El presente artículo estará centrado en el análisis de la denominada “interpretación prejudicial” y en la eventual facultad de los tribunales arbitrales de solicitar esta, ya sea al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En consecuencia, este estudio será netamente comparativo; es decir, se incluirán paralelos entre los regímenes andino y europeo. El citado estudio será efectuado a la luz de la sentencia emitida en el proceso 03-AI-2010, en la cual el TJCA decidió incluir en los alcances del concepto “juez nacional” –obligado a solicitar la interpretación prejudicial– a los tribunales arbitrales, al ejercer estos funciones jurisdiccionales, plausibles de encontrarse sujetas al alcance de dicho instrumento.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El objeto de este trabajo, no es el arbitraje comercial internacional como institución, sino el procedimiento arbitral, o más bien, los principios generales que subyacen e informan la regulación que de él han hecho algunas instituciones internacionales permanentes dedicadas al arbitraje mercantil internacional, a la luz principalmente de la jurisprudencia arbitral que se ha ido desarrollando al amparo de dichas Organizaciones internacionales, en particular, la Cámara de Comercio Internacional. No obstante lo anterior, resulta necesario referirse al concepto de arbitraje comercial internacional aunque sea a grandes rasgos por cuanto constituye la base para el desarrollo posterior del trabajo, teniendo presente que el alcance conceptual del arbitraje como institución destinada a la composición de diferendos puede ser considerado efectivamente como el ámbito de aplicación material de las normas sobre el procedimiento arbitral.

La solicitud de consulta prejudicial es un incidente procesal supranacional que está contemplado en los artículos 32° al 36° del Acuerdo de Cartagena, suscrito el 28 de mayo de 1979, y en los artículos 121° al 128° del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (aprobado a través de la Decisión No. 500, el 22 de junio de 2001). Dicho recurso tiene un carácter accesorio y se desarrolla en dos momentos. Primero, con la presentación de una solicitud de trámite procesal por un juez nacional de carácter facultativa u obligatoria, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Segundo, con la expedición de la sentencia interpretativa, que es de observancia obligatoria para el juez solicitante y para todas las demás autoridades que intervengan en la solución del caso hasta la finalización del proceso. Las consultas prejudiciales constituyen un mecanismo de colaboración judicial para garantizar la interpretación correcta y aplicación efectiva del Derecho de la Comunidad Andina en los Estados Miembros. Si bien sólo los jueces nacionales, previamente a la emisión de su fallo, pueden o deben solicitar la interpretación de la norma comunitaria aplicable en el proceso que conoce, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tiene la competencia exclusiva para decidir qué se entiende por juez nacional de un Estado Miembro. Esto se lleva a cabo caso por caso a través del análisis de un conjunto de características consustanciales de un órgano jurisdiccional de acuerdo con el derecho interno de los Estados andinos y la naturaleza de la entidad consultante, a partir del principio de autonomía del Derecho Comunitario Andino. De esta manera, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina evalúa el desempeño de las funciones jurisdiccionales de quien solicita la interpretación prejudicial, exigiendo su constitución por mandato legal, que se trate de un órgano permanente, el carácter obligatorio de sus competencias, el deber de aplicar las normas comunitarias, el carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo, el respeto al debido proceso, y la imparcialidad de sus actos. Según su interpretación extensiva del concepto de juez nacional, el Tribunal de Justicia ha reconocido no sólo a determinadas entidades administrativas o constitucionales de un Estado Miembro sino también, a diferencia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a los árbitros la facultad para realizar una consulta con la finalidad de obtener una interpretación de carácter prejudicial. Desde esa perspectiva, los árbitros son asimilados a los jueces nacionales y deben solicitar al Tribunal de Justicia la interpretación del derecho comunitario andino que sea aplicable al caso. Esta decisión conlleva dificultades en cuanto a su compatibilidad con la naturaleza de la institución arbitral. / Tesis

En el año de 1872, un barco que transportaba 237 coolies1 chinos desde Macao hasta el Perú, tuvo que detenerse en un puerto de Yokohama, debido a que sus velas habían sufrido severos daños a consecuencia de una feroz tormenta en el Océano Pacífico. Esta nave, que llevaba por nombre María Luz, fue retenida por el Gobierno de Japón bajo el argumento de que el transporte de inmigrantes chinos a América en «condiciones duras» no podía ser aceptado por ese país. Los inmigrantes chinos fueron devueltos a China, el Capitán peruano y su tripulación regresaron al Perú en una nave de pasajeros y el María Luz permaneció durante varios meses en el puerto japonés sin que el Gobierno nipón diera señales de devolverlo. / Tesis

El presente trabajo de investigación surge a consecuencia de la problemática de anulación de laudos arbitrales por defecto de motivación, a fin de determinar los criterios de análisis utilizados por la Sala Civil Permanente del Distrito Judicial de Junín entre los años 2014, 2015, 2016 y 2017 al momento de resolver un recurso de anulación de laudo arbitral interpuesta ante su jurisdicción. Siendo que se pone en tela de juicio la eficacia del arbitraje, por ende, se analiza la labor por parte de la autoridad judicial de Junín, con ello se determina los criterios que adoptan los mismos y la suerte que sigue a un laudo arbitral declarado nulo.

Uno de los debates en el mundo del arbitraje es si el laudo arbitral debe ser controlado judicialmente por cada Estado nacional o, por el contrario, el Estado no debe ejercer control alguno sobre la autonomía de la voluntad empleada para pactar un arbitraje que escape del control estatal. El control judicial sobre el laudo se ejerce en muchos lugares del mundo, también en el Perú por supuesto. Ha sido previsto legislativamente desde las anteriores Leyes de Arbitraje y sigue estando regulado en la actual ley, de manera conforme con tendencias internacionales. Pero, ¿cuál debe ser el objeto del control, con particular referencia a la motivación del laudo? Este es el problema central que aborda la presente investigación. / Tesis

Tesis

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La novación objetiva es uno de los medios por los que podemos extinguir una relación obligatoria, siendo casi redundante afirmar que donde opera la novación objetiva todo a su paso “desaparece”, por lo que, en principio, diríamos que un contrato novado es aquel en donde se busca ir más allá de una simple modificación, pues el efecto deseado sería en hacer un “borrón y cuenta nueva”. En ese sentido, teniendo como premisa el efecto extintivo absoluto de la novación objetiva, cabría preguntarnos: ¿qué ocurriría en el caso de un contrato que contiene un convenio arbitral? ¿Será que este último corre la suerte de las demás obligaciones y se extingue, o es acaso que podría tener un tratamiento excepcional y sobreviviría al efecto extintivo de la novación objetiva? Esta y otras interrogantes son las que pretendemos dilucidar en las líneas siguientes. El presente artículo ha sido dividido en tres partes. Por un lado, desarrollaremos algunas ideas básicas acerca de la novación objetiva y, por otro lado, acerca de la naturaleza del convenio arbitral; para, finalmente, explicar los efectos de la novación objetiva en un contrato con convenio arbitral.

La presente investigación tiene como objetivo determinar si el recurso de anulación de laudo arbitral puede ser considerado, tal y como lo establecen la Duodécima Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, y la jurisprudencia constitucional vigentes, como una vía igualmente satisfactoria que el proceso constitucional de amparo para la protección de los derechos fundamentales lesionados en un arbitraje o con el laudo que le pone fin. Para dicho efecto, se determinan, a partir de la experiencia comparada y nacional, los criterios para calificar a un proceso judicial ordinario como una vía igualmente satisfactoria que el proceso constitucional de amparo para la tutela de los derechos fundamentales. Luego de sustentar la opción por la tesis de la autonomía del arbitraje, se realiza una aproximación teórica al recurso de anulación de laudo arbitral, mecanismo judicial ordinario de control de la regularidad del laudo arbitral y de las actuaciones arbitrales en general. En un tercer momento, se desarrollan las relaciones, no siempre pacíficas, entre el arbitraje y su control constitucional por medio del proceso de amparo. Se estudia las tesis en torno a la posibilidad de que el recurso de anulación puede ser calificado como una vía igualmente satisfactoria que el amparo para la tutela de los derechos fundamentales lesionados en el curso de un arbitraje o con el laudo que le pone fin. Finalmente, se determina si el recurso de anulación de laudo arbitral puede, en efecto, ser calificado como una vía igualmente satisfactoria que el amparo para la tutela de los derechos fundamentales lesionados en un arbitraje. / Tesis