Es de conocimiento general, que el Perú es uno de los países que enfrenta una situación deficiente en el servicio de telecomunicaciones. En ese sentido, es de suma importancia que, con la finalidad de garantizar la efectiva prestación de estos servicios, las empresas de este rubro generen una mayor inversión para la instalación antenas. En atención a lo anterior, el Estado a través de la Ley Nº 29022, indica que los servicios públicos de telecomunicaciones son de interés nacional y necesidad pública, constituyéndose como base fundamental para la integración de peruanos, el desarrollo social y económico del país. Al respecto, se advierte que la prestación de estos servicios, llevan implícita la necesidad de celebrar contratos de usufructo y/o arrendamiento, sobre las azoteas de diversos inmuebles, a fin de poder realizar la instalación de la antena y así garantizar la efectiva prestación de dichos servicios, sin embargo, muchas de las edificaciones sobre las cuales se encuentran instaladas las antenas, no se encuentran debidamente registradas ante la SUNARP, hecho que se constituye como un impedimento para la inscripción de estos contratos. Lo anterior, en razón a los criterios para la aplicación del principio de especialidad y legitimación. Cabe precisar, que la importancia de la inscripción de estos contratos ante la SUNARP, surge a fin de obtener su oponibilidad ante terceros y así garantizar la permanencia de las antenas. En ese sentido, se requiere de esfuerzos conjuntos, tanto como de las empresas de telecomunicaciones; así como del Estado, para que estos servicios se desarrollen con la mejor calidad posible, precisando además que la calidad del servicio; entre otros factores, depende del despliegue de la infraestructura. Respecto a lo anterior, mediante la Ley Nº 29022, se han implementado diversas facilidades administrativas que permiten el despliegue de instalación de antenas, sin embargo, no se han establecido facilidades administrativas que garanticen la inscripción de los contratos antes referidos, poniendo en riesgo la permanencia de la antena y seguridad jurídica de estos contratos. Al respecto, es imprescindible que los criterios registrales relacionados a la aplicación de los principios antes referidos se adecuen de manera excepcional. Es así que, mediante el presente trabajo a través del enfoque metodológico del análisis jurisprudencial, se desarrollaran las diferentes interpretaciones que el Tribunal Registral ha concebido en relación a la aplicación del principio de especialidad y legitimación.

El objetivo principal de este trabajo de investigación consiste en el análisis de una supuesta contradicción normativa entre las normas laborales y las normas regulatorias del sector de telecomunicaciones, específicamente del canal de ventas Retail que este sector terceriza para cumplir con su obligación de capilaridad, partiendo de la aplicación de los requisitos esenciales de la tercerización, conforme lo establece la Ley N.º 29245 y su Reglamento Para ello, analizaremos las normas laborales y regulatorias que adviertan esta supuesta contradicción, doctrina sobre la materia y pronunciamientos de Juzgados y Salas Laborales, que últimamente se han visto en aumento respecto al canal de ventas Retail, materia de análisis. Los principales lineamientos regulatorios para el canal de ventas Retail los encontramos en el Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y el Reglamento del Sistema de Información y Registro de Tarifas del OSIPTEL, que establecen la obligación de la empresa de telecomunicaciones de brindar recursos técnicos y materiales a los trabajadores de la empresa de tercerización, lo cual discrepa con este elemento esencial que establece la Ley N.º 29245. Es así que, en el proceso de elaboración del presente trabajo académico, podemos advertir que existe contradicción entre las normas laborales y las normas regulatorias, las cuales se desconocen entre sí, provocando que la misma sea objeto de demandas judiciales sobre desnaturalización de tercerización laboral. / The main objective of this research work consists in the analysis of a supposed normative contradiction between labor norms and the regulatory norms of the telecommunications sector, specifically of the Retail sales channel, which this sector outsources to comply with its capillarity obligation, based on from the application of the essential requirements of outsourcing, as established by Law No. 29245 and its Regulations Therefore, we will analyze the labor and regulatory laws, doctrine, and decisions of Labor Courts, which have recently increased in the Retail sales service, subject of analysis. The main regulatory obligations for the Retail sales service are found in the TUO of the Conditions of Use of Public Telecommunications Services and the Regulation of the Information System and Registry of Rates of OSIPTEL, which establish the obligation of the telecommunications company to Provide technical and material resources to the workers of the outsourcing company, which disagrees with this essential element established by Law No. 29245. In this sense, during the preparation of this academic work, we can point out that there is a contradiction between labor laws and regulatory laws, causing this to be the subject of lawsuits about denaturing labor outsourcing.

En el presente trabajo se analiza si las Medidas Extraordinarias adoptadas por el OSIPTEL mediante Resolución N° 051-2018-CD/OSIPTEL, fueron idóneas para hacer frente a un escenario de incremento de reclamos y si además existían otras opciones regulatorias que pudieron haber conseguido mejores resultados. Al iniciar la investigación, se explica la problemática que el OSIPTEL venía afrontando del 2017 al 2018 respecto al crecimiento de los reclamos de usuarios, lo cual generó que el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios (TRASU) supere su capacidad resolutiva y que se produzca un importante retraso en la atención de apelaciones y quejas. Posteriormente, se explica en qué consiste cada una de las herramientas regulatorias adoptadas por el OSIPTEL mediante Resolución N° 051-2018-CD/OSIPTEL y sobre la base de qué razonamiento se adoptaron. Asimismo, se reconoce la necesidad de realizar una evaluación de resultados de las medidas adoptadas por el regulador, haciendo uso de la metodología de Análisis de Impacto Regulatorio (RIA); para ello se describe el marco conceptual del RIA y la importancia de su implementación en el Perú, como consecuencia de las recomendaciones de la OCDE. Continuando con el desarrollo de la investigación, se establecen los criterios en virtud de los cuales se realiza el análisis RIA y se procede con su aplicación práctica. Para su desarrollo se utiliza una Evaluación Multicriterio elaborada sobre la base de opiniones recogidas de especialistas en la materia, enfatizando ciertos aspectos vinculados con la definición del problema y con el impacto que se podría haber producido respecto de derechos de usuarios que pudieron haberse visto afectados con el afán de disminuir el ingreso de reclamos. La investigación culmina con el planteamiento de una serie de medidas regulatorias, distintas a las adoptadas por el OSIPTEL que, de acuerdo a una nueva evaluación RIA, podrían obtener mejores resultados que los alcanzados con las dictadas mediante Resolución N° 051-2018-CD/OSIPTEL.

El presente informe jurídico corresponde a la controversia suscitada entre la Compañía Telefónica Andina S.A. (Teleandina) y Telmex del Perú S.A. (Telmex), en relación a un Procedimiento de Solución de Controversias, desarrollado ante el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) en el mes de junio del 2006, debido a la presunta dilación en la reparación del enlace de interconexión por parte de TELMEX. A raíz de ello, se emitió la Resolución N° 006-2007-TSC/OSIPTEL de fecha 20 de julio del 2007, mediante la cual el Tribunal de Solución de Controversias (i) declara la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución N° 003-2006- CCO/OSIPTEL, (ii) instituye un precedente de observancia obligatoria, relacionada al numeral 48 del anexo 5 del Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión (en adelante, las TUO de Interconexión)(1) y (iii) recomienda la conformación de un Cuerpo Colegiado, para el inicio de un procedimiento administrativo de oficio. Este informe se realiza con la finalidad de resaltar la importancia de los principios, en la actuación de la Administración, y establecer una crítica a las recomendaciones inviables que formula la Administración. Del análisis de los actuados se identifican tres problemas: primero, la vulneración del Principio de Tipicidad, con el establecimiento del precedente de observancia obligatoria, segundo, las consecuencias de la nulidad del acto administrativo, y tercero, la posibilidad de iniciar un procedimiento sancionador, sustentado en el incumplimiento del numeral 48 del anexo 5 del TUO de las Normas de Interconexión. Se concluye, entre otros aspectos, que OSIPTEL llevó a cabo una interpretación extensiva o analógica del numeral 48 del anexo 5 del TUO de Interconexión, dio origen a un imposible jurídico y brindó una recomendación inviable, contraria al Principio de Tipicidad

La industria del servicio de telecomunicaciones en estos últimos tiempos ha constituido uno de los principales protagonistas en la demanda de cobertura de internet, ya que el contexto pandemia ha generado mayor demanda del servicio de telecomunicaciones a tal magnitud de registrar un aumento en el año 2020 de 6,04% en el índice de producción del sector, según registros del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, posteriormente). Sin embargo, también el sector en cuestión ha puesto en evidencia la falta de inclusión digital de lo mucho que queda por hacer para facilitar la conectividad en zonas rurales o zonas de menor demanda. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC, en adelante) se ha concentrado alrededor de los 5 últimos años en establecer una fórmula para calcular el cobro del canon que impulse a las empresas operadoras de telecomunicaciones a contribuir en la reducción de la brecha digital a través de incremento de infraestructura en zonas rurales y de preferente interés social del Perú. Si bien es cierto, la última modificación de la metodología ha logrado un avance, el Estado Peruano aún está lejos de reducir la brecha de infraestructura por diversos factores, entre ellos la escasez de fluido eléctrico en diversas localidades. Por lo tanto, este trabajo tiene por objetivo analizar el impacto regulatorio del proyecto ‘‘Innovar para conectar’’ que plantea modificar la metodología vigente para calcular el pago del canon por uso del recurso anteriormente mencionado. A efectos de tener conceptos claros, en primera instancia se tiene el empleo del análisis de impacto regulatorio (RIA, por sus siglas en inglés) para medir el costobeneficio del cumplimiento de la norma y consecuentemente se aplicó la metodología para valorar costos y beneficios de la intervención gubernamental, análisis multicriterio. Por último, conforme a los resultados obtenidos se realizan recomendaciones a la metodología vigente. / The telecommunications service industry in the latter has been one of the main protagonists in the demand for internet coverage since the pandemic context has generated greater demand for the telecommunications service to such a magnitude that it registered an increase in 2020 of 6, 04% in the production index of the sector, according to records of the National Institute of Statistics and Informatics (INEI, later). However, the sector in question has also highlighted the lack of digital inclusion of how much remains to be done to facilitate connectivity in rural areas or areas with less demand. The Ministry of Transport and Communications (MTC, hereinafter) has concentrated around the last 5 years on establishing a formula to calculate the fee charge that encourages telecommunications operating companies to contribute to reducing the digital divide through Increasing infrastructure in rural areas and of preferential social interest in Peru. Although it is true, the latest modification of the methodology has made progress, the Peruvian State is still far from reducing the infrastructure gap due to various factors, including the shortage of electricity in various locations. Therefore, this work proposes as a general objective of study, to analyze the regulatory impact of the "Innovate to connect" project, which proposes to modify the current methodology to calculate the payment of the canon for the use of the aforementioned resource. In order to have clear concepts, in the first instance, the use of the regulatory impact analysis (RIA) is used to measure the cost-benefit of compliance with the standard and consequently the methodology was applied to assess costs and benefits. of government intervention, multicriteria analysis. Finally, according to the results obtained, recommendations are made to the current methodology.

El presente informe jurídico analiza la controversia suscitada entre la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco y América Móvil Perú S.A.C. a raíz de la solicitud formulada por esta empresa que tenía como finalidad la regularización de una infraestructura de telecomunicaciones instalada antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones. Dicha solicitud fue denegada fácticamente por la municipalidad puesto que no se habrían cumplido con ciertos requisitos. Al respecto, América Móvil Perú S.A.C. consideró que dicha denegatoria fue ilegal debido a que la municipalidad no habría hecho efectiva la aplicación del Silencio Administrativo Positivo por lo que, tras presentar el recurso correspondiente, la controversia llegó a instancias judiciales. En ese sentido, postulamos como principal hipótesis que no correspondía aplicar el Silencio Administrativo Positivo toda vez que sí ha existido una actividad material por parte de la municipalidad, la cual a su vez desembocó en un acto administrativo. Dicho acto, pese a su ilegalidad manifiesta, produjo efectos jurídicos debido a la presunción de validez del acto administrativo. Dicho ello, al haber existido un pronunciamiento denegatorio por parte de la municipalidad correspondía la interposición de recursos impugnatorios. Para llegar a dicha conclusión, recurrimos, en primer lugar, a revisar el marco normativo del sector telecomunicaciones vigente durante el acaecimiento de los hechos, así como el ordenamiento jurídico relativo a las funciones y competencias de los gobiernos locales. Posteriormente, se analizó la naturaleza jurídica del acto administrativo con la finalidad de verificar la validez jurídica de los actos y declaraciones emitidas por la Municipalidad. Finalmente, analizamos la naturaleza jurídica del Silencio Administrativo Positivo para poder conocer sus principales características y formular nuestra toma de posición respecto a la principal controversia tramitada en este expediente.

El presente informe jurídico corresponde a la Resolución N° 004-2013-TSC/OSIPTEL, que aborda la aplicación del principio de supletoriedad en el Procedimiento de Oficio por abuso de posición de dominio iniciado contra Telefónica del Perú S.A.A. Es así que el análisis del presente trabajo se centra en determinar si Telefónica debió ser sancionada bajo las normas de competencia o por las normas regulatorias del sector de telecomunicaciones. En tal sentido, el informe analiza si el mercado de acceso a internet mediante tecnología ADSL se encontraba regulado por OSIPTEL. De igual forma verifica si el Principio de Supletoriedad puede aplicarse en el presente proceso en base a jurisprudencia emitida por las agencias de competencia, como son el caso de INDECOPI y OSIPTEL. De igual forma, en el presente informe jurídico se cuestiona las afirmaciones emitidas por el Tribunal de Solución de Controversias, analizando los criterios con los que sustento su decisión y analizándolos para dilucidar si la sanción a Telefónica fue apropiada o, por el contrario, se generó una afectación indebida a la empresa operadora. Finalmente, concluiremos el informe determinando si OSIPTEL aplicó de manera incorrecta el Principio de Supletoriedad y si la conducta que se imputo a Telefónica estaba autorizada por el regulador. / The present legal report pertains to Resolution No. 004-2013-TSC/OSIPTEL, which addresses the application of the principle of subsidiarity in the ex officio procedure for abuse of dominant position initiated against Telefónica del Perú S.A.A. Thus, the analysis of this work focuses on determining whether Telefónica should have been sanctioned under competition rules or the regulatory norms of the telecommunications sector. In this regard, the report analyzes whether the internet access market through ADSL technology was regulated by OSIPTEL. It also verifies whether the Principle of Subsidiarity can be applied in this process based on jurisprudence issued by competition agencies, such as INDECOPI and OSIPTEL. Similarly, this legal report questions the statements issued by the Dispute Resolution Tribunal, analyzing the criteria with which it based its decision and examining them to determine whether the sanction imposed on Telefónica was appropriate or, on the contrary, caused undue harm to the operating company. Finally, we will conclude the report by determining whether OSIPTEL incorrectly applied the Principle of Subsidiarity and whether the conduct attributed to Telefónica was authorized by the regulator.

El presente trabajo busca exponer como se realiza la certificación ambiental de los proyectos de inversión del sector comunicaciones relacionados a las actividades de radio y telefonía otorgadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (en adelante, “DGASA”), y la problemática sobre la evaluación y aprobación en la certificación y su exigibilidad para las actividades de radio las cuales no se habrían realizado de manera adecuada, como si ocurre para las actividades de telefonía. En tanto, de la información recopilada y entregada por la autoridad ambiental confirma la hipótesis de los criterios de evaluación, procedimiento y certificaciones realizadas por actividad de radio y telefonía, lo cual da lugar al planteamiento de solución de mejora, dirigida a salvaguardar la protección del medio ambiente. Asimismo, de la información recopilada se puede tener en consideración los criterios de evaluación que se toman en consideración para los proyectos del sector comunicaciones y la brecha que existe en la certificación ambiental por actividades del mismo sector concerniente a la telefonía y radio, y la problemática para la evaluación y su exigibilidad por el nivel de impacto ambiental que pudiera generar, debiendo realizarse la gestión para la implementación de mecanismos de evaluación sectoriales y el seguimiento del cumplimiento del marco normativo ambiental a través de la aprobación de un Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Comunicaciones.

El expediente versa principalmente sobre el encubrimiento de una relación laboral por parte de Telefónica Móviles S.A. (Telefónica), empresa dedicada a la prestación de servicios de telecomunicaciones que contrató a 99 personas bajo la modalidad de un contrato de representación comercial de naturaleza mercantil, quienes son denominados “empresarios comisionistas”. En atención a ello, la Autoridad Inspectiva de Trabajo (AIT) inició una inspección poniendo en cuestionamiento la relación mercantil y concluyendo la infracción de normas socio laborales mediante la emisión de un Acta de Infracción. Ello da inicio al procedimiento administrativo sancionador a través del cual Telefónica solicita la nulidad del Acta, basando su posición tanto en fundamentos de fondo como de forma, los cuales se encuentran relacionados con la aplicación del Principio de Primacía de la Realidad. La Primera Sub Dirección de Inspección Laboral determina que no existe ningún vicio e insiste en indicar que las actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias se realizaron mediante visitas inspectivas y comprobación de datos. Telefónica presenta un recurso de apelación, solicitando la nulidad de la Resolución y alega que la AIT se limitó a recoger la información contenida en el Acta y que no se desvirtuó ninguno de los fundamentos presentados, por tanto, se estaría vulnerando su derecho al Debido Proceso, Derecho de Defensa y Presunción de Inocencia. Además, argumenta que los “empresarios comisionistas” no pueden ser considerados trabajadores. Posteriormente, la AIT confirma la Resolución Sub Directoral, señalando que no se ha afectado los Principio de Legalidad, Debido Procedimiento, Presunción de Inocencia y Derecho de Defensa, debido a que: (i) sí se indicó los medios de investigación utilizados por los inspectores; (ii) las diligencias no se basaron sólo en declaraciones de un grupo de personas, sino en diversos documentos que generaron convicción sobre la existencia del vínculo laboral; (iii) asimismo, si bien los inspectores que aplicaron el Principio de Primacía de la Realidad no lo citaron expresamente, no se encontraban en la obligación de consignarlo, pues se trata de un principio ordenador del Sistema de Inspección del Trabajo, además de que al ser consignado en un Acta de Infracción tienen una presunción relativa.

El presente documento expone mi experiencia laboral como Ejecutivo Asociado del área de Regulación Económica y Mayorista de Telefónica del Perú en la elaboración del informe sobre la revisión de la Determinación de Proveedores Importantes en el Mercado N°25: Acceso Mayorista para Internet y Transmisión de Datos promovida por el OSIPTEL. La revisión de esta regulación es importante debido a que, actualmente, existe una dinámica comercial y competitiva que muestra que el mercado relevante de internet fijo y transmisión de datos no tiene un operador con características de proveedor importante. Para ello, mi experiencia laboral consistió en la recolección de datos en coordinación con las distintas áreas internas de planta (abonados), infraestructura y otros del mercado relevante mencionado; recolección de datos de otros operadores mediante consultas públicas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y OSIPTEL; en el tratamiento, modelamiento y análisis de los datos recolectados; evaluar desde el punto de vista de Telefónica del Perú la existencia de proveedor importante en dicho mercado relevante; y la redacción final del documento.