaluar los supuestos de cuándo ello no sería, tomando en consideración el no caer en un acto de discriminación o en un trato diferenciado ilícito. Finalmente, se analizará la discusión que versa sobre la posibilidad o no de contratar un seguro general de salud para una persona con discapacidad mental, específicamente con Síndrome de Down, toda vez que, será importante determinar el límite de responsabilidad en la que incurrirían las compañías aseguradoras.

El presente trabajo de tesis tiene como principal objetivo proponer medios probatorios adicionales que permitan acreditar que el cliente autorizó operaciones con tarjeta de débito en la Banca Digital, en aquellos procedimientos administrativos de protección al consumidor en los que el cliente desconozca haberlas realizado. Actualmente, las entidades del sistema financiero han invertido en el desarrollo de nuevas plataformas digitales que permiten a sus clientes realizar operaciones con cargo a sus cuentas de ahorros con el ingreso de claves secretas. No obstante, pese a que la normativa reconoce este mecanismo (claves), la jurisprudencia evidencia la falta de certeza sobre qué medios probatorios generarían convicción en la autoridad administrativa (INDECOPI) sobre la correcta autorización de este tipo de operaciones. Para ello, proponemos ofrecer como medio de prueba adicional la Revisión de Procedimientos Acordados que, conjuntamente con las impresiones del sistema de la entidad bancaria, permitirá garantizar el correcto funcionamiento de los controles de seguridad en la Banca Digital, así como evidenciar que las operaciones con cargo a la cuenta de ahorros se autorizaron con las claves del cliente- denunciante. Adicionalmente, ante el futuro escenario que la autorización se otorgue con mecanismos distintos a las claves, proponemos la figura del Sand Box Regulatorio que permitirá, antes del lanzamiento de estas innovaciones digitales, contar con las recomendaciones del regulador (SBS) y demostrar al INDECOPI la trazabilidad efectiva de la seguridad de sus plataformas virtuales. Para tales efectos, se considera una metodología de investigación interdisciplinaria, al convocarse al Derecho Bancario y la Protección al Consumidor; así como el método exegético por el análisis de la normativa sectorial y jurisprudencial sobre la materia.

En el marco de un procedimiento administrativo sancionador, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI determinó que la empresa Viva Negocios Inmobiliarios S.A. incumplió los artículos 77.1 y 78.1 del Código de Protección al Consumidor, respecto a sus deberes de (i) informar sobre la partida registral del inmueble materia del proyecto inmobiliario a fin de acreditar que dicho inmueble es de propiedad de la persona contratante, y (ii) entregar los contratos de compraventa a los consumidores de manera física en su local comercial. En vista a que el Código Civil contempla la presunción de que todas las personas conocen las inscripciones de los registros públicos, y que no establece ninguna formalidad para la celebración de los contratos de compraventa, surge el cuestionamiento respecto a si existe una disonancia normativa entre los respectivos artículos del Código Civil con las disposiciones del Código de Protección al Consumidor en mérito de las cuales se sancionó a la inmobiliaria. En el presente trabajo se arriba a la conclusión de que no existe tal discrepancia, en la medida que los alcances de las regulaciones del Código de Protección al Consumidor se limitan a facilitar y garantizar a los consumidores del sector inmobiliario a que puedan hacer efectivo el ejercicio de su derecho a la información antes de celebrar un contratos de compraventa. / In an administrative sanctioning procedure, the Specialized Chamber on Consumer Protection of the Court for the Defense of Competition and Intellectual Property of INDECOPI determined that the company Viva Negocios Inmobiliarios S.A. did not comply with articles 77.1 and 78. 1 of the Consumer Protection Code, with respect to its duties to (i) inform about the registry entry of the land where the project will be developed as a way to prove that such real estate is owned by the contracting party, and (ii) deliver the purchase agreements to the consumers in a physical manner at its commercial premises. Considering that the Civil Code contemplates the presumption that all persons know the inscriptions of the public registries, and that the Civil Code does not contemplate any formality for the execution of purchase agreements, then there could be a normative dissonance between said regulations of the Civil Code with the provisions of the Consumer Protection Code by virtue of which the real estate company was sanctioned. This report concludes that there is no such discrepancy, because the scope of the rules of the Consumer Protection Code is limited to facilitating and guaranteeing consumers in the real estate sector that they may exercise their right to information before entering into a purchase agreement.