En nuestro país, numerosas personas fueron despojadas de su derecho de propiedad a causa de redes criminales que utilizaron vacíos legales para perpetrar sus actos. Por ello, en el año 2015 se promulgó la Ley N° 30313, la cual buscó combatir el fraude inmobiliario en el Perú al crear la oposición en el procedimiento de inscripción registral en trámite y la cancelación de asientos registrales, ambos casos por suplantación de identidad y falsificación de documentos. Para tales efectos, entre otras disposiciones, se modificaron diversos artículos del Código Civil y del Decreto Legislativo Nº 1049. La finalidad del presente artículo es demostrar que tales modificaciones al Código Civil afectaron nuestro sistema registral, la seguridad jurídica de nuestro ordenamiento y; también se afectaron diversos principios registrales, como lo son el principio de legitimación, el principio de calificación y el principio de Fe pública Registral. Asimismo, determinar cómo estás modificaciones generaron que exista una contradicción entre los artículos 2013° y 2014° del Código Civil. La investigación está fundamentada con resoluciones del Tribunal Registral, Sentencias del Tribunal Constitucional, Jurisprudencia, así como con Doctrina nacional e internacional. Asimismo, se procedió a analizar la regulación que tiene nuestro ordenamiento en el Código Civil y Reglamento General de los Registros Públicos. / In our country, many people were deprived of their property rights due to criminal networks that used legal loopholes to perpetrate their acts. Therefore, in 2015, Law No. 30313 was enacted, which sought to combat real estate fraud in Peru by creating the opposition in the procedure of registration in process and the cancellation of registration entries, both cases for identity fraud and falsification of documents. For such purposes, among other provisions, several articles of the Civil Code and Legislative Decree No. 1049 were modified. The purpose of this article is to demonstrate that such modifications to the Civil Code affected our registry system, the legal security of our legal system and also affected several registry principles, such as the principle of legitimacy, the principle of qualification and the principle of public faith in the registry. Likewise, to determine how these modifications generated a contradiction between articles 2013° and 2014° of the Civil Code. The research is based on resolutions of the Registry Court, Judgments of the Constitutional Court, Jurisprudence, as well as national and international doctrine. Likewise, we proceeded to analyze the regulation of our system in the Civil Code and the General Regulations of the Public Registries. / Trabajo académico

En el presente informe se evalúan los aspectos concernientes a la inmatriculación de predios urbanos en zonas que aún no se han levantado catastro y el problema de no tener un procedimiento administrativo adecuado en las municipalidades distritales para el cabal cumplimiento de los requisitos solicitados por la Superintendencia Nacional de los Registros Púbicos. Para ello, se desarrollan temas preliminares como el del catastro de predios, donde se observa su funcionalidad y los problemas que causa el no tener un sistema adecuado; la conceptualización de los predios no inscritos y acerca de los que son considerados como urbanos; asimismo, se revisa a la inmatriculación y la regulación de esta en el sistema jurídico nacional. Finalmente, con los conceptos desarrollados se procede con el análisis de los problemas primarios y secundarios que arrojan al examinar la Resolución N° 65-2019- SUNARP-TR-L. Se debe tener en consideración que el acto administrativo revisado no agota la vía administrativa y es por ello que también se estudia la Resolución N° 1337-2019- SUNARP-TR-L, que es la que el Tribunal Registral resuelve ante la segunda apelación del solicitante de la inmatriculación y con la que se llega al agotamiento de los recursos administrativos, donde se confirma la decisión inicial, sin embargo se realiza un cambio en el criterio que justifica la negativa en el otorgamiento de la primera de dominio, que es la postura que finalmente adopto como posición.

Lo que se analiza y estudia en el presente informe, principalmente, son los casos en los que el registrador inscribe una resolución de contrato por cláusula resolutoria expresa en los contratos de compraventa de inmuebles. Esto debido a que los efectos de la inscripción de esta resolución son bastante importantes, implican restitución patrimonial, y si el título ingresado a Sunarp cumple con los requisitos que establece el art. 102 del Reglamento de Predios, este en teoría debería inscribirse. Lo que cuestionamos, al respecto, es la facilidad teórica con la que se puede inscribir este tipo de cláusulas. Ya que puede existir el riesgo de resoluciones fraudulentas, es decir resoluciones que no merecen su inscripción. En nuestro país, ya han habido casos de mafias inmobiliarias, que juegan a cumplir las reglas de los registros con la finalidad de inscribir títulos fraudulentos, generar terceros registrales, etc. Ejemplo de ello fue la mafia Orellana -caso no que no trataremos-. Las consecuencias, de una resolución fraudulenta es la inscripción de una resolución con efecto restitutorio de patrimonio. Y todo esto puede suceder sin que la otra parte se entere. Lo se propone como conclusión es que cuando se presenten títulos de resolución unilateral por cláusula resolutoria, se oficie a la otra parte de lo que está sucediendo en los registros públicos con la partida, similar a como se realiza en el sistema de alerta registral, de manera que la persona pueda plantear una oposición, similar a lo que regula la Ley N° 30313 en los casos de suplantación de identidad, y que de ser el caso se suspenda el plazo de vigencia del asiento de presentación, hasta que la entidad competente decida quién tiene la razón. / What is analyzed and studied in this report, mainly, are the cases in which the public official registers a termination of contract due to an express resolutory clause in real estate purchase and sale contracts. This is due to the fact that the effects of the registration of this resolution are quite important, they imply patrimonial restitution, and if the title deed filed with “Institution of registration of public titles or Sunarp” complies with the requirements established in art. 102 of the Real Estate Regulation, it should theoretically be registered. What we question, in this regard, is the theoretical ease with which this type of clauses can be registered. Since there may be a risk of fraudulent resolutions, that is to say, resolutions that do not deserve to be registered. In our country, there have already been cases of real estate mafias, who play to comply with the rules of the registries with the purpose of registering fraudulent titles, generating third parties, etc. An example of this was the Orellana mafia -a case we will not deal with-. The consequences of a fraudulent resolution is the registration of a resolution with restitutory effect of patrimony. And all this can happen without the other party being aware of it. As a conclusion, it is proposed that when unilateral termination titles are filed due to a resolutory clause, the other party should be notified of what is happening in the public registries with the entry, similar to what is done in the registry alert system, so that the person may file an opposition, similar to what is regulated by Law No. 30313 in cases of identity theft, and that if it is the case, the term of validity of the filing entry be suspended, until the competent entity decides who is in the right. / Trabajo académico

El presente artículo o trabajo académico consistió en exponer las razones por las cuales el segundo precedente de observancia obligatoria aprobado en el Nonagésimo Tercer Pleno Registral, publicado en el diario oficial El Peruano el 16 de agosto de 2012, que establece la calificación registral restringida de los documentos administrativos que pretenden inscribirse en Registros Públicos, no debió aplicarse al momento de realizar la calificación registral de la aprobación del proyecto de habilitación Urbana Nueva como Lote Único en el distrito de San Juan de Lurigancho de un predio que involucraba o se sobreponía a la faja marginal del río Rímac, y por ende, no debió inscribirse en la partida registral correspondiente a dicho predio, debido a que existía un bien de dominio público hidráulico tutelado por la Constitución, la Ley de Recursos Hídricos y el Reglamento de la referida Ley, como es la referida faja marginal, que hacía imperioso que ésta tenga una mayor protección en vez de que se privilegie un interés privado que podría acarrear consecuencias que afecten a la faja marginal, y finalmente, la seguridad y el bienestar de la sociedad

Mediante Resolución N° 240-2013-SUNARP/PT, del 10 de setiembre de 2013, el Tribunal Registral resolvió publicar el precedente de observancia obligatoria aprobado en el Pleno CIX, en el cual se dispuso lo siguiente: “Es inscribible la cancelación de la inscripción del derecho de propiedad sobre todo el predio y su consiguiente desinmatriculación por renuncia de su titular, siempre que ello no afecte derecho de terceros.” Al respecto, la renuncia al derecho de propiedad, es una forma sui generis o excepcional, de extinguir el derecho de propiedad; si bien, esta forma de extinción no se encuentra dentro de las causales tipificadas en el artículo 968 del Código Civil, sin embargo, las allí señaladas no tiene el carácter de numerus clausus, porque pueden existir otras formas de extinción, como ésta, para poner fin al derecho de propiedad. El Tribunal Registral estableció a la renuncia como una de las formas de extinción del derecho de propiedad, sin embargo, siendo un tribunal administrativo, no es el órgano competente para establecer una nueva forma de extinción al derecho de propiedad, ya que esta función le compete a otro poder del estado.

El presente artículo académico tiene como propósito analizar las causas y efectos de la existencia de un procedimiento registral como el de inmovilización de partidas respecto a la alícuota de uno de los copropietarios a propósito del Precedente de Observancia Obligatoria adoptado en el Pleno CXXXII realizado el 27 de agosto de 2015, referente a la transferencia de cuotas ideales y la inmovilización temporal de partidas con relación a la alicuota de uno de los copropietarios. El principal problema encontrado en la Resolución nos lleva a realizarnos la siguiente pregunta ¿Es necesario la existencia de un procedimiento con estas características en un sistema registral como el nuestro? Para responder esta pregunta nos basaremos en el análisis de los principios registrales aplicables a nuestro sistema registral y que se vinculan con el Precedente de Observancia Obligatoria, para luego determinar si resulta necesario, si dota al registro de mayor seguridad, o si por el contrario significa un retraso. Para responder la pregunta antes efectuada, es necesario abordar el tema relacionado con la naturaleza del derecho real de copropiedad, el fin de los registros públicos, así como los efectos que tienen los temas antes mencionados en un sistema registral como el nuestro.

El presente trabajo de investigación centra su análisis en el Precedente de Observancia Obligatoria aprobado en el Pleno XCIV, publicado el 24 de agosto de 2012 y precisado posteriormente en el Pleno XCIX, publicado del 01 de diciembre de 2012, cuyo texto, inicial fue el siguiente: “Las restricciones convencionales de la propiedad establecidas por pacto no pueden comprender los atributos de enajenación o gravamen del bien, salvo que la Ley lo permita, conforme con lo previsto por el artículo 882 del Código Civil, pues existe un interés superior de que los bienes circulen libremente en el mercado.” Luego de la precisión a la que se hizo referencia en el primer párrafo, el texto del Precedente de Observancia Obligatoria en cuestión, quedó redactado de la siguiente manera: “Las restricciones convencionales de la propiedad establecidas por pacto no pueden comprender - de manera absoluta, relativa ni temporal-, los atributos de enajenación o gravamen del bien, salvo que la Ley lo permita, conforme con lo previsto por el artículo 882 del Código Civil, pues existe un interés superior de que los bienes circulen libremente en el mercado.” De este modo, en el presente trabajo de investigación se analiza el mencionado Precedente de Observancia Obligatoria (en adelante, POO) y su posterior precisión, así como la serie de dificultades que se presentaban a los Registradores al momento de calificar títulos que tuvieran alguna disposición que pudiera contradecir al artículo 882 del Código Civil antes de la promulgación del POO. Del mismo modo se analizarán las Resoluciones del Tribunal Registral que dieron pie al POO y los cambios que se generaron en la calificación registral, desde su promulgación

La calificación de los títulos que acceden al registro se encuentra regulada en el artículo 2011° del Código Civil, en el Reglamento General de los Registros Públicos (en adelante RGRP) y en el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios (en adelante, “RIRP”). Si bien ninguna de estas normas cuenta actualmente con un artículo referido a la calificación especial de documentos administrativos, en el XCIII Pleno se aprobó un Precedente de Observancia Obligatoria por medio del cual se detalló el tipo de calificación que los Registradores debían aplicar en estos casos. En el presente artículo, desarrollaremos la aplicación de la calificación de documentos administrativos a propósito de la Resolución N° 278-2016-SUNARP-TR-L referida a la solicitud de inscripción de una Independización de Predio Rústico que resulta observada puesto que el Registrador encuentra mediante Informe de Catastro que el predio materia de independización se encuentra cerca a zona de playa y dentro de un Área de Conservación Regional. Finalmente, podremos determinar si la calificación aplicada por el registrador y el Tribunal Registral fue la acertada o si no correspondía presentar observaciones al título

El artículo 62°y 63° del Reglamento de la Ley N° 29151 y la Directiva N° 005-2016/SBN, han regulado los procedimientos de transferencia de predios de dominio privado y públicos de propiedad Estatal representado por la SBN (en adelante la SBN), que realiza la SBN a favor de entidades conformantes del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Mediante el presente trabajo se pretende demostrar que el registrador viene calificando las resoluciones de transferencias emitidas en virtud del Decreto Legislativo N° 1192, razón por la cual, se propone la derogación de la Octava Disposición Complementaria y Final del Decreto Legislativo N° 1192, toda vez que la aplicación del segundo párrafo del artículo 2011° del Código Civil solo es aplicable para documentos judiciales.

Esta investigación académica tiene como propósito efectuar una evaluación, desde una perspectiva constitucional, a la ejecución de las expropiaciones en la actual legislación peruana, teniendo como parámetro el nivel de protección que se concede al derecho de propiedad. Para este propósito, en el primer capítulo denominado Propiedad y Expropiación en el Perú, se efectúa una revisión conceptual del derecho de propiedad en la Constitución Política, así como un análisis de la legislación de la expropiación hasta antes del actual marco normativo vigente consistente en el TUO del Decreto Legislativo N° 1192. Además, se ha revisado cómo se afecta el derecho de propiedad con la normativa de expropiaciones y se culmina con una evaluación crítica. En el segundo capítulo, titulado Expropiación Jurisdiccional y Expropiación Administrativa, se ha efectuado una comparación entre ambos modelos de expropiación, siendo que el primero supone una traslación de propiedad por mandato de una autoridad jurisdiccional, sea un juez o árbitro, mientras que el segundo conlleva a una afectación de la propiedad de manera directa por parte de la Administración Pública. Asimismo, se han considerado los eventuales riesgos económicos, operacionales y hasta contractuales a los que se encuentra sometido el sujeto pasivo en una expropiación. Seguidamente, en el tercer capítulo de este trabajo de investigación, al que se ha denominado Análisis Constitucional de la Transferencia de Propiedad en la Expropiación, se ha efectuado una revisión del tema en evaluación desde la perspectiva de la Constitución Económica. En este capítulo, la aplicación del test de proporcionalidad a determinados artículos de la normativa de expropiaciones es un punto medular en esta investigación, concluyéndose con una propuesta de necesaria adecuación normativa de la legislación al marco constitucional, así como a los criterios que emanan de las sentencias del Tribunal Constitucional, que resguardan el derecho de propiedad.