El presente estudio determina si el pago de penalidades (sanciones derivas del incumplimiento de obligaciones contractuales) resulta deducible a efectos de calcular la renta neta empresarial, según las disposiciones de la Ley del Impuesto a la Renta. Debe señalarse que no existe disposición expresa que regule tal supuesto, ni consenso en los dictámenes emitidos por entidades administrativas y judiciales sobre el particular. Ante ello, se desarrolla el contenido del principio de causalidad y sus criterios vinculantes (razonabilidad y normalidad); y de instituciones jurídicas del Derecho Civil, como las obligaciones contractuales, el incumplimiento y las penalidades. Para tales efectos, se aplican los métodos de interpretación de normas jurídicas, en concordancia con algunas fuentes del Derecho, como la doctrina jurídica y la jurisprudencia. Según lo expuesto, y considerando las posturas sobre la deducción de la penalidad, la tesis concluye que dicha deducción no está prohibida por Ley; y es conforme con el principio de causalidad, pues su pago mejora la imagen del deudor tributario frente a proveedores y, principalmente, clientes, lo que genera rentas potenciales. Sobre el criterio de normalidad, se colige que la penalidad es “normal” para el desarrollo de actividades empresariales siempre que el incumplimiento que lo origine sea habitual, de acuerdo a las normas jurídicas del Código Civil y la Constitución. Al respecto, es habitual que las obligaciones contractuales se ejecuten en tanto el deudor actúa de manera proba; por lo tanto, el único supuesto de incumplimiento que puede esperarse es aquel proveniente del caso fortuito o fuerza mayor: el pago de la penalidad será “normal” solo si deriva del incumplimiento no imputable al deudor. Respecto al criterio de razonabilidad, el importe del gasto debe mantener vinculación con indicadores cuantitativos, tales como el valor patrimonial de los contratos, o el nivel de ingresos del deudor.

La presente investigación tiene como propósito abordar, en el marco del incumplimiento de obligaciones, la problemática sobre la distinción entre el ámbito del cumplimiento in natura y el ámbito de la reparación en forma específica. Por ello, el presente estudio tiene como objetivo responder las siguientes interrogantes: ¿es posible aplicar la reparación del daño en forma específica en la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones?; ¿cómo distinguir entre la problemática relativa al cumplimiento y la problemática relativa a la responsabilidad por incumplimiento?; ¿cómo diferenciar entre la prestación relativa al cumplimiento obligacional y la prestación correspondiente a la reparación del daño en forma específica? La tesis plantea que la reparación en forma específica sí es aplicable en la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones. Asimismo, la tesis sostiene que el denominado cumplimiento in natura afronta el incumplimiento, mientras que la denominada responsabilidad por incumplimiento de obligaciones afronta el daño derivado del incumplimiento. Finalmente, la tesis plantea que, siempre en el marco del incumplimiento de obligaciones, para poder diferenciar un supuesto de reparación in natura de un supuesto de cumplimiento in natura, es necesario recurrir a diferentes criterios.

CNS participó de la concepción del estudio y recolectó los datos. SAG, RECP y KCJ hicieron la revisión crítica. CNS y TCJ realizaron el análisis e interpretación de los datos. CNS redactó el borrador del artículo. Todos los autores aprobaron la versión final del artículo. / Objetivos. Determinar las características de las denuncias penales por responsabilidad profesional médica, a partir de los informes periciales emitidos en la División Clínico Forense de Lima, Perú. Materiales y métodos. Se realizó un estudio transversal donde se incluyeron todos los informes periciales emitidos del 2005 al 2010, en la División Clínico Forense de Lima, Perú. Se realizó el análisis descriptivo de cada una de las variables. Resultados. El 60,3% (495/821) de las denuncias penales por responsabilidad profesional médica fueron valoradas como acuerdo a la lex artis; el 16,8% (138/821) no acuerdo a la lex artis; en 13% (107/821) de los casos no se pudo emitir conclusiones, y en 9,9% (81/821) las conclusiones del informe pericial no incluyen una valoración del acto médico. Los casos donde la lesión se atribuyó al propio proceso de la enfermedad correspondieron al 80,9% (502/620), y los que se consideraron resultado de la asistencia sanitaria al 19,0% (118/620). La distribución de la causa de la lesión según el cumplimiento de la lex artis mostró diferencias significativas. Conclusiones. En nuestro país, las denuncias por presunta responsabilidad médica se encuentran en aumento, predominantemente en las especialidades quirúrgicas, donde la probabilidad de ser considerado como un acto médico no adecuado a la lex artis es mayor. Asimismo en un porcentaje importante de casos no se llegan a emitir conclusiones valorativas sobre el acto médico. / Objectives.To determine the characteristics of the criminal complaints claining medical professional liability, based on the expert reports issued by the Forensic Examination Division of Lima, Peru. Materials and methods. A cross-sectional study was carried out, which included all the expert reports issued between 2005 and 2010 at the Forensic Examination Division of Lima, Peru. A descriptive analysis of each of the variables was performed. Results. 60.3% (495/821) of the criminal complaints for medical professional liability were valued as being in accordance with the lex artis while16.8% (138/821) were not in accordance with the lex artis. In 13% (107/821) of the cases, conclusions could not be drawn;in 9.9% (81/821) of the cases, the conclusions in the expert report did not include an valuations of the medical act.The cases in which the injury was attributed to the process of the disease itself accounted for 80.9% (502/620), and those in which in the injury was considered a result of the health care received were 19.0% (118/620). The distribution of the cause of the injury based on accordance with the lex artis showed significant differences. Conclusions. In our country, the number of claims for claimed medical liability is increasing, predominantly in relation to surgical specialties, where a medical act is more likely to be considered not in accordance with the lex artis. In addition, in a significant percentage of cases, no conclusions are drawn about the medical act.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria de prueba tiene por objeto efectuar un análisis preliminar sobre la relación entre violencia en los estadios y responsabilidad civil. El tema adquiere relevancia atendido el desarrollo, económico e institucional, que ha experimentado el fútbol profesional chileno en los últimos años. Se analizará la responsabilidad contractual y extracontractual del organizador de espectáculos deportivos de fútbol profesional, intentando entregar una respuesta desde la perspectiva del derecho positivo, sin perjuicio de la inexistencia de una norma específica que consagre la responsabilidad de aquel por los daños causados como consecuencia del desarrollo de su actividad económica lícita. Por razones de brevedad, sólo se considerarán las hipótesis de daño a las personas. Este trabajo busca revelar el silencio que guarda el derecho privado frente a la temática de la violencia en los estadios, sugiriendo la necesidad de reformas legales que consideren el “derecho a no ser dañado” como un auténtico derecho subjetivo, merecedor de tutela civil preventiva y compensatoria.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En este trabajo, nos abocaremos al estudio de la responsabilidad civil aeronáutica, materia que ha adquirido cada vez más relevancia, ya que no obstante los grandes avances tecnológicos que se han logrado en este campo, la actividad aérea ha sido y seguirá siendo riesgosa porque implica romper, en buenas cuentas, las propias leyes de la naturaleza . Desde ya debemos advertir que en materia de responsabilidad, el Derecho Aeronáutico manifiesta un distanciamiento de la legislación común, por que es en esta temática en la que inciden con mayor fuerza las especificas circunstancias fácticas que dan vida al transporte aéreo, lo que justificaría la opción por una regulación particular y novedosa. Sin embargo, y tal como lo iremos analizando a lo largo de este trabajo, lo anterior no impidió que surgiera una serie de dificultades respecto de la aplicación e interpretación de sus normas, lo cual obedecería a la ausencia de un acabado y profundo tratamiento de este tema, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia

The requirement for liquidated damages a convention, accessorial  to  the principal obligation, which guarantees the accomplishment of the first one. The penalty clause has received a different treatment in various legal systems; such are the French, Italian, German and Peruvian cases.In this article, the author explains the functions of the requirement for liquidated damages and its differences with similar figures. In addition he explains the relation between the requirement for liquidated damages and precontractual responsibility, as well as its role inthe scheme of contractual responsibility. / La cláusula penal es aquel negocio jurídico,accesorio a la obligación principal, por mediodel cual se garantiza el cumplimiento de dicha obligación. Este mecanismo de garantía delcumplimiento ha recibido un trato legislativodistinto en diversos ordenamientos, como elfrancés, italiano, alemán y peruano.En el presente artículo, el autor establece cuáles son las funciones de la cláusula penal y sus diferencias con figuras afines. Asimismo, explica la relación entre esta y la responsabilidad precontractual; así como su papel dentro del esquema de la responsabilidad contractual.

El interés que me motiva a realizar la presente investigación es tratar de determinar si se está haciendo una adecuada interpretación del Art. 161 de Código Civil en cuanto a la responsabilidad de los actos realizados por el <<falso representante>> Puesto que, en la realidad peruana se ven una serie de casos en los cuales gente con escasos recursos que quiere concretizar el sueño de la casa propia o que son despojadas de su propiedad, se ven envueltas en una serie de engaños por inescrupulosas personas que <<dicen tener la representación que no ostentan>> y cuyo único cometido es enriquecerse a costa de otros. / Tesis

El presente resumen ejecutivo corresponde a la Tesis para optar el grado de Magíster en Derecho de la Empresa. Titulo: «EL CONTRATO “INVULNERABLE” Y LA GESTIÓN AMBIENTAL AD HOC: una interpretación jurídica para la creación de un sistema civil-ambiental de tutela preventiva de la biodiversidad y la biotecnología». Autor: Joseph Mejía Guevara Área de investigación: Nuestra investigación puede ubicarse dentro de las llamadas interdisciplinas, debido a que su desarrollo implicó necesarias vinculaciones entre el Derecho civil, el Derecho administrativo y el Derecho ambiental (específicamente en materia de tutela de la biodiversidad y de protección indirecta de las expectativas de desarrollo de la ciencia y tecnología). Tema: Se estudia las implicancias de los deberes de protección contractuales (de naturaleza civil) dentro del sistema de tutelas preventivas (ambientales) para la protección de la biodiversidad. Justificación: La situación jurídica particular que contribuye al acaecimiento del conflicto socioambiental, y que justifica el presente estudio, se da por la aparente imposibilidad jurídica de implementar normas y/o dispositivos de protección del medio ambiente (particularmente relacionadas a la tutela de la biodiversidad), con posterioridad a la celebración del contrato de concesión; y que regulen la conducta de las empresas concesionarias a través de la aplicación ad hoc de los deberes de protección contractuales, con la finalidad de evitar perjuicios sobrevinientes al equilibrio ecológico. Pregunta de la investigación: ¿Pueden implementarse mecanismos normativos de protección civil y/o ambiental para la tutela del medio ambiente con posterioridad a la celebración del contrato de explotación de recursos naturales sin afectar los términos contractuales? Hipótesis: Sí se pueden elaborar y ejecutar normas de tutela preventiva para la protección de la biodiversidad después de la celebración de un contrato de concesión. Motivación: En general, nuestra motivación se sustenta en el interés por develar la existencia de ciertos principios de la contratación pública (fundamentalmente, en el caso del contrato de explotación de recursos naturales o el de concesión) que permitan al Estado ejercitar sus potestades regulatorias y de gestión con posterioridad a la celebración del acuerdo. Marco teórico: La presente investigación analizó tres presupuestos teóricos. El primero de ellos es el relativo a la trascendencia en sede civil de los deberes de protección contractuales; el segundo, es el de la relevancia y exigencia de dichos deberes de protección contractuales en el ámbito de la contratación pública y específicamente en el de la concesión de recursos energéticos no renovables; y, finalmente, la posibilidad legal de que se puedan implementar dispositivos legales, después de la celebración del contrato de concesión, que le permitan al ejecutivo proteger ágilmente dos intereses públicos que, leídos en clave de derechos subjetivos públicos, determinen, por un lado, la tutela más efectiva de los recursos no renovables y, de otro lado, contribuyan a incentivar el desarrollo de la ciencia y la tecnología a través de la tutela indirecta de la expectativa de desarrollo científico.

En el presente trabajo de investigación se analizará la importancia o no de la acreditación del daño moral en el proceso laboral; dicho análisis se realiza a raíz de las posiciones jurisprudenciales contradictorias suscitadas en los Plenarios Jurisdiccionales de los años 2018 y 2019. Debiendo de entender que si bien los jueces laborales son competentes para conocer aquellos procesos sobre la responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial como consecuencia de una relación jurídica laboral, la figura jurídica de la responsabilidad civil, está regulada en el Código Civil; por tanto, debe de cumplirse con lo señalo en dicho dispositivo legal así como analizar cada uno de sus elementos (conducta antijurídica, daño, relación de causalidad y factor de atribución). Es así que, mediante el empleo del método jurisprudencial (dado que es en los órganos jurisdiccionales donde se resuelven las controversias sobre el tema de nuestra investigación) se ha establecido como objetivo principal del presente trabajo es el demostrar si nuestra jurisprudencia judicial frente a la existencia de un posible daño moral derivado de un despido ilícito que posición asume, es decir, es necesario que dentro del proceso laboral se requiera algún medio probatorio que identifique la veracidad de la existencia de este sufrimiento adicional o, en su defecto, pueden los indicios o presunciones llevar a crear una convicción al menos justificada en el juzgador de que efectivamente se ha producido un daño. Dicho objetivo es importante, porque concluye con la incertidumbre jurídica, que actualmente existe sobre este tema, respecto a si los órganos jurisdiccionales asumen una posición errónea o no; dado que, por un lado tenemos, que el juez está en la libertad de poder seguir según su discrecionalidad el criterio que crea más conveniente de acuerdo a su interpretación jurídica del caso en concreto, y por el otro lado, tenemos la predictibilidad que tiene cada ciudadano de que su caso se resolverá conforme a lo estipulado en la ley. Por último, tenemos también que actualmente no existe una uniformidad respecto al cálculo de la cuantía de los daños patrimoniales y extra patrimoniales; siendo ello también un gran problema frente a estos procesos en donde existe responsabilidad civil contractual por parte del empleador, pero la problemática sobre: ¿Cómo se debe de cuantificar el daño moral? o ¿qué método se debe emplear para la cuantificación del daño? no será parte de la presente investigación.

La presente investigación se centra en el estudio de la posibilidad de deducir los gastos derivados de incumplimientos contractuales, específicamente los gastos por indemnizaciones de daños y perjuicios así como de las penalidades, a fin de determinar si dichos gastos permiten disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta de Categoría, en consecuencia, efectuar un menor pago de dicho impuesto. Producto de nuestro análisis de la jurisprudencia del Tribunal Fiscal y Poder Judicial, doctrina y la posición de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (en adelante, SUNAT), se han identificado los principales fundamentos que avalan tanto la posición a favor como la posición en contra de la validez de la deducción de los gastos derivados de incumplimientos contractuales. Dichos fundamentos, tanto a favor como en contra, han sido analizados considerando distintos tópicos del derecho tributario, derecho constitucional y derecho civil, tales como el aspecto material de la hipótesis de incidencia tributaria, cómo se establece la base imponible del impuesto, qué deducciones están permitidas por ley, los fundamentos teóricos del principio de causalidad, el principio de capacidad contributiva, el principio de libertad contractual, el concepto de ilícito civil, entre otros. Así pues, producto de nuestro análisis, hemos concluido que resulta válido deducir los gastos derivados de incumplimientos contractuales, puesto que cumplen con el principio de causalidad y no existe una prohibición normativa expresa que limite o restrinja la deducción de dicho tipo de gastos. Entre los fundamentos a favor, tenemos que el no pago de tales conceptos daña la reputación de la empresa en el mercado, afectando la generación de rentas futuras; porque su reconocimiento es necesario para que los contribuyentes efectúen una tributación acorde al principio de capacidad contributiva; que el derecho tributario es autónomo y si bien puede aplicarse otras normas ajenas al derecho tributario se debe verificar que ello no desnaturalice la finalidad de las instituciones propias del derecho tributario, asimismo porque constituye una manifestación de la libertad contractual de los contribuyentes y se trata de gastos que se originan en el devenir de las actividades empresariales de los contribuyentes. Sin embargo, consideramos que esto no se aplica a la totalidad de los casos, puesto que existen gastos derivados de incumplimientos contractuales que pueden resultar no deducibles por no haberse generado en el devenir de las actividades generadores de rentas gravadas (actividad comercial permitida), o por tratarse de situaciones de simulación, por lo que debe efectuarse un análisis caso por caso en función a las condiciones en las que se generó el contrato, el pago, el negocio que ejerce el contribuyente, entre otros.