El presente trabajo de investigación se justifica en la necesidad de contar con herramientas o mecanismos que sean efectivas y eficientes en la lucha contra las prácticas anticompetitivas que perjudican el mercado peruano y por ende a los consumidores ya que pueden generar sobreprecios que oscilan entre el 15% y 25% aproximadamente, teniendo como principal supuesto el de las prácticas colusorias horizontales de prohibición absoluta. En ese sentido, como se abordará el tema, la implementación de las Competition Disqualification Orders y las Disqualification Undertaking podrían ser consideradas medidas idóneas en la lucha de las referidas prácticas ya que cuenta con un efecto disuasivo (deterrence) potente que en el mediano y largo plazo generarían efectos positivos en el mercado peruano. Aunado a ello y para asegurar el cumplimiento del objetivo de la medida sub examine se comenta la importancia que otras políticas públicas tienen, con el fin de asegurar el enforcement en materia de libre competencia. De igual forma, con el fin de ilustrar la conveniencia de esta propuesta es que se recurre a la legislación comparada y la legislación peruana en otras materias para brindar aproximaciones sobre la inhabilitación funcional y compromiso de inhabilitación, las cuales resultan ser medidas más eficientes en el marco de régimen sancionador

Luego de una “ola privatizadora” en los años ´90, la actividad de distribución eléctrica quedó dividida entre dos tipos de empresas. Así, por un lado, se tenía a las empresas privadas, mientras que por el otro, el Estado continuaba con sus empresas estatales. Estas últimas sometidas a un régimen privado, pero con las limitaciones y controles inherentes a toda Administración Pública e inmunes a los incentivos propios del mercado. Con el tiempo esta situación presentaría inconvenientes que se reflejarían en el alto índice de obligaciones incumplidas, las cuales OSINERGMIN sancionaría. Asimismo, estas empresas mostrarían un bajo nivel de inversión comparado con las empresas privadas, lo cual repercutiría en la calidad del servicio eléctrico prestado. En este contexto, luego del análisis a esta problemática, se ha propuesto una serie de medidas a ser implementadas de manera gradual y sistemática, a fin de mejorar la gestión de las empresas públicas. Para esto, en el presente trabajo, primero se ha señalado el marco teórico que permita identificar los problemas propios de toda empresa pública (Capítulo II). Asimismo, en dicho capítulo se ha considerado los resultados obtenidos de la experiencia colombiana en la gestión de empresas públicas eléctricas. Finalmente, se ha tomado en cuenta el marco normativo de las empresas públicas a fin de poder identificar aquella regulación adicional que poseen, en comparación a las empresas privadas. De otro lado, en el Capítulo III se ha detallado la estructura del mercado peruano de distribución eléctrica, precisando el marco regulatorio, de supervisión y de fiscalización que incide en el desempeño de las empresas eléctricas peruanas. Luego de este marco de referencia, en el Capítulo IV se ha expuesto los estudios más importantes sobre desempeño de las empresas públicas peruanas de distribución eléctrica. Asimismo, se ha analizado los principales indicadores de gestión a fin de evaluar a la empresa pública de distribución eléctrica. No solo se ha considerado los indicadores de calidad (SAIDI/SAIFI) de la empresa, sino que se ha tomado como indicador el nivel de cumplimiento de sus obligaciones como distribuidora eléctrica. En el Capítulo V se ha evaluado las posibles causas de este desempeño, identificándolas como una problemática a nivel normativo, regulatorio y financiero, asimismo, identificando aquellos problemas derivados de la supervisión y fiscalización del regulador. Finalmente, en el Capítulo VI se ha propuesto una serie de medidas que tratan de dar solución a cada problema encontrado. Asimismo, se ha precisado que estas medidas deben formar parte de un plan de mejora a cinco años, que finalmente permita que la empresa pública, sin que el Estado pierda su titularidad, pueda desempeñarse como una empresa privada eficiente. / Tesis

El presente trabajo de investigación aborda la aplicación del Silencio Administrativo Positivo (SAP) en los procedimientos de reclamo de los Servicios de Saneamiento, es decir, los servicios regulados de Agua Potable y Alcantarillado a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios debido a la controversia que su efecto genera al implicar que iniciado un proceso administrativo de reclamo por el ciudadano en este caso el usuario, su pretensión se tiene por fundada o aceptada si la Entidad Administrativa para este efecto la Empresa Prestadora, no se pronuncia en el plazo establecido. Sin embargo, los límites de lo que debe entenderse por tener fundado el reclamo del usuario no están establecidos claramente pues si bien la doctrina señala que no se puede tener por otorgado más que lo que el usuario hubiese ganado de existir un pronunciamiento expreso, el análisis funcional de la tipología de reclamos del sector determina que la aplicación del SAP resulta pertinente por existir normas expresas en los reclamos comerciales relativos a la facturación, excepto en los reclamos por tarifa así como en los reclamos comerciales no relativos a la facturación y los reclamos operacionales, en los que está en juego la sostenibilidad del sistema regulatorio y la prestación misma del servicio que involucran dichos reclamos y asimismo por ser reclamos en que existe una gran dependencia de la colaboración de la Empresa Prestadora y del factor técnico involucrados en los mismos. / Trabajo de investigación

Tras la liberalización de la prestación de los servicios públicos, el Estado ha venido empleando diversos mecanismos para la regulación de las conductas de las empresas de servicios públicos e infraestructura, entre los cuales figuran la definición de obligaciones o derechos a través de disposiciones normativas así como mediante contratos de concesión (o regulación contractual). En ese marco, en la presente investigación se analiza el contenido regulatorio de los contratos de concesión de servicios públicos, con el objetivo de determinar si este se sujeta a los estándares del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). Para ello, se analizan siete contratos de concesión en sectores de infraestructura de transporte y de telecomunicaciones, de los cuales se concluye que durante la fase de diseño no se habrían seguido los estándares de carácter procedimental y sustantivo que establece el AIR. Asimismo, se concluye que no resulta suficiente la positivización de principios aplicables a todas las fases de los contratos de concesión en el marco de las Asociaciones Público Privadas, sino que además es necesario contar con disposiciones que permitan la concreción de estos principios, y una metodología de AIR aplicable a la etapa de diseño de los contratos de concesión. En esa línea, mediante la presente investigación se formulan lineamientos para regular en un escenario contractual, a partir de la aplicación de los estándares del AIR en sus dos dimensiones: sustantivo y procedimental. Con respecto a los aspectos sustantivos se plantean los siguientes elementos: i) identificación del problema; ii) identificación de alternativas de solución, las cuales se sujetan a la evaluación de la legalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad; y iii) el análisis costo beneficio con respecto a las alternativas que hayan superado el filtro anterior. Y en cuanto a los aspectos procedimentales, se plantea el acceso a la información en la etapa preparatoria de los contratos de concesión, y la participación de los agentes involucrados, en especial de los afectados negativamente, tanto en la etapa de identificación del problema como en la etapa de análisis de impacto. / Tesis

El acceso irrestricto al agua potable es un derecho fundamental de todas las personas, el acoplamiento del servicio de abastecimiento de agua de manera continua y saneamiento higiénico es esencial para vida y los derechos humanos. Sin embargo, el suministro de agua potable en términos de calidad, continuidad y cobertura, sigue manteniéndose como un reto en diferentes partes del mundo y Perú no es la excepción. En ese sentido, el Gobierno Peruano a través de la ejecución del Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021 ha establecido metas ambiciosas para cerrar la brecha de infraestructura en saneamiento estimando lograr el acceso al servicio de agua potable para el 100% de la población urbana en el año 2021 y para el 100% de la población rural para el año 2030, mediante la ejecución de proyectos de inversión pública en saneamiento. Sin embargo, todo este esfuerzo no es suficiente para poder asegurar la continuidad de la prestación del servicio, si no se cuenta con un adecuado proceso de monitoreo, operación y mantenimiento de las obras culminadas, generando un nuevo problema por el deterioro e inadecuada operación de la infraestructura entregada. Algunas de las causas son la limitada capacidad de los gobiernos locales, los operadores del ámbito rural para la gestión de saneamiento, las inversiones insuficientes y un marco legal que no incentiva la participación de las empresas privadas en el ámbito rural. En relación a lo señalado, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la normativa vigente en el ámbito de agua y saneamiento rural, con el fin de determinar si esta es adecuada para asegurar la administración de estos servicios de saneamiento y la posibilidad de intervención del sector privado, para así poder proponer alternativas o propuestas que permitan mejorarla y lograr una adecuada gestión de los servicios. / Trabajo de investigación

presente trabajo presenta el diagnóstico de las características éticas de los servidores púbicos peruanos de los tres principales regímenes laborales, describiendo el contexto laboral en el que se desenvuelven y formulando algunas posibles explicaciones a los perfiles éticos encontrados. En dicha línea, esta tesis busca responder a las siguientes preguntas: ¿A qué características responden los perfiles éticos que existen en el sector público peruano? y ¿Qué causas condicionarían la configuración de tales perfiles? Esta investigación llega a la conclusión que las normas laborales (bajo la forma de regímenes generales) ejercen, en cierta medida, influencia en las percepciones de los servidores públicos, respecto del clima ético que dichos regímenes habilitan en sus entidades. Ello se traduce en la configuración de perfiles éticos con atributos medianamente diferenciados según cada régimen laboral. En efecto, cada régimen laboral general regula y organiza la gestión humana de las entidades públicas de diferente manera, generando climas éticos que desafían la forma de pensar o la orientación ética de los servidores públicos bajo su alcance. La particularidades de cada régimen laboral se analizaron a partir de una investigación exploratoria cualitativa realizada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR-, a cuatro componentes o dimensiones del clima ético: (i) Capacitación, (ii) Liderazgo de la Alta Dirección, (ii) Capacidad para denunciar conductas no éticas y (iv) Socialización profesional. En este punto, otra conclusión es que existe una desconexión entre los regímenes laborales y las necesidades o expectativas de los servidores en tales aspectos. Arribo también a la conclusión que las percepciones, de acuerdo con la filosofía, la psicología y la economía del comportamiento, responden a la influencia del grupo, a procesos emocionales, a sesgos cognitivos y a criterios de reciprocidad equilibrada que inciden, en alguna medida, en la calidad de los perfiles éticos que se forman. Por tanto, hay un desafío para los entes rectores tanto de recursos humanos y de integridad en nuestro país, que consiste en modificar los contextos laborales y conciliar los elementos que impiden promover mejores perfiles éticos en el Estado. / This research work presents the diagnosis of the ethical characteristics of the Peruvian public servants contracted by the three main labor regimes, by describing the context in which they work and by formulating some explanations on the ethical profiles found. Accordingly, the thesis aims to answer the following questions: to which characteristics do the ethical profiles in the Peruvian public sector respond to? And, which are the causes of the actual configuration of those ethical profiles? This thesis concludes that labor norms (represented by general regimes) influence, to some extent, the perceptions of public servants regarding to the ethical environment that those regimes set up in the public agencies. That turns into the configuration of ethical profiles with moderately distinguishable attributes by labor regime. In fact, each labor regime rules and organizes the human resources management of public agencies in a different manner, generating ethical environments that defy the way public servants think or their ethical orientation. The characteristics of each labor regime where analyzed based on an exploratory qualitative research performed by the National Authority for the Civil Service – SERVIR (for its initial in Spanish) to four dimensions of the ethical environment: (i) Training; (ii) Leadership of top level management; (iii) Capacities for reporting unethical behavior; and, (iv) Professional socialization. At this point, another conclusion is that labor regimes are disconnected from the necessities or expectations of public servants on those matters. Another conclusion is that perceptions, according to the philosophy, psychology and economics of behavior, respond to group pressure, emotional processes, cognitive biases and balanced-reciprocity criteria, that have an impact, in some measure, on the quality of ethical profiles. Therefore, there is a defiance for the ruling agencies of both human resources management and integrity in our country: change the labor contexts and reconcile the elements that prevent promoting better ethical profiles in the State.

El presente informe pretende analizar las decisiones adoptadas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (en adelante, “OSIPTEL” o “Regulador”) en la Resolución de Consejo Directivo N° 95-2017-CD/OSIPTEL, de fecha 21 de agosto (en adelante, la “Resolución”), mediante la cual se resuelve sancionar a la empresa América Móvil Perú S.A.C. (en adelante, “CLARO”), por incumplir en 31 acciones de supervisión con la entrega de constancias de arribo a sus centros de atención. En este mismo informe, pretendemos analizar si la sanción impuesta a CLARO por medio de la Resolución de OSIPTEL se encuentra conforme a los principios de la potestad sancionadora, a efectos de manifestar si fue razonable, proporcional y debidamente motivada

El presente caso se basa en la demanda contencioso administrativa presentada por la empresa Luz del Sur S.A.A. contra el entonces Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG y la empresa de generación de energía eléctrica Electroperú S.A. En la demanda, Luz del Sur S.A.A. solicita la nulidad parcial de la Resolución del Tribunal de Solución de Controversias del OSINERG N° 005-2005-TSC del 22 de abril de 2005, mediante la cual el referido órgano colegiado resuelve que los retiros de energía que exceden los límites pactados en un Contrato de Suministro de Energía Eléctrica se rigen por la autonomía de las partes y, por tanto, pueden acordarse penalidades que excedan la Tarifa en Barra regulada para el servicio. El objetivo del presente informe es determinar la naturaleza jurídica de los Contratos de Suministro de Energía Eléctrica y la libertad o restricciones que tienen las partes que lo suscriben. Así mismo, el presente informe busca determinar qué tarifa debe cobrarse por los retiros de energía en exceso, tomando en consideración la naturaleza y los principios de los servicios públicos y la actuación del Estado para garantizar la continuidad de los mismos. Luego de analizar las normas aplicables al caso, los principios básicos y la doctrina al respecto, llegamos a la conclusión que la única tarifa que puede ser cobrada por una empresa generadora a una distribuidora de energía eléctrica es la regulada por el Estado Peruano, considerando que esta tarifa forma parte de la tarifa final que paga el usuario regulado y, que aun cuando las partes que conforman los contratos analizados son personas jurídicas de derecho privado, deben ceñir su actuación a las normas regulatorias que le sean aplicables, ya que prestan un servicio público.

En el presente trabajo de investigación se analiza las limitaciones que presentan las Empresas Prestadoras de Sesrvicios de Saneamiento (EPS) en el país para incorporar la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en sus procesos de desarrollo. Considerando los recurrentes eventos físicos que enfrenta nuestro país debido a la ubicación geográfica en la que se encuentra, y teniendo en cuenta además que en el contexto de una emergencia el recurso más indispensable y requerido por la población es el agua, el papel de la EPS resulta importante para gestionar el riesgo de desastres en su ámbito de prestación. Actualmente, se cuenta con un marco normativo e institucional en GRD y en el sector saneamiento; no obstante, los últimos eventos que han afectado al país han evidenciado que las EPS aún no se encuentran preparadas para respsonder adecuadamente frente a una emergencia producto de un evento físico, debido a la débil cultura de conocimiento, prevención y reducción del riesgo de desastres que presentan, lo cual se sustenta en limitaciones cognitivas, institucionales, financieras, regulatorias y normativas. Para verificar dichas limitaciones, se ha realizado una encuesta a 16 EPS de diversos grupos de clafisificación de la Superintendencia Nacional de Servicios de Senamiento (SUNASS), las cuales deben ser considerados por los actores involucrado en el aspecto normativo, de planificacion, de fiscalizacion, supervisión y regulación del sector saneamiento antes de elaborar lineamientos o exigencias a las EPS en materia de GRD, con la finalidad de lograr que el cumplimiento de las mismas por parte de las EPS se efectúe de acuerdo a la realidad de cada una de estas. / Tesis

El presente caso comprende una controversia entre la empresa distribuidora de electricidad Edecañete y el Osinergmin, en el que se discute si el hurto de conductor constituye un evento de fuerza mayor, lo cual a su vez determinaría si corresponde eximir a la empresa de la obligación de compensar a los usuarios que se vieron afectados por la interrupción en el suministro eléctrico. La posición de la empresa se basa en afirmar que se trató de un evento fuera de su control y que previamente adoptó medidas para evitar que sucediera, mientras que la entidad sostiene que tales hechos son frecuentes en la zona, por lo que no correspondería considerarlo un caso de fuerza mayor. El objetivo del presente trabajo es determinar el concepto y requisitos de la figura de la fuerza mayor, así como los criterios que existen en el sector eléctrico para su determinación. El método empleado para tal fin es el análisis de la normativa de carácter general y sectorial, así como las directivas específicas y la práctica resolutoria de la entidad, además del análisis de la jurisprudencia que ha resuelto causas que tienen su origen en hechos similares. A partir de ello, se determina que no existe un concepto propio de la fuerza mayor en el derecho administrativo; sin embargo, el sector eléctrico prevé ciertos criterios particulares para su calificación, los cuales, si bien habrían sido aplicados en el caso concreto, la decisión adolecería de una correcta valoración de los documentos y sustento para sus afirmaciones.