Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La presente memoria estudia el error de hecho en el Derecho Administrativo. Centra su análisis en la génesis, distinción y nomenclatura que se utiliza respecto de esta figura en el derecho comparado y lo contrapone con la existente en el derecho nacional, fundamentalmente en torno a las normas y principios de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado. Finalmente, se realiza un examen jurisprudencial administrativo en base a los dictámenes de la Contraloría General de la República durante los últimos 10 años donde es posible advertir los elementos prevalentes del error de hecho, sus tipos y características más distintivas.

Made available in DSpace on 2016-04-26T20:25:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Andre Luiz Freire.pdf: 1348797 bytes, checksum: 2273fc7091f7edfedb991c0dacaff88d (MD5) Previous issue date: 2007-10-26 / The main purpose of this work is to argue about the ways to continue or terminate with the agreements executed by the Estate (or its companies) that were declared invalid ( Administrative Contracts ). Starting from the premise that Administrative Contracts, as any other legal actions, insert normative rulings on the statutory law system, it is necessary to know whenever they will be considerer valid or not valid. Therefore, it shall be important, under this work, to clarify the sense of the word effectiveness . Afterwards, it will be stated the concept of Administrative Contract that is adopted herein, which is based on the principles and prerequisites of the public actions. This shall be useful for the discussion of the revalidation of the invalid Administrative Contract. Once we present, according to the Brazilian law, the concept of the invalidity and its varieties, it will broach the hypotheses for the maintenance of an invalid Administrative Contract on the statutory law, which are the revalidation, the conversion and the remedy. At last, the invalidation and the suspension of the enforcement of an invalid Administrative Contract by the Legislative Branch and by the Public Finance Court which both are means to cancel invalid Administrative Contracts shall be object of our analysis / Este trabalho tem como objetivo discorrer sobre as formas de manutenção e retirada dos contratos administrativos inválidos. Ao se partir da premissa de que um contrato administrativo, tal como qualquer outro ato jurídico, introduz normas jurídicas no sistema jurídico-positivo, será preciso antes de tudo saber quando uma norma existe para o ordenamento jurídico, bem como quando ela será considerada válida ou inválida. Além disso, será importante apontar o sentido do termo eficácia . Em seguida, indicar-se-á o conceito de contrato administrativo a ser adotado neste trabalho, procurando analisá-lo a partir dos elementos e pressupostos do ato administrativo, o que se revelará bastante útil ao se estudar a convalidação dos contratos administrativos inválidos. Depois de se apresentar o conceito de invalidade e suas espécies no direito brasileiro, abordar-se-á as hipóteses de manutenção, no direito positivo, dos contratos administrativos inválidos, quais sejam, a convalidação, a conversão e o saneamento. Ao final deste trabalho, a invalidação e a sustação dos contratos administrativos inválidos pelo Poder Legislativo e pelos Tribunais de Contas que são formas de retirada de contratos administrativos inválidos serão objeto de estudo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / En primer término, trataremos de conceptualizar el problema suscitado a raíz de la no implementación de los Tribunales Administrativos contemplados en la Constitución de 1925. Expondremos la regulación constitucional sobre la materia, la influencia del derecho europeo continental (especialmente el francés) y reseñaremos algunas de las principales opiniones doctrinales sobre el asunto. Luego, delimitaremos brevemente las instituciones de mayor relevancia para nuestro objeto de estudio, particularmente el rol del Poder Ejecutivo, la Contraloría General de la República y la Corte Suprema. En el siguiente apartado, clasificaremos la selección de jurisprudencia de manera binaria. Dividiremos los casos según si se acogió la competencia de los Tribunales Ordinarios de Justicia para conocer sobre las reclamaciones recaídas sobre los actos expedidos por la Administración, o bien, se negó. Distinguiremos también el tipo de acto administrativo impugnado, y el sector en que este acto impactó. Posteriormente, identificaremos una batería acotada de argumentos o criterios por medio de los cuales los jueces aceptaban o negaban su competencia. A partir de estas consideraciones, sostendremos que la idea de que durante la vigencia de la Constitución de 1925 se verificó una denegación sistemática de acceso a la justicia, por no implementarse los mentados Tribunales Administrativos, no es del todo certera. La conclusión del ensayo, a fin de cuentas, es que la incompetencia de los Tribunales Ordinarios no es una cuestión que deba darse por evidente. Argumentaremos que los criterios o razones señalados, poseen la virtud de entregar una explicación sobre el modo en que el Poder Judicial intentó internalizar el problema ocasionado, por medio de las herramientas que el sistema jurídico le ofrecía. Además, sostendremos que una metodología como la propuesta, entrega luces sobre algunas de las notas características del actual sistema de Derecho Público chileno. Para finalizar, sintetizaremos las conclusiones que se coligen del presente ensayo

El presente artículo analiza el por qué el uso de figuras jurídicas aplicables al derecho administrativo general no puede ser discrecional ni mucho menos arbitrario. Existen reglas de aplicación supletoria que deben ser rigurosamente observadas preliminarmente a efectos de determinar si su uso no desnaturaliza el propósito mismo de la norma en cuestión. La figura de la Eficacia Anticipada del Derecho Administrativo no está pensada para una aplicación general sino para verificar cada caso en particular y sus implicancias. En tal sentido, en el caso de las prestaciones adicionales para la ejecución de contratos de bienes y servicios del Estado deben cumplir con las disposiciones normativas que les son aplicables, no pudiendo utilizar salvavidas jurídicos para regularizar situaciones que ponen en cuestión la legalidad de la decisión adoptada. / This article analyzes why the use of legal concepts applicable to general administrative law cannot be discretionary, much less arbitrary. There are supplementary application rules that must be strictly observed preliminarily to determine if their use does not distort the very purpose of the relevant norm. The concept of Anticipated Effectiveness in Administrative Law is not intended for general application but rather to assess each specific case and its implications. In this regard, in the case of additional obligations for the execution of contracts for goods and services with the State, they must comply with the applicable regulatory provisions, and legal loopholes cannot be used to regularize situations that question the legality of the decision made. / Trabajo académico

Empleado el enfoque de sistemas y realizando un trabajo multidisciplinario de investigación y desarrollo, se ha elaborado un modelo informático de un sistema empresarial de negocios, que permite a través de la simulación realizar los procesos de adquisiciones, producción, financiamiento y ventas dentro de un ambiente de competencia, como se realizaría en la gestión de una empresa de industrial. / -- Working with the system vision and making a multidisciplinary approach of and development , we have elaborated a computing model of a business management system that allows through the simulating practice.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El Estado de Derecho, concepto permanentemente advocado por iuspublicistas y estudiosos del derecho en general, lo podemos aproximar como la existencia de un sistema de frenos y contrapesos institucionales que, trazado en la Constitución, se desarrolla normativamente y es vivenciado en la práctica con la finalidad de hacer respetar y promover en la mayor medida posible, la dignidad de la persona y sus derechos inalienables. Este Estado de Derecho es actualmente concebido también como un instrumento configurador de uno de los fines mas elevados del sistema y ethos social; el bien común. La doctrina concuerda en el requerimiento de un ordenamiento jurídico que rija la vida en sociedad dentro de todo sistema de poder, y cuyas normas se apliquen en forma objetiva e impersonal a gobernantes y gobernados. Además, resulta imprescindible que las funciones del poder se distribuyan entre órganos separados, y que cada autoridad actúe dentro de las competencias que la constitución y la ley les atribuyan. Se agrega a ello, que la interpretación de las normas jurídicas debe ser de aproximación objetiva, esto es, con desatención de criterios ideológicos, y preferentemente razonada por tribunales independientes en base a una separación real y no meramente teórica respecto de otras potestades. Por último, uno de los más importantes factores relativos a este orden ideal, consiste en realizar la seguridad jurídica en el entendido de que el obrar de las autoridades sea calculable en sus efectos para todo ciudadano y en consecuencia aquellas sean responsabilizadas por sus actos, toda vez de ejercer sus atribuciones lo hagan conforme al marco jurídico que las rige. Ahora, para la concreción de dicho ideal resulta imprescindible la existencia de un control jurídico efectivo encomendado a órganos independientes de las actuaciones, por ejemplo, de la Administración Pública; a fin de precaver que su interferencia en el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales solo ocurra en aquellos casos excepcionales previstos por la norma jurídica en general.

Made available in DSpace on 2015-04-14T14:33:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 385741.pdf: 203517 bytes, checksum: 338fc2e3da9bf13251029112b8961a3c (MD5) Previous issue date: 2006-10-09 / Este trabalho aprofunda a no??o de que a restaura??o da ordem jur?dica violada com a edi??o de um ato administrativo viciado nem sempre ocorre pela simples desconstitui??o integral do ato e de seus efeitos. Sustenta-se a possibilidade de o sistema jur?dico acolher uma solu??o que implique a estabiliza??o de certos defeitos contidos nos atos administrativos, a fim de resguardar as justas expectativas dos seus destinat?rios, bem como propiciar a redu??o dos conflitos intertemporais advindos do restabelecimento da ordem infringida. Assim, reconhece-se um valor, pass?vel de tutela jur?dica, na sucess?o temporal harm?nica dos enunciados normativos. A partir dos limites da argumenta??o jur?dica, analisa-se a seguran?a jur?dica como valor e como princ?pio constitucional impl?cito, cujo aspecto subjetivo enseja o resguardo da confian?a do cidad?o. Tal confian?a ? desvendada de forma a projetar um agir positivo da Administra??o, no cumprimento da finalidade dos atos que emite. Depois, verifica-se como tal mandamento repercute na teoria das invalidades dos atos administrativos, sobretudo no instituto da convalida??o, autorizando o reconhecimento da possibilidade de uma convalida??o e anula??o parciais, cumpridos determinados requisitos. O novo paradigma de redu??o de conflitos intertemporais tamb?m ? examinado na sucess?o de diversas regras decadenciais, referentes ao direito de a Administra??o anular os atos administrativos, inspirando novas solu??es.

La compra pública es una importante herramienta para incidir en la sostenibilidad ambiental de la producción y consumo de bienes, servicios, así como de obras. Tanto por el alto volumen de recursos que moviliza como por su aplicación en todos los sectores y niveles de gobierno. Sus efectos positivos están siendo demostrados en varios países desarrollados y en desarrollo. En este trabajo se revisan las experiencias y se elaboran propuestas orientadas a expandir su aplicación en el Perú. A nivel internacional existen, por ejemplo, regulaciones y orientaciones de las Naciones Unidas, de la Unión Europea. En países latinoamericanos se han incluido normativas, impulsados diversos proyectos e intercambiado experiencias exitosas. En el caso peruano, este proceso empezó con la Ley General del Ambiente, Ley 28611 del 2005 que introdujo el criterio de asignar mayor puntaje en la selección de proveedores del Estado que muestren condiciones ambientales adecuadas. La Ley de Contrataciones del Estado del 2008 incorporó el principio de sostenibilidad ambiental. También está considerada en varios tratados de libre comercio suscritos por el Perú. Con la nueva ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225 del 2015, se creó la figura de la homologación de bienes y servicios; y el Organismo Supervisor de las Contrataciones Estatales ha aprobado bases estándar. Es necesario, sin embargo, expandir las compras públicas ambientalmente sostenibles en el Perú, involucrando a todos los actores gubernamentales y privados, mejorando la conciencia social y empresarial respecto a las ventajas de la producción y consumo sostenibles. Para ello se propone, entre otros mecanismos, la realización de un Programa Nacional de Compras Públicas Ambientalmente sostenibles, que regule temas tales como los criterios y lineamientos, marco institucional, selección y priorización de bienes, servicios y obras, verificación y validación de bienes y servicios a adquirir, educación y sensibilización, medición y seguimiento e Informes Anuales. / The public purchase process is an important tool to influence the environmental sustainability of the production and consumption of goods, services, as well as construction projects. Both because of the high volume of resources mobilizedas well as its application in all sectors and levels of government. Its positive effects are being demonstrated in several developed and developing countries. This paper reviews experiences and elaborates proposals aimed at expanding its application in Peru. At international level, for example, there are regulations and guidelines from the United Nations and from the European Union. In Latin American countries, regulations have been included, projects have been promoted and successful experiences exchanged. In the Peruvian case, this process began with the General Environmental Law, Law 28611 from 2005, which introduced the criterion of assigning a higher score in the selection of State suppliers for those that show adequate environmental conditions. The State Contracting Law of 2008 incorporated the principle of environmental sustainability. It is also considered in several free trade agreements signed by Peru. With the new law of State Contracts, Law 30225 from 2015, the figure of the homologation of goods and services was created; and the State Procurement Supervisory Authority has approved standard bases. It is necessary, however, to expand environmentally sustainable public procurement in Peru, involving all governmental and private actors, improving social and business awareness of the benefits of sustainable production and consumption. To this end, it is proposed, among other mechanisms, the implementation of a National Program for Environmentally Sustainable Public Procurement, which regulates subjects such as criteria and guidelines, institutional framework, selection and prioritization of goods, services and construction projects, verification and validation of goods and services to be acquired, education and awareness raising, measurement and monitoring, and Annual Reports. / Tesis

El presente trabajo abordará temas relacionados a los diversos regímenes de contratación de personal utilizados por el Estado, los mismos que son el Régimen Público, normado por el Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento, así como por la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, el Régimen Privado, normado por el Decreto Legislativo N° 728, Ley de Fomento del Empleo, y el antiguo Régimen de los Contratos de Servicios No Personales (SNP), quienes pasaron al régimen de los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) desde junio del año 2008, régimen normado por el Decreto Legislativo Nº 1057 y por su reglamento normado por el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM; así como la problemática generada por la mala utilización de los mismos, en especial del antiguo régimen de SNP ahora CAS, lo que ha ocasionado desorganización en la Administración Pública, dilución del concepto de Carrera Administrativa y vulneración de derechos laborales. La hipótesis planteada en el presente trabajo se refiere a que, si la problemática generada con la coexistencia de distintos regímenes de contratación de personal en el Estado no es solucionada, la desorganización en la Administración Pública continuará y los derechos laborales de los trabajadores contratados inicialmente como Servicios no Personales y luego mediante CAS, seguirán siendo vulnerados. Las preguntas planteadas para resolver la hipótesis son las siguientes, ¿las normas de contratación de personal para laborar en el Estado fueron respetadas?, ¿tuvo sustento legal la utilización de los contratos SNP?, ¿fue el CAS la solución adecuada para regularizar la situación del personal contratado como SNP?, ¿el régimen CAS es constitucional? Con el presente estudio se tratará de demostrar la desorganización en la que se encuentra la Administración Pública, así como la evidente vulneración de los derechos laborales del personal contratado inicialmente como SNP y luego como CAS, planteando finalmente una propuesta de solución al problema. Para la elaboración del estudio se utilizará el Método Deductivo, con el que se analizará inicialmente el marco normativo existente para la contratación de personal utilizada por el Estado, se identificarán los distintos regímenes de contratación, para luego identificar los problemas generados y plantear finalmente una solución a los mismos. / Tesis

A través del presente trabajo se busca analizar la aplicación y cumplimiento de las medidas correctivas, poniendo como ejemplo un caso representativo denominado Laguna Shanshococha, en el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental interpuso a la empresa Pluspetro Norte S.A. la medida correctiva de compensación Ambiental. Las medidas correctivas son actos administrativos de gravamen, que tienen como objeto el revertir los daños o afectación que se hubieran generado. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, cuenta con la función de fiscalización y sanción, la cual comprende, la investigación de la comisión de posibles infracciones administrativas y la imposición de sanciones y medidas administrativas, entre las cuales se encuentran las medidas correctivas. En el presente trabajo se analiza la imposición de la medida correctiva que se dio en el caso denominado Laguna Shanshococha, en el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental determinó imponer un medida correctiva de compensación ambiental, la cual consistió en generar una nueva laguna o, de ser el caso, potenciar o proteger un cuerpo de agua o zona dentro del área de influencia del lugar afectado, según sea determinado mediante un estudio hidrogeológico que la empresa Pluspetrol Norte S.A. debía realizar previamente. A la fecha, la empresa Pluspetrol ha cumplido con realizar el pago de la multa impuesta, sin embargo, lo referido al cumplimiento de la medida correctiva no se ha concluido. Es importante realizar el análisis de este caso, con la finalidad de dar cuenta de la importancia que tiene el cumplimiento de las medidas correctivas, ya que ante un incumplimiento no solo vulnera la facultad fiscalizadora, sancionadora y de supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental sino que principalmente no se repara el ecosistema vulnerado, lo cual muchas veces genera aún mayores consecuencias. / Trabajo académico