El año 2015 ha sido un periodo lleno de cambios económicos que han motivado una serie de acciones de parte del Poder Ejecutivo para superar esta situación. Acciones realizadas en uso de facultades delegadas por el Poder Legislativo y que se han materializado en una serie de dispositivos legales. Dentro de estos dispositivos, tenemos el D.L. N° 1177 y N° 1196 que establecen mecanismos de acceso a la vivienda bajo las figuras del arrendamiento, el arrendamiento con opción de compra, el arrendamiento financiero y el contrato de capitalización inmobiliaria. Este último objeto de análisis en el presente trabajo vista la novedosa regulación y operatividad que se pretende implementar en el mercado nacional.

Este Informe Jurídico desarrolla un análisis relativo a, por un lado, si el procedimiento administrativo empleado para resolver el caso del señor Vargas y la señora Orellana fue efectivo, dado que la competencia en primera instancia fue otorgada a la Comisión N° 2, sin tomar en cuenta la naturaleza y la razón de ser del procedimiento sumarísimo en materia de consumidor. Por otro lado, se observa si la sanción pecuniaria aplicada al señor Vargas fue adecuada en relación al daño causado y la corrección de la conducta infractora. A efectos de la dilucidación de estos problemas se utilizó doctrina, normativa vigente a la fecha del caso y normativa actual, jurisprudencia y precedentes administrativos -resoluciones del OPS N° 1, 2 y 3 de la Sede Lima Sur, resoluciones de la Comisión de Protección al Consumidor y la Sala Especializada en Protección al Consumidor-. / This Legal Report develops an analysis regarding, on the one hand, whether the administrative procedure used to resolve the case of Mr. Vargas and Mrs. Orellana was effective, given that jurisdiction in the first instance was granted to Commission No. 2, without taking taking into account the nature and raison d'être of the summary procedure in consumer matters. On the other hand, it is observed if the pecuniary sanction applied to Mr. Vargas was adequate in relation to the damage caused and the correction of the infringing conduct. For the purposes of elucidating these problems, doctrine, regulations in force at the date of the case and current regulations, jurisprudence and administrative precedents - resolutions of OPS No. 1, 2 and 3 of the South Lima Headquarters, resolutions of the Protection Commission were used. to the Consumer and the Chamber Specialized in Consumer Protection-

El trabajo de investigación se divide en cinco partes. La primera parte así como la segunda estarán destinadas a describir el marco conceptual general del arbitraje, en cada uno de sus alcances y caracteres más relevantes para así poder conocer mejor esa institución como mecanismo de resolución de conflictos y situar al lector en el marco del arbitraje y su aplicación en el Perú a fin que el lector tenga una idea clara de cómo opera el arbitraje en nuestro país. Además, para poder entender el mecanismo del arbitraje de consumo es necesario que explicar primero que es el arbitraje y cómo opera el mismo para poder guiar el posterior análisis del autor y la comprensión de la tesis por parte del lector. La tercera parte buscará dar una visión de la aplicación del sistema del arbitraje de consumo en general así como de sus principales caracteres y la normativa que lo regula en nuestro país. Asimismo se plantean a lo largo de ambas secciones las principales ventajas pero también las principales falencias y defectos del sistema de arbitraje de consumo, las cuales se proceden a analizar de manera minuciosa, con el fin de que el lector conozca las mismas, se empape del tema y se forme un criterio propio acerca de la verdadera viabilidad, funcionalidad y eficacia que podría tener la implantación de dicho sistema en nuestro país. Dicho análisis va acompañado de la más completa denotación de casos y supuestos varios del derecho extranjero que demuestran porque en algunos casos resulta eficaz éste sistema de arbitraje de consumo y en otros no. El objetivo es identificar las ventajas, pero también las debilidades de éste sistema. Finalmente la cuarta parte de la tesis está dedicada al análisis de cada uno de los problemas y debilidades citados en el sector cuarto con su contraparte de resultado y propuesta de mejora. Ya que la idea de la presente tesis es identificar cómo operaría éste sistema en nuestro país en comparación con otras legislaciones y determinar a raíz de ello y del análisis de su naturaleza y caracteres particulares si el mismo sería viable y funcional en nuestro país a la luz de nuestra legislación vigente en materia de protección al consumidor. En la medida de lo posible se tratará de contar con información cuantitativa en cuanto a jurisprudencia y resoluciones de casos para que la comparación no se haga solamente a nivel de texto legal. Esto serviría para completar el análisis con una comparación de las experiencias internacionales con la peruana. El objetivo es dar recomendaciones a las falencias y errores identificados, teniendo como sustento otros sistemas que tienen mayor eficacia.

En el 2010 el Estado Peruano, ejerciendo su función protectora, puso en vigencia el Código de Defensa del Consumidor. Un esfuerzo orientado a reducir la asimetría informativa entre las empresas y los ciudadanos. Sin embargo, el ejercicio pleno del derecho a la educación financiera va más allá. Implica una política social cuya prioridad sea una justa redistribución de oportunidades en temas básicos como inclusión social, salud, educación, etc… La inclusión financiera es un complemento de los temas básicos, que como el resto de derechos fundamentales es una de las dimensiones que contribuye al ejercicio pleno de la ciudadanía. De nada sirve acceder “democráticamente” a un cumulo de conocimiento, sin las condiciones para desarrollar capacidades en igualdad de condiciones. En ese sentido, mostraremos en nuestra investigación en qué nivel de maduración se encuentra hoy el entendimiento de los jóvenes limeños de 24 a 35 años del derecho a la educación financiera. Las prácticas económicas en el Perú promueven el consumismo financiero. Los peruanos laboralmente activos buscan mejorar su nivel de vida en el corto plazo, mientras que los bancos incrementan su oferta (sin información clara y suficiente) y sus utilidades, ¿y el Estado? Por décadas ha tenido una posición de defensa de los intereses de los grupos de poder. Veremos si hoy pueden considerarse garante y regulador efectivo de los intereses del colectivo de ciudadanos. Para nuestro análisis tendremos tres actores principales: El Estado, las empresas y el ciudadano. Si en los tres niveles no se toman decisiones que generen un cambio, poco o nada se mejorará. Analizaremos lo que sucede con los jóvenes limeños de 24 a 35 años en este escenario. Además, veremos cuál es el enfoque y acciones del Estado para atender sus demandas, y cuál es la participación e interés de las empresas (grupos de poder económico y político). El ejercicio pleno de la ciudadanía requiere que cada una de sus dimensiones se desarrolle. Una de ellas es la educación, y parte importante de ésta es la educación financiera. Se requiere un vehículo que contribuya a desarrollar algunas oportunidades en función del bienestar social. Veremos por qué no se logra aterrizar en programas y proyectos concretos. Finalmente, el Perú cuenta con una Comisión Multisectorial de Educación Financiera, liderada por el Ministerio de Economía; veremos si tiene una orientación democrática y si realmente puede ser artífice del camino que los jóvenes necesitan para ser incluidos democráticamente en el sistema financiero con transparencia, condiciones de equidad y con resultados eficientes para su desarrollo personal, y más cercanos a ejercer plenamente su ciudadanía. / Tesis

El presente informe jurídico analizará la Resolución N° 1571-2021/SPC-INDECOPI, el cual versa sobre un trato discriminatorio que sufrieron los señores Diego Andre Estrada Medina y Gonzalo Daniel Cáceres Bartra quienes al encontrarse en el bus de transporte de la empresa Tepsa se vieron incitados a separarse a consecuencias de algunas muestras de cariño que tuvieron como cualquier pareja. Dicho hecho estaría vulnerando el articulo N° 38 de la Ley N° 29571, configurándose así una infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor. La finalidad de este informe es evaluar si efectivamente Tepsa cometió un acto de discriminación en perjuicio de los señores Diego Andre Estrada Medina y Gonzalo Daniel Cáceres Bartra. Y para ello, el presente informe contará con una cuestión previa si es que INDECOPI es la vía adecuada para analizar este tipo de casos en donde se involucran derechos humanos; de igual manera, evaluaremos que derechos están involucrados en el caso; un marco teórico que permitirá explicar el concepto de la discriminación en el consumo. Asimismo, se analizara si la solicitud efectuada realmente es un acto de discriminación o si es parte de la libertad de la empresa solicitarles que se separen y se revisará la carga probatoria presentada en el caso a fin de ver si se configura el acto de discriminación. Luego, revisaremos si es o no responsable Tepsa. de los actos efectuados por su trabajador el Terramozo y si Sala realizó un correcto análisis de las medidas correctivas dictadas. Finalmente, se plantearan las conclusiones del caso y las recomendaciones para complementar futuros razonamientos de la Sala

El Código de Protección y Defensa del Consumidor regula el deber de inocuidad mediante el cual garantiza el derecho a los consumidores de consumir alimentos que no causen daños a su salud. Sin embargo, qué sucede cuándo este deber es infringido por los proveedores y ofertan en el mercado productos qué ponen en riesgo a la salud de los consumidores. El presente trabajo académico se propone analizar cómo la Sala Especializada de Protección al Consumidor a abordado el derecho que tienen los consumidores a ingerir alimentos libres de causar daños a la salud (deber de inocuidad), y el deber de los proveedores de ofrecer alimentos inocuos en el mercado. Para tal efecto, se recurrirá a un marco normativo como son el Código de Protección y Defensa del Consumidor, la Ley y Reglamento de Inocuidad de los Alimentos, así como a Resoluciones Administrativas emitidas por el Indecopi; y, a recientes fuentes doctrinarias. Todo ello con la finalidad de demostrar la importancia de la protección de brindar alimentos inocuos/seguros a los consumidores. Asimismo, exponer el rol de las autoridades competentes en la presente materia; y, exhibir que se configura como falta grave o muy grave la reincidencia en la falta del deber de inocuidad por parte los fabricantes. / The Consumer Protection and Defense Code regulates the obligation of innocuousness by which guarantees the right of consumers to consume food that does not cause damage to their health. However, what happens when this duty is infringed by suppliers, and they offer products in the market that put the health of consumers at risk. This academic paper we propose to analyze how the Specialized Chamber of Consumer Protection has addressed the right of consumers to eat food free from causing harm to health (obligation of innocuousness), and the obligation of suppliers to offer safe food on the market. For this purpose, we will resort to a normative framework such as the Consumer Protection and Defense Code, the Food Innocuousness Law and Regulations, as well as Administrative Resolutions issued by Indecopi; and recent doctrinal sources. All this with the purpose of demonstrating the importance of the protection of providing safe food to consumers. Likewise, to expose the role of the competent authorities in this matter; and, to show that the recidivism in the lack of the duty of innocuousness on the part of the manufacturers is configured as a serious or very serious misconduct.

El presente trabajo de investigación surge ante el análisis de resoluciones en materia de protección, en temas bancarios, emitidas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. El problema se origina en las instancias administrativas que no mantienen criterios uniformes, evidenciando una falta de aplicación del principio de predictibilidad que debe regir en todos los procedimientos administrativos sancionadores. La rigurosidad que demanda un adecuado desarrollo del mercado en el sector bancario, requiere de entidades de intermediación financiera con criterios no sujetos a variaciones, debido a que las modificaciones imprevistas por parte de la Autoridad Administrativa inciden directamente sobre la forma de ejercer sus relaciones contractuales con los clientes. El resultado de la revisión de algunos casos resueltos durante el transcurso de años, demuestra que no se viene aplicado el principio de predictibilidad y esto induce a incrementar los riesgos que enfrentan diariamente las entidades bancarias, repercutiendo negativamente en las relaciones de consumo de un sector sensible para la economía como el bancario. De las resoluciones materia de análisis se puede constatar la urgencia de una elaboración de Lineamientos más profundos y específicos en áreas del sistema de protección al consumidor en temas bancarios que vayan de la mano con los productos, actualmente caracterizados por su innovación. / Trabajo de investigación

El presente informe de relevancia jurídica tiene como objeto resolver los diversos problemas jurídicos, en materia de Protección al Consumidor y Derecho Administrativo, surgidos a partir de un procedimiento sumarísimo iniciado ante INDECOPI por infracción al deber de idoneidad. La relevancia del caso materia de análisis recae, entre otros, en la Resolución emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual ya que, mediante este, la Sala estableció un cambio de criterio del alcance del deber de idoneidad por la venta de producto defectuoso. Ante esto, se plantea la interrogante de si la infracción al deber de idoneidad se configura con la sola venta del producto defectuoso o si, por el contrario, debe analizarse a partir del comportamiento desplegado por el proveedor una vez que este ha tomado conocimiento del defecto del producto. Dada la complejidad del tema, a nivel doctrinario existen aún posiciones discordantes al respecto. Sin embargo, como posición personal considero que la infracción al deber de idoneidad se configura con la sola venta del producto defectuoso ya que, precisamente la finalidad de las leyes promulgadas en materia de consumidor tiene como finalidad su protección dada su clara posición desventajosa en el mercado. Asimismo, en cuanto al análisis del procedimiento mismo, se ha advertido la vulneración del principio de debido procedimiento referido a la debida motivación del acto administrativo. Esto, a raíz de una declaratoria de nulidad parcial contraria al ordenamiento jurídico y por vulneración del principio de congruencia que debe revertir a todo contenido del acto administrativo. Para arribar a las diversas conclusiones se ha hecho uso de doctrina, jurisprudencia nacional pertinente al caso, así como de las normas vigentes entre los años 2011 y 2013 y de aquellas vigentes en la actualidad.

El presente trabajo académico tiene como propósito determinar y desarrollar el valor objetivo que se debería aplicar a los programas de cumplimiento normativo, elaborados por las empresas, en procedimientos administrativos sancionadores en materia de protección al consumidor ante el INDECOPI. En ese sentido, empezaremos por una breve identificación de la forma en que se desarrollaron los programas de cumplimiento, entendido en el ámbito empresarial como compliance, resaltando la iniciativa privada. Lo cual posibilita el desarrollo empresarial con buenas prácticas comerciales en determinados ámbitos de su actividad. Ahora bien, con la modificación al Código de Protección al Consumidor, en el año 2016, mediante el Decreto Legislativo 1308, se añadió como atenuante, en los procedimientos administrativos sancionadores, la presentación de los programas de cumplimiento. En la actualidad son pocos los procedimientos donde se observa la presentación de estos programas de cumplimiento para su aplicación de atenuante. A su vez, INDECOPI no ha establecido criterios para la determinación del valor objetivo que debe asignarse a estos como factores atenuantes. A través del presente trabajo académico se tratará de dar un valor objetivo para el programa de cumplimiento en los procedimientos sancionadores en materia de protección al consumidor ante el INDECOPI. En ese sentido, en una primera parte se desarrollará un breve repaso de los programas de compliance en distintos rubros empresariales y sectoriales, luego se hará el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador y las atenuantes en materia de protección al consumidor, lo cual dará paso a comentar y exponer el programa de cumplimiento en materia de protección al consumidor además de la forma de graduación de sanciones en la actualidad por los órganos resolutivos del Indecopi, y finalmente, analizare el valor objetivo que debe considerarse para los programas de cumplimiento.

El presente Informe Jurídico versa sobre el análisis de la Resolución 1934- 2009/SC2-INDECOPI, respecto al deber de idoneidad brindado en los servicios médicos y la infracción al artículo 8 del Decreto Legislativo N°716. En relación con lo expuesto las finalidades del presente Informe es de analizar i) que es un servicio médico idóneo, ii) el alcance que tiene el concepto paciente dentro de la relación de consumo y iii) si la medida correctiva protege el derecho a la Reparación por daños y perjuicios. Conforme a ello, en primer lugar, se expondrá brevemente los hechos del caso que conllevaron a la infracción del artículo 8 del Decreto Legislativo N°716 respecto a la falta de diligencia de los profesionales de la salud e idoneidad en el servicio médico. Se hará el desarrollo de los aspectos que requiere todo servicio médico idóneo: i) historia clínica, ii) consentimiento informado, iii) receta, iv) diagnóstico y protocolo médico y v) proceso individual de atención. En segundo lugar, se expondrá la relación de consumo que tiene todo servicio que se ofrece, pero en el caso en concreto será analizado desde el punto de vista del paciente; concluyendo en un tercer punto con el análisis de verificar si la medida correctiva impuesta a la Clínica ha sido la más adecuada. El presente Informe Jurídico ha sido desarrollado en base a las normas de alcance de Protección al Consumidor como el Código de Protección al Consumidor, el Decreto Legislativo N°716 y Resoluciones emitidas por Indecopi que versan respecto al caso. / This Legal Report deals with the analysis of Resolution 1934-2009/SC2- INDECOPI, regarding the duty of suitability provided in medical services and the infringement of Article 8 of Legislative Decree No. 716. In relation to the above, the purpose of this Report is to analyze i) what is a suitable medical service, ii) the scope of the concept of patient within the consumer relationship and iii) whether the corrective measure protects the right to compensation for damages. Accordingly, in the first place, the facts of the case that led to the infringement of Article 8 of Legislative Decree No. 716 regarding the lack of diligence of the health professionals and the lack of suitability of the medical service will be briefly explained. The following aspects will be developed: i) medical history, ii) informed consent, iii) prescription, iv) diagnosis and medical protocol and v) individual care process. Secondly, the consumer relationship of any service offered will be explained, but in the specific case it will be analyzed from the patient's point of view; concluding in a third point with the analysis of whether the corrective measure imposed to the Clinic has been the most appropriate. This Legal Report has been developed based on the rules of scope of Consumer Protection such as the Consumer Protection Code, Legislative Decree No. 716 and Resolutions issued by INDECOPI that deal with the case.