En la última década del siglo XX el Estado pasó de ser uno prestado a ser uno de tipo subsidiario; generando que su rol sea ahora supervisor y fiscalizador de las actividades que ahora se habían encomendado al sector privado. Como consecuencia de este cambio, se crearon organismos reguladores de los servicios públicos y otras entidades supervisoras de sectores como la regulación del mercado que garantizaran el adecuado tratamiento técnico de la regulación, fiscalización y resolución de reclamos de los usuarios. Es así que, con la finalidad de propiciar el buen funcionamiento del mercado mediante la defensa de los consumidores surgió el Indecopi; para lo cual, se facultó a dicha entidad para, entre otras cosas, ordenar medidas correctivas a los administrados. Sin embargo, nos surge la duda de si es correcto que en el marco de un procedimiento de protección al consumidor el Indecopi ordene como medida correctiva reparadora la devolución de los costos en los que incurrió el consumidor para reparar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas por la infracción cometida; creemos que, en casos como los antes mencionado se generan supuestos en los que las medidas correctivas se configuran como una indemnización, dándose escenarios en las que esta entidad sobrepasa sus facultades.

El presente trabajo académico tiene por objeto entender la línea argumentativa del INDECOPI en los temas de protección al consumidor en el sector salud, observando cuatro casos respecto a los servicios médicos brindados por entidades prestadoras del referido servicio. En este sentido, primero se ubica el concepto de “libertad de empresa” dentro del contexto constitucional económico, resaltando su importancia para el desarrollo de las diversas actividades económicas que posibilitan el desarrollo empresarial de una determinada entidad prestadora del servicio de salud. En forma posterior, y especificando el marco teórico, conceptual y normativo, se procedió con el estudio de cada una de las siguientes resoluciones: la Resolución Final N° 0749-2013/SPC-INDECOPI (Expediente N° 0554-2011/CPCINDECOPI), la Resolución Final N° 3791-2014/SPC-INDECOPI (Expediente N° 0337-2009/CPC-INDECOPI), la Resolución Final N° 0217-2014/CCDINDECOPI (Expediente N° 0097-2013/CCD-INDECOPI) y la Resolución Final N° 2916-2014/SPC-INDECOPI; en las cuales se revisó los argumentos señalados por el INDECOPI que respaldan su decisión, observando si estas transgredían el derecho a la “libertad de empresa” de las entidades prestadoras del servicio de salud. En atención a lo señalado, y conforme se observará, las referidas resoluciones fueron emitidas vulnerando el derecho a la “libertad de empresa”, debido a que no están acorde con la normativa de protección al consumidor que regula el sector salud, tales como la valoración de la prueba, las cláusulas abusivas, etc. Finalmente, es necesario tener presente que, si bien las cuatro resoluciones materia de estudio no representan una muestra representativa de todas las resoluciones emitidas por el INDECOPI sobre el tema materia de estudio, si nos permite tener un indicio de algunas posibles fallas que se pueden corregir para un mejor actuar del INDECOPI.

Una inquietante que se genera con la emisión del reciente reglamento de gestión para la atención de reclamos y requerimientos, aprobado por Resolución N° 4036-2022, es si contribuirá a mejorar la situación cotidiana de los usuarios y consumidores del sector financiero, brindando alivio a los principales problemas que atraviesan regularmente en relación al acceso de los servicios y productos que se ofrecen en el mercado o se mantendrá una situación regular sin mayores impactos positivos que puedan demostrarse en el día a día. Si bien es cierto un solo instrumento normativo no puede modificar la realidad nacional que el sector financiero atraviesa, es pertinente cuestionarse si contribuye a mejorar las condiciones por las que los usuarios atraviesan durante la contratación o uso de servicios o productos dentro de este sector. Por ello, es importante identificar si las modificaciones realizadas solo continúan un patrón regular de su predecesor la Circular N° G 184-2015, Circular de atención al usuario, o se enfoca en asegurar una mejor atención para disminuir la tasa de reclamos o requerimientos presentados, protegiendo realmente a los consumidores bajo un trato justo y equitativo, asegurándose que reciba información relevante e integral además de contar lo cual se llevará en todas las etapas asegurando un aparato de resolución más eficaz de acuerdo a cada necesidad presentada. / A disturbing one that is generated with the issuance of the recent management regulation for the attention of claims and requirements, approved by Resolution No. 4036-2022, is whether it will contribute to improving the daily situation of users and consumers of the financial sector, providing relief to the main problems they regularly go through in relation to access to services and products offered in the market or will a regular situation be maintained withoutmajor positive impacts. that can be demonstrated on a day-to-day basis. While it is true that a single regulatory instrument cannot modify the national reality that the financial sector is going through, it is pertinent to question whether it contributes to improving the conditions that users go through during the contracting or use of services or products within this sector. Therefore, it is important to identify if the modifications made only follow a regular pattern of its predecessor Circular No. G 184-2015, Circular of attention to the user, or focuses on ensuring better attention to reduce the rate of claims or requirements filed, really protecting consumers under fair and equitable treatment, ensuring that you receive relevant and comprehensive information in addition to telling which will be carried out at all stages ensuring a More effective resolution apparatus according to each need presented. / Trabajo académico

El presente artículo académico analiza de manera reflexiva la actuación de las autoridades administrativas respecto de la dificultad probatoria en los casos de discriminación en el consumo y cómo esta última impacta de manera negativa en la investigación y sanción de este tipo de casos. En ese sentido, tiene como objeto determinar si los operadores jurídicos de la administración ejecutan sus funciones en base a los principios de transparencia y eficacia del Buen Gobierno a fin de hacer frente a la dificultad probatoria que perjudica, en mayor medida, a la parte denunciante. Si bien en el artículo 39° del Código de Protección al Consumidor se desarrolla la actuación probatoria en este tipo de casos y existen otras herramientas normativas que dan cuenta de los medios probatorios que se pueden hacer uso, estos no resultan suficientes para contrarrestar dicha problemática que necesita de una actuación sólida, constante y eficaz de parte de las autoridades administrativas. Por ello, además de tomar en cuenta estos elementos normativos, desarrollo la doctrina y jurisprudencia nacional e internacionales para tener un panorama más amplio y determinar las limitaciones que bordean esta problemática, cuáles han sido las acciones que han realizado las autoridades administrativas para afrontarla y si estas últimas guardan relación con el contenido de los principios de eficacia y transparencia del Buen Gobierno. Finalmente, concluyo de manera central que la actuación de las autoridades no se condice con lo que establecen los principios previamente mencionados, siendo necesaria una urgente atención e implementación de mejoras. / This academic article reflectively analyzes the actions of the administrative authorities regarding the evidentiary difficulty in cases of discrimination in consumption and how this problem has a negative impact on the investigation and sanction of this type of cases. Therefore, its purpose is to determine if the legal operators of the administration carry out their functions based on the principles of transparency and effectiveness of Good Governance in order to face the probative difficulty that harms, to a greater extent, plaintiffs. Although article 39 of the Consumer Protection Code develops evidence in this type of case and there are other regulatory tools that account for the evidence that can be used, these are not enough to counteract this problem that requires solid, constant and effective action from the administrative authorities. For this reason, in addition to taking into consideration these normative elements, I develop the national and international doctrine and jurisprudence to have a broader panorama and determine the limitations related to this problem, what have been the actions that the administrative authorities have carried out to face it and if these are related to the content of the principles of efficiency and transparency of Good Governance. Finally, I conclude in a central way that the actions of the authorities are not consistent with the content of those Good Governance’s principles, requiring urgent attention and implementation of improvements. / Trabajo académico

Este trabajo versa sobre una denuncia presentada por la Asociación de Consumidores Indignados Perú (ACIP) contra La Rosa Náutica S.A. por presuntamente atentar lo estipulado en el artículo 38° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. En tanto, se habría detectado que la denunciada entregaba dos cartas distintas a los comensales, cartas con precios a los varones y sin precios a las mujeres. Mediante Resolución N° 0271-2019/CC2, la Comisión de Protección al Consumidor declaró infundada la denuncia, puesto que no se acreditó actos discriminatorios. La Asociación, apela la decisión y mediante Resolución N°2758-2019/SPC-INDECOPI la Sala Especializada en Protección al Consumidor revoca la resolución mediante la que declaraba infundada la denuncia y reformula declarándose fundada. En este trabajo, se analizará si con la decisión final del órgano resolutivo el Indecopi como organismo de protección de los derechos del consumidor cumplió con la función que se le ha impuesto. Asimismo, con todo lo trabajado en el presente informe se podrá determinar si la resolución final de la Sala afectó o no la libertad empresarial. Finalmente, se estudiará el tratamiento de la discriminación al consumidor en el ordenamiento jurídico peruano. Para con ello determinar si la acción de la Rosa Náutica reúne los componentes jurídicos que convierten una acción en discriminación. Después del análisis completo, se podrá advertir que el Indecopi cumplió con su función protectora hacia el consumidor y, asimismo, sus órganos resolutivos actuaron alineados con su propia política pública. En esa línea, en el trabajo se anexará esta decisión como una forma de concretización de las políticas públicas dictadas por el Estado. / This work deals with a complaint filed by the Asociación de Consumidores Indignados Perú (ACIP) against La Rosa Náutica S.A. for allegedly violating the provisions of Article 38 of the Code of Consumer Protection and Defense. Meanwhile, it would have been detected that the denounced company delivered two different menus to the diners, men's price cards and women's price cards without prices. By Resolution No. 0271-2019/CC2, the Consumer Protection Commission declared the complaint unfounded, since discriminatory acts were not proven. The Association appealed the decision and through Resolution N°2758-2019/SPC-INDECOPI, the Specialized Chamber on Consumer Protection revoked the resolution declaring the complaint unfounded and reformulated it, declaring it to be founded. In this paper, we will analyze whether with the final decision of the resolution body, Indecopi as a consumer rights protection agency complied with the function imposed on it. Likewise, with all the work done in this report, it will be possible to determine whether or not the final decision of the Chamber affected entrepreneurial freedom. Finally, the treatment of consumer discrimination in the Peruvian legal system will be studied. In order to determine if the action of the Rosa Nautica meets the legal components that convert an action into discrimination. After the complete analysis, it will be seen that Indecopi fulfilled its protective function towards the consumer.

El principal problema del caso gira en torno a analizar si los remedios adoptados por el proveedor ante el defecto en el producto se encuentran dentro de los alcances del deber de idoneidad y, en consecuencia, determinar que Claro es responsable administrativamente. En base al criterio establecido en la Resolución 1008-2013/SPC-INDECOPI establece que, independientemente de que el proveedor haya corregido el defecto, basta que se acredite que hubo un defecto y que dicho defecto sea atribuible al proveedor, el proveedor debe de responder por dicho defecto. Por lo que, en el presente caso, el proveedor no logró acreditar que el golpe fue la causa de que el celular presentara defectos. Por lo que, Claro es responsable administrativamente por incurrir a una infracción al deber de idoneidad. Asimismo, analizar que no existió vulneración al debido procedimiento por parte de la Comisión al declarar nulidad parcial de la resolución de la primera instancia. Además, se analizará el recurso de revisión y si ante su interposición era posible ejecutar o exigir el cumplimiento de la medida correctiva y de la sanción emitida mediante Resolución Final Nº 3015-2012/PS3. Finalmente, cuestionar la aplicación del recurso de revisión en el presente caso. / The main problem of the case revolves around analyzing the remedies adopted by the supplier in the face of the defect in the product are within the scope of the duty of suitability and, consequently, determining that Claro is administratively responsible. Based on the criteria established in Resolution 1008-2013/SPC INDECOPI, it establishes that, regardless of whether the supplier has corrected the defect, it is enough to prove that there was a defect and that said defect is attributable to the supplier, the supplier must respond for said defect. Therefore, in the present case, the provider was unable to prove that the blow was the cause of the defects in the cell phone. Therefore, Claro is administratively responsible for incurring a breach of the duty of suitability. Likewise, to analyze that there was no violation of due process by the Commission by declaring partial nullity of the resolution of the first instance. In addition, the appeal for review will be analyzed and if before its filing it was possible to execute or demand compliance with the corrective measure and the sanction issued by Final Resolution No. 3015-2012/PS3. Finally, to question the application of the review resource in the present case.

El deber de idoneidad alude a la correspondencia entre la expectativa que tiene el consumidor con lo que en efecto recibe. De tal manera, en el sector de transporte aéreo, los consumidores que adquieren un pasaje para transportarse a un destino determinado en un horario concreto, lo hacen porque tienen un interés previo de que el viaje se realice conforme lo contratado. Sin embargo, existe una práctica comercial realizada por muchas aerolíneas llamada overbooking o sobreventa de pasajes, la cual consiste en aceptar una cantidad de reservas superior al número de asientos de un vuelo. Si bien, existen diversas posiciones respecto a si se debería permitir el overbooking, la realidad es que en el ordenamiento jurídico peruano esta práctica comercial no se encuentra prohibida, sino solo determina los remedios legales que las aerolíneas tienen que desplegar para compensar al consumidor afectado. Siendo esto así, en el presente artículo se realizará un análisis respecto a si la práctica comercial del overbooking vulneraría la idoneidad que debe cumplir todo producto o servicio contratado. Asimismo, se plantean una serie de recomendaciones con el objetivo de poder otorgar una mejor protección a los derechos que tiene todo consumidor en el sector de transporte aéreo. / The duty of suitability refers to the correspondence between the expectations that the consumer has with what he actually receives. In this way, in the air transport sector, consumers who purchase a ticket to travel to a specific destination at a specific time, do so because they have a prior interest that the trip be carried out as contracted. However, there is a commercial practice carried out by many airlines called overbooking or overselling tickets, which consists of accepting a number of reservations greater than the number of seats on a flight. Although there are different positions regarding whether overbooking should be allowed, the reality is that in the Peruvian legal system this commercial practice is not prohibited, but only determines the legal remedies that airlines have to deploy to compensate the affected consumer. This being the case, in this article an analysis will be carried out regarding whether the commercial practice of overbooking would violate the suitability that any contracted product or service must comply with. Likewise, a series of recommendations are proposed with the aim of being able to grant better protection to the rights of every consumer in the air transport sector.

A propósito del caso del señor Andrés Flores por la compensación que el Banco del Crédito realiza en la cuenta de ahorros en la que recibía su pensión, el presente informe abarca el debate sobre las normas que rigen sobre dicha práctica comercial muy usual por parte de los bancos. En específico, la discusión, que incluso ha estado presente entre los órganos resolutivos del INDECOPI, se centra en determinar si a aquella compensación autorizada por el usuario debe realizarse considerando el límite establecido en el artículo 648 del Código Procesal Civil, el cual declara como inembargables las remuneraciones y pensiones. Además, ante la falta de uniformidad en cuanto a los criterios aplicados por la autoridad administrativa, se analiza la posible vulneración del principio de confianza legítima como contenido esencial del principio de seguridad jurídica y sus implicancias dentro del procedimiento sancionador en curso respecto de la entidad bancaria denunciada. Por su parte, en el marco del recurso de revisión interpuesto, se desarrollan los principios que rigen sobre el procedimiento sumarísimo que subyace, a fin de evaluar la congruencia con el pronunciamiento de la Sala Especializada en Protección al Consumidor. / Regarding the case of Mr. Andrés Flores for the compensation made by Banco del Crédito in the savings account in which he received his pension, this report covers the debate on the rules governing this very common banks business practice. In particular, the discussion focuses on determining whether the compensation authorised by the consumer should be made considering the limit established established in the Code of Civil Procedure, which declares remunerations and pensions to be unseizable. In addition, in view of the lack of uniformity in the standards applied by the administrative authority, the application of the principle of legitimate expectations and its implications within the sanctioning procedure will be analyzed.

En el presente trabajo se evaluó la medida consistente en la prohibición de ingreso a locales comerciales a no vacunados contra el Covid-19 a la luz de la normativa peruana de protección al consumidor a iniciativa de los proveedores, con el fin de determinar si esta incurría o no en un supuesto de discriminación. En ese sentido, se tomó en consideración si esta medida se encontraría o no justificada por un motivo razonable y objetivo, conforme lo requiere nuestro Código de Protección y Defensa del Consumidor. Así pues, se evalúa que nos encontramos atravesando una pandemia global que, como país nos afecta en diversos ámbitos, teniendo una especial incidencia en el ejercicio del derecho a la salud de las personas, siendo que el Estado Peruano se encuentra en la obligación de garantizarlo en concordancia con los compromisos internacionales asumidos y su normativa nacional. Dado el nivel de afectación que tiene la enfermedad del Covid-19 es necesario que se adopten todas las medidas posibles para procurar controlarlo y/o combatirlo, siendo que los privados también pueden contribuir desde su ámbito de control. Ahora bien, en tanto que la vacuna contra el Covid-19 tiene estudios que demuestran que, a la fecha, es el mejor método que como sociedad tenemos para reducir el contagio e, incluso, evitar que aquellos que enfermen lo hagan gravemente, se vuelve evidente que la medida se encuentra justificada. / In the present investigation, the main topic is evaluate the prohibition of entering to business premises for those who are not vaccinated against Covid-19. This measure was studied from the perspective of Peruvian consumer protection regulations, in order to determine if this was incurred or not in a case of discrimination. In this sense, it was taken into consideration whether or not this measure would be justified for a reasonable and objective reason, as required by our Consumer Protection and Defense Code. Thus, it is appreciated that we are going through a global pandemic that, as a country affects us in various areas, having a special impact on the exercise of the right to health of people, being that the Peruvian State is under the obligation to guarantee it in accordance with the international commitments assumed and their national regulations. In this sense, given the level of affectation that the Covid-19 disease has, it is necessary that all possible measures be adopted to try to control and combat it, since private parties can also contribute from their scope of control. Now, while the Covid-19 vaccine has studies that show that, to date, it is the best method that we as a society have to reduce contagion and even prevent those who become seriously ill from doing so, it becomes obviously the measure is justified.

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis del manejo actual que se está realizando sobre el concepto de discriminación en el Indecopi y proponer una idea acorde a lo que consideramos pertinente en beneficio del derecho de protección al consumidor, a partir del nuevo criterio estipulado por la Sala de Protección al Consumidor del Indecopi. En ese sentido, explicaremos cuál era el criterio anterior utilizado por la entidad administrativa y señalaremos las diferencias entre el trato diferenciado ilícito, el trato diferenciado lícito y la discriminación. Posteriormente, plantearemos la figura del nuevo criterio impulsada por la Sala de Protección al Consumidor y explicaremos nuestro punto de vista al respecto. / This paper seeks to analyze the current management of the concept of discrimination at Indecopi and to propose an idea according to what we consider pertinent to benefit the consumer protection right, as from de new standard stipulated by the Indecopi’s Chamber of Consumer Protection. In that sense, we will explain what was the previous criterion used by Indecopi and will point out the differences between the illicit differential treatment, the legal differential treatment and discrimination. Subsequently, we will present the figure of the new criterion promoted by the Consumer Protection Chamber and we will explain our point of view in this regard.