Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Una de las características del Derecho del Trabajo, en la forma como actualmente le conocemos, es su preocupación por el trabajador desde diversas ópticas. Así, desde un determinado punto de vista podemos observar que al trabajador se lo protege con una clara legislación en materia de jornada de trabajo, en materia de resguardo a sus remuneraciones, en lo referente a sus días de descanso, en materia de trabajos forzados, en lo relativo al trabajo de la mujer y de los menores de edad, etc. Pero este afán protector hacia una de las partes o sujetos de la relación laboral, no sólo se agota en aquello que deriva directamente del contrato y de la labor remunerada, sino que se ha extendido hacia todo aquello que es una consecuencia, llamémosla indirecta, del mismo ejercicio. Y es así como entran a jugar las normas de la seguridad social, a través de la protección al trabajador cuando por razones inherentes a su desempeño sufre alguna contingencia desgraciada o enferma en el desempeño del mismo. Y también, muy estrechamente vinculado con esto, se encuentra el objeto principal de nuestra Memoria: las normas legales que establecen reglas sobre protección tanto a la seguridad de los trabajadores en sus lugares de trabajo, como en lo relativo a la higiene que debe reinar en los mismos espacios. Ésta, evidentemente, no es una legislación orgánica ni menos codificada, sino que se encuentra aislada en una variedad de disposiciones legales que es necesario reunir y analizar. Al mismo tiempo, se hace necesario dar un vistazo histórico a estos temas en Chile, con la finalidad de verificar desde qué momento nació la preocupación del legislador nacional por tales materias, y la manera como ello fue abordado en su oportunidad

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta realidad social necesariamente nos lleva a adentrarnos en el concepto, naturaleza y elementos del Fraude a la Ley. Estudiaremos cuándo la instrumentalización de la contratación se convierte en una actividad defraudatoria. También expondremos las sanciones que la doctrina ha elaborado para restablecer el imperio del derecho. De este modo, se torna en absolutamente necesaria la existencia de mecanismos que impidan o atenúen la concurrencia de la defraudación de la Ley, o en último caso, que permitan revertir los nocivos efectos de su configuración. Urge la intervención del sistema, ya sea mediante la misma Ley que aparece burlada –al menos en su espíritu-, por medio de la actuación de los órganos llamados a sancionarla e interpretarla, o bien a través de las construcciones hechas por los dogmáticos del Derecho. Todos son llamados a defender el espíritu del Legislador. No obstante ello, la identificación de este tipo de fraude a la ley laboral no es tan sencilla, sino que muchas veces aparece difusa, matizada por una serie de factores y antecedentes que hacen dudar de su existencia; no sólo desde la perspectiva del empleador, sino que la realidad nos muestra que en la esfera social también es posible que los abusos vengan incluso de aquellos que lucen más débiles

Nuestro estudio tiene por objeto analizar esta ley, particularmente los nuevos regímenes de trabajo que se crean y a las llamadas Empresas de Servicios Transitorios. Con dicha finalidad, esta investigación se ha dividido en seis capítulos que serán desarrollados de la siguiente manera: En el Capítulo Primero se aborda desde un punto de vista doctrinario el trabajo en régimen de subcontratación, los factores que lo originan, su objeto, las modalidades que admite, las relaciones y sujetos que nacen de esta forma de trabajo, así como las variantes o condiciones en que se desarrolla. También se analiza el suministro de trabajadores y a las Empresas de Servicios Transitorios, los supuestos de su actuación, las relaciones contractuales que originan y los sujetos que intervienen. En el Capítulo Segundo, se hace un estudio de toda la legislación anterior a la Ley N° 20.123, particularmente a los artículos 64 y 64 bis del Código del Trabajo, hoy derogados, pero que en su esencia son recogidos por la nueva normativa, por ello analizamos también los fallos judiciales que resolvían los conflictos laborales basados en esos artículos. En el Capítulo Tercero se pretende investigar todos aquellos antecedentes que dieron origen a esta nueva normativa, así como los fundamentos con que se acompañó el Mensaje del Ejecutivo, haciéndose además una síntesis de las etapas de la tramitación y discusión del proyecto de ley ante el Congreso, para ver así las dificultades que presentó y el criterio técnico y/o político con que se resolvieron. En el Capítulo Cuarto se hace un completo análisis del contenido de esta ley, partiendo por desarrollar el tema del trabajo en régimen de subcontratación, distinguiendo los diversos sujetos que intervienen en ella, así como el marco de aplicación de estas normas, los requisitos y consecuencias jurídicas ante su incumplimiento, las responsabilidades que se establecen y los derechos y obligaciones que nacen en virtud de este régimen; para posteriormente desarrollar el segundo tema de la ley, que son las Empresas de Servicios Transitorios y el Trabajo Suministrado, analizándose los conceptos, requisitos y sanciones para estas Empresas, así como también se estudian los contratos de puesta a disposición y el contrato de trabajo de servicios transitorios, para concluir revisando las normas transitorias sobre vigencia de esta nueva ley y la situación de aquellas Empresas de Servicios Transitorios anteriores a esta normativa. En el Capítulo Quinto, se pretende hacer un estudio de investigación comparativa entre nuestra legislación sobre trabajo en régimen de subcontratación y la nueva Ley Española N° 32/2006 que rige esta materia, aún cuando sea sólo de alcance sectorial. Además, se señala cómo se ha desarrollado y regulado el trabajo suministrado por las Empresa de Servicios Transitorios en otros ordenamientos jurídicos, particularmente en algunos países europeos, como también en Argentina. Finalmente, en el Capítulo Sexto, para facilitar una adecuada comprensión de esta nueva legislación, se ha desarrollado en forma sistemática todos los inconvenientes o vacíos que presenta, tratando además de buscar algunas soluciones sobre dichos puntos, sin dejar de analizar también los aportes que ha significado para nuestro ordenamiento jurídico laboral esta normativa.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / “La plena vigencia de los derechos laborales requiere como conditio sine qua non, no sólo un reconocimiento normativo sino que también, y ante todo, de mecanismos de tutela jurisdiccional idóneos y eficaces…” Con esta frase se inició la tramitación de la ley 20.087, cuerpo normativo que pretendía concretar el anhelo, esperado por muchos, de modernizar la justicia procesal laboral en Chile. La intención era clara, y es que, junto con los avances de derecho sustantivo como la incorporación del seguro de desempleo o las mejoras en el ámbito de la capacitación, se hizo imperiosa la necesidad de un procedimiento que asegurara a todos los trabajadores el acceso a una justicia laboral eficiente y expedita. La reforma procesal laboral es un hito que se enmarcó en una serie de reformas realizadas a la justicia procesal chilena, junto a la reforma en materia procesal penal y de familia y pretendía, como en otras áreas, otorgar a la sociedad entera una justicia procesal acorde a un Estado de Derecho y a los tiempos en que vivimos. Se construyó a partir del año 2000, donde el gobierno de la época convocó al “Foro para la reforma de la justicia laboral y previsional” con la clara intención de que se propusieran las bases para una futura reforma en el área. Ésta se concretaría en diversos cuerpos legales: primeramente, la ley 20.022 publicada el 30 de mayo de 2005, mediante la cual se crearon los actuales Juzgados de Letras del Trabajo; luego, la Ley 20.023, que modificaba la ley 17.322 relativa a la cobranza judicial, publicada el 31 de mayo de 2005; y finalmente, la ley 20.087, publicada el 3 de enero de 2008, que establece un nuevo procedimiento laboral, y que fue modificada por la ley 20.260 en el año 2008. A partir de la reforma procesal laboral, enfrentamos un escenario completamente diferente respecto del procedimiento laboral y sus elementos. No solo se introdujeron modificaciones orgánicas que, en sí mismas, implican un cambio radical en la manera de impartir justicia para trabajadores y empleadores, sino que, como veremos con detención en el cuerpo de esta tesis, se incorporan procedimientos especiales, se introduce un nuevo procedimiento “ordinario”, un nuevo régimen recursivo, y también, muy relevante para las pretensiones del presente trabajo, se incorpora al Código del Trabajo la consagración expresa de un catálogo de principios rectores que orientan el desarrollo de estos nuevos procedimientos

Magíster en Economía Aplicada / La polarización del empleo se ha definido como el crecimiento del empleo en los extremos de la distribución de habilidades e ingresos, acompañada de la disminución de las ocupaciones del centro. Este fenómeno se ha presentado en países desarrollados a partir de la década de 1980 y 1990. El principal mecanismo para explicar esto es el cambio tecnológico sesgado hacia trabajadores de alta habilidad y que sustituye tareas rutinarias. La incorporación de tecnología demanda ocupaciones que requieren habilidades analíticas y resolución de problemas. En cambio, aquéllas que son rutinarias, tanto manuales como de interacción, son reemplazadas por tecnología. En Chile durante la década de 1980 se presenta un incremento de aquellas ocupaciones que requieren habilidades analíticas y de interacción humana no rutinarias. Desde 1990 en adelante se caracteriza por la disminución de las actividades rutinarias manuales y el aumento general de las no rutinarias. Estos cambios han sido acompañados por alzas en los salarios, principalmente en las ocupaciones no rutinarias de análisis e interacción. Sumado a esto, a través de un índice de cambios de la demanda, es posible observar incremento en las ocupaciones no rutinarias de análisis e interacción humana. Asimismo, es posible constatar cambios en la composición del empleo. Los principales son el aumento de la participación de ocupados con educación superior y el ingreso de las mujeres al mercado laboral. Con respecto al primero, el incremento es principalmente en las ocupaciones no rutinarias de análisis e interacción. El aumento de la participación femenina se observa en las ocupaciones de análisis e interacción, rutinarias y no rutinarias. El presente trabajo busca analizar la relación entre la polarización y elección ocupacional. Para llevar a cabo esto, se construye un modelo estructural de oferta de trabajo o elección ocupacional. Los resultados señalan que los salarios y la educación superior tienen efectos positivos en la participación laboral y en la elección de ocupaciones no rutinarias de análisis e interacción. Esto se debería a una mayor demanda de educación producto de la incorporación de la tecnología. Finalmente, el género está vinculado a la polarización. Las mujeres tienen una mayor probabilidad de elegir ocupaciones no rutinarias manuales y rutinarias de análisis e interacción. Esto podría explicarse por una mayor dotación de habilidades para las actividades de interacción y comunicación de las mujeres, así como la similitud entre trabajo en el hogar, tradicionalmente desempeñado principalmente por mujeres, y las tareas de las ocupaciones no rutinarias manuales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El derecho a huelga ha tenido una evolución en el derecho chileno consistente en un paulatino pero constante fortalecimiento, a través de la elaboración de posturas doctrinales tanto la tesis del Bloque de Constitucionalidad como la Tesis Dogmática, la incorporación de tratados internacionales, sumado a recientes reformas legales y cambios en tendencias jurisprudenciales. Respecto a la legislación nacional se reconoce expresamente el derecho a huelga dentro de la negociación colectiva, sin embargo, esto un derecho limitado, por tanto es menester tener en consideración las limitaciones en todo el ordenamiento jurídico, esto es la Constitución, el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad Interior del Estado y los Estatutos Administrativos. En este trabajo se podrá verificar como el derecho a huelga ha pasado de ser catalogado como indeseable dentro de un proceso de negociación colectiva a ser reconocido como válido el ejercicio de este derecho incluso fuera de las instancias de negociación en las relaciones laborales, todo en virtud del principio de inexcusabilidad de los tribunales que han decidido amparar dicho derecho aún fuera de la negociación. Se constata en el derecho comparado el reconocimiento del derecho a huelga en las constituciones de los países estudiados, a saber Argentina, Colombia, España, Perú, Uruguay y Venezuela. Conjuntamente examinamos si las legislaciones de cada país permiten el derecho a huelga fuera de la negociación colectiva.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Dentro del procedimiento de tutela laboral existen casos en que el juez, al acoger una determinada denuncia por vulneración de derechos fundamentales, por actos discriminatorios o por prácticas antisindicales, se alejaría del principio de congruencia procesal al dictar medidas reparatorias sin que hayan sido solicitadas por las partes en la pretensión; práctica que, afectaría el debido proceso establecido en nuestra Carta Fundamental y por ende todo nuestro ordenamiento jurídico, generando la posibilidad de que la parte afectada deduzca recurso de nulidad, por la causal de la e) del artículo 478 del Código del Trabajo. En tal sentido, mediante la presente investigación nuestro interés es el de determinar de qué manera la dictación de medidas reparatorias (en sentencias por vulneración de derechos fundamentales, por actos discriminatorios o por prácticas antisindicales acogidas por los tribunales del trabajo) sin ser solicitadas por las partes, afectan o no el debido proceso, en especial mediante la transgresión del principio de congruencia procesal existente en nuestra legislación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autorizada por el autor, pero con restricción para ser publicada a texto completo hasta el año 2015 / En la presente investigación analizaremos, en primer lugar la diferencia entre la concepción garantista del Proceso y la concepción activista, lo que nos permitirá definir una posición sobre sus fines, principios y función del mismo. En segundo lugar, dirigiremos nuestro estudio al denominado “Principio de Juridicidad” en general, su consagración normativa y su alcance en nuestro Ordenamiento Jurídico. En tercer lugar estudiaremos el alcance del Principio de juridicidad respecto del Poder Judicial, y en particular del juez laboral, dilucidando la posibilidad de su sujeción en el desarrollo de la función jurisdiccional del Estado a través del Proceso Por último, revisaremos cuatro casos ejemplares contenidos en la ley laboral, que representarían una eventual vulneración al Principio de Juridicidad, exponiendo en concreto cuáles serían las razones que llevarían a sostener dicho conflicto y las posibilidades de su superación. Se trata del análisis de la denominada buena fe procesal, de la norma contenida en el artículo 432 CT, de las medidas cautelares y de las medidas de reparación en la sentencia de tutela, todas a la luz del Principio de Juridicidad.

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