Es importante tomar conocimiento respecto de las obligaciones y responsabilidades que debe emplear una persona natural o jurídica cuando optará por brindar el servicio de estacionamiento vehicular, ya sea como actividad principal o como actividad accesoria. Esto, debido a que, como cualquier prestación de servicio, se encontrará regulada por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que exigirá que se cumpla el principio de idoneidad. Asimismo, es relevante tomar en cuenta la asimetría informativa en esta relación de consumo, donde los consumidores optarán por tomar estos servicios para tener mayor cuidado respecto de los vehículos. Es evidente que, ante algún defecto encontrado en la prestación de un servicio, es decir, en una relación de consumo, no siempre tendremos suficientes pruebas materiales, por lo que la valoración de las pruebas indiciarias debe tomar mayor relevancia y deben ser analizadas en conjunto por el juzgador. De esta manera, los consumidores que opten por tomar el servicio de estacionamiento vehicular se sentirán seguros en donde las medidas reglamentarias se encuentren siendo cumplidas por los proveedores. / It is important to be aware of the obligations and responsibilities that a natural or legal person must assume when choosing to provide a vehicle parking service, whether as a main or ancillary activity. This is because, like any service provision, it will be regulated by the Consumer Protection and Defense Code, which requires compliance with the principle of suitability. Likewise, it is relevant to take into account the informational asymmetry in this consumer relationship, where consumers will opt to take these services to ensure greater care of their vehicles. It is evident that, in the event of a defect found in the provision of a service, that is, in a consumer relationship, we will not always have sufficient material evidence, so the assessment of circumstantial evidence must take on greater relevance and must be analyzed as a whole by the judge. In this way, consumers who choose to use the vehicle parking service will feel secure knowing that the regulatory measures are being complied with by the providers.

El presente informe jurídico analiza la Resolución N° 3285-2023/SPC-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, la cual resolvió en segunda instancia la denuncia presentada por el Sr. Richard Napoleón Ocares Rafael en contra de la empresa hotelera Blue Marlin Beach Club S.A. por la presunta infracción contra el deber de idoneidad, información y seguridad durante la estadía del consumidor en las instalaciones del hotel. En ese sentido, en la presente Resolución el Tribunal declaró fundada dos de las tres infracciones contra el deber de idoneidad presentadas por el denunciante. En segundo lugar, declaró infundado el extremo de la denuncia con respecto a la infracción al deber de información. En tercer lugar, declaró fundada sólo una de las dos infracciones contra el deber de seguridad presentadas por el denunciante. De ese modo, en el presente informe se demostrará que la Resolución de la Sala no fue la adecuada, debido a que Blue Marlin debió ser considerado como responsable por haber cometido las infracciones al deber de idoneidad, información y seguridad en perjuicio del consumidor durante su estadía y bajo todos los extremos presentados por el denunciante. / The present legal report analyzes Resolution No. 3285-2023/SPC-INDECOPI issued by the Specialized Court on Consumer Protection, which resolved in second instance the complaint filed by Mr. Richard Napoleón Ocares Rafael against the hotel company Blue Marlin Beach Club S.A. for alleged breaches of duty of suitability, information, and safety duties during the consumer's stay at the hotel premises. In this regard, the Court in this Resolution found two out of three alleged breaches of the duty of suitability presented by the complainant to be founded. Secondly, it dismissed the complaint regarding the breach of the duty of information. Thirdly, it upheld only one out of two alleged breaches of the duty of safety presented by the complainant. Thus, this report will demonstrate that the Chamber's Resolution was not appropriate because Blue Marlin should have been held responsible for committing breaches of the duties of suitability, information, and safety duties to the detriment of the consumer during their stay and under all the aspects presented by the complainant.

El presente informe jurídico analiza la interpretación de la Sala Especializada de Protección al Consumidor sobre el cumplimiento del deber de idoneidad por parte de una entidad bancaria en relación con las medidas de seguridad para autorizar operaciones de disposición de efectivo con tarjetas de crédito y propone una alternativa de análisis para resolver este tipo de denuncias por apropiación o retención de dinero en operaciones no reconocidas. A partir de la Resolución 3113-2023/SPC-INDECOPI, tenemos por objetivo reconocer el alcance del deber de idoneidad que la entidad bancaria debe cumplir en el tratamiento de operaciones de disposición de efectivo realizadas a través de una tarjeta de crédito, así como identificar cuándo ocurre una infracción a dicho deber de idoneidad. La problemática resulta relevante pues permite determinar si el enfoque en la decision del órgano resolutivo de INDECOPI es apropiado en casos de cuestionamiento sobre operaciones no reconocidas. En otras palabras, se evalúa si los fundamentos de la decisión incluyeron el cumplimiento del deber de idoneidad y las obligaciones del banco en relación con las medidas de seguridad establecidas en la garantía legal y expresa. Además, se formula una modificación en la normativa orientada a mejorar el tratamiento actual de estas operaciones.

En el presente informe se desarrollará la deducción de gastos por penalidades y la disposición indirecta de rentas no susceptible de posterior control tributario por gastos que no cumplen con el principio de causalidad. En relación con la deducción de gastos por penalidades, se ha partido desarrollando el principio de causalidad y los criterios o requisitos de normalidad, razonabilidad y fehaciencia en función a la doctrina jurídica; así como, diversas instituciones del derecho civil (contratos, obligaciones y responsabilidad civil) con la finalidad de determinar cuál es el comportamiento exigido por el ordenamiento jurídico a los privados y las características y funciones de la penalidad contractual. Finalmente, como parte del objetivo principal del informe, se determinó que los gastos por penalidades no se encuentran prohibidos; que cumplen con el principio de causalidad y en determinados casos con el criterio de normalidad, siempre que los incumplimientos se originen en causas no imputables, por cuanto en dichos casos no contravendrían el parámetro de actuación normal existente en el derecho tributario y el derecho civil. En cuanto a la disposición indirecta de rentas, se expone la problemática suscitada por la interpretación del inciso g) del artículo 24-A que regula la presunción de dividendos cuando existe una “disposición indirecta de renta no susceptible de posterior control tributario”. En ese sentido, se analiza la naturaleza de esta norma y los requisitos obligatorios para su configuración; para dilucidar si resulta aplicable en el caso de una cesión de marca por parte de una accionista a una empresa cuya causalidad no ha sido acreditada.

La presente investigación se centra en el estudio de la posibilidad de deducir los gastos derivados de incumplimientos contractuales, específicamente los gastos por indemnizaciones de daños y perjuicios así como de las penalidades, a fin de determinar si dichos gastos permiten disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta de Categoría, en consecuencia, efectuar un menor pago de dicho impuesto. Producto de nuestro análisis de la jurisprudencia del Tribunal Fiscal y Poder Judicial, doctrina y la posición de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (en adelante, SUNAT), se han identificado los principales fundamentos que avalan tanto la posición a favor como la posición en contra de la validez de la deducción de los gastos derivados de incumplimientos contractuales. Dichos fundamentos, tanto a favor como en contra, han sido analizados considerando distintos tópicos del derecho tributario, derecho constitucional y derecho civil, tales como el aspecto material de la hipótesis de incidencia tributaria, cómo se establece la base imponible del impuesto, qué deducciones están permitidas por ley, los fundamentos teóricos del principio de causalidad, el principio de capacidad contributiva, el principio de libertad contractual, el concepto de ilícito civil, entre otros. Así pues, producto de nuestro análisis, hemos concluido que resulta válido deducir los gastos derivados de incumplimientos contractuales, puesto que cumplen con el principio de causalidad y no existe una prohibición normativa expresa que limite o restrinja la deducción de dicho tipo de gastos. Entre los fundamentos a favor, tenemos que el no pago de tales conceptos daña la reputación de la empresa en el mercado, afectando la generación de rentas futuras; porque su reconocimiento es necesario para que los contribuyentes efectúen una tributación acorde al principio de capacidad contributiva; que el derecho tributario es autónomo y si bien puede aplicarse otras normas ajenas al derecho tributario se debe verificar que ello no desnaturalice la finalidad de las instituciones propias del derecho tributario, asimismo porque constituye una manifestación de la libertad contractual de los contribuyentes y se trata de gastos que se originan en el devenir de las actividades empresariales de los contribuyentes. Sin embargo, consideramos que esto no se aplica a la totalidad de los casos, puesto que existen gastos derivados de incumplimientos contractuales que pueden resultar no deducibles por no haberse generado en el devenir de las actividades generadores de rentas gravadas (actividad comercial permitida), o por tratarse de situaciones de simulación, por lo que debe efectuarse un análisis caso por caso en función a las condiciones en las que se generó el contrato, el pago, el negocio que ejerce el contribuyente, entre otros.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Las agencias de turismo responden directamente frente al turista por el cumplimiento de los prestadores finales del servicio, aunque éstos sean terceros respecto del contrato de viaje combinado. En el primer capítulo ahondaremos en la materialización normativa de esta premisa en el Derecho Comparado. En el segundo, conoceremos la realidad chilena y su estrecha relación con el Derecho del consumidor. Y en el tercer capítulo veremos como esto se manifiesta en nuestra justicia de policía local, ordinaria y constitucional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo pretende abandonar el punto de vista privatista que la jurisprudencia, y en general los autores civilistas, tienen respecto de la responsabilidad de las sociedades concesionarias, renunciar a las reglas generales de responsabilidad civil, las del Código Civil, y abordar el tema desde la naturaleza jurídica de la concesión, todo con una mirada unificadora respecto de la responsabilidad por falta de servicio en contra del Fisco y las Municipalidades, entendiendo que las garantías constitucionales, tal como ocurre en la legislación argentina, no son oponibles únicamente a los diversos órganos del Estado, sino que también a los entes privados, no centrándonos en 14 el victimario y la culpa, sino más bien, en la víctima y el daño, ello, pues si el daño que se provocó es el mismo, el sistema de responsabilidad aplicado debe ser el mismo. Éste es, la falta de servicio.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En el marco del proyecto de actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil, y en específico del Tomo V, “Contratos parte General”; la exhaustiva revisión de los dictámenes, tanto de las diferentes Cortes de Apelaciones, como de los veredictos esgrimidos por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, arrojó un sinnúmero de nuevas consideraciones y criterios en la aplicación de los distintas leyes e instituciones jurídicas. Es tarea de esta memoria estudiar y analizar adecuadamente la evolución de la jurisprudencia en materia de responsabilidad contractual desde la segunda mitad de la década de los noventa hasta nuestros días, de manera tal que los renovados argumentos esgrimidos por los Tribunales de Justicia orienten precisamente a todos aquellos que ejerzan la práctica jurídica. Para esto hemos dividido el amplio espectro de concepciones relacionados a la responsabilidad contractual en 15 diferentes tópicos, a saber: 1) Teoría de la imprevisión, 2) Responsabilidad profesional, 3) Cláusula exoneratoria de responsabilidad, 4) Riesgo, 5) Resolución, 6) Excepción de contrato no cumplido, 7) Intereses, 8) Intervención de terceros, 9) Culpa, 10) Caso fortuito, 11) Mora, 12) Reajustes, 13) Causalidad, 14) exigibilidad de la obligación y 15) Cúmulo de responsabilidad. Esta labor no es sino la fase final de un arduo proceso investigativo que incluyó, en una primera etapa, una búsqueda y recopilación de sentencias ligadas a los temas globales relacionados al área de contratos y obligaciones; y posteriormente un completo estudio, en la forma de fichas de análisis especializadas, que contiene una relación de los hechos y de la historia procesal de cada caso en particular.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Contemporáneamente la responsabilidad contractual, en sentido amplio del término, se ha entendido como el sistema de acciones que dispone el acreedor frente al incumplimiento del contrato; dentro de las que se comprende tanto la acción de cumplimiento, la acción resolutoria, así como la de indemnización de perjuicios. Al estudio de dichos medios de tutela del crédito deben agregarse dos elementos. Por una parte, la excepción de contrato no cumplido como un mecanismo de defensa del deudor en los contratos bilaterales. Y por otra, las cláusulas que las mismas parten pueden agregar al contrato con el objeto de regular o anticiparse a los efectos del incumplimiento contractual. Dentro del ordenamiento nacional, en el estudio de los medios de tutela del crédito, se ha obviado la forma en que ellos se consagran en un método importante de solución de controversias como lo constituye el arbitraje. En tal sentido, en esta investigación se analizará la forma en que se manifiesta la responsabilidad contractual (incluida la excepción de contrato no cumplido y las cláusulas contractuales) en la jurisprudencia arbitral emitida por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM) durante un periodo de 10 años, comprendido entre los años 2007 y 2016; según las publicaciones periódicas realizadas por la misma institución. Esta investigación está compuesta de tres trabajos realizados en forma independiente, pero bajo la misma metodología, y que comprenden distintos periodos de tiempo de jurisprudencia arbitral. En dicho sentido, este trabajo en particular comprende 38 laudos emitidos entre las fechas 2 de enero de 2007 a 13 de abril de 2012.

This article addresses the most relevant aspects of Memorandum of Understanding, one of the most important contractual figures of our times. Through the article, the author explains this figure according to doctrinaire and jurisprudential pronouncements and determines its legal nature and the treatment the Peruvian legal system should grant to it. / El presente artículo aborda los aspectos más relevantes del Memorando de Entendimiento o Memorandum of Understanding, una de las figuras contractuales más importantes de nuestros tiempos. A lo largo del artículo, el autor explica esta figura a la luz de pronunciamientos doctrinarios y jurisprudenciales y, asimismo, determina su naturaleza jurídica y el tratamiento que el ordenamiento jurídico peruano debe otorgarle.