A pesar de reconocerse en Chile potestades sancionadoras a la Administración desde el comienzo mismo de la República y de crecer éstas elefantiásicamente en las últimas décadas, el Derecho Administrativo Sancionador, esto es, aquella rama del Derecho Público, y específicamente del Derecho Administrativo, que ha de regular quién, cómo y con qué límites las puede ejercer, es aún incipiente. Tan incipiente es el Derecho Administrativo Sancionador en nuestro medio que la doctrina aún discute cómo denominar esta materia. Y lo es tanto que, reconozcámoslo con cierta desazón, la doctrina se ha detenido extensa e inoficiosamente en la discusión sobre la ontología de la sanción -¿es o no pena?-, bajo el supuesto, absolutamente errado, de que de ella depende la aplicación o no de los principios inspiradores del Derecho Penal al Derecho Administrativo Sancionador. Y peor aun, parte importante de nuestra doctrina ha comenzado la construcción dogmática del Derecho Administrativo Sancionador a partir de la elaboración que al respecto ha efectuado la doctrina española e incluso llevándola a extremos inaceptables, en circunstancias que las bases conceptuales y normativas –especialmente constitucionales- de ésta son sustancialmente distintas a las nuestras. Error lamentablemente habitual en nuestra doctrina

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el contexto de la evaluación del desempeño ambiental de nuestro país, el cuestionamiento a la institucionalidad ambiental vigente y la reforma propuesta por el Ejecutivo a través del Proyecto de Ley que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, cobra concreta importancia analizar la institucionalidad vinculada a las funciones de fiscalización y sanción en materia ambiental, así como el estudio del desempeño de los organismos que hasta la fecha detentan dichas potestades. Con el objeto de comprender los marcos normativos que determinan las competencias de los diversos organismos y de hacer un examen analítico del ejercicio de éstas, es necesario identificar y entender los elementos de una política pública adecuada para lograr un óptimo nivel de cumplimiento de la normativa ambiental. La exigencia de cumplimiento de las regulaciones se justifica en la búsqueda del bien común, que se supone ha sido considerado al determinar el contenido de dichas regulacionesNote1. , y que en este caso se desprende del propósito de asegurar los derechos constitucionales establecidos en los numerales 8° y 9° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. De esta forma, el Estado debe tomar las decisiones correspondientes para dar una garantía real en el ejercicio de dichos derechos, para lo cual debe diseñar e implementar la estructura institucional y normativa que así lo permita. La estructura nacional se caracteriza por la distribución sectorial de competencias y la dispersión normativa, la que ha determinado en gran medida los pobres resultados en relación a la protección del medio ambiente. La evaluación del desempeño ambiental de Chile realizada en el año 2005 conjuntamente por la OCDE y la CEPAL señala que “Una política de fiscalización de la normativa ambiental sobre la base de la coordinación de los órganos sectoriales de supervisión y control no es la solución institucional más eficaz para asegurar su cumplimiento”, indicando como recomendación: “desarrollar y fortalecer aún más los marcos normativos (normas, entre otros) para mejorar la salud ambiental y cumplir los compromisos internacionales de Chile; examinar formas de fortalecer la capacidad de cumplimiento y fiscalización, incluso mediante reformas institucionales, como por ejemplo el establecimiento de un órgano de inspección ambiental.” Esto significa que el modelo chileno, caracterizado por la multiplicidad de entidades con competencias relacionadas con las acciones de fiscalización y sanción, no contaría con la estructura apropiada para lograr el cumplimiento ideal de la normativa ambiental que permita una adecuada protección del medio ambiente y la salud

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Todo órgano de la Administración del Estado debe realizar un trabajo de interpretación para determinar el verdadero sentido y alcance de las normas que le confieren competencia y regulan su procedimiento. Si bien es cierto la ley le confiere, en varios casos, una potestad expresa para interpretar las normas, también lo es que, aunque no las posean, igual deben realizar una tarea interpretativa. Estas las hemos conceptualizado como las facultades implícitas de interpretación. Puede suceder que el organismo administrativo cambie el criterio de su interpretación, y por lo mismo adopte medidas opuestas a las que venía realizando con anterioridad. Esta realidad puede originar vulneraciones a diferentes principios del Derecho Administrativo como a las garantías constitucionales de las personas. Esta problemática se dará con mayor frecuencia en el caso de los cambios de criterios interpretativos en los órganos administrativos con potestad sancionadora. En efecto, se pretende dilucidar en el presente trabajo los conflictos entre los cambios de criterio, en uso de las facultades interpretativas, con los principios del Derecho Administrativo Sancionador, y garantías constitucionales como los principios de igualdad jurídica, actos propios de la Administración, igualdad ante la ley, confianza legítima, irretroactividad, culpabilidad, y otros que se estudiarán. Se buscará precisar la problemática, y dar ciertas luces de soluciones a ellas. Para el desarrollo se estudiará, en primer lugar, lo que se debe entender por Derecho Administrativo Sancionador como sus elementos y características. En segundo término, entraremos en el estudio de la Infracción y Sanción Administrativa. En tercer lugar, veremos el concepto de potestad interpretativa sancionadora, como los conflictos con los principios y garantías aludidas. Finalmente, para comprender mejor la problemática, haremos un análisis de lo estudiado en el caso de la sanción interpuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros a los señores Piñera y Cueto, según se analizará.

La potestad sancionadora de la Administración Pública tiene su manifestación primordial en el procedimiento administrativo sancionador, el cual tiene como finalidad determinar la existencia de una conducta infractora, y una vez probada, imponer las sanciones respectivas. Sin embargo, se ha introducido en nuestro ordenamiento legal una figura que omite la imposición de una sanción, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos. En ese sentido, este trabajo es pues un primer estudio y análisis de la figura de la subsanación voluntaria como eximente de responsabilidad por infracciones en el procedimiento administrativo sancionador. Para tal efecto, se ha preguntado ¿Cuál ha sido la motivación para trasladar la subsanación voluntaria de su calidad de atenuante a la de eximente de responsabilidad por infracciones?, teniendo cono Objetivo General el determinar cuál es el efecto de la inclusión de dicha opción legislativa innovadora. De lo analizado, se obtuvo como conclusiones, entre otras, que con la modificatoria introducida a través del Decreto Legislativo N.° 1272, los procedimientos administrativos sancionadores, en todos los sectores, están siendo adecuados, de tal manera que se defina la aplicación de la eximente de responsabilidad que nos ocupa, y que a su vez, conlleva a que la Administración Pública, como partícipe del impulso de las reformas, evite imponer condiciones menos favorables a los administrados que las dispuestas por la Ley. Finalmente, se conviene en considerar que la variación de atenuante a eximente obedece a reducir la carga procesal de la Administración Pública al decidir el inicio de procedimientos administrativos sancionadores, en los casos en que las infracciones no hayan sido subsanadas, con la finalidad de lograr una mejor atención a los administrados, priorizando y optimizando el uso de recursos públicos. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación se enfoca a analizar el estado de necesidad justificante como un eximente de responsabilidad administrativa en los procedimientos administrativos sancionadores seguidos contra municipalidades de zonas rurales o de preferente interés social, por la prestación ilegal del servicio de radiodifusión en el Perú en el contexto de desastres naturales y estados de emergencia, pues al no haber operadores privados de radiodifusión en las citadas zonas son las municipalidades las que se ven obligadas a operar de manera “ilegal” en determinados frecuencias y canales para poder comunicar a su población sobre temas de seguridad y prevención. / Trabajo académico

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere asesor / La Potestad Sancionadora de la Administración, está regida por un conjunto de principios, contenidos en el artículo 230 de la Ley N.º 27444; encontrándose establecido en el artículo 229.2 de la ley en comento que todas las entidades de la administración pública que ejerzan potestades sancionadoras cuando tramiten los respectivos procedimientos administrativos sancionadores, aunque estos últimos se encuentren regulados por leyes especiales, estarán obligadas a observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa consagrados en la LPAG. Asimismo, es necesario precisar que el Tribunal Constitucional ha establecido en el Expediente N.º 2050-2002-AA/TC el criterio de que la sanción administrativa no solo debe imponerse dentro de las normas establecidas en el marco institucional, sino que debe observar principios constitucionales y que la aplicación de una sanción administrativa constituye la manifestación del ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración, que como toda potestad, en el contexto de un Estado de Derecho, está condicionada, en cuanto a su propia validez, al respeto de la Constitución, de los principios constitucionales y, en particular, a la observancia de los derechos fundamentales. De conformidad con lo establecido, la Administración Policial en la sustanciación de procedimientos administrativos disciplinarios debe sujetarse al irrestricto respeto de los derechos constitucionales procesales y a los principios constitucionales que lo conforman y que se encuentran contenidos en el artículo 1 del Decreto Legislativo N.º 1150 modificado por el Decreto Legislativo N.º 1193, dispositivo que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú; cabe precisar, que este régimen no es uno que esté apartado del Procedimiento Administrativo General, pues como ya antes dijimos pese a tener una regulación especial, este está supeditado a los principios generales del derecho administrativo sancionador. / Tesis

La tesis elaborada busca determinar el grado de cumplimiento de la Constitución, la Ley No. 27444 (en adelante, “LPAG”) y los criterios del Tribunal Constitucional, en el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora de las Municipalidades del Perú, con el objetivo de justificar la necesidad de incorporar en nuestro ordenamiento una Norma Base de Procedimiento Administrativo Sancionadora (en adelante, “Norma Propuesta”) obligatoria y vinculante para todas las Municipalidades peruanas. Como resultado de la investigación, se ha determinado, tomando una muestra de 25 Reglamento Administrativos Sancionadores municipales (en adelante, la “Muestra”), que las Municipalidades del Perú presentan un algo grado de incumplimiento de la Constitución, la LPAG y los criterios del Tribunal Constitucional, por lo que resulta necesaria la aprobación de la Norma Propuesta. Para tales efectos, se ha desarrollado la tesis en 4 capítulos, cada uno debidamente sustentado en el análisis de la normativa nacional sobre la materia, así como en doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera especializada. En el primero de ellos se define y expone la Potestad Sancionadora de la Administración Pública y la Infracción Administrativa. En el segundo capítulo, se desarrollan las consecuencias jurídicas aplicables ante la Infracción Administrativa: las Sanciones Administrativas y Medidas de Policía; básicamente, definiéndolas y distinguiéndolas entre sí. En el tercer capítulo, se exponen las particularidades del Municipio peruano: el ejercicio de sus competencias y la autonomía municipal, la Potestad Normativa Municipal, el Poder de Policía y la Potestad Sancionadora Municipal. Finalmente, en el cuarto capítulo, se efectúa, de un lado, el análisis de la Muestra, exponiendo las 8 principales deficiencias detectadas y, de otro lado, los mecanismos disponibles para implementar la Norma Propuesta, así como la necesidad y los beneficios que conllevarían su incorporación en el Perú. / Tesis

El presente trabajo tiene por finalidad mostrar una visión panorámica del tratamiento del principio de proporcionalidad en el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública por parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento. / El presente estudio tiene por objeto analizar la estructura y los elementos más relevantes que componen el Derecho Administrativo Sancionador chileno. En concreto, se exhibirá al lector un estudio acerca de la Potestad Sancionatoria Administrativa, la Teoría General de la Infracción Administrativa y la Teoría General de la Sanción Administrativa. Asimismo, se dedicarán palabras acerca de los Procedimientos Administrativos Sancionatorios y examinaremos la fisionomía jurídica del Acto Administrativo. Para llevar a cabo estas labores, se ha investigado la más reciente jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, información que ha sido complementada y revisada críticamente en base a las ideas aportadas por los más distinguidos autores doctrinarios, tanto nacionales como extranjeros. Además, se han extraído ejemplos desde la realidad legislativa nacional, con el objeto de conocer la materialización normativa de los criterios más importantes

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / 23/12/2017