Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El Capítulo I “La sociedad, el conflicto y sus formas de solución” brinda las nociones básicas para comprender cómo los conflictos inciden en el comportamiento de la sociedad. En este sentido, se hace indispensable determinar cuándo las controversias adquieren una relevancia tal que obligan al cuerpo social a adoptar medidas de solución que propendan al respeto de los derechos particulares y a la debida observancia del ordenamiento jurídico. Por ello, se estudian los tres métodos de solución de conflictos, a saber, la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. El Capítulo II “El Conflicto Ambiental” aborda el estudio de esta clase de controversias desde una perspectiva sociológica. Se trata entonces de una delimitación de su análisis a la generalidad de las controversias en que se suscitan en el seno de la sociedad, sin analizar su contenido desde el ámbito jurídico. De esta forma, se ve qué rol cumplen el Estado, la comunidad y los sectores productivos en la génesis, desarrollo y solución en lo que se denomina “conflictos socioambientales”. Finalmente, se analiza cómo el Sistema Normativo Ambiental vigente en nuestro país se hace cargo de estas controversias, determinando en qué momento éstas son jurídicamente trascendentes. El Capítulo III “El Litigio Ambiental” estudia los conflictos ambientales desde una perspectiva jurídica. El objetivo es establecer qué características lo diferencian de los conflictos ambientales, pues entre éstos y aquellos existe una relación de género a especie. En consecuencia, y valiéndome de la Ley 20.600 que crea los Tribunales Ambientales, se establece cuál es el objeto de la pretensión y quiénes son los sujetos activos y pasivos de estos litigios. Seguidamente, se proponen tres funciones que deberá ejercer la Judicatura Ambiental en el conocimiento de los litigios ambientales: la función revisora, la función contralora y la función instructora. Para cada una de ellas se presenta su forma de ejercicio, así como sus consecuencias en la tramitación de estos procedimientos. Finalmente, se analizan los mecanismos de solución de conflictos que prescribe la LTA. En lo que respecta a la conciliación en los procedimientos de reparación del medio ambiente dañado, se recurrirá a lo dispuesto ii en el Código de Procedimiento Civil, pues la naturaleza de esta institución procesal como trámite esencial de primera instancia en los juicios ordinarios de mayor cuantía le es aplicable a la conciliación tratada en la Ley 20.600, habida consideración del carácter general y supletorio del procedimiento contemplado en el Código Adjetivo. En cuanto a los demás procedimientos que estatuye la ley en comento, su estudio se aborda desde los Principios Formativos del Procedimiento, entregando al lector una visión acabada de las principales normas aplicables a la sustanciación de la litis. El Capítulo IV “La Independencia y la Imparcialidad de la Judicatura Ambiental” examina cómo la Ley 20.600 recoge los derechos y garantías que emanan del Debido Proceso. Para ello, se revisa el catálogo de facultades que propone la doctrina estableciendo cuál es el artículo que la recoge. Luego, se estudia la Independencia de los Tribunales Ambientales en su triple acepción, es decir, la independencia orgánica, funcional y personal de los órganos jurisdiccionales, con el objeto de determinar si la Ley que crea los Tribunales Ambientales tiene la aptitud suficiente para asegurar la independencia de esta judicatura especializada. Finalmente, se analiza la imparcialidad de los Tribunales Ambientales y qué actitud debiesen tomar sus Ministros en el conocimiento de los litigios ambientales. El Capítulo V “Los Ministros de la Judicatura Ambiental” pretende analizar desde una perspectiva práctica los estándares de independencia e imparcialidad contemplados en la Ley 20.600, y comprobar su aptitud para asegurar, en la labor jurisdiccional, los principios señalados. Para ello, se examinan los requisitos para acceder al cargo de Ministro, su sistema de nombramiento, las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que deben observar en su ejercicio, así como las causales de cesación en el cargo. En base a este estudio, se determinan los aciertos y las falencias del modelo regulatorio escogido

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo dilucidar si en nuestro país existe efectivamente en la actualidad, una judicialización de los proyectos de inversión en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que a priori creemos que es correcto. Para comprobar nuestra hipótesis, hicimos una revisión de las distintas instituciones que participan en la evaluación ambiental, directa o indirectamente, dividiendo el trabajo en 4 grandes capítulos. En primer lugar revisamos someramente la historia de la legislación ambiental en nuestro país, ahondando específicamente en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En segundo lugar, tratamos de la acción de protección en términos generales, y específicamente la garantía constitucional del artículo 19 nº 8 de la Constitución Política de la República. En tercer lugar, nos referimos al Tribunal Ambiental, repasando el proyecto de ley presentado, la discusión parlamentaria para llegar a la dictación de la Ley N° 20.600, y revisamos cada una de las competencias contenciosas administrativas respecto a los actos emanados del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental entregadas al Tribunal Ambiental. Finalmente, realizamos un análisis 9 comparativo entre la acción de protección y las acciones propuestas en la Ley N° 20.600. Concluimos que no nos parece hablar de una judicialización de proyectos de manera negativa, ya que ésta no ha aumentado de manera considerable. Por otro lado, sí se hace necesario contar con mecanismos de solución de controversias claros, determinados, y que les den garantías a todos los actores

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La presente memoria aborda un breve análisis de los Tribunales Ambientales en cuanto a su naturaleza jurídica, las razones del legislador para crearlos, su proceso de implementación en nuestro sistema jurídico-legal considerando su naturaleza de Tribunales Especializados de lo Contencioso Administrativo, y las críticas que han surgido respecto de estas nuevas instituciones. Se estudia, en particular, el recurso de casación contemplado en la Ley Nº 20.600 para las sentencias definitivas dictadas por estos nuevos Tribunales y para ello se enfatizarán dos aristas; primero, si el recurso contemplado de casación tanto en la forma y en el fondo cumple con los estándares y finalidades de una casación en su sentido tradicional, es decir, como un recurso de nulidad y no de mera enmienda como el de apelación. Para ello, se estudian los recursos en general desde una perspectiva procesal y dogmática, con especial énfasis en la casación. En segundo término, se investiga si la casación del artículo 26 como actualmente está planteada y su conocimiento en la práctica por la Corte Suprema, permite cumplir los objetivos que la ley se propone acorde con la nueva institucionalidad ambiental, conteniendo entre otros aspectos, un cierto grado de deferencia, respetando prima facie la especialidad técnica de los jueces ambientales. Se efectúa a su vez un análisis de la legislación positiva de la Ley Nº 20.600 utilizando para ello sus fuentes históricas, principalmente las discusiones durante su elaboración, para de esta manera esbozar el espíritu que persiguió plasmar el legislador y determinar si se discutieron adecuadamente los aspectos y consecuencias jurídicas del régimen recursivo establecido. Finalmente, se estudia la experiencia del Tribunal de Defensa de Libre Competencia en cuanto al conocimiento de su recurso de reclamación por parte de la Corte Suprema. Por tanto, la investigación en una primera fase es normativa en cuanto se examina la Ley N° 20.600, dogmática en cuanto a la naturaleza de los recursos procesales, y por último, jurisprudencial en tanto se revisan los fallos que hasta mayo del año 2015 ha emitido la Corte Suprema conociendo de la casación del artículo 26

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación, comienza con la exposición del sistema de responsabilidad civil como mecanismo de prevención y reparación del daño ambiental, comúnmente recogido en diversas legislaciones, e incluida en el Derecho chileno a partir de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Esta ley, establece un régimen general de responsabilidad basado en la culpa del autor del daño ambiental, el que contempla ciertos matices, tales como las presunciones de culpabilidad que invierten la carga probatoria en favor de la víctima de un daño ambiental, entre otros. En los capítulos siguientes, se describe y analiza especialmente la presunción de culpabilidad del artículo 52 de la Ley N° 19.300, con el objeto de determinar su alcance normativo, para enseguida estudiar los fallos de la Excelentísima Corte Suprema, y de los Tribunales Ambientales de Santiago y Valdivia que aplican la presunción, examinando su incidencia práctica y su evolución, para finalmente concluir cuáles son las tendencias jurisprudenciales en la materia.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo de investigación trata sobre la aplicación que realizan los Tribunales Ambientales del sistema de valoración de la prueba de la sana crítica en la determinación de responsabilidad por daño ambiental. En este sentido, para el desarrollo de la misma, se presenta en primer lugar una conceptualización de dicho sistema de valoración, así como una caracterización de sus principales elementos, en contrapartida a otros sistemas de valoración, como el de prueba legal o tasada y el de libre valoración de la prueba. Luego, en segundo lugar, se analiza el sistema de responsabilidad por daño ambiental contemplado en la Ley 19.300 y la Ley 20.600, y de sus principales características, así como un desarrollo pormenorizado de los requisitos para la concurrencia de ella. Finalmente, se analiza la jurisprudencia de los Tribunales Ambientales sobre responsabilidad por daño ambiental, con la finalidad de indagar en la aplicación que han hecho de la sana crítica al momento de determinar o no la concurrencia de responsabilidad ambiental. En este sentido, se presenta una breve caracterización de la evolución legislativa de este régimen de responsabilidad para luego revisar, en cada una de las sentencias de reparación de daño ambiental, tanto del 2° Tribunal Ambiental, como 3° Tribunal Ambiental, la aplicación del sistema de valoración en comento, así como de sus elementos, para la determinación de la responsabilidad por daño, presentando conclusiones a este respecto.