Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el derecho chileno se ha hablado mucho sobre el régimen de responsabilidad de las empresas concesionarias. Ello puede verificarse fácilmente a nivel doctrinal y jurisprudencial, iniciándose dicho diálogo a mediados de la década de 1990. Fue el D.F.L. del Ministerio de Obras Públicas (desde ahora MOP) N° 164 de 1991 la norma legal que reguló la institución de la concesión en nuestro país, siendo la norma pionera en lo que a concesión estatal se refiere, denominándose también “Ley de Concesiones de Obras Públicas” o, sencillamente, “Ley de Concesiones” (desde ahora LCOP). Esa norma tendrá varias modificaciones, lo que obligará a refundirla, coordinarla y sistematizarla mediante el Decreto N° 900 MOP de 1996.

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere asesor / La convivencia humana está plagada de una serie de desencuentros y conflictos, los cuales son incrementados en la medida que la civilización se asienta y evoluciona, siendo reflejo de esto último la existencia de una estructura denominada Estado. La teoría contractualista del Estado postula que los individuos renuncien a ciertas libertades a favor de aquella estructura a efectos de que regule la convivencia entre semejantes, de manera tal que ante cualquier acto de perturbación ya no serán las personas quienes pretendan restaurar la paz social afectada (justicia por propia mano) sino que recurrirán a aquel Estado para que les ofrezca una solución. Es en este contexto en donde surge el Derecho, como mecanismo de regulación de las relaciones humanas, así como también un órgano exclusivo e imparcial para determinar cuál de los ciudadanos en conflicto tiene la razón; órgano denominado Poder Judicial. Los miembros integrantes del Poder Judicial, en tanto seres humanos, no son infalibles y exentos de cometer alguna equivocación en su actividad de impartición de justicia. Es precisamente ante tales actos que surge la interrogante central de qué hacer ante los errores judiciales que producen daños a los justiciables. En el Perú, aquel dilema normativo ha sido superado desde tiempos de nacimiento de la República, pues tanto a nivel de textos constitucionales como de normas infraconstitucionales (Códigos Procesales Civiles), se ha reconocido la obligación de los propios jueces y en forma solidaria del Estado, para resarcir los perjuicios producidos en el ejercicio de las potestades jurisdiccionales. No obstante existir un marco normativo para hacer frente a los errores judiciales en materia civil, lo cierto es que la realidad judicial permite evidenciar la poca o casi inexistente jurisprudencia relacionada con pretensiones de indemnización de daños y perjuicios ocasionados por actos jurisdiccionales, lo cual plantea la inquietante interrogante de que acaso en el Perú no existen daños por errores judiciales. Obviamente que la respuesta es negativa, pues existe conciencia de las limitaciones y problemas en el sistema de administración de justicia; admitir posición en contrario conllevaría partir de una premisa utópica como es que los jueces peruanos, principalmente en materia civil, no cometen ningún error jurisdiccional. Entonces, ¿porque no existen muchos casos de responsabilidad civil contra jueces por errores judiciales? Aquella respuesta en la que se pretende desentrañar a lo largo de la investigación, precisando que no solo se procurará identificar porque es casi nula la recurrencia al propio Poder Judicial para demandar daños y perjuicios por responsabilidad civil del juez, sino principalmente proponer formas para mejorar aquella anómala situación, pues se es consciente que en la medida que se garantice un real y efectivo resarcimiento de la víctima por errores judiciales, la responsabilidad civil cumplirá a plenitud las funciones signadas en el ámbito jurisdiccional, esto es, como un contrapeso al ejercicio del poder de administrar e impartir justicia y mecanismo para desincentivar actos irregulares en el ejercicio de la noble y sacrificada función de ser juez en el Perú. / Tesis

Tesis (magíster en derecho) / La investigación que se presenta a continuación está dividida en tres capítulos, más las conclusiones. El primer capítulo lleva por título: “De la responsabilidad del estado en materia de violaciones a los derechos humanos por acciones de gobiernos de facto”, en el cual se aborda la temática de la fuete constitucional de la responsabilidad del Estado en nuestra actual legislación. Se aborda desde una perspectiva filosófica las posibles razones que llevan a un estado a reparar los daños provocados por violaciones a los derechos humanos en gobiernos de facto, muy especialmente lo que motivó a la reparación en Chile luego del retorno a la democracia el año 1990. Finalmente se abordan desde una perspectiva histórico - descriptiva los casos de políticas de reparación en Alemania, Argentina y Sudáfrica, que tienen el factor común del daño pero por razones distintas. El primero por guerra, el segundo por dictadura militar y el tercero por segregación racial. Finalmente se analizan algunas leyes de reparación chilenas a lo largo de su historia republicana. El segundo capítulo lleva por título “Leyes de reparación en Chile, con posterioridad al año 1990”, en el cual se aborda en extenso la política de aplicación de los tres cuerpos legislativos más importantes, destinados a reparar de manera pecuniaria o no, a las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen del general Pinochet, con especial énfasis en datos estadísticos y en las problemáticas institucionales generadas en la interacción entre el Ministerio del Interior, el Instituto de Normalización Previsional y la Contraloría General de la República. El tercer capítulo y final, se titula “Aspectos críticos de las leyes de reparación en Chile” en el cual se abordan dese una perspectiva histórica y críticas las principales trabas y dificultades que han significado una eficiencia mediana de las leyes de reparación analizadas en este trabajo, con indicación de los esfuerzos gubernamentales destinados a mejorar el sistema, los compromisos políticos y las dificultades legislativas. Las conclusiones son el resultados de un proceso de recopilación histórica, tanto de hechos como de legislación, más la experiencia personal de acercamiento a la materia por razones profesionales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente texto se analiza la forma en que el Derecho Chileno enfrenta el fenómeno de los Incendios Forestales, ya sea para su prevención o su combate. Con el propósito antes expuesto, se analiza en un primer capítulo las características y los fundamentos que obligan al Estado ocuparse de este fenómeno. En un segundo capítulo se analiza exhaustivamente todas las normas del Derecho Nacional que tienen relación directa e indirecta con la prevención y combate de Incendios Forestales, identificando sus particularidades y relevando las deficiencias. En el tercer capítulo se revisan críticamente los proyectos de ley en tramitación, a la fecha de la redacción de este texto, que tengan relación a los Incendios Forestales. Se concluye que el Estado de Chile tiene una institucionalidad insuficiente para prevenir y combatir los Incendios Forestales. Los proyectos de ley pendientes, no ofrecen en el corto plazo ninguna solución

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto determinar los lineamientos generales de la regulación alimentaria en Chile, en un contexto de gran dispersión normativa. Para ello, la clasificación que propone el autor Villar Ezcurra del actuar de la Administración en formas, técnicas y títulos resulta fundamental, pues históricamente se ha lidiado con los alimentos mediante la técnica de Policía. Se revisan algunas de las características propias de tal técnica que se advierten en la regulación alimentaria nacional. Para ejecutar esta tarea, se utilizó un método cuantitativo consistente en la recolección de antecedentes y criterios relevantes a partir de una clasificación de las distintas técnicas de intervención de la Administración presentes en la normativa que rige a los alimentos en Chile, para luego pasar a una etapa de análisis lógico-jurídico que, finalmente, permitió establecer los criterios basales de dicha normativa en la materia a tratar. Como resultado, se encontraron algunos lineamientos respecto a la materia, sin perjuicio de que se develaron problemáticas tanto jurídicas como prácticas, cuya puesta de relieve esperamos sea un aporte a la mejor comprensión de esta materia. / 25/01/2018

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En la presente investigación se sistematiza la información relativa al derecho de acceso a la información pública a nivel de nuestra normativa interna, desde una perspectiva histórica y conceptual, de manera que analizamos el tratamiento de este derecho desde un escenario anterior a la entrada en vigencia de la ley N° 20.285 y su posterior implementación hasta el final del gobierno de la presidenta Bachelet. Nos hemos planteado como objetivo general el elaborar un juicio crítico respecto de si el desarrollo legal que realiza la ley 20285, respecto del actual artículo 8 de la Constitución Política de la República es suficiente desde la óptica de los requerimientos que nuestra sociedad y sistema democrático. Para dar cumplimiento a este objetivo, en una primera instancia se realiza un análisis doctrinario en la materia, principalmente los desarrollados en torno al concepto del derecho de acceso a la información pública. Luego se intenta delimitar su ámbito de acción mediante el estudio de otros derechos colindantes como lo son el derecho a la libertad de expresión, la probidad pública, principalmente en cuanto a los factores que los diferencian con el propio derecho de acceso a la información. Una vez conceptualizado el derecho de acceso a la información pública se realiza un análisis del marco normativo interno y comparado, para contextualizar esta temática, observando claro la ley Nº 20.285, sus principios, aplicaciones e instituciones. En lo posterior, se procederá a realizar un estudio de fondo acerca las autonomías constitucionales, desde una faceta tanto conceptual como funcional, para identificar luego la relación entre este tipo de entidades y el Banco Central y la Contraloría General de la República, analizando necesariamente a cada uno de los órganos reseñados, para así determinar si la aplicación diferenciada de la ley Nº 20.285 es necesaria o no, y de que forma se protege el derecho de acceso a la información pública, cuando se encuentra en poder de estos dos importantes órganos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la primera parte de esta memoria expondremos lo que el terrorismo es, su concepto y características. También expondremos las obligaciones generales que le competen a los Estados en virtud de los instrumentos hoy día existentes. En la segunda parte analizaremos detalladamente todos y cada uno de los Convenios que rigen esta materia, exponiendo en cada caso las obligaciones que adquieren los Estados al suscribir estos tratados. Finalmente, analizaremos las manifestaciones especiales que adquiere la extradición en el ámbito de los delitos terroristas, los preceptos especiales que la rigen y señalaremos por qué estos delitos deben diferenciarse de los delitos comunes, así como de los delitos políticos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Separamos esta memoria en seis capítulos. Los tres primeros tienen por objeto representar al lector la dificultades con se encuentra el Juez al momento de dar solución práctica a una demanda de responsabilidad subsidiaria laboral. Especialmente en lo que se refiere al dinámico desarrollo que tiene la responsabilidad en estos días. Y a la falta de regulación especifica de la obligación subsidiaria en la legislación. Dos conceptos que deben aplicar los jueces en un juicio en que se persiga la responsabilidad subsidiaria del Estado. Los tres últimos capítulos, se refieren específicamente a la responsabilidad subsidiaria del Estado, como dueño de la obra, empresa o faena, que a su vez representa problemas adicionales para al Juez al momento de dictar sentencia. Éstos capítulos están divididos en dos secciones; en la primera sección se revisa el tratamiento legislativo de la responsabilidad subsidiaria laboral del Estado; y en la segunda sección se entrega jurisprudencia sobre los puntos tratados. Como se señalo, es de gran relevancia dicha jurisprudencia porque, muchas veces es contradictoria y en segundo lugar a no haber una regulación acabada de la responsabilidad subsidiaria laboral, es la jurisprudencia quien va dictando pautas para la argumentación de las partes en un eventual juicio. Esta división de la jurisprudencia en tres capítulos diferentes tiene sólo fines didácticos. Por ello, generalmente la Jurisprudencia que se revisará, además de referirse a la problemática de la sección en que se encuentre, tendrá relación con otras secciones o acápites de esta obra.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento. / La investigación que se desarrolla a continuación, corresponde a un estudio cuya hipótesis es dilucidar la compatibilidad o incompatibilidad del lucro a propósito de la gestión privada de la Seguridad Social en Chile. Para cumplir con dicho objetivo, la investigación se divide en cuatro capítulos y en una consideración final. Así, en el primer capítulo se reconoce la importancia del Estado para la satisfacción de necesidades y el desarrollo permanente según sus fines de los individuos, situación que actualmente se materializa en el deber de respeto, promoción y garantización que le cabe a dicha entidad respecto a los derechos fundamentales de los individuos, en particular a partir de la consideración del derecho a la Seguridad Social como un derecho fundamental; en el segundo capítulo, previa descripción de la evolución histórica del modelo socioeconómico chileno, se conceptualiza el lucro y la valoración, a favor y en contra, de su presencia en la provisión de bienes y servicios públicos; en el tercer capítulo, se estudia la actualidad y la evolución histórica de la Seguridad Social como disciplina propiamente tal y como sistema social, tanto a nivel comparado como en la realidad chilena; en el cuarto capítulo, se expone brevemente la gestión de la Seguridad Social y se analiza la incidencia que dentro de la gestión privada tiene el fenómeno lucro. Finalmente, a partir de los antecedentes y argumentos expuestos, como consideración final se concluye la incompatibilidad distorsionadora del fenómeno lucro con los lineamientos y fines que un sistema de Seguridad Social debe representar, al menos en teoría, dentro de una sociedad democrática moderna.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El 5 de Febrero de 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por la censura de la película "La Ultima Tentación de Cristo", quedando de tal forma expuesta la responsabilidad internacional de nuestro país. Con la dictación de esta sentencia se culminó entonces un proceso que se habia iniciado en 1988 con la prohibición de dicha película por el Consejo de Calificación Cinematográfico. El problema que surgió de inmediato, una vez agotada la última "instancia" que nuestro ordenamiento jurídico señala, fue el de establecer la forma de cumplir con dicho fallo en pos de reparar debidamente el daño causado a los recurrentes e indirectamente, como miembros de ella, a toda la sociedad chilena. Esta situación se debió específicamente a que el Estado chileno, a través del poder judicial infringió disposiciones internacionales consagradas en la Convención Americana de Derecho Humanos referentes a la libertad de expresión e información, y por no haber modificado su ordenamiento jurídico con el ámbito internacional.