En el marco del surgimiento o consolidación de tendencias sociales y su inevitable influencia en diversos sectores, como en las dinámicas comerciales; el presente artículo, pretende exponer uno de los escenarios controvertidos, propios de este contexto, en el ámbito del derecho de protección al consumidor; por lo cual, mediante el análisis de la Resolución N.º 2758-2019/SPC-INDECOPI, se evaluará la problemática surgida a partir de la confrontación de una estrategia comercial tradicional -en el sector de la industria de restaurantes-, frente a los nuevos preceptos sociales referentes a la conceptualización actual de la imagen y rol de la mujer en la sociedad. Asimismo, como parte del análisis de realizarse, se profundizará sobre los alcances y finalidad de las figuras jurídicas de discriminación en el consumo, así como en torno al deber de idoneidad, las cuales devienen en relevantes a efectos de evaluar y/o cuestionar un posible tipo infractor, así como la graduación de la sanción respecto del caso en cuestión. / In the context of the emergence or consolidation of social trends and their inevitable influence on various sectors, such as commercial dynamics; this article aims to expose one of the controversial scenarios, typical of this context, in the field of consumer protection law; therefore, through the analysis of Resolution No. 2758-2019/SPC-INDECOPI, the problems arising from the confrontation of a traditional commercial strategy - in the restaurant industry sector - against the new social precepts referring to the new conceptualization of the image and role of women in society will be evaluated. Likewise, as part of the analysis, the scope and purpose of the legal figures of consumers protection from discrimination, as well as the duty of suitability, which become relevant for the purpose of evaluating and/or questioning a possible administrative infraction, as well as the ideal penalizing will be studied in depth. / Trabajo académico

El presente Informe Jurídico aborda un caso de fiscalización de Indecopi contra Maxi Mobility, una empresa de economía colaborativa que vincula conductores con usuarios que requieren servicios de transporte. La empresa fue acusada de violar el deber de idoneidad, un principio legal que exige que los servicios cumplan con los estándares mínimos de seguridad y eficacia. Maxi Mobility no cumplió con estos estándares en dos áreas clave: la contratación de conductores y la seguridad del servicio que proporcionaba. Además, se identificaron tres cláusulas en sus términos y condiciones que exoneraban a la empresa de responsabilidad de manera anticipada, lo que se consideró abusivo. Como resultado de estas infracciones, Indecopi impuso sanciones a Maxi Mobility. El objetivo de estas sanciones no era solo castigar a la empresa, sino también impulsar mejoras en las condiciones que ofrece a sus usuarios, garantizando así que cumpla con sus obligaciones legales y éticas hacia los consumidores. / The present report addresses a case of oversight by Indecopi against Maxi Mobility, a collaborative economy company that connects drivers with users requiring transportation services. The company was accused of violating the duty of suitability, a legal principle that demands products and services meet minimum safety and efficacy standards. Maxi Mobility failed to meet these standards in two key areas: the hiring of drivers and the safety of the service it provided. 2 Additionally, three clauses in their terms and conditions were identified that exonerated the company from liability in advance, which was considered abusive. As a result of these infractions, Indecopi imposed sanctions on Maxi Mobility. The aim of these sanctions was not only to penalize the company, but also to drive improvements in the conditions it offers to its users, thus ensuring it meets its legal and ethical obligations towards consumers.

Este informe jurídico busca el análisis en la aplicación y ejecución de ciertas figuras jurídicas parte del órgano colegiado y Tribunal Administrativo del Indecopi en el marco de un procedimiento administrativo en materia de protección al consumidor que versa, particularmente, sobre un caso de comercialización de un can por parte del proveedor. De tal manera, esta investigación pretende abordar con mayor complejidad los siguientes aspectos de especial relevancia en el expediente estudiado: la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor y el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos (ORPS) para procedimientos que versen en torno a mascotas, la actividad probatoria realizada por la Comisión del Indecopi y la revisión de actos administrativos. Para dicho efecto, se emplea doctrina nacional e internacional y diversos pronunciamientos del Indecopi que llevan a determinar que para este caso en particular si bien resulta competente la Comisión por contener la denuncia otros actos que afectan intereses difusos; no obstante, mayoritariamente y determinado por la cuantía, el ORPS es quien conoce y resuelve sobre este tipo de infracciones. En tal medida, se incluye como reflexión que se amerita una revisión por parte del legislador sobre las competencias asignadas al ORPS para este tipo de casos, en tanto y en cuanto, requieren de un despliegue mayor y exhaustivo de la actividad probatoria por parte del órgano administrativo –que no podría realizarse adecuadamente en vía sumarísima- a fin determinar el estándar de consumidor razonable y en consecuencia la responsabilidad administrativa del proveedor. / This legal report aims to analyze the application and enforcement of certain legal concepts by the collegial body and Administrative Tribunal of Indecopi within the framework of an administrative proceeding regarding consumer protection, particularly focusing on a case involving the sale of a dog by the provider. This investigation intends to address with greater complexity the following aspects of special relevance in the case under study: the jurisdiction of the Consumer Protection Commission and the Deciding Bodies of Summary Proceedings (ORPS) regarding proceedings related to pets, the evidentiary activity carried out by the Commission, and the review of administrative acts. For this purpose, national and international doctrine and several pronouncements of Indecopi are employed, leading to the determination that, in this specific case, although the Commission is competent due to the presence of other acts in the complaint that affect diffuse interests; nevertheless, mostly and determined by the quantity, the ORPS is the one who knows and resolves on this type of infringements. To such extent, it is included as a reflection that a review by the legislator on the competences assigned to the ORPS for this type of cases is merited, since it requires a greater and exhaustive deployment of the evidentiary activity by the administrative body - which could not be adequately conducted in a summary proceeding- in order to determine the reasonable consumer standard and, consequently, the administrative liability of the provide.

A lo largo de las resoluciones emitidas por los órganos del INDECOPI se ha cuestionado la afectación al principio de adecuación social, que se encuentra previsto en el artículo 18° de la Ley de Represión de la Competencia Desleal; sin embargo, estas han sido declaradas infundadas. El presente artículo busca cuestionar los argumentos presentados tanto por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal como por la Sala de Defensa de la Competencia N° 1 referentes a la libertad de expresión y la libertad de empresa, así como el utilizado respecto al uso de las licencias publicitarias con la finalidad de determinar si estos pueden contribuir a la difusión de los estereotipos basados en el género. Asimismo, se busca identificar si es adecuada la tipificación del cuestionado artículo para perseguir los objetivos deseados. / Throughout the resolutions issued by INDECOPI, the affectation of the principle of social adequacy, which is provided in article 18 of the Law for the Repression of Unfair Competition, has been questioned; however, these have been declared unfounded. This article seeks to question the arguments presented by both the Commission for the Control of Unfair Competition and the Chamber for the Defense of Competition No. 1 regarding freedom of expression and freedom of business, as well as the one used regarding the use of advertising licenses in order to determine if they can contribute to the spread of gender-based stereotypes. Likewise, it seeks to identify whether the classification of the questioned article is adequate to pursue the desired objectives.

El presente Informe Jurídico analiza el caso de una proveedora que, valiéndose de su presencia en diversas redes sociales y aplicativos, viene estableciendo relaciones de consumo, a través de medios virtuales, sin que cumpla con la obligación de la implementación de un Libro de Reclamaciones Virtual en favor de los consumidores. Así, se demostrará que, si bien dicha proveedora no cuenta con una página web propia a través de la cual, usualmente, se adquieren productos; en la práctica, ello no le significa algún inconveniente a la misma, puesto que, finalmente, logra concretar sus ventas. Así, se evidenciará como es que, en el caso de estudio, el comportamiento de la proveedora lesiona el derecho al reclamo de una consumidora en específico. Este trabajo recurrirá a la protección especial constitucional otorgada por el Estado peruano sobre los consumidores, así como a los principios previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, y, a su vez, a los pronunciamientos y recomendaciones que organismos internacionales han propuesto en orden a la íntegra protección de los derechos de los consumidores que utilicen el comercio electrónico. Finalmente, se señalará que la decisión de la Sala fue acertada, sin perjuicio de advertir, también, que pudieron utilizarse argumentos más elaborados a fin de robustecer la postura de la Autoridad de Consumo. / This Legal Report analyzes the case of a supplier that, using its presence on various social networks and applications, has been establishing consumer relationships through virtual means, without complying with the obligation to implement a Virtual Complaints Book in favor of consumers. Thus, it will be demonstrated that, although said supplier does not have its own website through which products are usually purchased; In practice, this does not mean any inconvenience to it, since, finally, it manages to make its sales. Thus, it will be evident how, in the case study, the provider's behavior harms the right to claim of a specific consumer. This work will resort to the special constitutional protection granted by the Peruvian State to consumers, as well as the principles provided for in the Consumer Protection and Defense Code, and, in turn, the pronouncements and recommendations that international organizations have proposed in order for the full protection of the rights of consumers who use ecommerce. Finally, it will be pointed out that the Chamber's decision was correct, without prejudice to also noting that more elaborate arguments could have been used in order to strengthen the position of the Consumer Authority.

La nueva estructura trilateral: consumidor-proveedor-financiador (evidencia de la crisis del principio de relatividad de los contratos), se presenta en la adquisición de un inmueble en planos porque comparte la misma estructura coligada (cohesionada con el contrato de préstamo promotor). Detrás de las aparentes autónomas tres relaciones jurídicas: bancopromotor, consumidor-promotor y banco-consumidor, existe realmente una relación trilateral, una operación económica global cuya causa concreta o función económica, es la inscripción tanto de la propiedad del consumidor como la hipoteca que garantizó su adquisición, gracias a la cual, todos satisfacen sus intereses: con la inscripción de la fábrica (y venta de sus unidades inmobiliarias), el promotor culminará su proyecto y pagará al banco el préstamo que lo permitió iniciarlo; el banco obtendrá la garantía de los préstamos finalistas y; los consumidores obtendrán la inscripción de su adquisición. Se han presentado una serie de conflictos generados prima facie por incumplimientos de promotores inmobiliarios (edificios no construidos, inconclusos, no inscritos, inscritos pero con cargas, con demora en la entrega, con defectos en la construcción, etc.), conflictos frente a los cuales nos preguntamos ¿el banco pudo evitarlos?, ¿puede ser culpable de que por una inadecuada gestión de sus riesgos, esa operación económica global se frustre o genere daños? El Código de Consumo no ha recogido las normas del derecho europeo sobre crédito al consumo, ni ha prestado atención al fenómeno de la coligación negocial como operan las tres relaciones jurídicas indicadas. No se reconoce que los problemas descritos constituyan falta de idoneidad de los servicios financieros. Además, no se imputa responsabilidad en los bancos, debido a que tanto en los contratos de adquisición como en los contratos de préstamo finalista (de adhesión), se incluyen cláusulas de exoneración de su responsabilidad por los incumplimientos del promotor, vallas infranqueables para los consumidores, en un sistema legalista de pobre desarrollo jurisprudencial y desactualizada doctrina. Pretendemos colaborar en las bases dogmáticas para fijar la responsabilidad civil de los bancos, a fin que ellos cumplan un rol vigilante, acorde con su especialidad profesional , poniendo atención para ello en el último desarrollo que ha alcanzando su gestión de riesgos, la misma que postulamos repensando el derecho civil, incide en la valoración de su conducta diligente. Se busca con ello, la revigorización de su culpabilidad. Nos aproximamos a este propósito a través de tres figuras jurídicas: (i) la coligación negocial (echando mano de la causa en la interpretación conjuntamente con la contra proferentem) (ii) la gestión de riesgos típicos de la actividad bancaria incorporados a su diligencia profesional y (iii) a través de una adecuada tutela de la confianza del consumidor a crédito hacia el sistema experto que representa la actividad bancaria. Damos cuenta de cómo se va delineando una tercera vía que incorpora el riesgo en la culpa, a corriente de la necesidad de controlar y gestionar los riesgos operacionales y de crédito de la actividad bancaria, que hemos tratado en clave de responsabilidad civil, primero en un aspecto general y en el capítulo final en relación concreta con nuestro problema de estudio.

El principal objetivo de esta investigación ha sido demostrar que la libertad de Elección notarial para celebrar un contrato accesorio de Constitución de garantía hipotecaria luego de haberse realizado un contrato principal de mutuo hipotecario con una entidad bancaria o financiera en nuestro país, es eficiente y se sustenta teniendo como base el Análisis económico del Derecho. Se demostró que existen limitaciones a la libertad de contratación notarial por parte de las entidades bancarias, dicha restricción se manifiesta al momento que el consumidor bancario quiere elegir una notaría de su preferencia cuando decide celebrar el contrato accesorio. Dicha restricción que la entidad bancaria realiza al consumidor da como resultado la reducción de diversos costos de transacción como: gastos administrativos para el banco, tiempo de búsqueda para el consumidor, menores costos de arancel Notarial, menores costo del crédito, menores costos de traslado del banco a la notaría, reducción del stress y otros. Partiendo de un análisis comparativo con España, se evidencia que la libertad de elección notarial se encuentra regulado por el estado con el fin de que todo consumidor bancario luego de haber realizado un contrato de mutuo hipotecario con la entidad bancaria, no vea restringido su derecho de elección notarial, ya que como afirman los Colegios de Notarios españoles, las entidades bancarias presentan enormes incentivos para que los consumidores no ejerzan sus derecho de libertad de elección notarial. Además, debido a que el arancel notarial se encuentra regulado, es más difícil que las entidades bancarias puedan vulnerar dicho derecho, sin embargo, al consumidor bancario aún le cuesta reconocer la calidad del servicio notarial. Los resultados de nuestra investigación demostraron que pese a que existe limitaciones a la libertad de contratación en la elección de servicios notariales por parte de la entidad bancaria o financiera, existe un mayor beneficio no solo económico sino además, de reducción de costos de transacción para el consumidor bancario y la sociedad en general. Por lo que, si se buscara regular la libertad de elección notarial para realizar contratos accesorios derivados de contratos de mutuo hipotecario con una entidad bancaria en nuestro país, los únicos beneficiados serían las notarías, que eso explicaría por qué buscan regular algo que hasta el momento resulta siendo eficiente.

En la presente Tesis, se desarrollan conceptos que nos ayudan a reconocer la necesidad de adoptar un nuevo criterio sobre los derechos patrimoniales del autor frente al deber de idoneidad que protege a los consumidores (expectativas). Hoy en día, la regulación referida a la implementación de mecanismos de autotutela se encuentra enmarcada únicamente en lo señalado en las normas de Derechos de Autor; es decir, se otorga el carácter exclusivo al creador para determinar si corresponde o no implementar los referidos mecanismos; sin embargo, la norma no se encuentra de acuerdo con la realidad de un mercado globalizado. Por ello, se propone establecer una excepción a la regulación de derechos de autor referidas a los mecanismos de autotutela que pueden adoptar los creadores a fin de proteger sus obras. Así, el producto o servicio puesto a disposición de los consumidores se encontrará de acuerdo a sus expectativas y por ende conforme al concepto de “deber de idoneidad” establecido en el Código de Protección y Defensa al Consumidor. Del desarrollo de la presente tesis, se puede concluir que, de acuerdo a lo señalado en la hipótesis, sí resultaría necesario exigir al Estado peruano incorporar dentro de las normas referidas a las medidas de protección tecnológicas y de acuerdo a lo referido a copia privada, un criterio que permita que este derecho patrimonial no colisione con los derechos legítimos de los consumidores. Siendo así, sí es posible lograr armonizar lo establecido en ambas normas (derechos de autor y protección al consumidor). Finalmente, es preciso señalar que, a través de la presente investigación, no se pretende reducir o limitar los derechos patrimoniales del autor; sino por el contrario, que las referidas normas se encuentren de acuerdo a los usos y costumbres que se dan en el mercado.

En el presente informe jurídico se analizará la resolución N.º 159-2024/SPCINDECOPI, sobre la denuncia presentada por el señor Leónidas Quicaño contra la CMAC Huancayo. La Sala Especializada en Protección al Consumidor concluyó que exigir un poder de representación a una persona con discapacidad, sin haber proporcionado los ajustes razonables necesarios, constituye un acto de discriminación en el consumo. En ese sentido, el objetivo principal de este informe será determinar si es correcto que se haya declarado fundada la denuncia presentada por el consumidor. Por ello, se desarrollará el contenido del principio de igualdad y el principio de no discriminación, con el fin de precisar que la infracción administrativa debe analizarse en consonancia con estos principios. Asimismo, se analizará la prohibición de discriminación en el consumo para determinar cómo se configura esta infracción. Además, se examinarán los derechos de las personas con discapacidad para establecer el alcance de su capacidad jurídica. Posteriormente, se analizará el caso del señor Quicaño para determinar si la exigencia de poderes de representación constituye un acto de discriminación en el consumo Finalmente, se concluirá que es correcta la posición de la Sala, dado que este tipo de exigencia desconoce la regulación actual sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es un acto de discriminación en el consumo, porque lo que motiva esta exigencia es el prejuicio de creer que esta persona no tiene capacidad jurídica para manifestar su voluntad. / This legal report will analyze resolution No. 159-2024/SPC-INDECOPI regarding the complaint filed by Mr. Leónidas Quicaño against CMAC Huancayo. The Specialized Consumer Protection Court concluded that requiring a power of attorney from a person with a disability, without providing necessary reasonable accommodations, constitutes an act of discrimination in consumer affairs. The primary objective of this report is to assess the validity of the consumer's complaint. Accordingly, it will explore the principles of equality and nondiscrimination, emphasizing that the administrative violation should be analyzed in line with these principles. Moreover, it will delve into the prohibition of discrimination in consumer affairs to delineate how this violation is defined. Additionally, it will scrutinize the rights of persons with disabilities to establish the extent of their legal capacity. Subsequently, it will examine Mr. Quicaño's case to determine whether the requirement for powers of attorney constitutes an act of discrimination in consumer affairs. In conclusion, it will be concluded that the position of the Chamber is correct, given that such a requirement disregards the regulations governing the rights of persons with disabilities. This constitutes an act of discrimination in consumer affairs, rooted in the prejudice that this individual lacks the legal capacity to express their will.

El objetivo general del presente trabajo es analizar los aspectos jurídicamente relevantes de la Resolución 2135-2012/SC2-INDECOPI; en el cual se aborda la resolución, en segunda instancia administrativa, de un caso vinculado a la discriminación en el consumo de una persona con síndrome de Down por parte de una compañía de seguros, en el marco de la solicitud de afiliación por parte de la primera a un seguro de salud ofrecido por esta última. Para llevar a cabo el análisis de la referida resolución, se ha empleado un método descriptivo y deductivo crítico de las principales instituciones jurídicas y preceptos normativos involucrados en el caso y su aplicación; valiéndonos también de la inclusión de antecedentes jurisprudenciales sobre la materia. Tras la aplicación de dicha metodología de trabajo, hemos llegado a dos conclusiones principalmente. La primera de ellas es que el trato diferenciado dispensado por la denunciada está desprovisto de razones objetivas y razonables; mientras que la segunda, que dicho trato diferenciado constituye un acto de discriminación en el consumo tipificado como una infracción normativa de naturaleza administrativa y proscrita por la Constitución. / The general objective of this paper is to analyze the legally relevant aspects of the Resolution 2135-2012/SC2-INDECOPI; in which the Tribunal of Defense of Competition, as a court of appeal, resolves a case involving discrimination against a person with Down syndrome by an insurance company in a consumer relationship. In order to carry out the analysis of the aforementioned resolution, we have used a descriptive and deductive critical method of the main legal categories and regulation involved in the case and its application; including legal precedents relevant to the case. After applying this methodology, we have reached two main conclusions. The first one is that the disparate treatment performed by the defendant is devoid of objective and reasonable reasons; while the second one is that such differential treatment constitutes an act of consumer discrimination, typified as a regulatory infringement of an administrative nature, outlawed by the Constitution.