El trabajo tiene como objetivo contribuir con las entidades de la administración pública, brindándoles estrategias y mecanismos que promuevan y permitan que el proceso de consulta previa sea considerado al momento de tomar decisiones y realizar sus distintas funciones, enfocándonos sobre todo en los planes y proyectos de inversión pública, al advertirse que pese a que existen diversas medidas susceptibles de pasar por consulta previa, a la fecha solo dos proyectos de inversión pública y un plan multisectorial han sido consultados. Así, para determinar las estrategias y mecanismos, el trabajo de investigación se vale de los siguientes tipos de análisis: cierre de brechas, factores críticos de éxito, recursos y capacidades y actores. En conjunto, estos análisis permitieron obtener una visión de la situación actual del proceso de consulta previa. Asimismo, hicieron posible identificar cuáles son los principales problemas que se presentan en el desarrollo de la consulta previa, las razones de su no incorporación y los elementos indispensables con los que se debe contar para ser implementada. El trabajo plantea las acciones necesarias que promuevan y permitan la incorporación del proceso de consulta por parte de las entidades de la administración pública. Cabe agregar que, como parte de la elaboración de las estrategias y mecanismos, se consideró la validación de la v viabilidad de estos con la entidad responsable de implementar la propuesta, es decir, el Ministerio de Cultura. Finalmente, considerando que fueron diversas estrategias las identificadas, entre ellas se priorizaron aquellas con mayor viabilidad. De este modo, estas estrategias seleccionadas se presentan en dos grupos: aquellas relacionadas con facilitar la incorporación de la consulta previa en la gestión pública a través de acciones del Ministerio de Cultura; y aquellas estrategias generales que promueven la incorporación de la consulta previa en la gestión de las entidades públicas a través de medidas generales

La presente mesa redonda gira en torno al tema de la consulta previa con respecto a un tema específico: El “Baguazo”. Para ello, los autores desarrollan temas de relevancia nacional, como el reconocimiento de los derechos de los pueblos ndígenas; la regulación de la consulta previa, tanto en la ley como en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo; sobre la autoridad competente en la materia, entre otros temas. A lo largo de la presente, se señala la incidencia de ésta ley en la sociedad peruana, analizando las consecuencias de la aplicación de la misma, siendo que la promulgación de esta norma busca de alguna forma reforzar la consulta previa y evitar futuras situaciones como la que se dio en Bagua.

A un año de la aprobación de la Ley de Consulta Previa, se han realizado varios análisis sobre este proceso político que hacen hincapié en la prontitud con la que se aprobó en los primeros meses  del  gobierno actual. No obstante, dicho proceso acelerado demandó un diseño legal e institucional que, a pesar recibir duras críticas por una fuerte desconfianza de las organizaciones indígenas con el Estado en diferentes escenarios posibles, ha sido adoptado y aceptado pragmáticamente por el Gobierno y las organizaciones indígenas con el anuncio del primer proceso de consulta previa. El presente artículo recoge esta problemática analizando el proceso de aprobación y reglamentación de la Consulta Previa, enmarcada en las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, así como los desafíos del diseño institucional que este proceso demanda.

Desarrolla sobre el derecho a la consulta previa y la actividad del sector empresarial. Se analiza el derecho a la consulta previa contemplado en el Convenio N° 169 OIT y como la implementación de esta en nuestro país a través de la Ley N° 29785 y el Reglamento de la ley en mención ha tenido resultados desfavorable para la actividad económica dedicada a la explotación de recursos naturales ubicados en territorios que se encuentran ocupados por poblaciones indígenas u originarias, en ese sentido, se mostrarán los aspectos negativos de la Ley N° 29785 y su Reglamento en el Sector Empresarial. Asimismo, se ha identificado los beneficios de las actividades que realiza el sector empresarial en nuestro país, por lo que debe plantearse una solución adecuada que permita seguir realizando las labores que impulsan la economía del país, sin que ello afecte el ejercicio de derechos de parte de los Pueblos Indígenas u Originarios, y menos de la sociedad civil; se plantea que la Ley y el Reglamento puede modificarse de tal manera que pueda ser un verdadero instrumento que refleje la realidad de nuestra sociedad, y el impulso que esta tiene para seguir creciendo. / Elaborates on the right to prior consultation and the activity of the corporate sector, analyzing the right to prior consulation in conformity with OIT Convention N° 169 and how the implementation of such convention in our country through Law N°29785 and the Regulations of the law in question have had unfavorable results for the economic activity dedicated to the exploitation of natural resources located in territories occupied by Native or Indigenous Peoples, in which case the thesis will show the negative aspects of Law 29785 and its Regulations in the Corporate Sector. In the same manner, this thesis identifies the benefits of the activities carried out by the corporate sector in our country, which is why and appropriate solution that allows the continuity of works that boost the country’s economy needs to be proposed without this affecting the exercise of rights of the Native or Indegenous Peoples, nor much less that one of the civil society. This thesis proposes that the Law and Regulation can be modified in such manner that it can become a legitimate tool that reflects the reality of our society and the drive it possesses to keep growing. / Tesis

El trabajo de investigación aborda una perspectiva multidisciplinaria que se enfoca en generar una herramienta de comunicación, abordando temas importantes como son el gobierno móvil, la tecnología y el Estado. Gobierno móvil es un concepto que ha tomado fuerza en muchos países en desarrollo, muchos de estos descritos en casos de éxito en países donde el uso de este tipo de plataformas aportó en el desarrollo de políticas de Estado, siendo una herramienta versátil y útil en diversos campos. Luego de un análisis de la situación actual de los Pueblos Indígenas y el proceso de Consulta Previa en el Perú, nuestro trabajo de investigación propone el uso de aplicaciones móviles que colaboren con las políticas del Estado, lo que está alineado al Plan Bicentenario de nuestro país. Así, de esta manera contribuir con un aporte al Estado en la implementación de Gobierno Móvil como una herramienta que refuerza la inclusión, posibilitando el acceso del ciudadano de todas partes del Perú a los programas y planes de apoyo social a cargo del Estado. / The research work addresses a multidisciplinary perspective that focuses on generating a communication tool, addressing important issues such as mobile government, technology and the State. Mobile government is a concept that has taken hold in many developing countries, many of these described in successful cases in countries where the use of this type of platforms contributed to the development of State policies, being a versatile and useful tool in various fields After an analysis of the current situation of Indigenous Peoples and the process of Prior Consultation in Peru, our research work proposes the use of mobile applications that collaborate with State policies, which is aligned with the Bicentennial Plan of our country . Thus, in this way contribute with a contribution to the State in the implementation of Mobile Government as a tool that reinforces the inclusion, making possible the access of the citizen of all parts of Peru to the programs and social support plans in charge of the State. / Trabajo de investigación

[pt] A presente dissertação procura analisar os conflitos indígenas associados a projetos de desenvolvimento e processo de licenciamento ambiental de empreendimentos localizados no interior, ou que afetem terras Indígenas. O trabalho busca realizar uma reflexão jurídica sobre o conceito de indígenas e terras indígenas, avaliando as implicações práticas desse conceito na instalação de projetos de desenvolvimento, e em seus processos de licenciamento ambiental. Como metodologia de pesquisa será feita análise da legislação aplicável, comparada com conceitos antropológicos e jurídicos, análise de decisões judiciais relevantes e casos práticos. Serão apresentadas alternativas de alterações legislativas e sugestões de interpretação legal e constitucional, especialmente relacionados à forma e aos prazos para a condução de processos de demarcação de Terras Indígenas, ao processo de licenciamento ambiental e ao processo de consulta a indígenas. Tais proposições serão apresentadas como sugestões de redução do conflito indígena no país. / [en] Quite a while ago the indigenous population issues stopped receiving secondary treatment on the definition of public policies of investment and development of infrastructure projects. This change took place, basically, due to factors such as the advance of the frontiers of energy, agribusiness, mining and infrastructure development into remote areas – especially in the North of Brazil, encountering important Indigenous Lands and other areas of interest to this indigenous population, isolated or otherwise. Development advance over indigenous lands – coupled with the lack of ability by the State and other players to properly anticipate identifying possible conflicts with indigenous populations and treating them adequately, have worsened conflicts with indigenous populations. By conflicts with indigenous populations, I understand it to be conflicts over land and respect for their way of life, which often leads to violence – with or without casualties. The frightening numbers of this silent war speak for themselves. According to FUNAI (National Indigenous Foundation), the Brazilian indigenous population in 1500 was approximately 3 million individuals. This number had been reduced to 360,000 by 1825. These numbers can be explained through our history of territorial occupation. The indigenous population was treated as a part of the territory to be dealt with, occupied and cleaned up. The territory cleansing – in both in the ecological and human aspects – was how the Brazilian territory was created and, to some extent, continues to be created In addition, the lack of a centralized discussion forum for indigenous issues has led these important discussions to leave the governmental sphere, to wind up taking place in project environmental licensing procedures – giving project managers the responsibility to answer the demands of these communities.

It’s not possible to forget the indigenous and native communities as a key element in the Peruvian  constitutional  structure.  Previous consultation is a reflection of this. However,this has not always been so. For a long time,the economic and cultural hegemonies that influenced the constitutional conceptions putaside the fundamental diversity and dialogue.In this article, the author alludes to Low- intensity Constitutionalism which marked distance between political events and social conflict. For the author, the emergence of prior consultation is a sign of historical grievance and that in this context, a constitutional theory that does not put aside cultural diversity is necessary, since political representation is legitimized when the State ensures the rightsof all citizens. / No es posible olvidar a las comunidades andinas u originarias en la estructura constitucional peruana. La consulta previa es reflejode ello. Sin embargo, esto no siempre ha sidoasí. Durante mucho tiempo, las hegemonías económicas  y culturales  que  influyeron  en las concepciones constitucionales dejaron delado la diversidad y el diálogo fundamental.En el presente artículo, el autor hace alusión al Constitucionalismo de Baja Intensidad, que marcó distancia entre los acontecimientos políticos y el conflicto social. Para el autor, la aparición de la consulta previa es un signo de reivindicación histórica y que, en dicho contexto, es necesaria una teoría constitucional que no deje de lado la diversidad cultural, puesto que la representación política se legitima cuando el Estado vela por los derechos detodos los ciudadanos.

Made available in DSpace on 2016-08-18T12:54:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTACAO_IGOR MARTINS COELHO ALMEIDA.pdf: 1150866 bytes, checksum: a429e6646ea75e957fcbdb49a3566aca (MD5) Previous issue date: 2015-03-20 / Este estudio tiene como objetivo analizar la relación entre el derecho a la consulta previa (establecido por el Convenio 169 de la OIT), con las nociones de identidad y multiculturalismo en Colombia, Perú y Brasil, a partir de un análisis crítico comparativo de los sistemas legislativos y judiciales estos países. Por lo tanto, marca su objeto de investigación en el que se percibe en su interfaz con la idea de la identidad y la diversidad cultural de finales del siglo XX estos sistemas. A partir del estudio de una doctrina con los autores clásicos y autores latinoamericanos desde el campo de la sociología en las cuestiones planteadas aquí, así como el análisis de la jurisprudencia de los países antes mencionados, se propone una discusión para investigar el grado en que los nuevos derechos están incorporados en los sistemas de regulación y la forma en que se abordan en el sistema judicial. Se inicia con la hipótesis de que, dada la configuración social de estos países y el proceso de desarrollo experimentado por ellos, hay conflictos sociales y legales que terminan siendo discutido dentro del poder judicial, y cómo se ha examinado estos conflictos. Para este tipo de análisis en un principio las concepciones más actuales de la identidad, el multiculturalismo y la globalización, a través de la presentación del derecho a la consulta previa fue construido a nivel internacional y lo que su impacto en los pueblos indígenas y tribales de América Latina. Por último, un análisis crítico de cómo los reglamentos y decisiones judiciales de los tribunales superiores de estos países se enfrentan al debate sobre la declaración de identidad, el respeto y la garantía de la diversidad cultural a través de la ley de consulta previa, que culminó en cómo se produjo este proceso en otros países para medir el desempeño del Estado brasileño en el cumplimiento de los derechos de esos pueblos / O presente trabalho tem por objetivo analisar a relação entre o direito de consulta prévia (estabelecido pela Convenção nº 169 da OIT) com as noções de identidade e multiculturalismo na Colômbia, Peru e Brasil, partindo de uma análise crítica-comparativa nos sistemas legislativo e judicial desses países. Desta forma, delimita seu objeto de pesquisa a como esse direito é percebido em sua interface com a ideia de identidade e diversidade cultural do final do século XX nesses sistemas. A partir do estudo de uma doutrina com autores clássicos e autores e autoras latino-americanos do campo da sociologia sobre os temas aqui levantados, bem como de análise das jurisprudências dos países já mencionados, propõe-se uma discussão para investigar até que ponto os novos direitos estão incorporados aos sistemas normativos e como são abordados no sistema judicial. Parte-se da hipótese de que, dada a configuração social desses países e o processo de desenvolvimento vivenciado por eles, existem conflitos sócio-jurídicos que acabam sendo discutidos no âmbito do Poder Judiciário, e como este tem analisado tais conflitos. Para tal, analisa em um primeiro momento as concepções mais atuais sobre identidade, multiculturalismo e globalização, passando pela apresentação de como o direito de consulta prévia foi construído internacionalmente e qual seu impacto no âmbito dos povos indígenas e tribais latino americanos. Por fim, faz uma análise crítica sobre como as regulamentações e as decisões judiciais das instâncias superiores desses países vêm enfrentando o debate da afirmação das identidades, do respeito e garantia da diversidade cultural através do direito de consulta prévia, culminando sobre como esse processo ocorreu em outros países para balizar a atuação do Estado Brasileiro na observância dos direitos desses povos.

Abordamos en esta tesis el estudio del Régimen Jurídico de la Minería Aurífera en Colombia, dado que representa uno de los sectores que más agresión causa a los activos naturales, que más daño hace al ambiente, al entorno natural, siendo, además, un factor de degradación social extremadamente grave. Está compuesta por una Introducción y doce capítulos, que van desde la ubicación de la república de Colombia, pasando por los antecedente históricos, así como exponiendo la Estructura del Estado Colombiano. Se examina la práctica de la explotación de este recurso mineral, al tiempo que se estudia la manera desaforada como se ha desarrollado esta actividad fuera de control, en la que las instituciones, sean estas de la Fuerza Pública, policiales y militares, así como el Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, de la Fiscalía General de la Nación, como también las propias autoridades administrativas, llámese Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, como las Corporaciones Autónomas Regionales, Departamentos, Distritos y Alcaldías, han quedado rezagadas frente al creciente avance y poder destructor de la minería ilegal y criminal, que ha encontrado en la explotación aurífera un mecanismo fundamental y básico de financiamiento de sus actividades criminales y delincuenciales. Se examina las diversas clasificaciones de la minería aurífera en Colombia, las que corresponden a la minería ancestral, tradicional, de subsistencia, pequeña, mediana y gran minería. Estas tres últimas están determinadas por la extensión superficiaria del área concesionada. Así por ejemplo: a la pequeña minería le corresponden hasta ciento cincuenta (150) hectáreas; a la mediana minería entre ciento cincuenta (150) y cinco mil (5.000) hectáreas y a la gran minería entre cinco mil (5.000) y diez mil (10.000) hectáreas. Por el contrario, en el caso de las otras formas de minería, esto es, la ancestral, tradicional, y de subsistencia, estas no gozan de una amplitud especial en cuanto al área física como se ha detallado con las premencionadas. Hacemos un muy riguroso examen de la normatividad jurídica que viene desde las normas de la colonia, algunas de las cuales se mantiene en la República. Se examina los cuatro códigos mineros contando desde la decisión del presidente Libertador Simón Bolívar de 1.829; la Ley 20 de 1.969; Decreto ley 2655 de 1.988 y, finalmente, el actualmente vigente Código de Minas o Ley 685 de 2.001. No sobra advertir que el que se considera como el primer código de minas de Colombia es la Ley 20 de 1.969. En los capítulos sexto y séptimo se estudia, de manera amplia y detallada, la normatividad o corpus jurídico minero de la legislación minera colombiana. En el octavo se aborda el tema de la gobernabilidad y gobernanza. En el noveno los impactos producidos por la minería. En el décimo las acciones de manejo y control estatal. En el undécimo otros grandes proyectos y, finalmente, unas conclusiones y recomendaciones.

El propósito de la tesis fue indagar sobre los factores de coordinación entre las entidades del sector público que dificultaron o facilitaron el proceso de consulta previa con los pueblos indígenas para la emisión de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. La investigación encontró que los factores que dificultaron el proceso de consulta previa fueron la inadecuada comunicación y el escaso conocimiento; mientras que el liderazgo técnico y político facilitó la coordinación entre las entidades del sector público. Por un lado, la inadecuada comunicación fue evidente entre las instituciones del sector público y en su relación con los pueblos indígenas expresado en: la falta de respuesta a las solicitudes, cambios de las fechas de reuniones programadas, aparición de cartas apócrifas, uso de materiales educativos sin tomar en cuenta el grado de instrucción de los indígenas, uso de discursos confrontacionales que se materializó en denuncias a los dirigentes y la descalificación a la cosmovisión indígena. Por otro lado, el escaso conocimiento se evidencia en: no se convocó -desde el inicio- a todas las organizaciones indígenas; ausencia de expertos en la implementación de la consulta previa; inexistencia de un procedimiento para implementar dicho proceso; así como no se consideró la forma como los pueblos indígenas trasmiten conocimientos y toman decisiones. Sin embargo, es posible afirmar que la inadecuada comunicación y escaso conocimiento no impidieron el desarrollo del proceso de consulta previa, debido fundamentalmente al liderazgo técnico y político que facilitó la coordinación entre las instituciones que participaron, lo señalado se evidencia en: la creación del Grupo de Trabajo Interministerial (GI) que asumió la dirección técnica; la Comisión Agraria del Congreso de la República que asumió la dirección política y decidió consultar una medida legislativa a los pueblos indígenas, a pesar de no tener presupuesto, equipo técnico ni norma que regulará el proceso de consulta previa; así como la predisposición al diálogo y la flexibilidad para permitir la participación de los pueblos indígenas. / Tesis