La Resolución Nº 2025-2019/SPC-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada de Protección al Consumidor, consiste en un caso de discriminación en el consumo, iniciado de oficio, en contra del Banco Interamericano de Finanzas. Esto, debido a que la entidad bancaria denunciada habría infringido el artículo 38 de la Ley Nº 29571, al establecer como requisito para el otorgamiento de créditos como El Nuevo Crédito MiVivienda y Crédito Hipotecario encontrarse dentro de cierto rango etario. En ese sentido, la resolución es de relevante importancia debido a que, no solo se analiza un criterio que afectaría a una población en situación de vulnerabilidad, sino también porque presenta un cambio de criterio en cuanto a la interpretación de discriminación en el consumo. Tomando en consideración ello, el presente informe jurídico se dividirá en tres apartados. En un primer momento, se tratará de determinar si el Banco actuó de forma discriminatoria al establecer como requisito para acceder a dos de sus productos, encontrarse dentro de un rango etario. En un segundo momento, se buscará analizar si el criterio etario puede ser considerado como un requisito razonable y objetivo, para evaluar si se debe otorgar un crédito o no a la persona quien lo solicita. Finalmente, se realizará un análisis sobre la los criterios utilizados por la Comisión, que fueron confirmados por la Sala, para imponer la multa por la infracción del artículo 38 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. / Resolution 2025-2019/SPC-INDECOPI, issued by the Specialized Chamber for Consumer Protection, consists of a case of discrimination in consumption, initiated ex officio, against the Inter-American Bank of Finance. This, because the bank denounced would have violated article 38 of Law Nº 29571, by establishing as a requirement for the granting of credits such as Nuevo Crédito MiVivienda and Crédito Hipotecario be within a certain age range. In this sense, the resolution is of importance because it not only analyzes a criterion that would affect a population in a situation of vulnerability, but also because it presents a change in the interpretation of discrimination in consumption. Taking this into account, this paper will be divided into three sections. In the first instance, it will be a question of whether the Bank acted in a discriminatory manner by making two of its products subjects to eligibility within an age range. In a second stage, it will be sought to analyze whether the age criterion can be considered as a reasonable and objective requirement, to assess whether a credit should be granted or not to the person requesting it. Finally, an analysis will be made of the criteria used by the Commission, which were confirmed by the Chamber, to impose the fine for the infringement of Article 38 of the Consumer Protection and Defense Code.

El presente informe jurídico tiene como propósito analizar de manera detallada los argumentos y criterios esgrimidos en la Resolución N°2272-2018/SPC/INDECOPI, respecto a una denuncia por operaciones no reconocidas realizadas como consecuencia de la supuesta clonación de la tarjeta de crédito de la denunciante. En ese sentido, se analizará cuáles son las medidas de seguridad que la entidad financiera debe aplicar para cargar válidamente operaciones en la línea de crédito de la titular, particularmente en operaciones de disposiciones de efectivo y cumplir con el deber de idoneidad; asimismo, se analizará el criterio utilizado por la Sala para acreditar la clonación de una tarjeta y la posibilidad de flexibilizar la carga probatoria, considerando el principio de verdad material y las posiciones de las partes involucradas. Finalmente, se analizará la naturaleza y finalidad de la sanción administrativa como elemento disuasivo de futuras conductas infractores por parte de las entidades financieras y su relación con la materialización de operaciones no reconocidas. / The purpose of this legal report is to analyze in detail the arguments and criteria used in Resolution No.2272-2018/SPC/INDECOPI, regarding a complaint for unrecognized operations carried out as a result of the alleged cloning of the credit card of the complainant. In this sense, it will be analyzed which are the security measures that the financial institution must apply to validly charge operations in the line of credit of the holder, particularly in operations of cash dispositions and comply with the duty of suitability; Likewise, the criteria used by the Chamber to prove the cloning of a card and the possibility of making the burden of proof more flexible will be analyzed, taking into account the rules of the burden of proof, the principle of material truth and the positions of the parties involved. Finally, the nature and purpose of the administrative sanction will be analyzed as a dissuasive element of future infringing behavior by financial entities and its relationship with the materialization of unrecognized operations.

En el 2010 el Estado Peruano, ejerciendo su función protectora, puso en vigencia el Código de Defensa del Consumidor. Un esfuerzo orientado a reducir la asimetría informativa entre las empresas y los ciudadanos. Sin embargo, el ejercicio pleno del derecho a la educación financiera va más allá. Implica una política social cuya prioridad sea una justa redistribución de oportunidades en temas básicos como inclusión social, salud, educación, etc… La inclusión financiera es un complemento de los temas básicos, que como el resto de derechos fundamentales es una de las dimensiones que contribuye al ejercicio pleno de la ciudadanía. De nada sirve acceder “democráticamente” a un cumulo de conocimiento, sin las condiciones para desarrollar capacidades en igualdad de condiciones. En ese sentido, mostraremos en nuestra investigación en qué nivel de maduración se encuentra hoy el entendimiento de los jóvenes limeños de 24 a 35 años del derecho a la educación financiera. Las prácticas económicas en el Perú promueven el consumismo financiero. Los peruanos laboralmente activos buscan mejorar su nivel de vida en el corto plazo, mientras que los bancos incrementan su oferta (sin información clara y suficiente) y sus utilidades, ¿y el Estado? Por décadas ha tenido una posición de defensa de los intereses de los grupos de poder. Veremos si hoy pueden considerarse garante y regulador efectivo de los intereses del colectivo de ciudadanos. Para nuestro análisis tendremos tres actores principales: El Estado, las empresas y el ciudadano. Si en los tres niveles no se toman decisiones que generen un cambio, poco o nada se mejorará. Analizaremos lo que sucede con los jóvenes limeños de 24 a 35 años en este escenario. Además, veremos cuál es el enfoque y acciones del Estado para atender sus demandas, y cuál es la participación e interés de las empresas (grupos de poder económico y político). El ejercicio pleno de la ciudadanía requiere que cada una de sus dimensiones se desarrolle. Una de ellas es la educación, y parte importante de ésta es la educación financiera. Se requiere un vehículo que contribuya a desarrollar algunas oportunidades en función del bienestar social. Veremos por qué no se logra aterrizar en programas y proyectos concretos. Finalmente, el Perú cuenta con una Comisión Multisectorial de Educación Financiera, liderada por el Ministerio de Economía; veremos si tiene una orientación democrática y si realmente puede ser artífice del camino que los jóvenes necesitan para ser incluidos democráticamente en el sistema financiero con transparencia, condiciones de equidad y con resultados eficientes para su desarrollo personal, y más cercanos a ejercer plenamente su ciudadanía. / Tesis

Los estereotipos de género son una de las principales causas de la violencia que sufre la mujer en nuestro país; sin embargo, no toda la sociedad es consciente de su existencia, magnitud y los perjuicios que pueden generar. Por ende, los objetivos del trabajo son los siguientes: El objetivo principal: Analizar el nivel de eficacia de las acciones tomadas por la autoridad de protección al consumidor para combatir la discriminación por género en el ámbito de consumo y, proponer medidas que amplifiquen las potencialidades actuales del sistema de consumidor. Los objetivos específicos: i) identificar el espectro total de las prácticas que perpetuan estereotipos realizadas por los proveedores de bienes o servicios que afectan los derechos de las consumidoras; ii) demostrar que existen prácticas lesivas al mandato de no discriminación que la autoridad desconoce y; por ende, no fiscaliza ni sanciona; ii) Identificar métodos eficaces para proteger el derecho a la igualdad y no discriminación de la consumidora sin trasgredir los derechos de otros actores del mercado. El supuesto es el siguiente: ¿Cuál es el nivel de eficacia de las actuales medidas de prevención y erradicación de la discriminación en materia de protección al consumidor y, cómo pueden potentenciarse las mismas, sin trasgredir los fundamentos económicos constitucionales? La conclusión propuesta es, si bien es cierto, se han advertido aspectos positivos por parte de la Comisión de Protección al Consumidor y de la Sala de Protección al Consumidor, que estarían contribuyendo con la prevención y erradicación de los estereotipos de género que fomentan la discriminación estructural contra las mujeres. Es recomendable capacitar a los funcionarios que ven estos casos en género y discriminación y, no sólo desde una perspectiva de mercado.

En el presente Artículo pretende resaltar la importancia de la necesidad de la regulación de las Técnicas de Reproducción Asistida (TERAS) en nuestro país en base a una investigación académica realizada respecto al desarrollo y evolución de estas TERAS, así como su relevancia para que las personas que padecen de infertilidad puedan ejercer su Derecho a la Reproducción, derecho que se pretende demostrar que está recogido por nuestro ordenamiento. En ese sentido y desde un punto de vista de Derecho de Protección al Consumidor, se va también a demostrar cómo es que este servicio médico es importante para los consumidores que adquieren este servicio, en tanto que actualmente se viene brindando por entidades públicas y privadas de salud. Esto a razón de un caso práctico llevando ante INDECOPI, donde se trató acerca de la idoneidad de una de las TERAS, esto es, la Fertilización in Vitro, en función a su propia naturaleza y además se señalará la importancia de la uniformización de un formulario de consentimiento informado cuando se adquiera este tipo de servicios. / This Article aims to highlight the importance of the need for the regulation of Assisted Reproduction Techniques (ART) in our country based on an academic research carried out regarding the development and evolution of these ART, as well as its relevance for people who suffer from infertility can exercise their Right to Reproduction, a right that is intended to demonstrate that it is included in our legal system. In that sense and from a Consumer Protection Law point of view, it will also be demonstrated how this medical service is important for consumers who purchase this service, as it is currently being provided by public and private entities. of health. This is due to a practical case brought to INDECOPI, where it was discussed about the suitability of one of the ART, that is, IFV, according to its own nature and also the importance of the standardization of a form was pointed out. informed consent when acquiring this type of service.

Con fecha 23 de junio de 2016 se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 007-2016-MTC, mediante el cual se dispuso aprobar el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, el cual implementa un sistema más riguroso que el Antiguo Reglamento de Licencias de Conducir e incorpora diversos requisitos que impactan en dos sectores relevantes que caracterizan un Estado Social de Mercado como es el caso peruano: Libre Competencia y Protección al Consumidor. Sobre el primer sector aludido, es preciso tomar en cuenta lo señalado en el documento denominado Abogacía de la Competencia de la Competencia en el mercado del servicio de examen práctico de manejo en la Región Lima (2014), emitido por la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI, respecto a una presunta existencia de una barrera legal a la entrada de nuevos competidores al mercado del servicio de examen práctico de manejo. Sobre el segundo sector aludido, es pertinente tomar en cuenta el impacto que se generará con la implementación de nuevos requisitos para la obtención de una licencia de conducir de vehículos automotores en la Región Lima. Al respecto, el Touring y Automóvil Club del Perú (en adelante TACP) es una Institución sin Fines de Lucro que cuenta actualmente con una autorización vigente, emita por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante MTC) para prestar el servicio de toma del examen práctico para la emisión de licencias de conducir vehículos automotores, constituyéndose en el único Centro de Evaluaciones en la Región Lima que brinda dicho servicio. Sobre el particular, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas Carga y Mercancías (en adelante SUTRAN), así como el MTC deben definir sus roles, a fin de evitar fallas en el mercado del servicio de toma de exámenes para obtener una licencia de conducir. Para tal efecto, el presente artículo brindará las herramientas para llegar a dicho fin

El sector financiero de nuestro país se constituye como una de las industrias donde la relación comercial proveedor- consumidor es un de las más críticas en materia de protección al consumidor, ello es así debido a la complejidad de sus productos y servicios, la asimetría en la información, o la falta de educación financiera, que ponen en situación de desventaja a los consumidores. Por este motivo, el Estado ejerciendo su función protectora implementa normativa especializada que busca equilibrar esta relación, resguardando los derechos del consumidor. La complejidad de esta normativa constituye para las empresas de esta industria la configuración del riesgo legal que debe ser gestionado de manera oportuna y eficaz para así evitar contingencias que las impacten negativamente. Ello ha generado que las empresas de banca múltiple implementen programas preventivos de cumplimiento; sin embargo, las empresas de microfinanzas (parte importante de este sector) aun no desarrollan de manera eficaz este tipo de buenas prácticas. En función de ello, es que el objetivo principal del presente trabajo de investigación es determinar la viabilidad de la implementación de programas de cumplimiento especializados en materia de protección al consumidor en empresas del sector financiero, específicamente en empresas del ámbito de las microfinanzas (cajas municipales, financieras, etc.) con la finalidad de prevenir los riesgos legales de cumplimiento normativo y vulneración de derechos a clientes y usuarios de estas empresas del sector. Para ello se realiza el estudio de caso del Programa de Compliance de Protección al Consumidor del banco BBVA Perú, a fin de determinar si la implementación de estos programas en las empresas microfinancieras, constituye una herramienta eficaz y viable que disminuya el número de infracciones a las normas del Código de Protección al Consumidor, lo que se traducirá en relaciones de consumo más eficientes y transparentes.

A la luz de los pronunciamientos emitidos por los órganos resolutivos del Indecopi, queda evidenciado de que existe una gran dificultad para lograr acreditar, si quiera a nivel indiciario, la comisión de una conducta discriminatoria por parte de los proveedores de servicios de educación básica regular, lo cual puede conllevar a que, en la práctica, se ocasionen graves afectaciones de los derechos fundamentales a la educación e igualdad de menores que se encuentran en etapa de formación. Siendo ello así, a través del presente trabajo, se propugna un rol activo para este tipo de casos por parte del Indecopi en lo que a actuación probatoria se refiere, teniendo en consideración el mandato contenido en el artículo 65° de la Constitución Política del Perú y las facultades conferidas a la autoridad administrativa por ley

Los productos financieros como las tarjetas de crédito y débito nos brindan múltiples beneficios; sin embargo, también existen riesgos inherentes a los mismos. El principal riesgo es la materialización de operaciones no reconocidas, que afecta directamente el patrimonio de los consumidores y afecta la confianza en los productos antes mencionados. En este contexto, se analizará la falta de predictibilidad en el análisis del comportamiento habitual de consumo en el marco de una denuncia y/o reclamo por la realización de operaciones no reconocidas con cargo a tarjetas de crédito o cuenta de ahorros de los consumidores para evitar la discrecionalidad en la interpretación del también denominado patrón de consumo. Finalmente se concluirá con una propuesta de solución que consiste en el establecimiento de un precedente de observancia obligatoria que permita uniformizar el análisis por parte de la Administración para determinar el periodo en el cual se deben contrastar las operaciones no reconocidas con el patrón de consumo de un usuario, poder determinar si constituyen operaciones inusuales y si habrían sido autorizadas correctamente o no. / Financial products such as credit and debit cards offer us multiple benefits; however, there are also risks inherent to them. The main risk is the materialization of unrecognized operations, which directly affects the patrimony of consumers and affects confidence in the aforementioned products. In this context, the lack of predictability in the analysis of habitual consumption behavior within the framework of a complaint and/or claim for carrying out unrecognized operations charged to consumer credit cards or savings accounts will be analyzed to avoid discretion in the interpretation of the so-called consumption pattern. Finally, it will be concluded with a solution proposal that consists of the establishment of a precedent of obligatory observance that allows to standardize the analysis by the Administration to determine the period in which the unrecognized operations must be contrasted with the consumption pattern of a user, to be able to determine if they constitute unusual operations and if they would have been correctly authorized or not.

La implementación de la innovación en tecnología en la publicidad comercial ha tenido un gran impacto tanto desde el punto de vista tecnológico, social, así como en su aplicación normativa. Además de ello, debido a la tasa de discriminación social existente hacia un grupo determinado de personas (quienes vienen social e históricamente vulneradas), nace nuestro interés por desarrollar el tema de la discriminación en la publicidad comercial en base a las normas de la Ley de Represión de la Competencia Desleal - Ley N° 1044, específicamente en base al Principio de Adecuación Social (artículo 18° de la Ley de Represión de la Competencia Desleal). No obstante ello, consideramos que la ambigüedad de la norma termina generando un efecto adverso al esperado y conlleva generalmente a una mala aplicación de la misma por parte de la Autoridad (como el caso de publicidad discriminatoria de Saga Falabella), ya que lo que se busca sancionar el citado artículo no es concretamente la difusión de una publicidad sexista, discriminatorio o contraria al principio de adecuación social en general, sino que la misma tenga el efecto de inducir a sus destinatarios a cometer actos de dicho carácter. Por tanto, debido a que el principal problema del principio de Adecuación Social es su ambigüedad en la aplicación e interpretación por parte de Indecopi, consideramos que su correcta interpretación debe ser restrictiva y funcional.