A la conclusión de la presente investigación, vamos a demostrar que existen los criterios razonables que permiten determinar que la ebriedad absoluta debe ser tomada como una eximente de responsabilidad penal, esto debido a que la intoxicación alcohólica no solo involucra la pérdida de dominio propio y de las facultades intelectivas de la persona, generando una grave alteración de la conciencia o una falsa percepción de la realidad, sino que también se ve afectado gravemente la capacidad física de actuar. El sujeto al tener 2.5 gramos por litro de sangre, tal como la Ley 27753 lo describe presenta; falta de respuesta a los estímulos, marcada descoordinación muscular…, esto denota que la persona no tiene control de sí mismo, por lo cual, su voluntad para actuar se ve seriamente afectada. Si bien es cierto, la conducta del individuo se ve seria mente afectada por la ingesta del alcohol y perdiendo todo dominio de control en su actuar y en muchos casos teniendo una falsa percepción de la realidad, si este actuar genera un hecho jurídico de relevancia penal, se tiene que determinar si sujeto tuvo la intención dolosa de cometer tal hecho, si no fuere así, se determinará si el actuante se encuentra bajo los efectos de una ebriedad absoluta, lo cual al no tener voluntad o conciencia de su actuar, deberá ser un eximente de responsabilidad penal. Debemos hacer ahínco que en la presente investigación no haremos referencia y mucho menos se estudia Actio Liberi in causa.

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es aportar una alternativa de solución a la problemática existente de aquellas personas que siendo víctimas de un delito no se les repara civilmente por hallarse la conducta del sujeto activo del hecho en un supuesto de justificación; vulnerándose así los bienes jurídicos del sujeto pasivo ajeno al hecho concomitante del daño. El estudio se realizó en base a la normativa penal, referida a los supuestos que eximen o atenúan la responsabilidad penal, señalados en el artículo 20, inciso 4, del Código Penal y en base a la normativa civil, referida a los supuestos de inexistencia de responsabilidad, señalados en el artículo 1971, inciso 3, del Código Civil. Los resultados más relevantes que se obtuvieron con el estudio fueron, que el tercero ajeno al hecho no se ve reparado ante el suceso de estado de necesidad justificante, ante ello resulta necesario tener que regular dentro del apartado del artículo 12, inciso 3, del Código Penal como un supuesto no solo la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento, sino también el supuesto de estado de necesidad justificante. Se advierte que, si bien la conducta del imputado no es antijurídica por hallarse justificada, nada implica que éste se vea beneficiado con su conducta, por ende, existe, no solo la obligación de indemnizar y reparar los daños causados, sino el deber de conducirse por el mundo sin generar daño a nadie. Lo que hace necesario tener que regular un marco normativo que permita atribuir responsabilidad civil al sujeto activo del hecho típico, pero no antijurídico, puesto que no es de recibo que quien se conduce y obra conforme a derecho sea responsable de un hecho que no ayudó a generar.

La presente investigación evidencia la problemática existente en torno a la ausencia de fundamentos dogmáticos que sustentarían la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento legal, la cual, se soporta actualmente en el principio jurídico “Societas Delinquere non Potest”; es decir que éstas no pueden ser penalmente responsable por las acciones cometidas en su beneficio. En pleno siglo XXI, nos encontramos en una sociedad post industrializada, donde surge la certeza de que las personas jurídicas interactúan en un nuevo medio, situación que origina la necesidad de responsabilizarla directamente. Es este sentido, esta investigación está diseñada, para busca y analizar los fundamentos dogmáticos adecuados que sustenten dicha responsabilidad, los cuales los encontramos dentro de los fundamentos tradicionales de la teoría del delito; sin embargo, los mismos requieren una nueva definición a fin de llenar los vacíos de punibilidad que se generan alrededor de ésta; entender cómo la persona jurídica podría ser considera sujeto de responsabilidad penal a partir de una nueva definición de sociedad, planteada desde la teoría sociológica de los sistemas, acoplada al funcionalismo de Günter Jakobs.

Derecho penal parte de la concepción del libre albedrío como garantía para aplicar las consecuencias contempladas en nuestro ordenamiento. Solo quien ha actuado de forma libre y plena podrá ser penalmente responsable de sus actos cuando estos configuren un delito. Sin embargo, el artículo 20° del Código Penal peruano contempla a la anomalía psíquica como una causa de exclusión de la responsabilidad penal. Esta causal tiene una regulación meramente enunciativa cuyo contenido resulta necesario comprender a fin de garantizar una aplicación legítima de la figura, pues resulta evidente que las aportaciones de la doctrina penal y uso de otras disciplinas no son tomadas en cuenta idóneamente hoy en día por los operadores de justicia. Para ello, la presente investigación aborda la cuestión de la anomalía psíquica como causal de inimputabilidad en el Derecho penal peruano. En un primer plano, se desarrolla el concepto de libertad y su vinculación con la imputabilidad en términos penales. A continuación, se analiza el concepto mismo de anomalías psíquicas y su clasificación de acuerdo a la disciplina especializada de la psiquiatría. Finalmente, se hace un recuento de la respuesta que el Derecho otorga frente al reconocimiento de la anomalía psíquica como causal de inimputabilidad. En suma, se concluye a partir de todo lo anterior que la anomalía psíquica debe ser entendida compuesta por un aspecto evidentemente personal y uno social, y es esto lo que debe ser comprendido, evaluado y aplicado por los operadores de justicia a fin de garantizar su correcta puesta en práctica. / Criminal law is based on the concept of free will as a guarantee to apply the consequences contemplated in our legal system. Only those who have acted freely and fully may be criminally liable for their acts when they constitute a crime. However, Article 20 of the Peruvian Criminal Code contemplates psychic anomaly as a cause for exclusion of criminal liability. This cause has a merely enunciative regulation whose content is necessary to understand in order to ensure a legitimate application of the figure, since it is clear that the contributions of criminal doctrine and use of other disciplines are not taken into account adequately today by the operators of justice. To this end, the present research addresses the issue of psychic anomaly as a cause of unimputability in Peruvian criminal law. First, the concept of freedom and its link with imputability in criminal terms is developed. Next, the concept of psychic anomalies and their classification according to the specialized discipline of psychiatry is analyzed. Finally, an account is given of the response provided by the law to the recognition of psychic anomalies as grounds for unimputability. In sum, it is concluded from all the above that the psychic anomaly must be understood as composed of an evidently personal aspect and a social one, and it is this that must be understood, evaluated and applied by the operators of justice in order to guarantee its correct implementation.

El presente trabajo de investigación desarrolla una propuesta normativa que incorpore a los partidos políticos peruanos como sujetos obligados a aplicar el Criminal Compliance, cumpliendo y desarrollando los parámetros indispensables de un adecuado y eficaz programa de cumplimiento en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Asimismo, se desarrolla e investiga el modus operandi de la entrada de la corrupción a los partidos políticos en cuestiones financieras, casuística nacional e internacional. De igual manera, se desarrollan los conceptos y normativa aplicable en Criminal Compliance ejercida para los actuales sujetos obligados, principalmente, del mundo empresarial, proponiendo su adaptación y ejecución en los partidos políticos, demostrando y concluyendo con los beneficios que se pueden generar para la institucionalidad de los partidos políticos, el fortalecimiento de la democracia nacional y la confianza de la ciudadanía en la política.

La presente investigación requiere que se analice la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de contaminación ambiental, las cuales dichas conductas relevantes penales surgen de la típica conducta cometida por las diversas empresas en donde no coindice la necesidad de responsabilizarse penalmente. La presente investigación tiene como punto de partida que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no se encuentra regulado en la legislación peruana, por lo que estas no podrán ser procesadas cuando cometan un delito a título propio, limitándose el derecho, a accionar contra el elemento humano que las integra, alcanzando únicamente aquellas responsabilidades accesorias o pecuniarias, por tal motivo busca la problemática: ¿Cuáles serían las pautas jurídicas para responsabilizar penalmente a la persona jurídica en la comisión del delito de contaminación ambiental previsto en el Artículo 304 del Código Penal en defensa del medio ambiente como bien Jurídico tutelado?, para poder llegar a determinar una posible solución a lo planteado.

La relevancia del estudio de la aplicación del principio de confianza en los delitos de corrupción de funcionarios dentro de estructuras complejas de las organizaciones estatales es relevante. En ese sentido, los deberes de garantía o deberes de cuidado secundarios sobre las conductas ajenas del funcionario o servidor público dependerán del alto, medio o bajo cargo que desempeñen. / The relevance of the research about the application of the principle of trust in corruption crimes of public servers within complex structures of State entities is relevant. To this effect, the secondary diligence safeguards or duties in external behaviours of public servers or public officials shall depend of the high, medium or low position carried out. / Trabajo académico

El presente artículo académico aborda de forma central el tema de la actuación del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias. Por lo que, por medio del presente, se intenta responder con solvencia a la pregunta de si ¿es punible la actuación del tercero interesado en este delito?, pero desde una perspectiva distinta a la esbozada en el Acuerdo Plenario N° 3-2015/CIJ-116. Así pues, con este fin, la autora ha estructurado el presente artículo en tres secciones. La primera sección está dirigida a exponer los aspectos centrales de este delito. La segunda sección se encuentra orientada a abordar el tráfico de influencias como un delito de intervención necesaria y, en específico, de encuentro en la subcategoría de los supuestos en los que la conducta del interviniente no se encuentra sancionada por alguna norma penal, pese a que este obtiene un beneficio por la acción del autor.Y,finalmente, la tercera sección presenta la postura de la autora respecto al tema, pues señala que -siempre y en todos los casos- el tercero interesado en el delito de tráfico de influencias responde a título de partícipe.Esto es que, dependiendo del contexto del caso, el comprador de influencias puede responder a título de cómplice primario o a título de instigador. / This academic article centrally addresses the issue of the performance of the third party interested in the crime of influence peddling. Therefore, by means of this document, an attempt is made to respond with solvency to the question of whether the action of the third party interested in this crime is punishable? but from a different perspective than that outlined in Plenary Agreement No. 3-2015/ CIJ-116. Thus, for this purpose, the author has structured this article into three sections. The first section is aimed at exposing the central aspects of this crime. The second section is aimed at addressing influence peddling as a crime of necessary intervention and, specifically, in the subcategory of cases in which the conduct of the intervener is not sanctioned by any criminal law, despite the fact that this one obtains a benefit for the author's action And, finally, the third section presents the author's position on the subject, as it points out that -always and in all cases- the third party interested in the crime of influence peddling responds as a participant. This is that, depending on the context of the case, the influence buyer may respond as primary accomplice or as an instigator. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación busca demostrar que la –ciertamente- novedosa institución del Oficial de Cumplimiento ha cobrado, en poco tiempo, un rol relevante en el esquema empresarial actual y que, lo que antes era simplemente el cumplimiento formal de una obligación legal, se ha transformado no sólo en una necesidad empresarial, sino también en una de las posiciones más importantes dentro de un organigrama corporativo; ello debido a la fuerte influencia que tanto el Compliance como el Buen Gobierno Corporativo han tenido en los últimos años en las relaciones empresariales corporativas, motivado por el importante números de casos de delitos, especialmente relacionados a la corrupción, que se han ido descubriendo últimamente y en el que se han visto involucradas algunas de las empresas más importantes del mundo. Por ello, utilizando un enfoque basado en riesgos y de la mano del método comparativo, revisaremos si la legislación peruana resulta ser la más adecuada para determinar el perfil personal y profesional del funcionario que ocupará la Oficialía de Cumplimiento de una empresa peruana, así como si se llegan a determinar con claridad los roles y responsabilidades que debe cumplir, o si acaso la legislación peruana podría ser optimizada utilizando influencias de las legislaciones colombiana y chilena, o también del soft law español. De esta manera, conseguiremos revalorar la figura del Oficial de Cumplimiento y contribuir en el esfuerzo de que las empresas peruanas comprendan que dicha posición requiere de una persona que cumpla con determinadas características y requisitos que añadan valor a la sociedad y acentúen la utilidad de los programas de prevención que se puedan implementar.

Los delitos de peculado y de malversación, son delitos que requieren una calidad especial en el sujeto activo, así se hace referencia a que debe existir una relación funcional del servidor público con los bienes implicados. No obstante, en la práctica no nos vamos a encontrar siempre con un solo funcionario relacionado con los bienes públicos, sino que en ocasiones serán dos o más los funcionarios relacionados. Estos casos especiales, pueden ser considerados entonces como supuestos de correlaciónfuncional y merecen un análisis particular a efectos de poder determinar las variaciones que pueden surgir al momento de atribuir responsabilidad penal. Es por ello que el presente artículo tiene por finalidad identificar las dinámicas de corelación funcional que pueden operar en los delitos de peculado y malversación y evidenciar algunos aspectos que pueden surgir en el ámbito de la autoría y participación. Para ello, el artículo parte por mencionar cuál es la regulación actual que tienen los delitos de peculado y malversación en nuestro ordenamiento jurídico, asimismo, expone las teorías más empleadas que buscan explicar la naturaleza de estos delitos. Posteriormente, plantea aquellos supuestos de co-relación funcional que pueden surgir tanto desde un plano horizontal como vertical, para finalmente resolver problemas de determinación de responsabilidad penal, así como de autoría y participación. Cabe mencionar que las respuestas a estos distintos problemas varían también en caso se traten de modalidades comisivas u omisivas. Finalmente, se llega a considerar que los problemas mayores problemas surgen en el ámbito de las omisiones, y la atribución de responsabilidad al funcionario omitente, debe aceptar ciertos matices. Es decir, no debe pensarse desde un plano dual, en sentido de que, si el funcionario es o no responsable, sino que puede existir una tercera vía en la que el resultado lesivo le sea imputado, aunque de manera atenuada.