Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El monopolio estatal de la posesión y tenencia de armas está garantizado en el artículo 103 de la Carta Fundamental, el cual entrega regulación de su control a una ley de quórum calificado: ésta es la Ley Nº 17.798 de Control de Armas, que establece una serie de delitos con el fin de limitar al máximo el acceso a las armas por parte de la población. Esta investigación trata sobre dos reformas específicas que la referida Ley sufrió en el año 2015: la que elimina la posibilidad de aplicar las reglas generales de determinación de la pena, en especial, las reglas referidas a las agravantes y atenuantes, en las condenas por los delitos contemplados en esta Ley y; la que establece un catálogo de delitos respecto de los cuales no será procedente la aplicación de penas sustitutivas. Se analizarán los argumentos esgrimidos por el Tribunal Constitucional tanto para acoger como para rechazar los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad a que han dado lugar estas dos modificaciones de la Ley, y se cuestionará la legitimidad de dichas prohibiciones a la luz de diversos principios del Derecho penal, para finalmente proponer la conveniencia de declarar su inconstitucionalidad o, derechamente, instar por su derogación. / 26/04/2020

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho público) / El presente trabajo analizará el origen, naturaleza y efectos del control de constitucionalidad y el control de convencionalidad interno, identificando las diferencias existentes entre ambos, proponiendo que en nuestro país ambos controles normativos no son asimilables y, por tanto, no pueden ser aplicados de manera simultánea por el Tribunal Constitucional.

El presente informe jurídico tiene como objetivo realizar un análisis acerca de la sentencia N° 778/2020, emitido por el Tribunal Constitucional, a la luz de la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo, ante el menoscabo de sus competencias, contra el Congreso de la República, quien, en aplicación a sus atribuciones constitucionales, intentó, en un primer momento, vacar del cargo al presidente de la República y, en un segundo momento, logró dicho objetivo. Esta sentencia representa una oportunidad para lograr un análisis acerca de la institución de la vacancia presidencial bajo la causal de la permanente incapacidad moral, la cual, en los últimos años, ha sido constantemente mencionada y utilizada, sin detenerse a determinar su contenido de una manera tal, que sea de ayuda a la continuidad política y social del país. Para ello, se analizan los principales conceptos que el caso amerita como la permanente incapacidad moral y la vacancia presidencial, así como determinar si existe una garantía procedimental para, finalmente, desarrollar un análisis acerca de la sentencia en estricto, precisando, las consecuencias que ha traído la figura de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral en nuestro país en la búsqueda de concientizar a la opinión pública acerca de la relevancia de esta figura y, de esa manera, pueda concluirse en un uso adecuado de la institución jurídica de la vacancia presidencial siempre considerando el bienestar institucional y jurídico del país.

La explicación de los precedentes vinculantes en el ordenamiento constitucional peruano importa una labor en la cual se avizoran distintos contextos: de un lado se ha ido afianzando como categoría normativa dentro del sistema de fuentes que comunica la jurisdicción constitucional peruana y de otro lado, ha distinguido una estructura de suma polémica entre los jueces del Poder Judicial, en tanto se ha avispado su carácter de coerción y restricción como categoría sui generis respecto de la interpretación jurídica en general. Pese a este pormenor, suele afirmarse persuasivamente, que las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes; sin embargo, no siempre quedan claros los alcances y matices de esta expresión. La presente investigación científica cualitativa está estructurada en tres partes. La primera parte dedicada a la interpretación constitucional y el neoconstitucionalismo como un nuevo modelo institucional del derecho. La segunda parte está dedicada a la teoría argumentativa general del precedente vinculante y sus aspectos conceptuales básicos. Y finalmente, la tercera parte de la tesis se denomina: exploración al precedente constitucional vinculante a partir de la exégesis del Código Procesal constitucional y la interpretación del Tribunal Constitucional peruano: marco legal y jurisprudencial. En definitiva, la visión del TC se deduce de toda una doctrina muy presente en la literatura jurídica contemporánea denominada neoconstitucionalismo, que se refleja en la llamada constitucionalización del ordenamiento jurídico.

El objetivo del presente trabajo es demostrar que la regla establecida por el Tribunal Constitucional en el precedente Vásquez Romero resulta adecuada para armonizar su rol de último garante de los derechos fundamentales y su rol de tribunal de casos. El análisis jurídico parte del hecho de que esta última función deriva en una sobrecarga procesal que, a su vez, dificulta la labor de brindar tutela de urgencia en las causas que realmente lo ameritan. Así, conforme a los criterios desarrollados por el profesor Marinoni para controlar la insuficiencia normativa para garantizar el derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva, se concluye que las causales de rechazo del RAC resultan idóneas para concentrar los recursos institucionales del Tribunal Constitucional y, a su vez, no desnaturalizan su rol de tribunal de casos, pues permiten descartar causas en que no medie necesidad de tutela de urgencia desde una dimensión subjetiva. Asimismo, en el presente trabajo se demuestra por qué las pretensiones planteadas por la señora Francisca Lilia Vásquez Romero deben ser desestimadas, tanto si se emite un pronunciamiento sobre el mérito como sobre su procedencia. Se trata de lo que se denomina un caso fácil, respecto al cual la jurisprudencia del Tribunal Constitucional resulta armónica; aunque, pese a ello, se detectan algunas deficiencias argumentativas del Tribunal Constitucional al declarar infundadas ambas pretensiones

El presente trabajo analiza la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N.° 00009-2014-AI/TC que declara fundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 5 de la Ley N.° 29720, que promueve las emisiones de valores mobiliarios y fortalece el mercado de capitales. Para ello utilizaremos el método deductivo y descriptivo, comenzando por analizar los argumentos centrales del Tribunal Constitucional desde la titularidad de los derechos fundamentales hasta el núcleo duro del derecho a la intimidad en su dimensión económica y su afectación en el caso concreto. Este último análisis se dará desde el test de proporcionalidad como herramienta casuística para evaluar la constitucionalidad de un eventual conflicto de derechos fundamentales. Con ello, determinaremos si la conclusión a la que llegó el Tribunal Constitucional respecto al subprincipio de idoneidad es correcta pues, en sus palabras, no existe una relación entre la medida legislativa analizada y el fin de la transparencia del mercado. Sin embargo, luego del análisis de la aplicación de los subprincipios del test de proporcionalidad en la presente sentencia (específicamente, del de idoneidad y necesidad), consideramos que, a pesar de que el Tribunal Constitucional llegó a una decisión correcta en mayoría, debe aplicar criterios más rigurosos al momento de ponderar entre derechos fundamentales. Por ello, finalizamos el presente trabajo con una incipiente propuesta consistente en el análisis de intensidades en el subprincipio de idoneidad y en el análisis de las perspectivas en el subprincipio de necesidad, con la finalidad de incrementar el estándar argumentativo actualmente empleado para el test de proporcionalidad. / The following study reviews the ruling of the Constitutional Tribunal in Case N.° 00009- 2014-AI/TC, which declares the unconstitutionality of article 5 of Law N.° 29720. To do so, we will use the deductive and descriptive method, starting by a general study of the Peruvian unconstitutionality process and its main characteristics (parameter of control, object of control, effects of the judgment and basic principles of constitutional interpretation) and then delving into the central arguments of the claim and of the Constitutional Court that underpinned the decision. To do so, we will use the deductive and descriptive method, starting by analysing the main arguments of the Constitutional Tribunal from the entitlement of fundamental rights to the right to be alone in its economic dimension and the specific impacts in this case. This analysis will be based on the balancing test as a case-by-case tool for assessing the constitutionality of conflict between constitutional rights. In Doing so, we will examine the test carried out by the Constitutional Tribunal in the decision, with the aim of determining whether the conclusion it reached regarding the sub-principle of adequacy is correct, since, in its words, there is no correspondence between the legislative measure in question and market transparency as an end. However, after having analysed the application of the subprinciples of the balancing test in this ruling (specifically, the adequacy and necessity), we believe that, even though the Constitutional Tribunal reached a correct ruling in the majority, it should adopt more rigorous standards when weighing between fundamental rights. For this reason, we conclude this paper with an incipient proposal consisting of the analysis of intensities in the subprinciple of adequacy and the analysis of perspectives in the subprinciple of necessity, with the purpose of raising the argumentative standard currently used for the balancing test.

Estado Constitucional de Derecho en que los derechos fundamentales realmente sean vinculantes para los jueces, en que los derechos sean tomados en serio. El análisis desarrollado en el presente trabajo implica reconocer la existencia de la doble dimensión de los derechos fundamentales y cómo esta implica al juez asumir un rol dual en la protección de los derechos fundamentales. Así, no solo deben hacerse valer los derechos fundamentales como meros derechos, sino como valores básicos reconocidos en una sociedad democrática que el Estado, y en especial los jueces, se ha comprometido a hacer valer. Es, por ello, que se considera que la falta de protección de los derechos fundamentales en un caso en que estos se vulneren o se vean amenazados solo resulta aceptable cuando existan limitaciones en la comprensión de los jueces respecto a las implicancias de esos valores básicos. He ahí el momento en que se justifica la intervención del Tribunal Constitucional para la protección de los derechos fundamentales: desarrollar, explicar y defender los derechos fundamentales desde su comprensión como integrantes de la piedra angular en que se construye el Estado Constitucional de Derecho. Así, su rol ha de ser tutelar la dimensión objetiva de los derechos fundamentales.

El caso Llamoja brindó parámetros para la motivación es así que algunos de estos parámetros fueron usados en el ámbito arbitral para esclarecer cuando una motivación es adecuada o inadecuada. El presente artículo académico tiene como finalidad explicar porque es adecuado o inadecuado el uso de ciertos parámetros establecidos en Llamoja para el recurso de anulación del laudo. En primer lugar, centro la exposición en explicar qué parámetro no se usa en el recurso de anulación: Motivaciones cualificadas. En segundo lugar, desarrollo qué parámetros sí se usan y me enfoco en la a) Inexistencia de motivación o motivación aparente b) Falta de motivación interna de razonamiento, c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de premisas y d) La motivación sustancialmente incongruente. Asimismo, me centro en el parámetro de la motivación insuficiente para determinar tres razones principales por las que considero que es un parámetro problemático. La primera, es que analiza el fondo de la materia, la segunda que presenta subjetividad del juez, la tercera que no cumple con el hecho de que la motivación sea una garantía de la jurisdicción. Finalmente, llego a la conclusión de que la motivación insuficiente implica un grado alto de subjetividad por lo que no es adecuado su uso en el arbitraje. / The Llamoja case provided parameters for motivation, so some of these parameters were used in the arbitration field to clarify when a motivation is adequate or inadequate. The purpose of this academic article is to explain why the use of certain parameters established in Llamoja for the appeal for annulment of the award is appropriate or inappropriate. First of all, in the center of the presentation, explain what parameter is not used in the annulment appeal: Qualified reasons. Secondly, I develop what parameters are used and focus on a) Lack of motivation or apparent motivation b) Lack of internal reasoning motivation, c) Deficiencies in external motivation; justification of premises and d) Substantially incongruent motivation. Additionally, I focus on the parameter of insufficient motivation to determine three main reasons why I consider it a problematic parameter. The first is that it analyzes the substance of the matter, the second that it presents the subjectivity of the judge, the third that it does not comply with the fact that the motivation is a guarantee of jurisdiction. Finally, I conclude that insufficient motivation implies a high degree of subjectivity, which is why its use in arbitration is not appropriate. / Trabajo académico

El presente trabajo tiene por objetivo analizar la sentencia del Tribunal Constitucional peruano N° 00032-2021-PI/TC, “Caso de la cuestión de confianza II”, por el cual el Poder Ejecutivo interpone demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 31355, Ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú”, la cual fue aprobada por insistencia y promulgada por el Congreso de la República. Tratándose de un proceso de inconstitucionalidad, se requerían cinco votos para declarar la demanda fundada y, consecuentemente, inconstitucional la ley impugnada. Sin embargo, este hecho no se produjo, pues cuatro magistrados emitieron votos singulares declarando infundada la demanda y sólo dos magistrados votaron a favor de declarar la inconstitucionalidad de la Ley N° 31355. En ese sentido, en el presente trabajo se sostendrá que, contrariamente a lo decidido por el Tribunal Constitucional, la Ley N° 31355 es inconstitucional, tanto por la forma como por el fondo. Para ello, se seguirá la estructura propuesta por el exmagistrado Espinosa-Saldaña en su ponencia, incluyendo las consideraciones expuestas por los demás magistrados en sus votos singulares. Así, en primer lugar, se realizará el examen de constitucionalidad formal de la Ley N° 31355. De un lado, se pondrá de manifiesto que el contenido material de la ley impugnada modifica el marco jurídico - constitucional actual, en virtud de lo cual su aprobación debió darse mediante ley de reforma constitucional y no a través de una ley ordinaria. De otro lado, se analizará el exceso del Congreso de la República en el ejercicio de sus competencias establecidas en el artículo 102.1 de la Constitución, respecto de su atribución para interpretar las leyes. En segundo lugar, se realizará el examen de constitucionalidad sustantiva de la Ley N° 31355. Para ello se desarrollará un breve repaso sobre la naturaleza, objeto y alcances de la cuestión de confianza en el texto constitucional peruano. Acto seguido, se abordarán los límites que la Ley N° 31355 establece a la cuestión de confianza y cómo estos vulneran el principio constitucional de separación y equilibrio de poderes. Finalmente, se desarrollará la vulneración de las competencias del Tribunal Constitucional frente al desconocimiento de su doctrina jurisprudencial por parte del Congreso de la República. / The objective of this paper is to analyze the sentence of the Peruvian Constitutional Court No. 00032-2021-PI/TC, "Case of the question of trust II", by which the Executive Branch files a claim of unconstitutionality against Law No. 31355, "Law that develops the exercise of the matter of trust regulated in the last paragraph of article 132 and in article 133 of the Political Constitution of Peru", which was approved by insistence and promulgated by the Congress of the Republic. In the case of an unconstitutionality process, five votes were required to declare the claim founded and, consequently, the challenged law unconstitutional. However, this fact did not occur, since four magistrates issued separate votes declaring the lawsuit unfounded and only two magistrates voted in favor of declaring Law No. 31355 unconstitutional. In this sense, in the present work it will be argued that contrary to what was decided by the Constitutional Court, Law No. 31355 is unconstitutional, both in form and substance. To do this, it will follow the structure proposed by Judge Espinosa-Saldaña in his presentation, including the considerations set forth by the other judges in their individual votes. Thus, in the first place, the formal constitutionality examination of Law No. 31355 will be carried out. On the one hand, it will be shown that the material content of the contested law modifies the current legal-constitutional framework, by virtue of which its Approval should have been through a constitutional reform law and not through an ordinary law. On the other hand, the excess of the Congress of the Republic will be analyzed in the exercise of its powers established in article 102.1 of the Constitution, regarding its attribution to interpret the laws. Second, an examination of the substantive constitutionality of Law No. 31355 will be carried out. For this, a brief review of the nature, object, and scope of the question of trust in the Peruvian constitutional text will be developed. Then, the limits that Law No. 31355 establishes to the question of trust will be addressed, and how these violate the constitutional principle of separation of powers, which includes the balance and balance of powers; and, finally, will be addressed the violation of the powers of the Constitutional Court against the lack of knowledge of its jurisprudential doctrine by the Congress of the Republic.

El presente trabajo analiza la sentencia N° 04539-2012-PA/TC del Tribunal Constitucional en la cual se resuelve el caso seguido por el Sindicato de Trabajadores Tributarios Aduaneros contra SUNAT, quienes reclamaban gozar su descanso durante los días feriados del año. La elección de la resolución se justifica en la aplicación del control difuso de una norma reglamentaria por parte del Tribunal Constitucional (TC); además, los magistrados declaran nulas las sanciones por interrupción de labores de los trabajadores, dando pie a cuestionarnos sobre aspectos referidos al derecho de resistencia de los trabajadores. A partir de ello, planteamos el mal análisis realizado por el TC respecto a las sanciones laborales declaradas nulas, debido al rol fundamental que cumplían estos trabajadores en aras del buen funcionamiento de la administración pública. En ese sentido, se concluye que SUNAT puede obligar a laborar los días feriados a sus trabajadores sin que éstos tengan la posibilidad de interrumpir sus labores frente a un incumplimiento en el otorgamiento de beneficios