El presente trabajo de investigación busca analizar el auge del tráfico comercial, a través de los contratos por adhesión y de las cláusulas generales de contratación, y su relación con los derechos de los consumidores y la inclusión de cláusulas abusivas. Uno de los objetivos es desarrollar a nivel teórico-doctrinario los alcances y contenido de las Cláusulas Abusivas, partiendo de la propia regulación. Asimismo, un segundo objetivo es llevar el ámbito teórico-doctrinario al ámbito práctico, en el que se analizará la controversial Resolución N° 243-2018/SPC (resolución de la canchita), en lo pertinente al extremo de la cláusula abusiva. Finalmente, otro de los principales objetivos es proponer el sentido social y humanista que también deben tener dichos contratos y no solo brindarle un beneficio al empresario o proveedor, a través de la estandarización y el dinamismo económico que se pueda generar. Por otro lado, con relación a las conclusiones, la principal de ellas es que sí es legítima y necesaria la regulación de las cláusulas abusivas en la contratación masiva a efectos de brindarles protección a los consumidores, ello en tanto el consumidor en el Perú no es diligente y porque a desde el Derecho Romano el principio de buena fe ha sido la columna vertebral de la contratación civil y comercial. En ese sentido, a efectos de que se respeten estándares de equilibrio y de los principios principales y generales de contratación, se debe brindar protección normativa. Con relación a la Resolución propuesta, se concluye que sí significó una cláusula abusiva.

Por medio del presente documento hemos avizorado diversos problemas jurídicos que giran en torno a un caso de discriminación en el consumo ocurrido en el 2016, y por el cual principalmente hemos considerado pertinente realizar un análisis robusto en lo referido a temas como: 1) la diferencia entre el trato diferenciado ilícito y un trato discriminatorio, 2) aspectos legales referidos a la actividad inspectiva de la Administración Pública; y, por último, 3) la pertinencia y necesidad de la imposición medidas correctivas. En ese sentido, luego de realizar un análisis extensivo de los hechos, hemos consultado variada doctrina nacional y extranjera con respecto a los puntos antes señalados, así como una revisión de temas desarrollados por nuestro Tribunal Constitucional y otros precedentes de la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual del INDECOPI que han sido de utilidad para esclarecer el panorama del contexto en el cual se desarrolló dicho caso, y que a su vez, nos permite observar el panorama actual con una óptica más crítica, y lo que nos ha permitido llegar a distintas conclusiones con respecto a los problemas jurídicos planteados, algunos de los cuales ya han venido siendo regulados; no obstante, aún observamos puntos de mejora en la regulación, a efectos de desalentar este tipo de infracciones que suponen una especial afectación a los derechos humanos de los consumidores.

El presente trabajo desarrolla la figura del recall de los productos defectuosos, el cual, debido a nuestro contexto actual de venta de productos en masa se ha tornado una importante herramienta para poder salvaguardar la integridad de los consumidores ante productos que puedan afectarlos. En este sentido, debido a su importancia actual, hemos analizado la normativa extranjera y peruana acerca de esta figura, a fin de examinar cómo es que se ha dado su implementación para que llegue a ser una medida exitosa tanto para los consumidores como para los proveedores. Es así, que hemos podido analizar que es una medida altamente desarrollada en países como Estados Unidos, México, Colombia, y la Unión Europea, los cuales demuestran la importancia y el impacto que tienen los productos defectuosos en los consumidores. Asimismo, verificamos nuestro ordenamiento, del cual hemos podido comprobar que el procedimiento de recall se ha implementado paulatinamente, siendo que en un principio únicamente habían pautas para el mismo y seguidamente se propuso los pasos que se deberían de seguir de forma que pueda orientarse al proveedor para que pueda hacer uso del mismo. No obstante, luego de haber realizado un exhaustivo análisis de nuestra normativa hemos podido concluir que presenta diversas carencias para que pueda implementarse exitosamente, por lo cual realizamos nuestras propuestas de reforma a fin de que el procedimiento pueda ser usado correctamente y a beneficio tanto de consumidores como de proveedores. En ese sentido, el presente trabajo busca exponer el procedimiento del recall, su implementación en nuestro país y las modificaciones necesarias que deben realizarse a fin de que pueda usarse exitosamente.

Existe un público cuestionamiento a los alimentos producidos a partir de organismos genéticamente modificados (OGM) o llamados transgénicos, pues no existe evidencia concluyente que sean inocuos, que no dañen la salud de los consumidores; y por ello en 2010 el artículo 37 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor reguló la obligación de los proveedores de informar en sus etiquetas si los alimentos que expenden incorporan insumos que sean OGM; sin embargo, los proveedores no cumplen su obligación y afectan los derechos de los consumidores a elegir y a ser informados. En atención a ello, resultó pertinente investigar esta problemática desde el Derecho de Protección al Consumidor con el objeto de determinar las medidas a tomar para que los proveedores de productos alimenticios cumplan con su obligación y respeten los derechos de los consumidores, siendo que luego de un analisis de la doctrina, la legislación pertinente y los pronunciamientos emitidos por la autoridad de consumo se concluyó que el referido artículo 37 es una norma vigente y aplicable que no establece parametros para su cumplimiento; pero, resulta insuficiente, por lo que las medidas que se deben tomar para revertir ello son realizar una aplicación combinada de acciones de oficio de la administración, de practicas de autorregulación por parte de los proveedores y de educación a las consumidores, pues dichas herramientas garantizaran el cumplimiento de la obligación de los proveedores y por ende el respeto al derecho de elecció y de información de los consumidores.

El presente informe tiene como finalidad analizar la normativa correspondiente a los derechos de los consumidores en los contratos masivos, entre ellos el reconocimiento del derecho a la cancelación anticipada en las operaciones de créditos y que no se incluyan cláusulas que lesionen los intereses de los consumidores en los contratos de consumo, para ello se analiza si dicha prerrogativa lesiona los intereses del proveedores en tanto produce la pérdida de la ganancia esperada por el préstamo, así como si dicho derecho podría estar afecto a ciertas cargas que permitan recuperar a los proveedores los intereses dejados de percibir. Al respecto, se analiza la evolución de dicha prerrogativa a través del método de interpretación ratio legis con la finalidad de dilucidar la razón de ser del derecho al pago anticipado, concluyendo que fijar cláusulas como penalidad por el ejercicio del derecho al pago anticipado distorsionan y desnaturalizan su razón de ser; asimismo, se deduce que en tanto el bien jurídico tutelado lo constituye el intereses de los consumidores y que éstos adquieran productos o servicios que satisfagan sus necesidades se regula el derecho a la cancelación anticipada que crea un orden económico equilibrado que protege los consumidores y garantiza la libre concurrencia de los proveedores, coadyuvando al modelo económico social de mercado.

La presente investigación académica se diferencia de otros enfoques académicos porque se realiza un análisis global e integral de la protección al consumidor financiero en la actualidad y con instrumentos internacionales, sobre la importancia del trabajo en conjunto de Indecopi y SBS, para garantizar la transparencia en la actividad en el sistema de intermediación financiera peruana de la mano con la protección a las normas de consumidor. En esa misma línea, se tienen diversos proyectos para optimizar los canales de atención con los consumidores, tales como: implementación de la ventanilla única de reclamos, lanzamiento del nuevo convenio de cooperación institucional 2022, publicación oficial de la Circular SBS respecto a la atención de reclamos y requerimientos conformación de grupos de trabajo, no obstante, es relevante que en nuestro ordenamiento jurídico se brinde una protección especializada ante los cambios acelerados con las tecnologías que manejan las institucionales del sistema financiero, es decir, dotar de funciones y mecanismos a las instituciones responsables de la protección a los usuarios financieros, ya que, desde su óptica pueden aportar mucho en la gestión de la revisión de procedimientos administrativos por el conocimiento en este sector que es considero complejo por las operaciones que se realizan en él, y de ese modo pueda lograr el equilibrio de funciones tanto velar por la solidez, solvencia de las entidades financieras y una adecuada protección indirecta a los derechos de los consumidores. / This academic research differs from other academic approaches because a global and comprehensive analysis of financial consumer protection is carried out today and with international instruments, on the importance of the joint work of Indecopi and SBS, to guarantee transparency in the activity in the Peruvian financial intermediation system hand in hand with the protection of consumer standards. Along the same lines, there are various projects to optimize customer service channels, such as: implementation of the single window for complaints, launch of the new institutional cooperation agreement for 2022, official publication of the SBS Circular regarding customer service. claims and requirements for the formation of working groups, however, it is relevant that in our legal system specialized protection is provided in the face of accelerated changes with the technologies that institutions of the financial system manage, that is, to provide functions and mechanisms to the institutions responsible for the protection of financial users, since, from their point of view, they can contribute a lot in the management of the review of administrative procedures for knowledge in this sector, which is considered complex by those carried out in it, and in this way achieve the balance of functions so much that it can ensure the solidity, solvency of the entities and adequate indirect protection of consumer rights.

El presente informe jurídico tiene como objetivo analizar la Resolución N° 199- 2013/SPC-INDECOPI (en adelante, la “Resolución”), emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del INDECOPI (en adelante, la “Sala”), mediante la cual se declaró infundado el recurso de revisión interpuesto por la empresa Paratel S.A.C contra la Resolución N° 507-2012/ILN-CPC por: (i) la presunta aplicación indebida del artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, “Código de Consumo”), (ii) la presunta inaplicación del artículo 20° del Código de Consumo y (iii) la presunta inaplicación del precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución N°85-96-TDC. En ese sentido, mediante el presente informe se busca determinar si existió una infracción al deber de idoneidad, ello mediante el análisis normativo y jurisprudencial de dicho concepto. Asimismo, se analiza el derecho de reposición, reconocido en el Código de Consumo, como parte de la garantía legal y si el mismo ha sido desplazado mediante la garantía expresa otorgada por el proveedor en el presente caso. Finalmente, en relación a la inaplicabilidad del precedente de observancia obligatoria aprobado mediante la Resolución N°85-96- TDC, se busca determinar si el mismo ha quedado sin efecto como consecuencia de la derogación expresa de la Ley de Protección al Consumidor.

Una persona no realiza una inversión si no considera que obtendrá un beneficio mayor. No es razonable invertir un monto superior a la máxima ganancia esperable. Del mismo modo, si el costo de asumir un litigio es mayor al beneficio que uno podría obtener del mismo, una persona razonable difícilmente asumirá dicho costo y la controversia no será iniciada. Frente a esta situación es que surgen las acciones de clase y, en particular, las acciones de clase por daños individuales homogéneos. una acción de clase permite que afectaciones individuales muy reducidas puedan ser tuteladas en conjunto y, así, lograr el resarcimiento de tales daños. La acción de clase es, entonces, un tipo de proceso colectivo que se caracteriza por tutelar los intereses de una gran cantidad de individuos que han sufrido un perjuicio por hechos comunes u homogéneos entre sí. Debido a estas similitudes entre tantos involucrados, sería ineficiente que reclamen sus controversias individualmente, por lo que se vuelve necesario iniciar una acción de clase que englobe las pretensiones de todos los afectados y que resuelva la controversia mediante una única sentencia.

En el mercado, existen proveedores que ofrecen distintos servicios como productos, quienes tienen la obligación de otorgarle a los consumidores toda la información que sea considerada como relevante del producto ofertado, ello con la finalidad de que dicho consumidor, en base a sus propios intereses, realice una acertada decisión de consumo. Ahora bien, en relación a las agencias de viajes surge una controversia sobre el alcance de este deber de información con respecto a qué debería considerarse como información relevante. Como evidencia de lo mencionado, en la Resolución N° 435-2016/SPC-INDECOPI se llegó a la conclusión de que no era obligación de Viajes Falabella S.A.C., quien actuó como una agencia de viajes minorista, remitirle al consumidor de forma oportuna a cuánto ascendía el costo total de las penalidades causadas por reprogramar los boletos aéreos y el tour contratado. En tal sentido, el presente informe jurídico tiene como finalidad demostrar que en base a la normativa sectorial, tanto nacional como supranacional, que existe en nuestro ordenamiento jurídico sobre el servicio de transporte aéreo, las penalidades por reprogramación sí constituyen información relevante que debió ser remitida de manera oportuna al consumidor, pues dicha información influye en la creación de la relación de consumo. / In the market, there are suppliers that offer different services such as products, who have the obligation to provide consumers with all the information that is considered relevant to the product offered, in order for that consumer, based on their own interests, make an informed consumer decision. However, in the case of travel agencies, a controversy arises about the scope of this information duty with respect to what should be considered as relevant information. As evidence of this, Resolution N° 435-2016/SPC-INDECOPI concluded that it was not the obligation of Viajes Falabella S.A.C., which acted as a retail travel agency, to remit to the consumer in a timely manner how much was the total cost of the penalties caused by rescheduling the air tickets and the contracted tour. In this sense, this legal report has the objective of demonstrate that based on the sectoral regulations, both national and supranational, that exist in our legal system on the air transport service, the penalties for rescheduling do constitute relevant information that should have been sent to the consumer in a timely manner, since that information influences the creation of the consumer relationship.

En un contexto en el que la tecnología ha revolucionado el mercado de tarjetas en el Perú, el artículo que se encuentra a continuación presenta el marco legal de protección al consumidor de los usuarios de tarjetas crédito y débito, en conjunto con los aspectos técnicos que las involucran en su utilización para realizar distintas operaciones En ese sentido, se presentarán las herramientas jurídicas necesarias para resolver las controversias por operaciones no reconocidas, y se complementarán con algunos criterios técnicos involucrados en los procesos dentro de redes de pago. De tal modo que, al finalizar el trabajo, el lector pueda conocer e identificar los requisitos legales que determinan la validez de cualquier operación realizada con una tarjeta bancaria y se encuentre convencido de que existen argumentos suficientes para concluir que los aspectos técnicos, en el marco de la atribución de responsabilidades y la aplicación de las normas jurídicas para la resolución controversias por operaciones no reconocidas, resultan necesarios. / In a context in which technology has revolutionized the payment card market in Peru, the following article presents the consumer legal framework of credit and debit card users, together with the technical aspects that they involve when they are used as means of payment. In this sense, the necessary legal tools will be completed to resolve disputes over unrecognized operations, and will be complemented with some technical criteria involved in the processes within payment networks. In such a way that, at the end of the work, the reader can know and identify the legal requirements that determine the validity of any operation carried out with a bank card and was convinced that there are sufficient arguments to conclude that the technical aspects, within the framework of the attribution of responsibilities and the application of the legal norms for the resolution of controversies for unrecognized operations, resulting necessary.