Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La presente memoria tiene por objeto analizar los factores de atribución de responsabilidad para los casos de Responsabilidad Patrimonial de la Administración del Estado por actuaciones ilícitas materiales de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Para ello, se analiza especialmente el factor de atribución falta de servicio, su idoneidad en relación al marco normativo vigente y la proposición por parte de la doctrina de sistemas alternativos de responsabilidad. La realización de este cometido se divide en cinco capítulos: El primer capítulo tiene una función introductoria por medio del cual se describe el sistema general de Responsabilidad Patrimonial de la Administración del Estado, la tendencia jurisprudencial actual y los factores de atribución de responsabilidad aplicables al caso. El segundo capítulo busca describir los requisitos que componen el sistema de responsabilidad, su pertinencia y relación con los requisitos especiales de atribución de responsabilidad. En el tercer capítulo se exponen las características de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública y sus diferencias con los demás órganos de la Administración del Estado, destacando el carácter de poseedoras del monopolio de la fuerza legítima. En el cuarto capítulo se estudian las principales tendencias jurisprudenciales y dogmáticas relativas a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración del Estado por actos ilícitos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, los sujetos que participan del vínculo de responsabilidad y el modo en que actúan en la vida jurídica. Finalmente, en el quinto capítulo se contrasta el estado actual de la legislación y la doctrina administrativista, a fin de determinar la posibilidad de aplicación de una presunción de responsabilidad en el caso específico de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, fundada en la creación de un riesgo derivado de la necesaria atribución del monopolio de la fuerza legítima

La pandemia de la COVID – 19 representó un reto para los Estados, en especial para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la lucha contra el Tráfico Ilícito de drogas. En la presente investigación se tiene como objetivo determinar la responsabilidad internacional del Perú con relación a la obligación de erradicar los cultivos ilícitos durante el periodo 2020 – 2021, a partir de las acciones que viene adoptando en la lucha contra este flagelo y que son reflejadas en los informes realizado por la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca de los Estados Unidos de América (ONDCP) y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). De acuerdo con los análisis de dichos estudios, se observa que el Perú se encuentra en estado de incumplimiento con relación a la obligación de erradicación, debido al exorbitante incremento de los cultivos ilícitos, así como la situación sanitaria sólo habría agravado las consecuencias de dicha inobservancia. En ese orden de ideas, el Perú es responsable internacionalmente y le corresponde cesar con dicho incumplimiento, ofrecer garantías de no repetición y establecer medidas de satisfacción para la comunidad internacional declarando la responsabilidad de su incumplimiento. / The COVID-19 pandemic represented a challenge for States, especially for compliance with their international obligations in the fight against Illicit Drug Trafficking. The present investigation aims to determine the international responsibility of Peru in relation to the obligation to eradicate illicit crops during the period 2020 - 2021, based on the actions that it has been adopting in the fight against this scourge and that are reflected in the reports made by the Office of National Policy for Drug Control of the White House of the United States of America (ONDCP) and the National Commission for Development and Life without Drugs (DEVIDA). According to the analyzes of these studies, it is observed that Peru is in a state of non-compliance regarding the obligation of eradication, due to the exorbitant increase in illicit crops, as well as the pandemic would only have aggravated the consequences of such non-observance. In this order of ideas, Peru is internationally responsible, and it is up to it to cease said non-compliance, offer guarantees of non-repetition and establish satisfaction measures for the international community declaring responsibility for its non-compliance. / Trabajo académico

En el presente informe jurídico se analiza la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0023-2009-PI/TC que corresponde a la Acción de Inconstitucionalidad planteada por el Señor Gonzalo Tuanamá Tuanamá, en representación de 5000 ciudadanos contra el Decreto Legislativo Nº 1079, que establecemedidas que garanticen el patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas. Es por ello que se analizará la importancia, creación, zonificación y procedimiento de aprobación de las Áreas Naturales Protegidas en el Perú, las competencias del Ministerio del Ambiente, específicamente el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP, para lograr el Estado cumpla con el mandato constitucional de preservación y uso sostenible de los recursos naturales. A pesar de que, al momento de los hechos del presente caso, el ordenamiento peruano no contaba con la Ley de Consulta Previa, el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo ya había entrado en vigor, por lo cual implicaba una serie de obligaciones para el Estado en la gestión de políticas públicas que involucren a los pueblos indígenas. En ese contexto, se evaluará como la obligación del Estado en materia ambiental se puede llevar a cabo sin afectar los derechos de los pueblos indígenas que se encuentren en dichas áreas protegidas. / This legal report analyzes the Constitutional Tribunal's Decision Nº 0023-2009-PI/TC which corresponds to the Unconstitutionality Action filed by Mr. Gonzalo Tuanamá Tuanamá, on behalf of 5000 citizens against Legislative Decree Nº 1079, which establishes measures to guarantee the patrimony of Natural Protected Areas. Therefore, we will analyze the importance, creation, zoning and approval procedure of the Natural Protected Areas in Peru, the competencies of the Ministry of the Environment, specifically the National Service of Natural Protected Areas - SERNANP, and the disposition of natural resources to achieve the State's compliance with the constitutional mandate of preservation and sustainable use of natural resources. Despite the fact that, at the time of the facts of this case, the Peruvian legal system did not have the Prior Consultation Law, Convention No. 169 of the International Labor Organization had already entered into force, which implied a series of obligations for the State in the management of public policies involving indigenous peoples. In this context, we will evaluate how the State's obligation in environmental matters can be carried out without affecting the rights of the indigenous peoples located in these protected areas.

El presente trabajo se circunscribe al estudio de la Responsabilidad Internacional del Estado en su condición de garante frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes no estatales en territorios bajo su jurisdicción en contra de otros particulares, y relacionadas a un contexto de conflicto armado no internacional. La investigación si bien reconoce el principio del Derecho Internacional Público según el cual los Estados no pueden ser responsables por los hechos ilícitos que comenten los particulares, a fin de centrar nuestro análisis en los derechos de las víctimas y no sólo en el rol del Estado, consideramos relevante acudir a los sistemas regionales de Derechos Humanos con la finalidad de verificar si existirían más excepciones respecto al principio internacional antes mencionado, a fin que el Estado asuma su rol de garante. Dado los nuevos contextos de violencia en el mundo, que han pasado de la preponderancia en los conflictos armados internacionales hacia los conflictos armados no internacionales, y la aparición de nuevos actores. Podemos observar que debido a que sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes estatales —sea por comisión u omisión— existe consenso general sobre la responsabilidad internacional del Estado y su deber de reparación e indemnización a las víctimas o derechohabientes. Sin embargo, no existe consenso respecto a la responsabilidad internacional de los Estados cuando los perpetradores son agentes no estatales o los particulares. Así, la presente investigación intenta responder a la pregunta, ¿la no imputación al Estado de los hechos ilícitos, perpetrados por agentes no estatales, en territorios bajo su jurisdicción, y vinculados al CANI, exime de responsabilidad internacional al Estado? Nuestra hipótesis es que, aun si al Estado no le fueran imputables o atribuibles los hechos ilícitos de forma directa, por comisión o como agente activo, incurre en responsabilidad internacional por omisión cuando se cometen violaciones de derechos humanos en territorios bajo su jurisdicción, en la medida que el Estado no actúo con la debida diligencia para prevenir e impedir que suceda el hecho ilícito, o producida la violación el Estado no cumplió con su obligación internacional de garante, dada la situación no investigó, sancionó o reparó Aunque sin duda también puede ser analizado en contexto de violaciones de derechos contra la mujer, también podría aplicarse la misma reflexión pero en tiempos de paz.

En años recientes los medios de comunicación se han encargado de difundir masivamente casos graves de delincuencia sexual en el país creando un sentimiento de rechazo e impotencia en la población peruana. Así, los ciudadanos han manifestado su deseo de aplicar la sanción máxima: la pena de muerte. No obstante, la CADH es el instrumento internacional que regula la materia, por lo que previo a cualquier acción, es indispensable la denuncia del tratado. Surge entonces la propuesta guía del presente trabajo por la cual se pretende plantear la aplicación extensiva del principio de progresividad y no regresión el cual impediría ampliar los alcances del artículo 140 de la Constitución Política de 1993, incluso tras la salida de las convenciones internacionales; esto basándose en la premisa de que los derechos humanos, y en particular el derecho a la vida, están protegidos por normas jurídicas internacionales consuetudinarias y/o de jus cogens amparadas por dicho principio. En este sentido, se concluirá que la ampliación de causales de la pena de muerte resultaría una imposibilidad jurídica al encontrarse tutelada por un principio rector del Derecho Internacional

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente tesis tiene por objeto realizar un análisis de la industria de las concesiones de obras públicas en nuestro país, y más específicamente, del concepto de equilibrio económico del contrato de concesión, y sus instituciones anexas. Comenzamos realizando una descripción y caracterización del contrato de concesión, indicando cada una de sus características en su condición de contrato de asociación público – privada, con las consecuencias sui generis que ello conlleva. Proseguimos nuestro trabajo con una concisa explicación del sistema concesional chileno, precisando sus principales particularidades, así como también los derechos y obligaciones que emanan de la concesión tanto para el MOP como para las sociedades concesionarias. Finalizamos el primer capítulo con una descripción del sistema de resolución de controversias presente en la ley de concesiones, y las modificaciones introducidas a este respecto en el año 2010.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo pretende abandonar el punto de vista privatista que la jurisprudencia, y en general los autores civilistas, tienen respecto de la responsabilidad de las sociedades concesionarias, renunciar a las reglas generales de responsabilidad civil, las del Código Civil, y abordar el tema desde la naturaleza jurídica de la concesión, todo con una mirada unificadora respecto de la responsabilidad por falta de servicio en contra del Fisco y las Municipalidades, entendiendo que las garantías constitucionales, tal como ocurre en la legislación argentina, no son oponibles únicamente a los diversos órganos del Estado, sino que también a los entes privados, no centrándonos en 14 el victimario y la culpa, sino más bien, en la víctima y el daño, ello, pues si el daño que se provocó es el mismo, el sistema de responsabilidad aplicado debe ser el mismo. Éste es, la falta de servicio.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto analizar si en las causas relativas a violaciones sistemáticas de derechos humanos los tribunales de justicia nacionales han recepcionado y aplicado los estándares que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha fijado al respecto. En virtud de ello, se pretende determinar si el Estado de Chile ha cumplido con las obligaciones que ha suscrito en esta materia, y si consecuentemente es posible imputarle responsabilidad internacional. En particular, se estudiarán 10 sentencias dictadas durante los años 2013 y 2014 por el Ministro en Visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, el señor Leopoldo Llanos Sagistrá, en procesos relativos a homicidios y secuestros calificados ocurridos durante la dictadura cívico militar chilena. Para cumplir con los fines descritos, en el primer capítulo se revisarán los estándares internacionales que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado a la luz de lo dispuesto en la Convención Americana, en relación con las obligaciones de los Estados frente a casos de transgresiones graves y sistemáticas a los derechos humanos. En el segundo capítulo se identificarán ciertas premisas que el sentenciador consagró en los fallos y que constituyen las ideas base sobre las que descansa su argumentación. Utilizando aquellas premisas como guía, en el tercer capítulo se expondrán los razonamientos entregados por el juez al momento de evaluar las instituciones jurídicas sometidas a su decisión, y utilizando como parámetro los estándares consagrados en el primer capítulo, se evaluará si aquellos criterios efectivamente son adoptados en las sentencias y, en consecuencia, si el Estado chileno cumple debidamente las obligaciones internacionales con las que se ha comprometido. Finalmente, en el cuarto capítulo, se revisará brevemente la configuración de la responsabilidad internacional, y teniendo en cuenta el análisis de los capítulos recién descritos, se determinará si el Estado es responsable internacionalmente.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene como propósito efectuar un análisis normativo, dogmático y jurisprudencial sobre la manera en que el ordenamiento jurídico chileno responde al problema de la extinción de la responsabilidad administrativa por la muerte del regulado, en el contexto del Derecho Administrativo Sancionador. En efecto, es un problema que ha suscitado diversas interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales que han intentado resolverlo. Para ello, analizaremos cuál ha sido el origen de la discusión, las posturas doctrinales en cada caso, las diferencias e implicancias prácticas de cada una y qué ha dicho la jurisprudencia a partir de la regulación administrativa para este problema. Al respecto, comenzaré explicando los aspectos relevantes de la discusión que se ha dado en torno a la relación entre Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador. En este punto, se van a señalar las principales posturas doctrinales además de realizar un análisis crítico de las mismas a efectos de mostrar los aspectos prácticos y jurídicos sobre los que tiene incidencia la discusión. Otro aspecto a analizar es la fundamentación y fines de la sanción administrativa, lo cual nos dará aún más luces para determinar qué ocurre con la responsabilidad administrativa. Posteriormente, a partir de lo expuesto en el punto anterior, se entrará de lleno en la discusión jurídica acerca de la extinción de la responsabilidad administrativa por la muerte del regulado. Al efecto, se revisará doctrina y la respuesta que nuestro ordenamiento jurídico entrega a la luz de esta investigación. Así, se analizará, principalmente, lo dispuesto en la Constitución Política de la República, El Código Penal y la Ley N° 19.880, entre otras. Finalmente, se analizará lo resuelto por la jurisprudencia nacional, específicamente la Corte Suprema respecto de los únicos tres casos en que se ha referido al problema de la extinción de responsabilidad administrativa por muerte del regulado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente estudio realizará un análisis de las votaciones y argumentos utilizados en las sentencias por los Ministros de la Tercera Sala de la Corte Suprema Sala al momento de fallar aquellos casos conocidos a propósito del terremoto y tsunami ocurrido el 27 de febrero de 2010. Se expondrá como contexto una breve historia del Poder Judicial que permitirá comprender su configuración actual y el rol que este juega en el diseño institucional del país. Además se abordará la responsabilidad del Estado, tanto sus fundamentos y funciones como las normas legales existentes en Chile, para comprender el marco normativo dentro del cual el juez debe decidir los casos en estudio. Se plantea la tesis que es posible realizar un seguimiento a las conductas de los jueces al momento de fallar sus casos que dan cuenta de una regularidad en su comportamiento y la posibilidad de adscribirlos a una determinada concepción de justicia dentro de las que se pueden adoptar en materia de responsabilidad. / 28/11/2019