Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta memoria es analizar la regulación que la Ley 19.886 ha dado al trato o contratación directa, mecanismo que permite a la Administración, en determinados casos, suscribir directamente contratos de suministro y prestación de servicios sin someterse a los requisitos y exigencias de la licitación pública. Este tema adquiere relevancia desde que se reconoce por un lado la importancia que los contratos administrativos tienen para la economía, y por otro su sensibilidad respecto al principio de probidad que debe regir todas las actuaciones públicas. Para efectuar tal análisis, se ha llevado a cabo un estudio de los conceptos generales en materia de contratos administrativos y sistemas de selección de los oferentes, para luego pasar a examinar en detalle en qué casos, con qué requisitos y de acuerdo a qué procedimientos el Estado puede escoger directamente a un contratista para la celebración de un contrato administrativo de suministro y prestación de servicios. Los resultados obtenidos demuestran que a pesar de algunos problemas en la definición del trato directo y los requisitos de procedimiento impuestos, la ley señalada ha implicado un innovador avance en materia de contratación administrativa, fortaleciendo los principios de publicidad, transparencia, publicidad y libre concurrencia de los oferentes

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de la presente tesis es enseñar el contrato administrativo como un instrumento jurídico que ha acompañado a la Administración del Estado, desde inicios del siglo XX hasta la actualidad, para que ésta pueda materializar su función administrativa. Transformándose ésta -la función administrativa- en el elemento configurador de la sustantividad de aquel, y a la luz del ordenamiento jurídico vigente, le entrega un contenido que hace al contrato administrativo sinónimo de las expresiones ‘contrato público’ o ‘contrato de la Administración’, e incluye a los llamados ‘contratos civiles de la Administración’. Para ello iniciaré con los antecedentes históricos de la contratación pública en general, que nos permitan dimensionar cómo llegaron a complementarse en equilibrio jurídico dos instituciones de orígenes completamente opuestos y desiguales: contrato, del ámbito privado, versus Estado, del ámbito público. Continuaré con el estudio de la relación que existe entre el contrato celebrado por la Administración, sea contrato administrativo u otro, y la función administrativa, describiendo el rol que el primero ha jugado al alero de la función administrativa nacional del Estado Liberal, primero; y del Estado Social, después. Para terminar con su análisis a la luz de nuestro ordenamiento jurídico actual, descubriendo los planteamientos que nos conducirán a la redefinición del contrato administrativo y, por ende, de la contratación pública nacional

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho público) / En relación con la potestad discrecional que los artículos 73 y 74 de la ley Nº 18.834 conceden a la autoridad administrativa para destinar a sus funcionarios fuera del lugar de su residencia, se plantea la problemática relativa a los límites que tiene tal potestad, considerando que en su ejercicio no sólo se pueden vulnerar derechos fundamentales del servidor público afectado, como los derechos a la función y a la dignidad funcionaria, sino que también principios esenciales de la administración pública, como son la certeza jurídica y, por cierto, el de la razonabilidad que debe imperar en la dictación de todo acto administrativo. En efecto, si bien la justificación normativa de esta potestad se encuentra consultada en el artículo 73 de la ley Nº 18.834, conforme al cual, los funcionarios sólo podrán ser destinados a desempeñar funciones propias del cargo para el que han sido designados dentro de la institución correspondiente, en cuanto así lo ordene el jefe superior de la respectiva institución, en cualquiera localidad, en un empleo de la misma institución y jerarquía, el ejercicio de tal potestad discrecional no está ajena a dificultades, tomando en consideración que tal decisión afecta a un funcionario que puede tener hogar, familia e hijos estudiando en el lugar de su desempeño habitual, además de otros beneficios laborales asociados a este último, panorama que se agrava en situaciones en que ambos cónyuges forman parte de la misma repartición pública, caso en el cual el artículo 74 del mismo texto legal precitado permite persistir en ella, en la medida que se destine a ambos, simultáneamente y a un mismo punto.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / A continuación se busca abordar la figura de la desviación de poder, vicio propio de los actos administrativos y que consiste en el ejercicio de una potestad administrativa –o su intencionada omisión- para el cumplimiento de un fin distinto de aquel previsto por el ordenamiento al otorgar la correspondiente potestad al órgano administrativo, y sea este fin público o privado. Dado que es una institución de Derecho Público pensada para el control de las potestades discrecionales –y si bien puede configurarse en el ejercicio de potestades regladas- se analizan los principios basales del Derecho Público que justifican la figura (legalidad y control), haciéndose hincapié en la potestad administrativa como mecanismo del principio de legalidad; se revisa brevemente y en general la cuestión del control de las potestades discrecionales; y finalmente se analiza de manera más detallada la historia de la desviación de poder, sus particularidades en algunos ordenamientos estatales que la recogen, su concepto en la literatura y la jurisprudencia chilenas y las polémicas a que ha dado lugar en la doctrina.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A lo largo de esta memoria se dará cuenta de la evolución que los sectores económicos y servicios públicos asociados han tenido en las últimas décadas y cómo esto ha influido y determinado la evolución del Derecho Administrativo, ampliando su órbita de aplicación, análisis y ejercicio al momento de desarrollar la función ejecutiva que le corresponde. A su vez, y como contrapartida a ello, se intentará mostrar cómo la introducción del análisis del Derecho de la Libre Competencia y el conocimiento por parte de dichas autoridades de los actos realizados por la Administración Pública, ha determinado también lo anterior. Ello, para dar paso a evidenciar la tensión que esta nueva configuración tiene en relación a la función administrativa de desarrollo de políticas públicas cuando es analizada y mirada desde esta nueva óptica, revisando para ello casos concretos llevados ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en contra de la Administración. Se pretende entonces, dar cuenta de los límites que el Derecho de la Libre Competencia tiene en relación al ejercicio de potestades públicas y la tensión que ello genera en relación a la aplicación de la ley

Tesis (magister en derecho con mención en derecho público) / Este trabajo trata el control judicial del ejercicio de las potestades discrecionales otorgadas por la ley a la Administración del Estado, analizando para estos efectos el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Se explica que el control judicial de la actividad de la Administración, especialmente del ejercicio de potestades públicas, demuestra que existen diversas normas jurídicas que tienen como destinatario a la Administración y que es en este contexto donde se habla de “discrecionalidad administrativa”, término usado para describir un fenómeno bien preciso: la habilitación legal que otorga un margen de decisión a la Administración derivado de una programación normativa incompleta. En este sentido, la creación de Tribunales Ambientales en nuestro país se inserta en una discusión más amplia: el debate respecto a la intensificación del control judicial del ejercicio de potestades discrecionales, término que originalmente surge como un concepto delimitador de ámbitos competenciales entre la Administración y los jueces. Por ello, la pretendida tecnificación de las decisiones en materia ambiental no es idónea para tratar este fenómeno, sino que requiere un enfoque jurídico. Dicho enfoque se construye en base a dos elementos: en primer término se desarrolla una concepción del imperio de la ley donde el control judicial de la actividad de la Administración es esencial. En base a ello se sostiene que la atribución de potestades discrecionales en ningún caso otorga una “libertad” de acción a la Administración, sino que eleva el estándar de motivación de sus actos. Y, en segundo lugar, se sostiene que la certeza, como fundamento del control del poder público, impide dejar áreas exentas de control, de manera que los límites del control judicial de la discrecionalidad administrativa sólo dicen relación con su resultado, esto es, un control negativo.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito, Florianópolis, 2016. / Made available in DSpace on 2016-09-20T04:13:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 340711.pdf: 1498894 bytes, checksum: 9eb83062acfc1ca4ebed6d459680bd02 (MD5) Previous issue date: 2016 / A ideia de concessão no Direito Público brasileiro compreende um itinerário que vai da "publicização do contrato jurídico privado" a "privatização do contrato público". A narrativa doutrinária sobre a definição da natureza jurídica da concessão petrolífera é filha legítima deste fenômeno. Em contraponto a um discurso doutrinário meramente descritivo, ancorado na ideia de evolução progressiva do conceito de concessão, este trabalho objetiva compreender a forma pela qual a doutrina equacionou a ideia de concessão em gênero e espécies. Para tanto, o processo de teorização do conceito é investigado a partir de dois eixos: um primeiro, relacionado à estruturação da concessão (em gênero e espécies) na doutrina jurídica nacional entre 1930-1970; e um segundo, em que são pormenorizadas as linhas de argumentação adotadas pela doutrina após a CRFB de 1988. Em delimitação ao seu escopo, o trabalho atenta, ainda, para o debate da concessão petrolífera. Com base nas mudanças ocorridas no panorama político-econômico brasileiro na década de 1990, são abordados seus parâmetros definidores: o "monopólio" e o "petróleo". Exibi-se, também, o julgamento das ADI n.º 3.366-2 e 3273-9, pelo STF, em 2005. Com base nas informações levantadas, sustenta-se que o itinerário do conceito de concessão não segue uma construção progressiva. Ele é composto de crescentes transmutações conceituais, verificando-se, a mais marcante, na década de 1990. Sob os auspícios de um "novo direito administrativo", a doutrina jurídica arquiteta a reprivatização do conceito. Esta reconstrução não está, entretanto, adstrita às diretrizes constitucionais. Em verdade, ela pode ser vista como uma "maneira elegante de dar a volta na constituição". A construção doutrinária da concessão petrolífera está inserta neste quadro. Ela é moldada por uma doutrina descritiva, que tenciona legitimar uma opção política de "flexibilização do monopólio". / Abstract : The idea of concession in Brazilian Public Law comprises an itinerary that goes from the publicizing of the private contract to the privatizing of the public contract. The doctrinal narrative about the definition of the legal nature of the petroleum concession is a perfect example of that phenomenon. Standing an opposition to a merely descriptive doctrinal speech attached to the idea of progressive evollution of the concept of concession, this research aims to understand the way through which the doctrine balanced the idea of concession in gender and species. For this purpose, the theorizing process of the concept is investigated on the basis of two perspectives. The first one, related to the concession structuring (in gender and species) in the national legal doctrine between the 1930´s and the 1970´s. The second one tries to demonstrate the argumentation which the doctrine adopted after the Brazilian Constitution was proclaimed in 1988. As a delimitation of its scope, this research calls attention to the debate of the petroleum concession. Based on the changes that occurred in the Brazilian political and economical panorama during the 1990´s, the parameters of legal definition of that concession, the "monopoly" and the "petroleum", are approached. It is also shows the trial of the Direct Unconstitutionality Actions (ADI) about that issue in the Brazilian Federal Supreme Court in 2005. On the basis of the information raised, it is held that the itinerary of the concept of concession doesn´t follow a progressive construction. It is composed by conceptual transmutations, the biggest one happening in 1990. Under the auspices of a so-called "new administrative law", the legal doctrine architects the reprivatization of the concept of concession. That reconstruction is not, however, connected to the constitutional guidelines. It can actually be seen as a more ellegant way of going round the Constitution. The doctrinal contruction of the Petroleum concession is uncertain in that picture. It is molded by a descriptive and insdiscriminate doctrine that tends to legitimize a political option of "legal monopoly flexibilization", not a normative force of constitution.

En materia de contratos de APPs, la caducidad, resolución y rescate del contrato vienen utilizándose de manera heterogénea confusa. Es necesario, por tanto, definir claramente los conceptos, y determinar su aplicabilidad en el Perú, considerando la legislación vigente. Se analizan diversos contratos suscritos, así como las tres principales controversias que han surgido en contratos que fueron extinguidos por el Estado de manera irregular. El concepto de interés público es analizado, por ser un recurso al que acude el Estado para extinguir un contrato, no siempre con una adecuada justificación. Se concluye que la caducidad de una concesión solo debe proceder ante el incumplimiento de una obligación esencial por parte del concesionario, debiendo establecerse en la legislación cuáles son las obligaciones esenciales. Asimismo, no se deberá continuar incorporando en los contratos de APP cláusulas que establezcan la resolución del contrato como una causal de caducidad, cláusulas que establezcan el derecho del Estado de declarar la caducidad de pleno derecho, sin preaviso, cláusulas de rescate unilateral sin ninguna justificación, o cláusulas que permiten al Estado recuperar la concesión de facto o por las vías de hecho. Se concluye con una propuesta de modificación al DL No. 1362. / Tesis

Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión y Dirección de Empresas / El área de operaciones de Anglo American Sur, presenta diversas necesidades que requieren la generación de distintas solicitudes de servicios para abordar sus urgencias, por lo que es imprescindible que la gestión de contratos cumpla eficazmente con todo aquello que se precisa para cubrir los requerimientos en las distintas áreas. Sin embargo, los procesos de licitación, son una actividad lenta que no logra cubrir oportunamente la generación de contratos que satisfagan plenamente las aspiraciones, tanto de la Gerencia de Adquisiciones y Contratos, como de las áreas que generan los requerimientos en Anglo American Sur, en cuanto a seguridad, medio ambiente, calidad, precio, plazos y relaciones con terceros. Por ello es que a través del análisis de todos los procesos y documentos utilizados al efecto, se identificaron aquellos problemas que existen en la gestión de contratos, de manera de proponer mejoras en ello, bajo la responsabilidad de la Gerencia de Adquisiciones y Contratos. Los resultados muestran que los principales problemas se basan en el detalle y desarrollo de los antecedentes de licitación, tanto técnicos como administrativos, además de la demora en la atención de los requerimientos por parte de los contratadores y la poca participación de estos al inicio de los requerimientos. Finalmente, se sugirió como mejora, la estandarización de documentos a través de la formulación de una estructura o guía de lo que debe contener como mínimo cada documento; y para el caso de documentos más administrativos (Bases Administrativas y Contratos), adicionalmente se sugiere la opción de generar un documento que contenga todos los posibles tipos de servicios a contratar y las cláusulas que debe contener cada uno, de manera de facilitar su elaboración y agilizar los procesos.

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