El presente trabajo se enfoca en analizar las medidas de seguridad instauradas para el uso de las tarjetas de crédito y débito por el consumidor y determinar cómo se deben aplicar estas medidas para operaciones inusuales en estas tarjetas, especialmente el sistema de monitoreo y del deber de alerta a cargo del proveedor. En base a ello, se tiene como objetivo principal analizar y determinar la forma de aplicación de estas medidas de seguridad para tutelar el interés económico del consumidor ante operaciones inusuales. Se partirá por exponer aspectos generales sobre la temática, desde el análisis de las tarjetas de crédito y débito, verificando su concepto, características hasta el análisis de operaciones inusuales, verificando cuando estamos ante una operación inusual, para determinar las medidas de seguridad que se han establecido ante dichas operaciones. De esta forma, se podrá evidenciar qué tipos de medidas se han instaurado y la necesidad de formular una propuesta para la forma de aplicación de estas medidas, particularmente la oportunidad del deber de alerta por parte de las entidades del sistema financiero, en tanto la norma no regula una forma específica. Finalmente, en base a todo lo analizado, tomando como referencia las premisas desarrolladas y los criterios utilizados por la Sala Especializada en Protección al consumidor sobre la materia, se consignará como se deben aplicar las medidas de seguridad que son necesarias para la protección al consumidor en el uso de las tarjetas de crédito y débito.

En el mercado masivo de bienes y servicios, la agilidad y automatización es un elemento clave que permite a los comercios vender más en el menor tiempo posible. La concepción clásica del contrato en la que el acuerdo de voluntades es, en la mayoría de los casos, el resultado de una etapa de negociación previa ha quedado desfasada por un acuerdo que se perfecciona con la adhesión de una de las partes al programa contractual fijado por su contraparte. Sin embargo, cuando este acuerdo se produce en el marco de una relación de consumo, existe el riesgo de que el predisponente se aproveche de su condición privilegiada para incluir cláusulas cuyas prestaciones u obligaciones resulten demasiado gravosas para el adherente. Esta problemática resulta particularmente grave cuando los bienes o servicios materia de transacción son aquellos indispensables para el bienestar del ciudadano, como lo es la vivienda. El presente artículo tiene por objetivo evidenciar la crisis actual del sector inmobiliario en el mercado de consumo, a fin de esbozar algunas propuestas de solución que podrían contribuir a frenar el abuso desmedido de muchos de los proveedores inmobiliarios en el Perú. / In the mass market of goods and services, agility and automation is a key element that allows retailers to sell more in the shortest time possible. The classic conception of the contract in which the agreement of wills is, in most cases, the result of a prior negotiation stage has been superseded by an agreement that is formalized by the adherence of one of the parties to the contractual program set by the other party. However, when this agreement takes place within the context of a consumer relationship, there is a risk that the supplier may take advantage of its privileged status to include clauses containing obligations that are too burdensome for the customer. This problem is particularly serious when the goods or services involved in the transaction are those indispensable for the well being of the citizen, such as housing. The purpose of this article is to evidence the current crisis of the real estate industry in the consumer market, in order to outline some proposed solutions that could contribute to stop the excessive abuse of many of the real estate providers in Peru.

Por medio del presente documento hemos tratado dilucidar todas las formas en que el ordenamiento jurídico protege el derecho a no ser discriminado. Este análisis no solo comprende a la regulación, sino a la ejecución de medidas preventivas y reactivas cuyo objetivo sea el reprimir este tipo de conductas. En ese sentido, consideramos pertinente desarrollar el concepto constitucional del derecho a la no discriminación, la asignación de funciones de distintas instituciones del Estado, en el marco de la lucha contra la discriminación, así como la forma en que se ejecutan las acciones. Por otro lado, luego de revisar opiniones de juristas especializados en la materia, el marco legal aplicable y los pronunciamientos de las distintas entidades que imparten justicia en nuestro país, nos permitimos llegar a conclusiones que no solo ponen en evidencia los distintos vacíos que podría tener la norma frente a la realidad, sino que, además, se podrá observar los distintos puntos de mejora que pueden trabajarse, a efectos de lograr una lucha más eficiente contra la discriminación. / Through this document we have tried to elucidate all the ways in which the legal system protects the right not to be discriminated against. This analysis not only includes regulation, but also the execution of preventive and reactive measures whose objective is to repress this type of behavior. In this sense, we consider it pertinent to develop the constitutional concept of the right to non-discrimination, the assignment of functions of the different State institutions, within the framework of the fight against discrimination, as well as the way in which actions are carried out. On the other hand, after reviewing opinions of jurists specialized in the matter, the applicable legal framework and the pronouncements of the different entities that administer justice in our country, we allow ourselves to reach conclusions that not only highlight the different gaps that could have the norm in front of the reality, but, in addition, it will be possible to observe the different points of improvement that can be worked on, in order to achieve a more efficient fight against discrimination.

El objetivo general del trabajo es determinar si el tipo infractor de discriminación en el consumo, contenido en el artículo 38º del Código de Protección y Defensa al Consumidor, debería o no contemplar como uno de sus elementos constitutivos el motivo prohibido de diferenciación, es decir, que el denunciante pertenezca a un grupo humano considerado vulnerable y que expresa o implícitamente proteja el listado del numeral 2 del artículo 2º de la constitución. Para este propósito, el autor ha revisado jurisprudencia constitucional y administrativa relevante, así como el desarrollo que se ha hecho del concepto y sus funciones en el orden convencional y en la doctrina. Así, luego de este desarrollo, son conclusiones del presente trabajo que el concepto de discriminación en el consumo sí debe requerir como elemento constitutivo la pertenencia del denunciante a un motivo prohibido de diferenciación, pues dicha opción interpretativa es la más coherente con el marco convencional y constitucional y la más congruente con la función que se ha pensado para esta institución jurídica. / The main goal of this paper is to determine whether the type of consumer discrimination, contained in the article 38º of the Código de Protección y Defensa al Consumidor, should consider or not, as one of it constitutive elements, a prohibited motive of differentiation, that is, requiring the complainant to belong to a human group considered vulnerable and expressly or implicitly protected in the list of the 2.2 article of the Peruvian constitution. In order to achieve this, the author has reviewed relevant constitutional an administrative jurisprudence, as well as what has been said of the concept and its functions in the conventional order an in the doctrine. Thus, the conclusions of this paper are that the consumer discrimination should require, as a constitutive element, the belonging of the complainant to a prohibited motive of differentiation, given that said option is the most consistent with the conventional and constitutional framework and the most congruent with the mission that has been thought for this legal institution.

El presente informe aborda un tema de suma relevancia jurídica como lo es la posibilidad de que las entidades financieras realicen compensaciones en las cuentas bancarias de los consumidores sobre sus remuneraciones o pensiones más allá del límite de inembargabilidad fijado por el Código Procesal Civil. Así, se plantea la interrogante relativa a si dicho límite de inembargabilidad resulta también aplicable a las compensaciones efectuadas por los actores financieros. Dada la complejidad y la falta de una respuesta sobre dicho tema, a lo largo de la última década el INDECOPI y las Autoridades Jurisdiccionales han emitido pronunciamientos en uno u otro sentido, denotando la falta de claridad existente sobre este punto, lo cual también se ha trasladado a la doctrina. En ese sentido, en el presente informe nos planteamos abordar los problemas jurídicos vinculados al tema y realizar un análisis de estos, concluyendo así que el ordenamiento jurídico peruano vigente proscribe toda compensación sobre las remuneraciones o pensiones de los consumidores que no respete el límite de inembargabilidad, en atención al carácter alimentario de los mismos. Para arribar a dicha conclusión utilizamos tanto doctrina como pronunciamientos judiciales y administrativos, además de las normas nacionales vigentes en el ordenamiento jurídico peruano.

El presente informe, basado en un expediente administrativo en materia de protección al consumidor, está relacionado al cuestionamiento de la competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual {INDECOPI) y la idoneidad del servicio de transporte internacional terrestre prestado por la empresa Expreso Internacional Ormeño S.A., desde Argentina a Perú, del 23 de junio de 2007; seguido por los denunciantes Anne Marie Joubert, Miguel Vásquez y otros. Los temas a analizar, la competencia y la idoneidad, son los puntos controvertidos ante la Comisión de Protección al Consumidor y Tribunal de Defensa de la Competencia, por lo tanto, merecen ser analizadas en virtud del caso en concreto, para lo cual se debe tener en consideración las normas que la regulan, la doctrina y las resoluciones emitidas por el INDECOPI, entonces, los puntos en discusión son interpretados teniendo como principal eje las normas que forman parte del ordenamiento jurídico peruanos; ello con la finalidad de dilucidar la competencia de esta institución pública ante el servicio de transporte terrestre internacional y, de ser el caso, si lo resuelto por la Comisión de Protección al Consumidor, en primera instancia, se ajusta a los parámetros de idoneidad que deben ofrecer los proveedores de este tipo de servicios.

El presente Informe de Relevancia Jurídica versa sobre la demanda ante la Comisión de Protección al Consumidor interpuesta por Ismael Rodriguez y otros funcionarios de Electro Dunas S.A.A. frente a Rímac Internacional Compañías de Seguros y Reaseguros por la negativa de esta última a brindarles la indemnización de la Póliza de Responsabilidad Civil D&O a raíz de la aplicación de la Exclusión de Accionista Mayoritario. Tanto la Comisión como la Sala de Defensa en segunda instancia, se declararon competentes para conocer la denuncia en tanto indicaron que existía una relación de consumo. El objetivo general del trabajo busca revisar, analizar y cuestionar los fundamentos de estos órganos para calificar tal relación; así como también, examinar aspectos controvertidos adicionales como una de las consecuencias de esta decisión o la revisión de cláusulas relevantes del Contrato. Los problemas jurídicos abarcan un análisis sistemático de las Pólizas de D&O en calidad de Contratos de Seguro de carácter mercantil, a efectos de determinar que en los hechos concretos del caso, la denuncia no debió ser llevada a cabo por la vía de Protección al Consumidor. Asimismo, se toman en cuenta otras aristas, como la afectación al Principio de Mutualidad de los Contratos de Seguro y el análisis la cláusula de Gastos de Defensa de las Condiciones Generales a efectos de preguntarnos si esta es abusiva o no.

El derecho de la protección al consumidor tiene como fundamento la tutela de los consumidores en un escenario en el que el desequilibrio económico y la asimetría informativa propias de la dinámica de mercado pueden propiciar perjuicios en su esfera económica y personal. En la actividad bancaria la particular complejidad que asiste a sus operaciones amplifica este desequilibrio en la relación de consumo, exponiendo al consumidor bancario a una situación de mayor vulnerabilidad. Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo evaluar la eficacia del sistema legal peruano de protección al consumidor de productos y servicios de entidades de crédito. Para tal propósito, desde una perspectiva dogmática, legislativa y jurisprudencial, se perfilan los alcances y particularidades que componen al consumidor bancario y se establece su diferenciación respecto de la común categoría del consumidor protegido ante el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Por otro lado, se desarrolla la regulación específica dirigida a tutelar los derechos del consumidor financiero y el diseño institucional de las entidades competentes en esta materia: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Asimismo, se evalúa la aplicación de iniciativas de autorregulación privada como las implementadas por ASBANC. De esta manera, con sustento en un marco conceptual descriptivo compuesto por doctrina, jurisprudencia y la legislación pertinente en la materia, desde un enfoque descriptivo y crítico, se busca alcanzar un diagnóstico detallado de la regulación sobre el consumidor de productos y servicios de entidades de crédito financiero y los mecanismos de resolución de quejas y denuncias de consumidores, a efectos de poder evaluar si las disposiciones en la materia dan solución a la mayoría de los conflictos que se suscitan de transacciones y operaciones en el sector bancario. / Consumer protection law is based on the protection of consumers in a scenario in which the economic imbalance and information asymmetry inherent in market dynamics can lead to harm in their economic and personal sphere. In banking activity, the particular complexity of its operations amplifies this imbalance in the consumption ratio, exposing the banking consumer to a situation of greater vulnerability. Therefore, this paper aims to evaluate the effectiveness of the peruvian legal system of consumer protection of products and services of credit institutions. For this purpose, from a dogmatic, legislative and jurisprudential perspective, the scope and particularities that make up the banking consumer are outlined and their differentiation is established with respect to the common category of consumer protected by the Código de Protección y Defensa del Consumidor. On the other hand, the specific regulation aimed at protecting the rights of the financial consumer and the institutional design of the competent entities in this area is developed: the Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual and the Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. In addition, the implemetation of private self regulation initiatives such as those implemented by ASBANC is evaluated. Thus, base on a descriptive conceptual framework composed of doctrine, jurisprudence and relevant legislation on the subject, from a descriptive and critical approach, a detailed diagnosis of consumer regulation of financial credit institution’s products and services and consumer complaint and resolution mechanisms is sought, for the purpose of assessing whether the provisions in this área resolve mosto f the conflicts arising from transactions and operations in the banking sector.

El presente trabajo realiza una amplia reflexión con relación al rol del regulador bancario en materia de protección al consumidor. Actualmente la función de regulador bancario es ejercida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Por su parte, el esquema de protección al consumidor de los usuarios en situación de asimetría informativa al interior del Sistema Financiero es asumido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Sin embargo, conforme se evidencia en el presente trabajo, diversos aspectos de protección al consumidor de productos y servicios financieros se encuentran en la órbita del regulador bancario, siendo que existen oportunidades de mejora para definir adecuadamente un esquema que permita abordar de modo ordenado y coherente las iniciativas que deben existir en materia de productos y servicios financieros. El trabajo normativo desarrollado por el regulador bancario es abundante, y ciertamente innovador a nivel regional, siendo preciso indicar que el presente trabajo repasa algunas de las diversas iniciativas regulatorias adoptadas. Por otro lado, nuestro país también ha desarrollado diversas iniciativas para generar mayores niveles de inclusión financiera: se aspira a que la población pueda acceder a herramientas de crédito y alternativas de ahorro que les permitan tomar decisiones planificadas. Para ello resulta fundamental que la población perciba que existe un control que proteja al consumidor bancario.

Las ventajas y desventajas que surgieron tras la aparición del comercio y la contratación electrónicos respecto de distintas ópticas jurídicas han sido de nuestro interés desde nuestras primeras investigaciones. Para nosotros en los inicios de la proliferación del internet, éste se veía solo como un nuevo medio de comunicación, pero con el devenir de los años las personas en general se dieron cuenta que no podía observarse de modo unidisciplinario y la idea evolucionó a una realidad vista como una herramienta que ha innovado todos los aspectos de la vida cotidiana, las personas se han mudado del mundo físico a la interacción digital inmediata, eliminando el concepto de distancia para dar paso a la globalización y sus consecuencias.