Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objetivo de esta Memoria es realizar un análisis jurídico del régimen de responsabilidad de los integrantes del Centro de Despacho Económico de Carga en los casos de fallas generalizadas en el suministro de energía eléctrica, desde el análisis de las normas de responsabilidad de la legislación eléctrica vigente y desde el punto de vista de la jurisprudencia dictada en la materia. Para lograr el objetivo antes mencionado, se ha efectuado un estudio respecto de los principios generales del Derecho Administrativo Sancionador, específicamente aquellos principios que informan al Derecho Administrativo Sancionador Eléctrico, y las normas eléctricas vigentes que lo configuran. Además, se efectúa una descripción general del sistema eléctrico chileno, su regulación y coordinación, se analiza el principio de seguridad como objetivo de dicho sistema, las facultades de la autoridad administrativa, en este caso la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, para fiscalizar y sancionar el incumplimiento de la normativa eléctrica vigente por parte de las empresas eléctricas, y se finaliza con un análisis jurisprudencial de los fallos dictados en la materia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En los últimos años, la doctrina administrativista nacional ha manifestado un creciente interés por el estudio de la potestad sancionadora que el ordenamiento jurídico le confiere a los órganos de la Administración del Estado. Ahora bien, ante la falta de un cuerpo normativo general en la materia, la doctrina y la jurisprudencia han ido sistematizando los principios y reglas aplicables al ejercicio de dicha potestad. Sin embargo, la opción del legislador ha sido la de regular a nivel sectorial el ejercicio de esta potestad en las respectivas leyes especiales de ciertos órganos de la Administración. Así, recientemente, ocurrió con la dictación de la Ley Nº 21.000 que creó la Comisión para el Mercado Financiero, en reemplazo de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

La presente investigación versa sobre los criterios objetivos de aplicación de sanciones en materia de protección al consumidor y si estos aseguran o no una correcta aplicación de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y predictibilidad; dividiéndose el contenido en primer lugar en una de sus funciones principales de INDECOPI como lo es proteger los derechos de los consumidores; después en la facultad que se le asigna para cumplir con esta función que se denomina la facultad de imponer sanciones y por último explicar la correcta aplicación de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y predictibilidad al momento de utilizar los criterios objetivos de aplicación de sanciones en materia de protección al consumidor y después del análisis verificar si los criterios que se le otorgan a INDECOPI para graduar la sanción están haciendo un uso correcto de los principios del derecho administrativo. Y, es al transcurso de la investigación que se demuestra que aún cuan se utilizan los criterios establecidos para imponer sanciones en materia de protección al consumidor, la mayoría de veces se incurre en la violación a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y predictibilidad; principios del procedimiento administrativo que son de gran importancia en el procedimiento administrativo sancionador y que son de obligatorio cumplimiento por parte de INDECOPI al formar parte de la administración pública; y es que estos principios no son utilizados correctamente cuando de imponer de sanciones se trata, pues se ha comprobado a través de las resoluciones emitidas por INDECOPI que cuando utilizan los criterios establecidos para las sanciones administrativas no aplican correctamente los principios obteniendo como resultado sanciones desproporcionales, irrazonables e impredecibles y con ello la nulidad o revocabilidad de la resolución.

La incorrecta aplicación y desconocimiento de la Norma Tributaria por parte de los contribuyentes y encargados de la información contable-tributaria, originó futuras auditorías por parte del Ente Fiscalizador. El presente trabajo de investigación tuvo como propósito analizar las contingencias tributarias frente a un proceso de fiscalización electrónica, a fin de evitar sanciones administrativas en los periodos 2016-2017. Fue bajo un enfoque cualitativo y descriptivo, se basó en el análisis y revisión de las normas, leyes, reglamentos y resoluciones del Tribunal Fiscal, su diseño fue no experimental debido a que las variables no fueron manipuladas durante el desarrollo de los objetivos, además se utilizaron técnicas de observación y análisis documental. Se analizó y evaluó las contingencias tributarias de las resoluciones del Tribunal Fiscal que fueron comunes en las auditorias tributarias, por lo tanto se presentó una guía de seguimiento contable-tributario para evitar infracciones. Para sustentar fehacientemente las adquisiciones deben demostrarse razonablemente las operaciones con todos los medios suficientes.

El presente trabajo de investigación está orientado a establecer los fundamentos por los cuales podría implementarse un régimen disciplinario especial en materia de contrataciones públicas, teniendo en consideración los aspectos esenciales de los contratos administrativos, la regulación de la potestad disciplinaria en el ordenamiento jurídico peruano y la legislación comparada. Así, la creación de un régimen disciplinario dirigido exclusivamente a funcionarios o servidores públicos que conforman el Comité de Selección o el Órgano encargado de las Contrataciones (OEC) resulta factible en cuanto incrementaría la seguridad jurídica y predictibilidad, además de ello, permitiría mejorar la fiscalización y control de contratos estatales de mayor envergadura y coadyuvar a minimizar la corrupción administrativa enquistada en el Estado.

La presente investigación postula la modificación del inciso 48 de la Resolución de Sala Plena Nº002-2020-SERVIR/TSC, que ratifica lo establecido en la Resolución de Sala Plena Nº001-2016-SERVIR/TSC. El problema radica en la posición del Tribunal del Servicio Civil al considerar que el plazo de la prescripción de inicio del Proceso Administrativo Disciplinario no puede empezar a computarse desde el momento en que la Secretaría Técnica tome conocimiento de una falta administrativa, toda vez que no tiene capacidad de decisión dentro del Procedimiento Administrativo Disciplinario. Sin embargo, a través del análisis normativo, doctrinario e investigación en el ordenamiento jurídico se demostrará la importancia de considerar el plazo de prescripción desde la toma de conocimiento de la Secretaría Técnica de una falta administrativa, a efecto de eludir afectaciones al debido procedimiento por dilataciones innecesarias y consecuentemente evitar la nulidad de las resoluciones de prescripción emitidas por la máxima autoridad de la entidad pública, incluyendo así la correcta aplicación de los plazos prescriptorios para el inicio del Proceso Administrativo Disciplinario.

En este informe se analizará la Resolución n.o 039-2021-PLENO-JNJ emitida por la Junta Nacional de Justicia que destituye a Víctor Ticona Postigo, en su condición de juez supremo y en el ejercicio de la función como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. La investigación se centrará en el análisis de la responsabilidad disciplinaria del investigado, la competencia de la Junta Nacional de Justicia para investigar la actuación funcional del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y la gradualidad de las sanciones. De esa forma, se verificará la importancia y trascendencia del perfil y la condición de juez supremo, así como la gradualidad de las sanciones en el ejercicio de la potestad disciplinaria de la Junta Nacional de Justicia. Finalmente, se determinará la competencia de la Junta Nacional de Justicia para investigar la actuación funcional del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y la vulneración del derecho del investigado al haber sido sancionado con la máxima sanción disciplinaria sin considerar una sanción menor en base a criterios de proporcionalidad y razonabilidad, siendo que además, desconocía con anterioridad los criterios que serían empleados para determinar la gradualidad de la sanción que se le iba a imponer

La potestad sancionadora de la Administración Pública tiene su manifestación primordial en el procedimiento administrativo sancionador, el cual tiene como finalidad determinar la existencia de una conducta infractora, y una vez probada, imponer las sanciones respectivas. Sin embargo, se ha introducido en nuestro ordenamiento legal una figura que omite la imposición de una sanción, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos. En ese sentido, este trabajo es pues un primer estudio y análisis de la figura de la subsanación voluntaria como eximente de responsabilidad por infracciones en el procedimiento administrativo sancionador. Para tal efecto, se ha preguntado ¿Cuál ha sido la motivación para trasladar la subsanación voluntaria de su calidad de atenuante a la de eximente de responsabilidad por infracciones?, teniendo cono Objetivo General el determinar cuál es el efecto de la inclusión de dicha opción legislativa innovadora. De lo analizado, se obtuvo como conclusiones, entre otras, que con la modificatoria introducida a través del Decreto Legislativo N.° 1272, los procedimientos administrativos sancionadores, en todos los sectores, están siendo adecuados, de tal manera que se defina la aplicación de la eximente de responsabilidad que nos ocupa, y que a su vez, conlleva a que la Administración Pública, como partícipe del impulso de las reformas, evite imponer condiciones menos favorables a los administrados que las dispuestas por la Ley. Finalmente, se conviene en considerar que la variación de atenuante a eximente obedece a reducir la carga procesal de la Administración Pública al decidir el inicio de procedimientos administrativos sancionadores, en los casos en que las infracciones no hayan sido subsanadas, con la finalidad de lograr una mejor atención a los administrados, priorizando y optimizando el uso de recursos públicos.

En la Exposición de Motivos de la Ley N° 30225 se señaló que la justificación de la incorporación de la multa como sanción contra los proveedores que incurran en algunas de las infracciones señaladas en la Ley, recae en la necesidad de asegurar el efecto disuasivo de la sanción administrativa respecto de determinados proveedores, puesto que el volumen de contratos con el Estado que tenían los sancionados era reducido respecto de la cantidad total de operaciones que realizaban. En el presente trabajo tratará de dar alcances para sostener si es eficiente o no la imposición de multas en el nuevo sistema de sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado.