Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Uno de los aspectos que se encuentran pendientes de desarrollo normativo en nuestra legislación, es aquel que dice relación con la creación de tribunales especializados en el conocimiento y solución de controversias entre particulares y la Administración, mediante la implementación de una jurisdicción contencioso-administrativa. Esta aspiración, postergada durante años, se ha concretado parcialmente, a propósito de ciertas materias, tal como acontece con la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos y Prestación de Servicios, que crea el Tribunal de Contratación Pública.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Mediante este trabajo se pretende analizar las vías de revisión y de impugnación existentes en los procedimientos preparatorios de contratos administrativos regidos por la Ley N° 19.886 que establece las Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, poniéndose énfasis en los mecanismos de naturaleza administrativa que la Administración y los particulares disponen en nuestro ordenamiento jurídico. Esta tesis plantea que pese a la desconfianza que se ha tenido respecto a la vía administrativa de revisión, al ser la propia Administración la llamada a resolver las reclamaciones que recaen sobre sus resoluciones en procedimientos de compras públicas, aparece como una alternativa útil, expedita y que en ocasiones podría presentarse incluso más conveniente que incoar un proceso de carácter jurisdiccional ante el Tribunal de Contratación Pública. En efecto, se plantean eventuales ventajas de la vía administrativa de revisión sobre la vía jurisdiccional en base a cuatro ejes, éstas son las competencias que detentan las entidades licitantes en comparación con las del Tribunal de Contratación Pública, los plazos de resolución ante la Administración, la complementariedad de ambas vías de impugnación y por último aspectos de carácter económico. No obstante las posibles ventajas que puede presentar esta vía administrativa de impugnación, también presenta algunos puntos críticos que deberían ser considerados al momento de inclinarse por el ejercicio de recursos administrativos o acciones jurisdiccionales

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El presente trabajo tiene como objetivo efectuar un tratamiento sistematizado de los principales recursos administrativos que contempla el ordenamiento jurídico chilenos, que no son otros que los consagrados en la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. El mencionado cuerpo legal establece y regula los recursos ordinarios de reposición y jerárquico, además del extraordinario de revisión y el recurso de aclaración. Previo a realizar el tratamiento acabado de cada uno de éstos, nos referiremos a los recursos administrativos en general, a su tratamiento en los sistemas comparados que nos parecieron de mayor relevancia para efectos de evaluar la experiencia nacional y, a la identificación del régimen aplicable a los recursos estudiados de conformidad a las normas de procedimiento administrativo común. En todo caso, el propósito principal de esta memoria es proporcionar una descripción detallada de todos los elementos que caracterizan los recursos de reposición, jerárquico, extraordinario de revisión y de aclaración, y en dicho ejercicio evidenciar cómo la doctrina y jurisprudencia nacional han comprendido aquéllos caracteres que en el texto legal quedan menos definidos o dan espacio a dudas. De la misma forma, procuramos retratar el espacio que los recursos contemplados en la mencionada ley ocupan en el sistema recursivo nacional, dispuesto para la impugnación de los actos de la Administración del Estado, y la especial forma de interacción que se da entre éstos y los recursos administrativos especiales y los recursos jurisdiccionales establecidos con el mismo propósito en el ordenamiento jurídico. Cabe destacar que por medio del trabajo de memoria que se presenta, se pretende realizar un aporte para el estudio y tratamiento de los recursos administrativos en el derecho nacional, en circunstancias que, no obstante ser una materia ampliamente desarrollada en la literatura comparada, no encuentra en nuestra doctrina autores que realicen un estudio extendido sobre la misma. Por lo mismo, a lo largo de este trabajo se importan variadas discusiones tratadas en el derecho extranjero y por los autores nacionales a propósito de materias cercanas a la discusión sobre los recursos administrativos en específico, tales como el silencio administrativo, el agotamiento de la vía v administrativa, el ejercicio de facultades jurisdiccionales por parte de la Administración, la función garantista que cumplen los mecanismos impugnaticios, entre otros. Todo lo anterior con el propósito de acercar estos mecanismos de impugnación a través de su conocimiento, y hacerlos de esta forma más operativos para efectos de los fines de protección, defensa y garantía que justifican su consagración

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Mucho se discutió antes de la dictación y publicación de la ley N°19.880, de Bases del Procedimiento Administrativo (LBPA), la legitimidad de la potestad invalidatoria de los órganos de la Administración. En cumplimiento del mandato constitucional contenido en la Carta Fundamental de 1980 en cuanto a regular la creación de los actos administrativos, junto con la regulación del silencio administrativo, la LBPA en su artículo 53 efectivamente consagró el poder de volver sobre sus propios actos por razones de ilegalidad. Sin embargo, en la discusión y posterior positivización de la norma en cuestión surgió y surgen a la fecha algunos inconvenientes interpretativos que deben ser aclarados. En particular, la técnica legislativa no hizo más que recoger de manos de la doctrina y de alguna parte de la jurisprudencia, tanto judicial como administrativa, la existencia y obligatoriedad por parte de la Administración de declarar como nulos sus propios actos en caso de ilegalidad y arbitró alguna medida para que los particulares afectados recurrieran en contra de los actos que invalidan a otros anteriores.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizado por el autor para ser publicada a texto completo en portal tesis electrónicas de la Universidad de Chile / La jurisprudencia del Tribunal de Contratación Pública ha sostenido que la sentencia que declara la invalidación de actos u omisiones ilegales o arbitrarias ocurridos en procedimientos administrativos de licitación en que puedan incurrir los organismos públicos regidos por la LBCAS y PS y, que tengan lugar entre la aprobación de las bases de la respectiva licitación y su adjudicación, no deben retrotraerse a su etapa inicial, para con ello no afectar los derechos de terceros que están de buena fe. Lo anterior, fundado en que éste es un límite a la potestad invalidatoria del Estado, reconocido en la doctrina imperante de nuestro medio jurídico. Se argumenta que esta posición es errónea, puesto que prioriza el interés del particular, protegiendo derechos de terceros de buena fe inclusive, nacidos de un acto viciado. Ello, afectaría los principios de certeza y seguridad jurídica basados en el principio de igualdad que tutela nuestro ordenamiento constitucional, los cuales se cumplirían tan sólo con la retroacción a la situación anterior al acto ilegal, restableciendo con ello el imperio del derecho.

A Construção Civil responde por grande consumo de recursos humanos, materiais e equipamentos, porém o modelo tradicional de gestão das construtoras baseia-se em processos simples de conversão associados a grandes desperdícios, perdas de produtividade e atrasos. A adoção de fluxo contínuo de atividades é uma alternativa para melhorar os processos de um projeto e pode ser alcançada através da utilização de um sistema de produção ritmada, gerando vantagens competitivas às construtoras. Em obras de infraestrutura, devido à complexidade dos projetos e a dificuldade em estabelecer elementos repetitivos, a implantação de tal sistema de produção é pouco comum. Este trabalho tem como objetivos: avaliar criticamente a implantação de um sistema de produção ritmada em uma obra de infraestrutura, relacionar os desafios encontrados no processo, verificar evoluções de produtividades e de aderência ao planejamento ao longo do projeto e demonstrar que a produção ritmada é capaz de atender diversos princípios da filosofia lean construction. A metodologia adotada foi a de revisão bibliográfica de sistemas de produção, filosofia lean e lean construction, com alguns exemplos de aplicações práticas, seguida do estudo de caso da obra de construção de uma estação de Metrô em São Paulo. Na obra em questão foi adotado um método consistindo em levantamento de informações, identificação de elementos repetitivos, definição de seções de construção, determinação de ritmo de trabalho, planejamento de atividades, programação, acompanhamento e controle. Este trabalho conclui que o sistema de produção ritmada, assim como o método apresentado, pode ser implantado em outras obras de infraestrutura. As vantagens do sistema estão no aumento da produtividade das equipes de armação e forma, crescimento da aderência ao planejamento, melhoria de acompanhamento e controle da execução, melhor integração entre os diferentes departamentos da construtora e nova organização de trabalho com encarregados multidisciplinares. Como avanços a serem implantados têm-se: adoção do sistema em fases anteriores do empreendimento, uso do Building Information Modeling (BIM) e desenvolvimento da integração da construtora com fornecedores e clientes. / Civil construction industry responds to a high consumption of human, material and equipment resources, but the traditional model of construction management is based on simple conversion processes associated with large wastes, productivity losses and delays. The adoption of continuous flow of activities is an alternative to improve the processes of a project and can be achieved by using a rhythmic production system, creating competitive advantages to construction companies. In infrastructure, due to the complexity of the projects and the difficulty in establishing repetitive elements, the implementation of such system is uncommon. The objective of this work is to critically evaluate the implementing of a rhythmic production system in an infrastructure project, to relate the challenges faced during the process, to verify evolutions of productivities and of adherence to the planning throughout the project and to show that this system can meet various principles of lean construction philosophy. The methodology adopted was literature review of production systems, lean philosophy and lean construction, with some examples of practical application, followed by a case study of the construction of a subway station in São Paulo. In the project studied a method was adopted consisting in information gathering, identification of repetitive elements, definition of construction sections, determination of work rhythm, activities planning, programming, monitoring and control. This work concludes that the rhythmic production system, as well as the presented method, can be implemented in other infrastructure projects. The advantages of the system are increased productivity of steel assembly and framing teams, growth of adherence to planning, improved follow-up and control of execution, better integration between different departments of the construction company and new work organization with multidisciplinary managers. As advances to be implemented are: adoption of the system in previous phases of the project, use of Building Information Modeling (BIM) and development of the contractor\'s integration with suppliers and customers.

A Constituição Federal estabelece, no seu Artigo 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado e que esse direito deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Esse direito constitucional foi regulamentado pela Lei nº 8.080/1990 que, dentre outras ações, estabeleceu que o Sistema Único de Saúde devesse ser estruturado de forma a garantir assistência terapêutica integral, inclusive Assistência Farmacêutica(6). No âmbito do SUS, as ações do Ministério da Saúde em relação à Assistência Farmacêutica têm sido pautadas pela Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNM) aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em 2004 (BRASIL, 2004a), objetivando promover ações, não somente para a ampliação do acesso, mas principalmente para a promoção do uso racional dos medicamentos e insumos para a saúde A judicialização da saúde é um fato que há duas décadas vem conquistando força normativa e efetividade. A jurisprudência acerca do direito a saúde e ao fornecimento de medicamentos é um exemplo emblemático do que se vem a afirmar. As normas constitucionais deixaram de ser percebidas como integrantes de um documento estritamente político, mera convocação a atuação do Legislativo e do Executivo, e passaram a desfrutar de aplicabilidade direta e imediata por juízes e tribunais. Nesse ambiente, os direitos constitucionais em geral, e os direitos sociais em particular, converteram-se em direitos subjetivos em sentido pleno, comportando tutela judicial especifica. A intervenção do Poder Judiciário, mediante determinações à Administração Pública, para que forneça gratuitamente medicamentos em uma variedade de hipóteses, procura realizar a promessa constitucional de prestação universalizada do serviço de saúde O envolvimento do Poder Judiciário na esfera política, denominado pela doutrina de judicialização, é um fenômeno observado nas democracias contemporâneas,especialmente nos países em que o Poder Judiciário realiza o controle de constitucionalidade das leio). Recentemente, as decisões judiciais nas ações para fornecimento de medicamentos também foram estudadas como uma forma de interferência do Poder Judiciário na política de saúde. Entretanto, essa forma de intervenção judicial é diferente da tradicionalmente estudada. As referidas decisões judiciais indicam um novo formato de judicialização no qual o Poder Judiciário se sobrepõe ao Poder Executivo na escolha de fornecer este ou aquele medicamento, sob o fundamento de assegurar o direito à saúde Os problemas de gestão da Assistência Farmacêutica relacionados à judicialização da saúde não se restringem à entrega de medicamentos incorporados ou não nas listas oficiais públicas. Há características específicas desta demanda, que vem exigindo um tipo de atuação do gestor, administrativa e judicial, diferenciada para responder às ordens judiciais, evitar o crescimento de novas demandas e preservar os princípios e as diretrizes do SUS Há ponderações sobre os efeitos negativos do fenômeno da judicialização da saúde sob três principais ângulos. O primeiro aponta que o deferimento absoluto de pedidos judiciais pode aprofundar as iniquidades de acesso no sistema público de saúde, infringindo princípio do SUS, uma vez que favorece aqueles que têm maior possibilidade de veicular sua demanda judicialmente, em detrimento dos que não possuem acesso à justiça; igualmente apontam para o possível comprometimento do princípio da integralidade, uma vez que ações de cunho individual não são estendidas aos demais portadores da mesma condição patológica que poderiam se beneficiar do objeto da demanda. O segundo refere-se às dificuldades na gestão da AF, propriamente dita, uma vez que a ágil resposta às demandas judiciais, não previstas no planejamento dos serviços, faz com que alguns deles criem uma estrutura \"paralela\" para seu acompanhamento, se utilizem de procedimentos de compra não usuais na administração pública e tenham maior gasto na aquisição destes medicamentos. O terceiro refere-se à segurança do paciente em razão de possíveis prescrições inadequadas, mesmo que de medicamentos já selecionados e incorporados no SUS, e, em especial, na prescrição de \"novos\" medicamentos e/ou \"novas\" indicações terapêuticas para os quais as evidências científicas ainda não se encontram bem estabelecidas. Tais fatos podem favorecer a introdução e utilização de novas tecnologias de forma acrítica, e, por vezes, sob forte influência da indústria farmacêutica(13,14,15). É importante destacarque parte dos medicamentos \"novos\" não representa real ganho em eficácia terapêutica, mas podem, inclusive, adicionar eventos adversos inesperados. O uso de medicamentos sem registro sanitário ou fora das indicações para as quais foram registrados (uso off label) pode também significar riscos à saúde(9). Dessa forma, no caso de soluções que envolvam recursos públicos e políticas sociais, torna-se necessária a adoção de critérios racionais e uma análise de cada hipótese posta, não se podendo adotar uma única solução para todas as situações nas quais se requer o fornecimento de medicamentos / The Federal Constitution stablishes in its Article 196 that it is a right of all the rights and duties of the State and that it is the right to be guaranteed by social and economic policies aimed at reducing the risk of disease and other diseases and universal access and Equality of actions and services for promotion, protection and recovery. This constitutional right was regulated by Law No. 8,080 / 1990, which, among other actions, established the Unified Health System should be structured in such a way as to guarantee comprehensive therapeutic care, including Pharmaceutical Assistance (6). The judicialization of health is a fact that for two decades has been gaining normative force and effectiveness. The case law on the right to health and the supply of medicines is an emblematic example of what is being said. The constitutional norms are no longer perceived as part of a strictly political document, merely calling the Legislative and the Executive, and enjoy direct and immediate applicability by judges and courts. In this environment, constitutional rights in general, and social rights in particular, have become subjective rights in full sense, with specific judicial protection. The intervention of the Judiciary, through determinations to the Public Administration, to provide free medication in a variety of hypotheses, seeks to realize the constitutional promise of universalized provision of the health service The involvement of the Judiciary in the political sphere, denominated by the doctrine of judicialization, is a phenomenon observed in contemporary democracies, especially in countries where the Judicial Power controls the constitutionality of the law. Recently, judicial decisions in drug supply actions have also been studied as a form of interference by the Judiciary in health policy. However, this form of judicial intervention is different from that traditionally studied. These judicial decisions indicate a new form of judicialization in which the judiciary overrides the executive branch in choosing to provide this or that medicine, on the grounds of ensuring the right to health The problems of management of the Pharmaceutical Assistance related to the judicialization of health are not restricted to the delivery of drugs incorporated or not in the public official lists. There are specific characteristics of this demand, which requiresa type of managerial, administrative and judicial action, differentiated to respond to judicial orders, avoid the growth of new demands and preserve the principles and guidelines of the SUS

O advento do BPM (Business Process Management) ofereceu uma nova abordagem para a melhoria do alinhamento estratégico entre negócio e TI nas organizações, através do desenvolvimento de EIS (Enterprise Information Systems) orientados a processos, que permitiu não somente derivar requisitos de software a partir dos modelos de processos de negócio como também obter sistemas flexíveis, capazes de se ajustar a mudanças na operação a partir do redesenho dos processos. Esta pesquisa explora a compreensão, tanto do ponto de vista teórico como prático, da aplicação de diferentes abordagens orientadas a processos de negócio para a especificação de requisitos de EIS. A pesquisa resultou no panorama do estado da arte da literatura no tema e na avaliação de casos reais de aplicação de BPM à Engenharia de Requisitos de EIS em organizações que reestruturaram seus processos de negócio e precisaram desenvolver ou ajustar seus sistemas de informação aos novos processos. A revisão sistemática de literatura revelou seis diferentes tipos de abordagens, com variação no grau de automação de desenvolvimento de software, sugerindo diversas estratégias para a adoção de EIS orientados a processos. O estudo de casos múltiplos explorou a influência de diferentes variáveis relacionadas às características das organizações, de seus processos de negócio e de seus EIS no sucesso da aplicação das diferentes abordagens orientadas a processos de negócio na derivação de requisitos. Os resultados da pesquisa podem fornecer os fundamentos para a formulação de um modelo de recomendação de tipo de abordagem, visando melhor alinhamento entre processos de negócio (business) e sistemas de informação (IT) e maior flexibilidade dos EIS para adaptação a mudanças na operação. / The advent of Business Process Management (BPM) offered an innovative approach to improve business and IT strategic alignment in organizations throughout development of process-aware Enterprise Information Systems (EIS). For that matter, extracting softwar requirements from business process models leverages engineering of adaptive information systems, which can adjust to changes in operation as of process redesign. This research explores theoretical and practical comprehension of the application of different business process-oriented approaches for EIS requirements specification. Research has provided the state-of-the-art academic overview on this research topic and real case evaluation about BPM application to Requirements Engineering of EIS in organizations that have restructured its business processes and demanded development or adjustment of its EIS to the new processes. Systematic literature review has revealed six different approach types, with variations on software development degree of automation, suggesting diverse strategies for process-oriented information systems adoption. Multiple case study has explored influence of different variables related to organization characteristics, its business processes and EIS on the success of application of different business process-oriented approaches to requirements derivation. Research results can provide fundamentals for a recommendation model for approach type, aiming to provide a better alignment between business processes and information systems, and better flexibility of EIS do adapt to changes in operation.

Made available in DSpace on 2016-04-26T20:27:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Taiane Lobato de Castro.pdf: 685544 bytes, checksum: c3423fe1cb4a6c8e02488560c1c91ea4 (MD5) Previous issue date: 2008-05-09 / The objective of this study is to address, within the Brazilian legal system, the duty of motivation of administrative acts and the consequence of its non compliance. Such option is justified as the administrative acting must always be guided by the reasons for its acts. We do not see any basis to be otherwise. The single paragraph of article 1st of the Federal Constitution is categorical in saying that all power comes from the people, who exercises it through elected representatives or directly. Thus, based on constitutional device, there must be no darkness or lack of motivation of administrative acts. Documentary research and literature of national and foreign authors, as well as our Court decisions, led us to the result that the motivation must be considered a sublime principle to be pursued by the Administration, as it represents true guarantee to the people, and, if not observed, there could be either a voiding or a validating act, provided that it has been verified in a case and the real consequences in the legal sphere of the people / O objetivo do presente trabalho é abordar, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, o dever de motivação dos atos administrativos e a conseqüência de sua inobservância. Tal opção justifica-se, pois o agir administrativo deve sempre ser norteado pela fundamentação de seus atos. Não vislumbramos qualquer embasamento para ser de outra forma. O parágrafo único do artigo 1° da Constituição Federal é categórico ao afirmar que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente. Assim, com base em dispositivo constitucional não pode haver qualquer eventual obscuridade ou inexistência de motivação dos atos administrativos. Através da pesquisa documental e bibliográfica, tanto de autores nacionais, como de autores estrangeiros, bem como de julgamentos de ações de nossos tribunais, obtemos o resultado de que a motivação deve ser considerada princípio sublime a ser perseguido pela Administração, pois representa verdadeira garantia dos administrados e caso não seja observada poderá haver ato invalidador ou convalidador desde que haja verificação do caso concreto e a real conseqüência na esfera jurídica dos administrados

Made available in DSpace on 2016-04-26T20:29:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marly M C Gouveia.pdf: 659945 bytes, checksum: b59b6145300095bb27792606ca312444 (MD5) Previous issue date: 2005-06-15 / The scope of law is to establish and coordinate the social relations. As positive juridical norms, law provokes the construction of juridical relations regarding to acts that consist of delivering patrimonial obligations, in order to obtain financial recourses to maintain the State and the social order. These juridical relations are performed by abstract bonds which create rights and duties, due to the effect of juridical acts practiced by Administration, or by private persons or both, with sanctioning, negotiable, collector, service-giver and any other nature, juridically proper and necessary for the survival and maintenance of society. This work identifies and studies the juridical regime that brazilian positive law lately dedicates to the juridical support of the Public Treasure, to make it possible the coactive obtainment of unsatisfied patrimonial renderings. It also speaks about the administrative act of the inscription in the book debt, from which come many relations that implement corresponding rights and duties. Thus being, I opted to give a large juridical focus, as much data was selected from an interdisciplinary vision, along beside the Financial Law and Public Accounting, what was really very useful to increase the irradiation of reflections and ideas, enriching the imbrications of the theme in the conclusion section. The premises are based upon analyses on the words lançamento (entry) and crédito (credit), on the juridical significance of the locution dívida ativa (book debt) and juridical-accounting concepts, previewed in the correlative legislation. The development occurs with the administrative act general theory, as well with the law fountain theory. The results are in the multiple juridical effects identified as consequences of the administrative act of the inscription into the book debt. / Dirigido a implementar a convivência social, o direito, enquanto normas jurídico-positivas, propicia a constituição de relações jurídicas voltadas a obter comportamentos consistentes em entregar prestações patrimoniais, canalizadas à obtenção dos recursos financeiros que possibilitem o funcionamento e a manutenção do Estado e à preservação da ordem social. Essas relações jurídicas instituem-se com vínculos abstratos que criam direitos e deveres, provenientes dos efeitos de atos jurídicos praticados pela Administração, por particulares ou ambos, com natureza de sancão, negocial, arrecadadora, prestadora de serviços e qualquer outra, juridicamente adequada e necessária à sobrevivência e à manutenção da sociedade. Este trabalho identifica e estuda o regime jurídico que o direito positivo brasileiro dedica atualmente à instrumentalização jurídica da Fazenda Pública, de modo a possibilitar a obtenção coativa de prestações patrimoniais insatisfeitas, e ao ato administrativo de inscrição em dívida ativa, do qual emanam relações jurídicas que implementam direitos e deveres correspondentes. Para tanto, optou-se por trabalhar com enfoque jurídico abrangente, na medida em que muitas informações foram selecionadas a partir de uma visão interdisciplinar com o direito financeiro e com a contabilidade pública, o que foi muito útil para aumentar o espectro e a irradiação das reflexões e das idéias, enriquecendo as imbricações do tema no tópico conclusões. As premissas partem de análises sobre os termos lançamento e crédito , as significações jurídicas da locução dívida ativa e os conceitos jurídico-contábeis previstos na legislação correlata. O desenvolvimento se dá a partir da teoria geral dos atos administrativos e da teoria das fontes do direito. Os resultados acham-se nos múltiplos efeitos jurídicos identificados como conseqüências do ato administrativo de inscrição em dívida ativa.