El derecho a la información es aquella obligación que tiene el proveedor para brindar información relevante sobre los productos o servicios que ofrece al mercado para que el consumidor pueda tener una mejor decisión de consumo. Bajo esa misma línea, las agencias de viajes minoristas tienen la función de la elaboración, comercialización, orientación, brindar asesoría e información de los servicios turísticos nacionales e internacionales que tiene a su disposición. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando estas empresas omiten información a los consumidores? En el presente informe se analizará lo resuelto en la Resolución N° 435-2016/SCPINDECOPI por la Sala Especializada en Protección al Consumidor que revocó la resolución emitida por la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 al considerar que la agencia de viajes no tenía la obligación de brindar información respecto de las penalidades por la reprogramación de los paquetes turísticos y de los pasajes aéreos. Por ello, se realizará un marco teórico en la cual se explicará los alcances del deber de información, la responsabilidad que tiene el proveedor y si la reprogramación y penalidades debería ser considerado información relevante / The right to information is the obligation of the supplier to provide relevant information on the products or services offered to the market so that the consumer can make a better consumer decision. Along the same lines, retail travel agencies have the function of preparing, marketing, guiding, providing advice and information on the national and international tourist services available to them. Now, what happens when these companies omit information to consumers? This report will analyze what was resolved in Resolution No. 435-2016/SCP-INDECOPI by the Specialized Chamber on Consumer Protection that revoked the resolution issued by the Consumer Protection Commission No. 2 by considering that the travel agency did not have the obligation to provide information regarding the penalties for the rescheduling of tour packages and airline tickets. Therefore, a theoretical framework will be made in which the scope of the duty of information, the responsibility of the supplier and whether the rescheduling and penalties should be considered relevant information will be explained.

Durante los últimos años, Lima ha vivido una verdadera –y caótica- revolución urbana. Áreas agrícolas han dado paso a macroproyectos de viviendas. En donde antes se requería agua no potable para riego, hoy viven miles de familias que necesitan dicho elemento para poder vivir. Siendo así, surge la pregunta ¿estaba preparada la empresa prestadora de servicio de abastecimiento de agua potable para esta vorágine urbanizadora por parte del sector inmobiliario? ¿Cuántas multas han sido impuestas a las empresas inmobiliarias como consecuencia de las carencias de las empresas prestadoras de servicios (en adelante EPS) de abastecimiento de agua potable en Lima Metropolitana? En el presente trabajo de investigación, el autor busca establecer la relación entre las carencias de las EPS y las multas impuestas a las empresas inmobiliarias por la Autoridad Administrativa en materia de Protección al Consumidor. Asimismo, el autor establece que el derecho al abastecimiento de agua potable no sólo es un derecho constitucional y servicio público, sino también una garantía implícita y por ende su inobservancia implica una falta al deber de idoneidad de los desarrolladores inmobiliarios.

El presente trabajo de investigación se enfoca en analizar los cambios surgidos a partir de la Ley de Bancarización en el sector de Tarjetas de Crédito, tomando como protagonistas a la Superintendencia de Banca, Seguros & AFP (en adelante, SBS) y al Consumidor Financiero. En ese sentido, tiene como objetivo identificar los logros obtenidos a partir de la promulgación de la mencionada Ley y cuáles son las deficiencias que todavía se pueden percibir tanto por parte de la SBS como del propio Consumidor Financiero, vale decir cuánto han podido evolucionar en éstos años. En primer lugar, el presente trabajo desarrolla tres (3) pilares básicos y esenciales. A saber: la Inclusión, Cultura y Educación Financiera. Se realiza una explicación general de cada uno de ellos para posteriormente realizar un enfoque de estos tres pilares en el sector de tarjetas de crédito. Posterior a ello, se realiza un análisis del rol de la SBS tanto como ente supervisor como ente educador en el sector de tarjetas de crédito, puntualizando en este último las acciones mediante el portal SBS y el Plan Nacional de Educación Financiera. Después, se desarrolla al Consumidor Financiero de Tarjetas de Crédito, y en específico frente a las transacciones no reconocidas por éste. Finalmente, se concluye indicando que La Ley de Bancarización ha sido una norma de impulso fundamental para que los peruanos puedan acercarse al sistema financiero. No obstante, a pesar de este impulso, todavía es escaso este acercamiento, por lo que se deben de profundizar en tres pilares fundamentales: la Inclusión, Cultura, y Educación Financiera.

El presente informe desarrolla el procedimiento de denuncia realizada por Miguel Ángel Céliz Ocampo en contra de Rimac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros por la infracción del Código de Protección al Consumidor. Específicamente los artículos 1.1 literal d) y 38 del referido Código. El INDECOPI confirma, en el procedimiento ante la Comisión y la Sala de Protección al Consumidor, que los hechos acaecidos constituyeron un acto de discriminación en razón de la discapacidad e Sandra Céliz e imponen una multa y una medida correctiva. Adicionalmente, se examina el cumplimiento de la medida correctiva a partir del ofrecimiento de la póliza por Rimac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros. En el presente documento se analizan los hechos a la luz del marco nacional e internacional sobre la efectivización del derecho a la seguridad social de las personas con discapacidad, la prohibición de discriminación y el ejercicio de la autonomía privada, para determinar que el razonamiento del INDECOPI fue acertado al momento de resolver la controversia. Todo ello teniendo en cuenta el modelo social de la discapacidad como pilar en el análisis del caso. En razón de ello concluimos que la Comisión y la Sala resuelve bien al determinar la comisión de un acto de discriminación en el consumo y que el razonamiento del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor no cumplió con resolver adecuadamente respecto de la medida correctiva.

El presente informe jurídico versa sobre el estudio de la Resolución 2365- 2018/SPC-INDECOPI conforme a las infracciones cometidas a los artículos 2.1, 19, 25 y 67,4 literal c) del Código de Protección al Consumidor – Ley N° 29571 (en adelante, el Código de Consumo), por parte de la Clínica San Gabriel (en adelante, La Clínica) contra la señora Ana Sofía Gonzales Hurtado (en adelante, el Consumidor) al brindarle un servicio médico deficiente, puesto que del análisis del caso se puede desprender que las consecuencias o riesgos de la intervención quirúrgica, denominada litotricia intracorpórea, no fueron trasladadas de forma oportuna al Consumidor a través del consentimiento informado.. En tal sentido, la presente Resolución concluyó que la Clínica generó una clara afectación al artículo 2.1 del Código de Consumo por no lograr demostrar que ha otorgado una información clara, sencilla, suficiente, oportuna y veraz al Consumidor referente al riesgo de ruptura ureteral,, toda vez que la señora Ana Sofía Gonzales Hurtado se realizó la intervención sin tener claro cuales serían los riesgos de la operación médica denominada Litotrica Intracorpórea, la cual desencadenó la pérdida de su uréter y riñón derecho, por medio, de una nefrectomía. Asimismo, la referida Resolución consideró que no hubo afectación alguna a los artículos 19 y 25 del Código de Consumo referentes a la prestación del servicio de litotricia intracorpórea, la cual a criterio de la Sala fue generada de forma correcta y cumpliendo las medidas de seguridad conforme a los avances de la ciencia y técnica del momento. / The present legal report deals with the research of Resolution 2365-2018/SPCINDECOPI pursuant to the violations committed to Articles 2. 1, 19, 25 and 67.4 literal c) of the Consumer Protection Code - Law No. 29571 (hereinafter, the Consumer Code), by the San Gabriel Clinic (hereinafter, The Clinic) against Mrs. Ana Sofía Gonzales Hurtado (hereinafter, the Consumer) by providing her with a deficient medical service, since from the analysis of the case it can be inferred that the consequences or risks of the surgical intervention, called intracorporeal lithotripsy, were not transferred in a timely manner to the Consumer through the informed consent In this sense, this Resolution concluded that the Clinic generated a clear affectation to article 2.1 of the Consumer Code for failing to demonstrate that it has provided clear, simple, sufficient and truthful information to the Consumer regarding the risk of ureteral rupture, since Mrs. Ana Sofía Gonzales Hurtado underwent the intervention without being clear about the risks of the medical operation called Intracorporeal Lithotripsy, which triggered the loss of her ureter and right kidney, by means of a nephrectomy. Likewise, the aforementioned Resolution considered that there was no affectation to articles 19 and 25 of the Consumer Code regarding the provision of the service, which, at the discretion of the Chamber, was generated correctly and complying with the security measures in accordance with the advances of the science and technology of the moment.

El presente Trabajo desarrolla un análisis jurídico sobre la Resolución Nº 2758- 2019/SPC-INDECOPI, la cual versa sobre la denuncia realizada, en el año 2018, por la Asociación de Consumidores Indignados Perú contra el restaurante La Rosa Náutica, por cometer actos de discriminación hacia las consumidoras mujeres que acudían a su local, al entregarles Cartas – Menú sin precios; la cual fue declarada fundada con un voto dirimente del Presidente de la Sala Especializada en Protección al Consumidor del INDECOPI, luego de haber quedado empatados los votos de los Vocales de la misma. Esta Resolución propone un enfrentamiento entre conceptos de paralela importancia y relevancia en los ámbitos jurídico y social, como lo son la libertad de empresa y los derechos humanos de la persona; lo cual responde a la justificación del desarrollo del presente. Ante esto, se propone un conjunto de críticas sobre los Fundamentos que realizó la Sala. Además, con el desenvolvimiento y la estructura planteadas en el presente, se analizan diversos conceptos jurídicos y sociales, como: la diferencia entre trato diferenciado y discriminación, el cambio de criterio sobre el entendimiento de discriminación en el consumo realizado en el año 2019 por el INDECOPI, la adecuación y pertinencia de las sanciones, el rol de las asociaciones de consumidores, entre otros; profundizando tanto en doctrina como en la legislación pertinente, para demostrar que el mencionado restaurante si cometió actos de discriminación contra las mujeres que acudían a su local

El presente informe tiene como objetivo analizar los aspectos jurídicamente relevantes de la Resolución N°. 1121-2020/SPC-INDECOPI; en la cual la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) aborda el tema de discriminación en el consumo por motivo de sexo, específicamente, en el caso de un hombre al que se le denegó el uso de la fila de trato preferente por no tener la condición de mujer, pese a que llevaba a su menor hijo en brazos. En tal sentido, el presente informe examinará los argumentos desarrollados por Indecopi y por las partes para solucionar la controversia. Por tal motivo, se revisará la figura de la discriminación en el consumo tanto en la doctrina como en las resoluciones del Indecopi y el Tribunal Constitucional. Además, se analizará si la parte denunciada también habría podido incurrir en una presunta infracción al trato preferente. También se examinará si los medios probatorios presentados por la parte denunciante fueron suficientes para acreditar la conducta infractora. / The aim of this report is to go over the legally relevant aspects of Resolution N°. 1121- 2020/SPC-INDECOPI; in which the Specialized Chamber for Consumer Protection of the National Institute for the Defense of Free Competition and Protection of Intellectual Property (Indecopi) addresses the issue of discrimination in consumption based on sex, specifically, in the case of a man who was denied the use of the preferential treatment row for not having the status of a woman, despite the fact that he was carrying his child in his arms. In that regard, this report will examine the arguments presented by Indecopi and by the parties to resolve the controversy. Accordingly, the figure of discrimination in consumption will be reviewed in the doctrine and in the resolutions of Indecopi and the Constitutional Court. Furthermore, a subject to be analyzed is whether the accused party could have also incurred in an alleged violation of preferential treatment. It will also be examined whether the evidence presented by the complaining party was sufficient to prove the offending conduct.

Mediante Resolución N° 3011-2017/SPC-INDECOPI, el INDECOPI estableció como precedente de observancia obligatoria, respecto a la competencia del mismo en los casos de procedimientos administrativos de oficio en protección al consumidor en materia de servicios financieros, el siguiente criterio: El INDECOPI que no será competente para conocer de oficio las controversias en materia de protección al consumidor en servicios financieros cuando, (i) en primer lugar, la conducta de la entidad supervisada vulnere la normativa de protección al consumidor, y, (ii) en segundo lugar, la conducta se encuentre tipificada en el Reglamento de Sanciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS). El criterio establecido surge en virtud de que, en nuestro país, el sistema de protección al consumidor financiero se encuentra marcado por la intervención de dos autoridades: el INDECOPI y la SBS, lo cual, en algunos casos, crea dificultades al delimitar el ámbito de intervención de parte de dichas autoridades. En el presente artículo, se vio la necesidad de analizar el criterio antes indicado, habiendo determinado que, si bien el mismo representa una propuesta de solución al contexto antes explicado, a través de este, el INDECOPI estaría dejando de ejercer su deber de proteger a los consumidores, toda vez que, si bien bajo nuestro actual régimen de protección al consumidor en servicios financieros da lugar a que una misma conducta sea conocida por dos autoridades distintas – INDECOPI y la SBS –, aquellas actúan con un fundamento distinto. Finalmente, se concluyó que si bien ambas autoridades actúan a fin de tutelar bienes jurídicos distintos, existe una necesidad de replantear el sistema de protección al consumidor financiero, a fin de garantizar una adecuada protección al consumidor.

La Resolución Nº 2025-2019/SPC-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada de Protección al Consumidor, consiste en un caso de discriminación en el consumo, iniciado de oficio, en contra del Banco Interamericano de Finanzas. Esto, debido a que la entidad bancaria denunciada habría infringido el artículo 38 de la Ley Nº 29571, al establecer como requisito para el otorgamiento de créditos como El Nuevo Crédito MiVivienda y Crédito Hipotecario encontrarse dentro de cierto rango etario. En ese sentido, la resolución es de relevante importancia debido a que, no solo se analiza un criterio que afectaría a una población en situación de vulnerabilidad, sino también porque presenta un cambio de criterio en cuanto a la interpretación de discriminación en el consumo. Tomando en consideración ello, el presente informe jurídico se dividirá en tres apartados. En un primer momento, se tratará de determinar si el Banco actuó de forma discriminatoria al establecer como requisito para acceder a dos de sus productos, encontrarse dentro de un rango etario. En un segundo momento, se buscará analizar si el criterio etario puede ser considerado como un requisito razonable y objetivo, para evaluar si se debe otorgar un crédito o no a la persona quien lo solicita. Finalmente, se realizará un análisis sobre la los criterios utilizados por la Comisión, que fueron confirmados por la Sala, para imponer la multa por la infracción del artículo 38 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. / Resolution 2025-2019/SPC-INDECOPI, issued by the Specialized Chamber for Consumer Protection, consists of a case of discrimination in consumption, initiated ex officio, against the Inter-American Bank of Finance. This, because the bank denounced would have violated article 38 of Law Nº 29571, by establishing as a requirement for the granting of credits such as Nuevo Crédito MiVivienda and Crédito Hipotecario be within a certain age range. In this sense, the resolution is of importance because it not only analyzes a criterion that would affect a population in a situation of vulnerability, but also because it presents a change in the interpretation of discrimination in consumption. Taking this into account, this paper will be divided into three sections. In the first instance, it will be a question of whether the Bank acted in a discriminatory manner by making two of its products subjects to eligibility within an age range. In a second stage, it will be sought to analyze whether the age criterion can be considered as a reasonable and objective requirement, to assess whether a credit should be granted or not to the person requesting it. Finally, an analysis will be made of the criteria used by the Commission, which were confirmed by the Chamber, to impose the fine for the infringement of Article 38 of the Consumer Protection and Defense Code.

El presente informe jurídico tiene como propósito analizar de manera detallada los argumentos y criterios esgrimidos en la Resolución N°2272-2018/SPC/INDECOPI, respecto a una denuncia por operaciones no reconocidas realizadas como consecuencia de la supuesta clonación de la tarjeta de crédito de la denunciante. En ese sentido, se analizará cuáles son las medidas de seguridad que la entidad financiera debe aplicar para cargar válidamente operaciones en la línea de crédito de la titular, particularmente en operaciones de disposiciones de efectivo y cumplir con el deber de idoneidad; asimismo, se analizará el criterio utilizado por la Sala para acreditar la clonación de una tarjeta y la posibilidad de flexibilizar la carga probatoria, considerando el principio de verdad material y las posiciones de las partes involucradas. Finalmente, se analizará la naturaleza y finalidad de la sanción administrativa como elemento disuasivo de futuras conductas infractores por parte de las entidades financieras y su relación con la materialización de operaciones no reconocidas. / The purpose of this legal report is to analyze in detail the arguments and criteria used in Resolution No.2272-2018/SPC/INDECOPI, regarding a complaint for unrecognized operations carried out as a result of the alleged cloning of the credit card of the complainant. In this sense, it will be analyzed which are the security measures that the financial institution must apply to validly charge operations in the line of credit of the holder, particularly in operations of cash dispositions and comply with the duty of suitability; Likewise, the criteria used by the Chamber to prove the cloning of a card and the possibility of making the burden of proof more flexible will be analyzed, taking into account the rules of the burden of proof, the principle of material truth and the positions of the parties involved. Finally, the nature and purpose of the administrative sanction will be analyzed as a dissuasive element of future infringing behavior by financial entities and its relationship with the materialization of unrecognized operations.