El Perú independiente ha tenido doce constituciones (1823, 1826, 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1867, 1920, 1933, 1979 y 1993), cuatro estatutos provisorios (1821, 1855, 1879 y 1883) y una constitución confederada (1837). Anteriormente, siendo colonia de España, se aplicó fugazmente en el Virreinato del Perú la Constitución de Cádiz de 1812. ¿Qué ha conducido a esta proliferación de constituciones en el Perú, que ha hecho que tengamos un promedio de una constitución cada quince años?, ¿Se puede elaborar un saldo mirando objetivamente al nuevo siglo en el que hemos entrado?, tratamos de responder a esta pregunta, enfocándonos en el siglo XX.

La hipótesis central radica en que, en una era de constitucionalismo “más allá del EstadoNación”, el control de los tratados demanda que los Estados incorporen una serie de instituciones y herramientas que permitan tomar al derecho internacional en serio. Del mismo modo, y para complementar lo anterior, es necesario que la resolución de controversias en las que se resuelven asuntos vinculados con el control judicial de validez de tratados internacionales demanda que los Estados permitan la intervención de los tribunales de justicia a través de mecanismos, preferentemente, de carácter preventivo,w y ello debería centralizarse en una sola corte a fin de evitar una multiplicidad de criterios que terminen generando inseguridad jurídica en el manejo de las relaciones internacionales. La presente investigación es, esencialmente, de carácter teórico, ya que se analizará qué regulaciones adicionales deben incorporarse en los ordenamientos internos para introducir mayores garantías de cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por los Estados, sin que ello suponga incumplir con los preceptos de las constituciones nacionales. En consecuencia, se empleará una metodología que enfatice los criterios cualitativos. En esta tesis también se demuestra que el control judicial de validez de tratados efectuado por los tribunales no solo permite que se reafirme el carácter normativo de la constitución nacional, sino que además promueve un importante nivel de participación ciudadana (muy venida a menos en la escala internacional), lo cual puede enriquecer el análisis que efectúan los organismos internacionales a través de una sana interacción con los Estados. / The central hypothesis is that, in an era of constitutionalism "beyond the Nation-State", the constitutional review of treaties demands that States incorporate some institutions and tools that allow taking international law seriously. In the same way, and to complement the above, it is necessary that the resolution of controversies, in which matters related to the constitutional review of international treaties are resolved, demands that the States allow the intervention of the courts of justice through mechanisms, preferably, of a preventive nature, and this should be centralized in a single court in order to avoid a multiplicity of criteria that end up generating legal uncertainty in the management of international relations. The present investigation has a theoretical nature, since it will be analyzed what additionally should be incorporated into the internal legal systems to introduce greater guarantees of compliance with the international commitments assumed by the States, without this implying failure to comply with the precepts of the national constitutions. Consequently, a methodology that emphasizes qualitative criteria will be used. This thesis also demonstrates that the judicial review of the treaties fulfilled by the courts not only allows the normative character of the national constitution to be reaffirmed, but also promotes an important level of citizen participation (much diminished in the international scale), which can enrich the analysis carried out by international organizations through healthy interaction with States.

In this interview, the professor Tom Ginsburg addresses Comparative Law, the conditions for its study, its influence in capitalism, as well as his comparative studies over the constitutions, especially, of Latin American ones. He also addresses the conceptions that societies have about the relationship between Law and society, the moment of the creation of a Constitution, the factors involved in it and the perception of the judges and their decisions. / En la presente entrevista, el profesor Tom Ginsburg comenta acerca del Derecho Comparado, de las condiciones para su estudio, de su influencia en el capitalismo, así como sus estudios comparados sobre las constituciones, en especial, de las latinoamericanas. También comenta las concepciones que las sociedades tienen acerca de la relación entre el Derecho y la sociedad, el momento de la creación de una Constitución, los factores involucrados en ella y, sobre la percepción de los jueces y sus decisiones.

This article presents a comparative analysis of the development of the citizenship and theright to vote concepts during the XIX century, in Andean countries’ constitutions, specifically in Bolivia, Ecuador and Peru. In a particular way, the question about the inclusion of the indigenous people in Peru and Bolivia was medullary in the constituent discussions, and was resolved in many ways in both countries: in Bolivia, the debate fluctuated around many solutions until the imposition of the decree for the restriction of the right to vote just for literate people on the decade of 1840 (excluding the big indigenous majority), while in Peru, that restriction would not have been implemented until 1896.Debate processes and redefinitions have not existes in Ecuador: since the first constitution, it was established the requirement of knowing read and write to exercise citizenship. The differences between Ecuador and the other two cases is related with socioeconomic and political processes, specifically the regional conflicts that difficult the consolidation of a national unity, and the relation between indigenous and plantations since the beginning of the XIX century in Ecuador. More precisely, this article tries to situate the constitutional and legislative solutions in more wide political debates, as well as the social and economic changes that they have been generating. / Este artículo presenta un análisis comparado del desarrollo del concepto de ciudadanía y derecho al sufragio durante el siglo XIX, en las constituciones de los países de la región andina, concretamente, en Bolivia, Ecuador y Perú. De modo particular en Bolivia y Perú, la pregunta sobre la inclusión de los indígenas fue medular en los debates constituyentes, resolviéndose de diversa manera en ambos países: en Bolivia fluctuó en diversas soluciones, hasta decretarse la re- stricción del sufragio a los letrados en la década de 1840 (por tanto, a la gran mayoría indígena), mientras que en Perú ello no se daría sino hasta 1896.En Ecuador, no hubo un proceso de debates y redefiniciones: desde la primera Constitución se estableció el requisito de saber leer y escribir para ejercer la ciudadanía. Las diferencias con los otros dos casos tienen que ver con procesos de carácter socioeconómico y político, específicamente, los conflictos regionales que dificultaron la consolidación de la propia unidad nacional, y la relación entre indígenas y hacienda desde los inicios del siglo XIX en Ecuador. Precisamente, en este trabajo, buscamos situar las soluciones constitucionales y legislativas en los debates políticos más amplios, así como con los cambios sociales y económicos que se iban generando.

La presente investigación trata sobre el golpe de Estado producido en el Perú, el cual fue encaminado a destruir y transformar la estructura fundamental de la organización y de las instituciones del Estado, suspender el funcionamiento de la constitución, empezando por la disolución del poder legislativo, de los partidos políticos y de ir en contra de libertades públicas y privadas. Se habla sobre la experiencia política autoritaria vivida en 1992, donde existió el control de las instituciones desde el poder central y la corrupción. Se hace una pequeña línea desde el año 80 hasta el 90 para explicar la década con períodos democráticos formales, en donde se creía la perdurabilidad de la democracia, sin embargo, el país entraba nuevamente en un camino de serios problemas que fueron capaces de frenar el afianzamiento institucional y el orden democrático. Además se explica las consecuencias del golpe de Estado, siendo las instituciones democráticas las más afectadas como el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, El Tribunal de Garantías Constitucionales y los partidos políticos, debido a la pérdida de la institucionalidad y la poca confianza que generaron luego de dicha crisis, por lo que se hace una evaluación de las principales instituciones y órganos democráticos en el Perú, y cuáles fueron las consecuencias o secuelas que dejo dicho período autoritario vivido en nuestro país.

El presente informe realiza un análisis respecto a la Casación N° 2720-2019 emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima, la cual resuelve un recurso de casación interpuesto por la infracción normativa de los numerales 3 y 5 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, concordante específicamente con el numeral 2 del artículo 688° del Código Procesal Civil. El análisis se centra en lo resuelto por las instancias judiciales y lo que finalmente terminó por decidir la Corte Suprema sobre las actuaciones del juez y de las partes durante un proceso de ejecución laudo frente, a su vez, la tramitación de una acción de nulidad. Asimismo, se analizarán las defensas que la parte ejecutada puede realizar frente a un mandato ejecutivo que tiene por objeto el cumplimiento de las obligaciones contenidas en un laudo arbitral. Por último, se analizará los supuestos en que un laudo arbitral cuenta con la calidad de firme y si ello resulta necesario para ejecutar un laudo arbitral, conforme a las normas de nuestro ordenamiento jurídico. / This report analyzes Cassation No. 2720-2019 issued by the Permanent Civil Chamber of the Supreme Court of Justice of Lima, which resolves a cassation appeal filed for the normative violation of numerals 3 and 5 of article 139° of the Constitution of Peru, specifically consistent with numeral 2 of article 688° of the Civil Procedure Code. The analysis focuses on what was resolved by the judicial instances and what the Supreme Court finally ended up deciding on the actions of the judge and the parties during an award enforcement process against, in turn, the processing of an annulment action. Likewise, the defenses that the executed party can carry out against an executive order that has as its objective the fulfillment of the obligations contained in an arbitral award will be analyzed. Finally, the cases in which an arbitral award has the final quality will be analyzed and if this is necessary to execute an arbitral award, in accordance with the rules of our legal system.

La presente investigación pretende indagar en el concepto y características del concepto de justicia constitucional dialógica, sobre la base de un estudio de las repuestas del legislador a las sentencias del Tribunal Constitucional en las que, interpretando el artículo 173 de la Constitución, define el delito de función militar y policial. Actualmente, la idea de Estado Constitucional ampliamente aceptada en nuestro medio se asienta sobre la base de que la última palabra sobre asuntos de constitucionalidad la tienen las más altas instancias jurisdiccionales. En el caso del Perú, el Tribunal Constitucional. Las teorías dialógicas proponen quitarle la última palabra en materia de constitucionalidad al Tribunal Constitucional, toda vez que entienden que la interpretación constitucional es un proceso sostenido en el tiempo en el que participan en plena igualdad varios actores (jueces, legislador el gobierno, el pueblo). Se ha entendido que una manifestación de esta visión de la justicia constitucional permite al legislador emitir una normativa igual a la anteriormente declarada inconstitucional. En el Perú, aunque formalmente se podría entender que la última palabra en materia constitucional la ostenta el Tribunal Constitucional, ha habido varios casos de insistencia legislativa respecto de leyes declaradas inconstitucionales. En el presente trabajo se analizan las respuestas legislativas en materia de definición delito de función militar y se advierte que no cumplen con los estándares de la justicia dialógica.