El presente informe aborda la problemática del hostigamiento sexual laboral en el Perú, en lo que respecta a los elementos que lo configuran y al estándar probatorio, a propósito de un caso del régimen laboral privado, pero en una entidad de derecho público. El análisis utiliza la normativa sobre hostigamiento sexual vigente a la fecha, incluyendo las disposiciones de Servir, como la que regía hace diez años atrás cuando ocurrieron los hechos del caso, así como doctrina nacional y extranjera, especialmente norteamericana. Además, se yuxtapone la configuración del hostigamiento sexual como falta disciplinaria con la libertad sindical y la protección contra el despido por actos antisindicales contra un dirigente sindical. Como gran conclusión se tiene que el trabajador del caso sí cometió actos de hostigamiento sexual contra una practicante, pero, por la regulación de la época (2012), no logró alcanzarse la suficiencia probatoria para acreditar la realización de las conductas de hostigamiento sexual. En ese sentido, no estamos ante un despido nulo porque este no se dio como represalia a la actividad sindical del trabajador en su calidad de dirigente, pero sí ante un despido arbitrario de tipo injustificado, por lo que, si bien la reposición laboral no es una opción, sí pudo haberse dado una indemnización por despido arbitrario. / This paper it is about sexual harassment in Peru, including the elements that make it up and the standard of proof. The following investigation analyses a juditial case of a private regime worker, but in a public law entity. To achieve that, we study the legal regulation on sexual harassment and their evolving in time, including the Servir legal rules, as well as national and foreign doctrine, especially North American. We also analyze wich rol plays sexual harassment with syndical freedom and anti-union practices. The main conclusion is that the union leader did commit sexual harassment against a trainee, but, due to the legal regulation of the time (2012), the standard of proof was not achieved to prove misconduct. For that reason, we are not dealing with a null dismissal because it was not in retaliation for the union activity, but rather an unjustified arbitrary dismissal. So, although the job reinstatement is not an option, compensation for arbitrary dismissal could have been given.

En el presente artículo académico se examina la importancia de la participación y representación femenina en las organizaciones sindicales así como la necesidad de implementar medidas destinadas a garantizar su incorporación efectiva y real en las mismas. Para ese propósito, en base a información brindada por la Autoridad Administrativa de Trabajo, por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, por testimonios de propias mujeres, entre otros, se examina el estado actual de la participación de la mujer en el mercado laboral peruano y de su intervención en las organizaciones sindicales. Asimismo, a través del presente artículo académico se examinan los principales obstáculos para su integración y participación en el mundo sindical, poniendo especial énfasis en la realización de la doble jornada laboral por parte de las mujeres y en la estructura de las organizaciones sindicales. Teniendo ello en cuenta, se examinan posibles soluciones, a la luz de la experiencia internacional.

En el presente trabajo de investigación, se realiza un análisis sobre la regulación existente en materia de tercerización de servicios para el sector minero, y en específico, para el caso de una contratista minera debidamente inscrita ante la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. Ello a fin de establecer en qué supuestos se ejecuta una tercerización de servicios válida en el sector minería, a partir de la compatibilización de la regulación sectorial y general vigente. El objetivo del trabajo, es brindar una aproximación a dicha regulación que converge, y postular una propuesta interpretativa que permita compatibilizar la normativa general y sectorial. A partir de ello, se pretende fijar las bases necesarias para una tercerización que tenga, en primer lugar, un objeto válido; y en segundo lugar, que cumpla con las exigencias legales que el ordenamiento dispone para el caso específico de la contratista minera. Se procura revelar las principales dificultades que se presentan en la aplicación normativa de esta materia a los hechos, debido a las particularidades del sector. De igual modo, se ensayan algunas pautas básicas para el diseño de una herramienta de gestión futura, que permita desarrollar o ejecutar una tercerización de servicios válida en la relación sostenida entre titulares mineros y contratistas mineras. Esto último, sobre la base del contexto y de las particularidades del sector y atendiendo a cuatro momentos clave de la relación: i) en la búsqueda del proveedor idóneo, ii) al momento de la contratación, iii) en la ejecución de los servicios, y iv) en la conclusión de los mismos. Es posición de esta autora que sólo comprendiendo todas estas etapas antes detalladas se podrá concluir en una gestión adecuada de la tercerización. / This research work, analyses the existing regulation on the outsourcing of services in the mining sector, specifically for mining contractors duly registered with the General Directorate of Mining of the Ministry of Energy and Mines. The purpose is to determine the conditions under which valid outsourcing of services in the mining sector takes place, based on the compatibility of the sectoral and general regulations in force. The purpose of this paper is to provide an approach to such converging regulation and to postulate an interpretative proposal that allows the compatibility of the general and sectoral regulation. On this basis, the aim is to establish the necessary bases for an outsourcing that has, firstly, a valid object; and secondly, that complies with the legal requirements that the legal system provides for the specific case of the mining contractor. An attempt is made to reveal the main difficulties that arise in the regulatory application of this matter to the facts, due to the particularities of the sector. Likewise, some basic guidelines are tested for the design of a future management tool, which allows developing or executing a valid outsourcing of services in the relationship between mining owners and mining contractors. The latter, based on the context and particularities of the sector and taking into account four key moments of the relationship: i) in the search for the suitable supplier, ii) at the time of contracting, iii) during the execution of the services, and iv) at the conclusion of the services. It is the author's position that only by understanding all these stages detailed above will it be possible to conclude in an adequate outsourcing management. / Trabajo académico

Este informe tiene la finalidad de aclarar el criterio de contratación de los trabajadores con cargo de confianza en el sector público, así como determinar si la conclusión de la relación laboral por la pérdida o retiro de la confianza afectan derechos fundamentales a la igualdad, no discriminación, derecho al trabajo y vida digna. En este sentido, es necesario evaluar la normativa de acceso al servicio público, como las diferentes jurisprudencias y pronunciamientos de entidades facultadas o cuya competencia en sus informes sirven como guía para entender como funcionan las contrataciones laborales en el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa de remuneraciones del Sector Publico. Para ello, será necesario establecer la distinción de la contratación de esta categoría especial tanto en el sector privado como en el sector público. Y en este último caso, las forma de como se llega a la designación que puede ser remoción o por designación cuya distinción es la forma de acceso a la entidad, es decir si la persona ingreso de manera general mediante concurso público u orden de mérito. Finalmente, determinar si el retiro de la confianza genera vulneración de derechos fundamentales que van en contrario con la normativa publica de la contratación cuya finalidad es de interés público y que de manera universal prevalecerá la jerarquía de los derechos fundamentales a la libertad y vida digan que engloba todos los demás derechos laborales. / The purpose of this report is to clarify the criteria for hiring workers with positions of trust in the public sector, as well as to determine whether the termination of the employment relationship due to the loss or withdrawal of trust affects fundamental rights to equality, non-discrimination, right to work and decent life. In this sense, it is necessary to evaluate the regulations on access to public service, as well as the different jurisprudences and pronouncements of entities empowered or whose competence in their reports serve as a guide to understand how labor hiring works in Legislative Decree No. 276, Law of Bases of the Administrative Career of Public Sector Salaries. For this purpose, it will be necessary to establish the distinction of hiring in this special category both in the private sector and in the public sector. And in the latter case, the manner in which the appointment is made, which may be by removal or by designation, the distinction being the form of access to the entity, i.e. whether the person enters in a general manner through public competition or order of merit. Finally, determine whether the withdrawal of trust generates violation of fundamental rights that go against the public rules of hiring whose purpose is of public interest and that universally prevail the hierarchy of fundamental rights to liberty and life, which encompasses all other labor rights. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación busca brindar una solución armónica a los supuestos de reincorporación laboral en el sector público, a efecto de que pueda haber una compatibilización entre las normas del régimen laboral público y privado que intervienen en este proceso, teniendo como base el análisis del precedente Huatuco, con el ánimo de desarrollar todo lo concerniente a la reposición laboral en el sector público, teniendo en cuenta además lo que desarrolla la legislación y jurisprudencia. Siendo así, el presente tema de investigación permitirá establecer una interpretación constitucional y armónica entre los principios y derechos fundamentales que entran en conflicto, tanto del sector público, como del privado, en donde se procederá a estudiar las posibles formas de solución en casos de colisión de principios, optando por el método del test de proporcionalidad como el método idóneo de solución, ello con la finalidad de realizar en el presente trabajo de investigación dicho test, teniendo como base el estudio de los conceptos de principio, reglas y normas, además de inspirarnos en la ratio legis de las normas que intervengan en este proceso. Para ello, el método de trabajo que se empleara para la realización del presente trabajo de investigación es el método exegético, dogmático y funcional; puesto que, a partir de casos empíricos -jurisprudencia nacional- procederé a desarrollar los conceptos relevantes que engloban al tema de investigación, teniendo como base la doctrina, para paralelamente realizar una interpretación constitucional de las normas que ello englobe.

La presente tesis analiza el derecho a la seguridad social de los repartidores por aplicativo en el Perú. El servicio de entrega a domicilio mediante el uso de plataformas digitales es un novedoso modelo empresarial que utiliza aplicaciones móviles con acceso a internet para coordinar la entrega de productos de diversa índole en zonas de reparto previamente establecidas. Por la forma de su funcionamiento, este servicio no se enmarca fácilmente en el esquema clásico de las relaciones de trabajo. En los últimos años se ha debatido arduamente sobre la naturaleza de la relación existente entre los repartidores y las empresas dueñas de las aplicaciones; no obstante, aún no se logra un consenso definitivo. No obstante, independientemente de si existe o no una relación laboral entre los sujetos involucrados, se puede observar que, por la naturaleza de las funciones que realizan, este grupo de trabajadores se expone cotidianamente a circunstancias peligrosas, y a pesar de ello carecen de la protección necesaria para enfrentar las contingencias que ponen en riesgo su bienestar. En ese sentido, el presente trabajo tiene como objetivo determinar cómo se puede proteger el derecho a la seguridad social de los repartidores por aplicativo de manera efectiva. Para ello, primero es necesario comprender cómo funciona este modelo empresarial, luego se debe reconocer cómo está regulado el derecho a la seguridad social actualmente y determinar si dicha protección alcanza a este sector. Asimismo, habrá que identificar cuáles son los riesgos a los que están expuestos ya que a partir de ello se ideará la forma de garantizar la protección del derecho a la seguridad social de los repartidores por aplicativo en el Perú. Una vez completado dicho análisis, se planteará una propuesta legislativa que regule y garantice la protección del derecho a la seguridad social de este grupo de trabajadores, ello fundamentado no en la existencia de un vínculo laboral entre la plataforma digital y los repartidores; sino en los peligros que existen durante el desarrollo de esta actividad.

El presente trabajo de investigación tiene como propósito demostrar que la contratación a tiempo parcial, pese a las presuntas ventajas que supone para el empresario, determinadas principalmente por su bajo costo laboral y la posibilidad de adecuar la mano de obra a las necesidades empresariales propias de la organización, no ha alcanzado las dimensiones esperadas en cuanto a su uso, ni tampoco ha tenido un impacto significativo en la formalización del empleo en nuestro país, habiendo terminado por precarizar el empleo y en muchos casos nos encontraríamos, bajo su sombra, ante un subempleo visible. Para ello, el presente trabajo ha tomado como un importante insumo algunos datos estadísticos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; habiendo empleado para su desarrollo y estructuración los métodos de argumentación jurídica, descriptivo y comparado. De este modo, se evidencia que no ha habido un impacto significativo en el uso de la contratación a tiempo parcial por parte del empresariado peruano, más aún si se tiene en cuenta que en realidades socioeconómicas medianamente similares, como la chilena y la colombiana, este mecanismo de contratación laboral es hasta casi cuatro veces más utilizado. En dicho escenario consideramos que el régimen de la contratación a tiempo parcial debe ser puesto en perspectiva y reconducirse hacia los colectivos que presentan mayores dificultades para el acceso al mercado laboral formal, utilizándose como una herramienta de política pública focalizada para promover la inserción laboral de jóvenes recién egresados de escuelas de educación secundaria, jóvenes estudiantes de carreras técnicas o universitarias, personas a cargo de responsabilidades domésticas y adultos mayores próximos a alcanzar la edad que les permita obtener una pensión de jubilación.

En el presente estudio nos aproximamos al Procedimiento administrativo de cese colectivo por motivos económicos a partir de una visión crítica de dicho procedimiento, el mismo que, a nuestro entender, adolece de garantías propias del derecho administrativo. Así, el estudio plantea como objetivo brindar alternativas de solución al curso del procedimiento antes señalado, a fin de brindar contenido y respeto a los derechos de los trabajadores que pudieran ser afectados al término del procedimiento, evitando así el tener que acudir a la judicatura para salvaguardar dichos derechos. En ese sentido, resulta vital que se desarrollen mecanismos jurídicos que permitan a los administrados (en este caso, a los empleadores), obtener un pronunciamiento por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo que les genere la seguridad jurídica necesaria a partir de claridad en el mismo procedimiento. Por ello, resulta esencial recurrir a los principios del derecho administrativo a fin de que ilumine el procedimiento administrativo de cese colectivo por motivos económicos, pues el resultado de este va a repercutir no sólo en los empleadores sino, sobre todo, en los trabajadores. De esta manera, precisar plazos, otorgar contenido a lo requerido por la Autoridad Administrativa de Trabajo, y exigir un cabal cumplimiento de los pasos del procedimiento administrativo, nos permitirá tener las reglas claras en un escenario particularmente complejo como lo es la estabilidad laboral ante la inminente quiebra de una empresa.

Con la entrada en vigencia de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR, se establecieron diversas disposiciones para garantizar la seguridad y salud en todos los ambientes de trabajo. Estos dispositivos normativos generaron que se otorgue la importancia debida a un campo tan sensible como es la vigilancia de la salud de los trabajadores.

El presente trabajo tiene por objeto desarrollar un análisis jurídico de la problemática del tratamiento indemnizatorio de dos categorías laborales que desde su origen histórico han estado interrelacionadas: los trabajadores de dirección y los de confianza. Si bien es cierto la regulación aplicable a ambas categorías no fue uniforme, con el transcurso del tiempo y sobre todo, con la aplicación de los distintos regímenes legales sobre estabilidad en el empleo, se tendió a unificar su tratamiento indemnizatorio. La jurisprudencia, tanto laboral como constitucional, contribuyó a la aplicación de lo que en el presente trabajo, se ha calificado como tratamiento indemnizatorio “dual”, por cuanto no admite matices diferenciadores entre los trabajadores de dirección -que “hacen las veces” de empleador- y los de confianza, cuya seña de identidad es el depósito de reserva y confidencialidad que le atribuye el propio personal de dirección, lo que restringe su tutela de protección a la esfera indemnizatoria. El problema de fondo es que un último Pleno Jurisdiccional Supremo ha uniformizado el tratamiento indemnizatorio, excluyendo de la tutela resarcitoria no sólo a los trabajadores de dirección, sino también a los trabajadores de confianza, bajo ciertas condiciones, claro está. Por lo tanto, ello justifica un análisis jurídico del sustento de esta clasificación “dual”, no sólo a la luz de criterios jurisprudenciales, sino partiendo de la premisa que es necesario regular por vía legislativa esta materia, buscando un tratamiento indemnizatorio acorde con la naturaleza jurídica de cada categoría, de cara a proponer una regulación específica en las normas aplicables dentro del régimen laboral de la actividad privada, en forma análoga a la regulación que existe sobre esta materia en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, ciertamente con sus matices particulares.