El presente trabajo de investigación versa sobre el criterio de la Autoridad Nacional del Servicio Civil en su calidad de ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado, establecido a través de sus informes técnicos, para aplicar los impedimentos para ser proveedor del Estado establecidos en el artículo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado, los cuales son extensivos al cónyuge, conviviente o a sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las autoridades señaladas en el citado artículo, a los servidores que se encuentran bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, determinando que de configurarse este supuesto, es decir, de encontrarse comprendidos en los impedimentos del artículo 11° de la Ley de Contrataciones con el Estado, las entidades públicas deben proceder a su inmediato despido. Considero que no existe una justificación constitucional razonable para limitar el ejercicio del derecho al trabajo, así como el acceso y permanencia en el empleo público por criterios basados en lazos de consanguinidad o afinidad con persona alguna; y que no podrían aplicarse impedimentos previstos en normas de una contratación pública de bienes y servicios, a un régimen de carácter laboral como el que constituye el régimen laboral de Contratación Administrativa de Servicios, siendo aplicables a este los impedimentos que regulan el servicio civil. Por ello para reforzar mi planteamiento recorro a las distintas fuentes del derecho, la normativa, la jurisprudencia y la doctrina. / This research work deals with the criteria of the National Civil Service Authority in its capacity as the governing body of the Administrative System for the Management of Human Resources of the State, established through its technical reports, to apply the impediments to be a provider of the State established in Article 11 of the State Contracting Law, which are extended to the spouse, partner or their relatives up to the second degree of consanguinity and second degree of affinity of the authorities indicated in the aforementioned article, to the servers who are under the Special Regime for Administrative Contracting of Services, determining that if this assumption is configured, that is, if they are included in the impediments of article 11 of the Law of Contracting with the State, public entities must proceed to their immediate dismissal. I believe that there is no reasonable constitutional justification for limiting the exercise of the right to work, as well as access and permanence in public employment by criteria based on ties of consanguinity or affinity with any person; and that impediments provided for in the norms of a public procurement of goods and services could not be applied to a labor regime such as that constituted by the labor regime of Administrative Contracting of Services, the impediments that regulate the civil service being applicable to this. Therefore, to reinforce my approach, I go to the different sources of law, regulations, jurisprudence and doctrine.

En el presente trabajo se busca abordar el derecho de huelga a partir, en primer lugar, de su tratamiento como derecho fundamental y señalando su contenido esencial y, posteriormente, desarrollando brevemente los antecedentes históricos de la huelga en el Perú y el modelo normativo que nos rige. Asimismo, como parte de un marco teórico previo, señalaremos los principales aportes jurisprudenciales al derecho de huelga, así como sus principales limitaciones. En una segunda parte, identificaremos ciertas diferencias del derecho de huelga en el Texto Único de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y en la Ley del Servicio Civil. Por otra parte, ubicaremos las principales limitaciones del ejercicio del derecho de huelga de los servidores públicos. Finalmente, en esta parte analizaremos el derecho de huelga en la Ley del Servicio Civil, foco de atención de nuestro trabajo. Finalmente, este desarrollo, nos permitirá esbozar las principales propuestas del marco normativo del derecho de huelga en el sector público, precisando los supuestos que no están acorde con el contenido esencial del derecho de huelga. Asimismo, como complemento de esta normativa, nos permitiremos esbozar las respuestas a los requerimientos de la OIT. / Tesis

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La sanción disciplinaria es un medio que garantiza indirectamente el correcto desarrollo de la función pública; por lo tanto, la entidad debe instaurar los procedimientos disciplinarios en un plazo oportuno, a fin de que la potestad punitiva responda a su finalidad, más aún que constituye una garantía del servidor el determinar un plazo específico a cuyo término no podrá ser investigado. En el régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil, este período temporal – denominado plazo de prescripción – es de un año a partir de que la oficina de recursos humanos toma conocimiento de la falta (plazo corto – hechos conocidos), salvo que no haya tomado conocimiento en el transcurso de tres años a partir de la comisión de la falta (plazo largo – hechos no conocidos). Por lo tanto, se entendería que la entidad cuenta con el plazo corto de un año porque está en la posibilidad de realizar las investigaciones necesarias para determinar la existencia de responsabilidad disciplinaria. No obstante, el poder de realizar las acciones de investigación no ha sido conferido a la oficina de recursos humanos, sino a la Secretaría Técnica; por lo tanto, surge la paradoja en la que la Entidad – a través de la Secretaría Técnica – ha conocido de la falta y cuenta con la posibilidad de realizar acciones de investigación, no obstante, estas acciones de investigación se desarrollarían en el marco de un plazo de prescripción largo que debería de operar únicamente cuando la falta aún no haya sido conocida. / The disciplinary sanction is a means that indirectly guarantees the correct development of the public function; therefore, the entity must institute disciplinary proceedings in a timely manner, so that the punitive power responds to its purpose, moreover, it is a guarantee for the employee to determine a specific time period at the end of which he/she may not be investigated. In the disciplinary regime of the Civil Service Law, this time period - called the statute of limitations - is one year after the human resources office becomes aware of the offense (short period - known facts), unless it has not become aware of it within three years of the commission of the offense (long period - facts not known). Therefore, it would be understood that the entity has the short period of one year because it is able to carry out the necessary investigations to determine the existence of disciplinary liability. However, the power to carry out the investigation actions has not been conferred to the human resources office, but to the Technical Secretariat; therefore, a paradox arises in which the entity - through the Technical Secretariat - has known about the misconduct and has the possibility to carry out investigation actions, however, these investigation actions would be developed within the framework of a long statute of limitations that should only operate when the misconduct has not yet been known. / Trabajo académico

El objetivo del presente informe se orienta a analizar si el Tribunal del Servicio Civil, a través de la Resolución No. 1162-2021-SERVIR/TSC-Segunda Sala, sancionó de manera adecuada la comisión de actos de hostigamiento sexual que se configuraron en el presente caso. De este modo, el análisis se ha realizado a partir del estudio de los elementos que conforman el hostigamiento sexual y sus manifestaciones, un análisis de los fundamentos desarrollados por el Tribunal del Servicio Civil respecto a los criterios de graduación determinados por las autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario, así como el análisis de los criterios de razonabilidad que nos permitirán verificar si nos encontramos ante una sanción razonable y, por ende, proporcional a la falta cometida. De este modo, a partir de los fundamentos contenidos en el presente informe, se concluyó que el Tribunal del Servicio Civil no realizó un adecuado análisis, pues no impuso una sanción proporcional a la falta cometida, toda vez que, existiendo elementos que permitían intensificar la falta, el Tribunal hizo caso omiso a ello y decidió ratificar la sanción de suspensión temporal por ciento ochenta (180) días. En ese sentido, teniendo en cuenta que el Colegiado no realizó un análisis adecuado, se ha señalado qué otras consideraciones debieron apreciarse, a fin de imponer una sanción adecuada que, en este caso, es la destitución. Además, se propone un cuadro ponderativo que puede servir como una guía para identificar qué sanción corresponde imponer ante la configuración de un acto de hostigamiento sexual. / The purpose of this paper is to analyze whether the Civil Service Tribunal, through Resolution No. 1162-2021-SERVIR/TSC-Second Chamber, adequately sanctioned the commission of acts of sexual harassment that occurred in this case. The analysis is based on the study of the elements that make up sexual harassment and its manifestations, an analysis of the grounds developed by the Civil Service Tribunal with respect to the graduation criteria determined by the authorities of the Administrative Disciplinary Procedure, as well as the analysis of the reasonableness criteria that will allow us to verify whether we are faced with a reasonable sanction and, therefore, proportional to the offense committed. Therefore, it was concluded that the Civil Service Tribunal did not carry out an adequate analysis since it did not impose a sanction proportional to the conduct committed, since there were elements that allowed the Tribunal to intensify the misconduct and it decided to ratify the sanction of temporary suspension for one hundred and eighty (180) days. In this sense, considering that the Collegiate did not carry out an adequate analysis, it has been pointed out that other considerations should have been taken into consideration in order to impose an adequate sanction, which in this case is dismissal. In addition, a weighting table is proposed that may serve as a guide to identify the appropriate sanction to impose when an act of sexual harassment has been committed.

El presente proyecto de innovación tuvo como objetivo mejorar el nivel de avance en la implementación del proceso de tránsito a la Ley del Servicio Civil (LSC) en la Municipalidad Provincial de Maynas (MPM). Por ello, se determinó inicialmente el problema y sus causas: i) injerencia y obstrucción de agentes políticos sobre la implementación del Servicio Civil; ii) carente efectividad de la normativa existente acerca de la implementación del Servicio Civil; iii) priorización de temas económicos y políticos en la agenda pública de la municipalidad. El proyecto buscó convertir el conocimiento teórico en práctico, por lo que, luego de determinar las causas, se priorizó el objetivo de seleccionar las que provocan un mayor impacto sobre el problema. Teniendo en cuenta ello, se describió el desafío de innovación de la siguiente manera: ¿cómo se puede reducir la injerencia y obstrucción de los agentes políticos sobre la implementación del proceso de tránsito a la LSC, priorizándola frente a temas económicos y políticos en la agenda de la MPM? Después de haber priorizado las ideas, se seleccionó la referida a la incorporación de la implementación del Servicio Civil como meta dentro del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) y el plan de comunicación interna. El prototipo de innovación estuvo compuesto por dos elementos intangibles (el diseño y el seguimiento y monitoreo) y uno tangible (las guías de cumplimiento de metas). Por último, se validó con especialistas el prototipo y las mejoras necesarias, así como también se realizó un análisis de deseabilidad, factibilidad y viabilidad. Todo ello llevó a la conclusión de que el prototipo genera valor público directo a los trabajadores de la MPM e indirectamente a la ciudadanía, mejorando la calidad de los servicios públicos. / This innovation project seeks to improve the level of progress in the implementation of the transition process to the Civil Service Law (LSC) in the Provincial Municipality of Maynas (MPM). Therefore, the problem and its causes were initially determined: i) interference and obstruction by political agents on the implementation of the Civil Service; ii) lack of effectiveness of the existing regulations regarding the implementation of the Civil Service; iii) prioritization of economic and political issues on the public agenda of the municipality. The project seeks to convert pure knowledge into practical knowledge. Therefore, after determining the causes, the objective of selecting those that cause a greater impact on the problem is prioritized. Taking this into account, the innovation challenge is described as follows: How can the interference and obstruction of political agents on the implementation of the transition process to the LSC be reduced, prioritizing it over economic and political issues on the MPM agenda? After having prioritized the ideas, the one referring to the incorporation of the Civil Service implementation was selected as a goal within the Incentive Program for the Improvement of Municipal Management and internal communication plan. The innovation prototype is composed of two intangible elements (the design and the follow-up and monitoring) and a tangible element (the goal fulfillment guidelines). Finally, the prototype and the necessary improvements were validated with specialists, an analysis of desirability, feasibility and feasibility was carried out, concluding that the prototype generates direct public value to MPM workers and indirectly to citizens, improving the quality of the public services.

En el presente trabajo se busca abordar el derecho de huelga a partir, en primer lugar, de su tratamiento como derecho fundamental y señalando su contenido esencial y, posteriormente, desarrollando brevemente los antecedentes históricos de la huelga en el Perú y el modelo normativo que nos rige. Asimismo, como parte de un marco teórico previo, señalaremos los principales aportes jurisprudenciales al derecho de huelga, así como sus principales limitaciones. En una segunda parte, identificaremos ciertas diferencias del derecho de huelga en el Texto Único de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y en la Ley del Servicio Civil. Por otra parte, ubicaremos las principales limitaciones del ejercicio del derecho de huelga de los servidores públicos. Finalmente, en esta parte analizaremos el derecho de huelga en la Ley del Servicio Civil, foco de atención de nuestro trabajo. Finalmente, este desarrollo, nos permitirá esbozar las principales propuestas del marco normativo del derecho de huelga en el sector público, precisando los supuestos que no están acorde con el contenido esencial del derecho de huelga. Asimismo, como complemento de esta normativa, nos permitiremos esbozar las respuestas a los requerimientos de la OIT.

Para el desarrollo de este tema, es importante tener presente conceptos fundamentales que nos ayuden a comprender como se viene desarrollando la prueba en el procedimiento administrativo disciplinario en la Ley del Servicio Civil, tomando en cuenta que desde la entrada en vigencia del Reglamento General de la Ley 30057 Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, es aplicable las disposiciones el régimen disciplinario y procedimiento sancionador a todos los servidores de la entidades públicas que se encuentran comprendidos en los Regímenes de los Decretos Legislativos Nros 276, 728 y 1057, en tal sentido esta investigación pretende contribuir un aporte sobre la valoración de los medios de prueba en el procedimiento administrativo disciplinario. La prueba en el procedimiento administrativo disciplinario es fundamental, sobre todo cuando se trata de una investigación a los servidores que va desde un carácter interno de una organización administrativa del estado, hasta el marco general que sirve de aplicación a los regímenes especiales disciplinarios. Por tanto, las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario están obligadas a respetar las garantías del debido proceso reconocido en nuestra Constitución Política del Perú como en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. En este sentido, podemos decir que la prueba constituye un capítulo de fundamental importancia en la vida jurídica, ya que se puede afirmar que sin su existencia, el orden jurídico sucumbiría a la Ley del más fuerte, dado que no sería posible la solución de ningún conflicto en forma racional (Valera 1990:20).

En el presente trabajo de investigación se detallarán los principales antecedentes del Régimen del Servicio Civil. Asimismo, se abordarán los principales cambios que la entidad Servir ha efectuado en el Régimen del Servicio Civil en aras de acelerar el proceso de migración de las entidades públicas al Régimen del Servicio Civil, el cual postula erradicar la distorsión y el desorden suscitado en el sector público. En ese sentido, se evidenciarán dichos cambios a efectos de poder evidenciar el impacto en el proceso de reforma de la entidad Servir a través del Régimen Servir, ocasionado por la implementación de la Ley N.º 31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público, y la Sentencia N.º 979/2021, Sentencia que declara la constitucionalidad parcial del Régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). / In the present research work, the main antecedents of the Civil Service Regime will be detailed. Likewise, the main changes that the Servir entity has made in the Civil Service Regime will be addressed to accelerate the migration process of public entities to the Civil Service Regime, which postulates to eradicate the distortion and disorder caused in the sector. public. In this sense, said changes will be evidenced to demonstrate the impact on the reform process of the Servir entity through the Servir Regime, caused by the implementation of Law No. 31131, Law that establishes provisions to eradicate discrimination in public sector labor regimes, and Judgment No. 979/2021, Judgment that declares the partial constitutionality of the Administrative Services Contract Regime (CAS).