Se enfocó como objetivo general establecer la mejora en el proceso de las compras públicas de la Policía Nacional, mediante el sistema de compras electrónicas Acuerdo Marco y Subasta Inversa Electrónica para bienes y servicios durante el año fiscal 2018 y 2019, teniendo en cuenta que se debe establecer la forma en que las compras electrónicas pueden proporcionar herramientas poderosas para impulsar un índice de eficiencia superior en transparencia y economía en las compras públicas. Metodológicamente esta investigación fue realizada bajo el marco del diseño descriptivo y mediante un proceso de revisión bibliográfica. Cuando se hace la compra pública por canales electrónicos, la fluidez en la proporción de la información para dominio público es mayor y mucho más ágil. Cabe señalar que la Policía Nacional del Perú al ser un ente de administración pública, está sujeta al principio de transparencia, por lo que debe facilitar la participación ciudadana a la corroboración del buen uso de los fondos públicos. Teniendo como conclusiones que en cuanto a la compra de bienes y servicios por medios electrónicos en el año fiscal 2018 y 2019 ha sido positivo en tanto ha permitido mejorar la transparencia en el uso de fondos públicos por parte de la Policía Nacional del Perú, pues ha permitido no solo publicitar a través del SEACE lo que se está haciendo con dichos fondos de manera más precisa, sino también gestionar con mayor eficiencia las compras públicas, sustentadas con documentos electrónicos, ello brinda mayor seguridad a la ciudadanía de lo que se hace con sus aportes y cómo se comporta la administración de la PNP en relación al manejo del presupuesto público. / The general objective was to establish the improvement in the process of public purchases of the National Police, through the electronic purchasing system for goods and services during fiscal year 2018 and 2019, taking into account that the way in which the eprocurement can provide powerful tools to drive a higher efficiency ratio in transparency and economy in public procurement. Methodologically, this research was carried out under the framework of descriptive design and through a process of bibliographic review. When the public purchase is made through electronic channels, the fluidity in the proportion of the information for the public domain is greater and much more agile. It should be noted that the National Police of Peru, being a public administration entity, is subject to the principle of transparency, so it must facilitate citizen participation to corroborate the proper use of public funds. Taking as conclusions that regarding the purchase of goods and services by electronic means in fiscal year 2018 and 2019 has been positive in that it has allowed to improve transparency in the use of public funds by the National Police of Peru, since it has allowed not only to publicize through SEACE what is being done with said funds in a more precise way, but also to manage public purchases more efficiently, supported by electronic documents, this provides greater security to citizens than what is done with their contributions and how the PNP administration behaves in relation to the management of the public budget.

En el presente trabajo de investigación se detallarán los principales antecedentes del Régimen del Servicio Civil. Asimismo, se abordarán los principales cambios que la entidad Servir ha efectuado en el Régimen del Servicio Civil en aras de acelerar el proceso de migración de las entidades públicas al Régimen del Servicio Civil, el cual postula erradicar la distorsión y el desorden suscitado en el sector público. En ese sentido, se evidenciarán dichos cambios a efectos de poder evidenciar el impacto en el proceso de reforma de la entidad Servir a través del Régimen Servir, ocasionado por la implementación de la Ley N.º 31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público, y la Sentencia N.º 979/2021, Sentencia que declara la constitucionalidad parcial del Régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). / In the present research work, the main antecedents of the Civil Service Regime will be detailed. Likewise, the main changes that the Servir entity has made in the Civil Service Regime will be addressed to accelerate the migration process of public entities to the Civil Service Regime, which postulates to eradicate the distortion and disorder caused in the sector. public. In this sense, said changes will be evidenced to demonstrate the impact on the reform process of the Servir entity through the Servir Regime, caused by the implementation of Law No. 31131, Law that establishes provisions to eradicate discrimination in public sector labor regimes, and Judgment No. 979/2021, Judgment that declares the partial constitutionality of the Administrative Services Contract Regime (CAS).

La incorporación del arbitraje como mecanismo de solución de controversias obligatorio para los contratos de servicios, bienes y obras donde participe el Estado Peruano ha supuesto que la gran parte de procesos arbitrales se desarrollen bajo la normativa de contrataciones, donde las materias controvertidas son diversas. Dentro de este grupo, adquieren especial relevancia las relacionadas a las solicitudes de ampliaciones de plazo, pues, en la gran mayoría de contratos, por diferentes motivos, los contratistas consideran que existen razones para que el plazo inicial de ejecución del contrato se vea prorrogado. Asimismo, se debe tener presente que el sector de la construcción, en el cual se encuentran los contratos de obra del Estado, es especialmente conflictivo, por la alta especialización que se requiere. Ante ello, existe un porcentaje más que considerable de contratos de obra con el Estado, en los cuales se van a presentar controversias sobre ampliaciones de plazo En ese sentido, en el presente caso se analizará lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento sobre los requisitos que se deben cumplir para el otorgamiento de una ampliación de plazo, así como, realizar un análisis, y sentar una posición jurídica, sobre los efectos jurídicos que genera la aprobación de una ampliación de plazo, todo ello, teniendo como base lo resuelto en un caso en concreto bajo la aplicación de la normativa y el Contrato. / The incorporation of arbitration as a mandatory dispute resolution mechanism for service, goods and works contracts involving the Peruvian State has meant that most of the arbitration proceedings are carried out under the contracting regulations, where the matters in dispute are diverse. Within this group, those related to requests for term extensions are particularly relevant, since in the vast majority of contracts, for different reasons, the contractors consider that there are reasons for the initial term of the contract to be extended. It should also be borne in mind that the construction sector, in which State construction contracts are found, is particularly conflictive, due to the high level of specialization required. In view of this, there is a more than considerable percentage of construction contracts with the State, in which controversies will arise regarding term extensions. In this context, the analysis of the present case analyzes the provisions of the State Contracting Law and its Regulations on the requirements that must be met for the granting of a term extension, as well as to analyze and establish a legal position on the legal effects generated by the approval of a term extension, all based on what has been resolved in a specific case under the application of the regulations and the Contract.

En el presente trabajo académico se desarrolla un análisis del conflicto que se origina en la redacción de la normativa de contratación estatal peruana, referente a la nulidad de oficio del contrato administrativo, esto es, aquel que ha sido producto de un proceso de contratación en los que se han llevado a cabo actos que contravienen estas normas, lo que en suma con las potestades administrativas discrecionales que ostenta la entidad estatal que lo suscribe, deviene en una distorsión interpretativa de la misma, con consecuencias de diferente envergadura: desde una percepción general de impunidad ante las contrataciones nulas, hasta la convalidación de una serie de actos de corrupción1. Por ello, el exceso de discrecionalidad de la entidad debe ser objeto de control a través de la norma, separando de manera clara los actos anulables de los nulos, donde los primeros adolecen de vicios que no afectan el orden público, por lo que es posible privilegiar el interés general en su valoración sobre aquellos; mientras que, en los segundos, no cabe esta potestad al ser el ordenamiento jurídico el que ya ha realizado esta valoración y los califica de vicios que no pueden convalidarse debido a su innegable afectación del orden público. Por tanto, ningún acto propiamente nulo puede ser objeto de discrecionalidad en su declaratoria. Es así que mediante el análisis teórico de los presupuestos doctrinarios, en conjunto con una interpretación sistemática de la normativa en cuestión, se concluye en ratificar lo antedicho, debido a que no se puede negar la naturaleza de un acto que es nulo, ni aun amparándose en las potestades discrecionales de las que puede hacer uso una entidad.

El presente estudio tiene como objetivo identificar las causas de la corrupción en la construcción de obras públicas a partir de dos casos de estudio: Vía de Evitamiento y el Hospital Antonio Lorena del Cusco. Se argumenta que corrupción presente en estos dos casos responde a una racionalidad utilitaria y de interacción estratégica presente en las relaciones entre actores públicos y privados (variable independiente 1), y la existencia de deficiencias normativas en el proceso de contratación (variable independiente 2). Para probar la hipótesis planteada se emplea una metodología multimétodo: un experimento por encuesta aplicado a funcionarios públicos que laboraron en el Gobierno Regional del Cusco entre el 2011 al 2014, entrevistas semiestructuradas a actores clave y revisión de fuentes secundarias. En este estudio, el enfoque de políticas públicas permite ponderar el poder y recursos de los actores, los procesos burocráticos politizados y los conflictos de interés dentro del proceso de contratación de obras públicas. Se encuentra que la toma de decisiones responde a un pacto entre las partes que surge de los sobornos ofrecidos por las constructoras. A su vez, las decisiones de los actores se explican por el sesgo cognitivo de aversión a pérdida, es decir, personas prefieran evitar una perdida segura, el no involucrarse en actos de corrupción, en favor de una perdida potencial, perder el trabajo e ir a prisión. / This study analyzes corruption in public construction procurement to identify its causes. This, based on two case studies: “Avenida de Evitamiento y el Hospital Antonio Lorena del Cusco. It is argued that corruption present in these two cases responds to an utilitarian rationality and strategic interaction present in the relationships between public and private actors (independent variable 1), and the existence of regulatory deficiencies in the contract procurement. (independent variable 2). To test the hypothesis, this study uses a multi-method methodology: an experiment by survey applied to public officials who worked in the Regional Government of Cusco between 2011-2014, semi-structured interviews with key actors and review of secondary sources. Likewise, the public policy approach allows to consider the power and resources of the actors, politicized bureaucratic processes and conflicts of interest within the construction public procurement. In that sense, the study proves that decision-making responds to an agreement between the actors involved in the construction public procurement. This agreement arises from the bribes offered by construction companies. Also, it responds to the cognitive bias of aversion to loss, that is, actors avoid a certain loss, not receive a bribe; in favor of a potential loss, lose their job and go to prison.

La presente investigación analiza la experiencia de la Municipalidad Provincial de Canchis en materia de procesos de contratación de bienes y servicios para la ejecución de una obra pública tomando la obra “Construcción de la Plaza de Armas de la Ciudad de Sicuani” como caso de estudio. La investigación se lleva a cabo en un gobierno local de Cusco que realizó adquisición de bienes y servicios para la ejecución de una obra pública, detallando este proceso de ejecución de obra en dos contextos temporales: la ejecución de la obra por una empresa privada y la ejecución de la misma por una entidad estatal. Se estudia la variada casuística presentada en los procesos de contratación de bienes y servicios para la mencionada obra pública, describiendo las ventajas y desventajas de las contrataciones en ambos situaciones: ejecución privada como ejecución pública.

La controversia en el expediente se origina a partir de la solicitud de arrendamiento de material tractivo y rodante de Ferrocarril Santuario Inca Machupicchu S.A.C. (Fersimsac), nuevo operador de servicios de transporte ferroviario. Fersimsac solicita a Ferrocarril Trasandino S.A. (Fetrans) el arrendamiento del material tractivo y rodante que este había recibido como parte de la concesión del Ferrocarril Sur Oriente. No obstante, Fetrans alegó que este material había sido arrendado en su totalidad a su empresa vinculada Perurail, quien prestaba los servicios de transporte ferroviario de acuerdo con lo previsto en su contrato de concesión. Lo anterior fue analizado por la Comisión de Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) a raíz de una denuncia de Organismo Supervisor de la Infraestructura de Transporte (OSITRAN) y Fersimsac en contra de Fetrans por presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de negativa injustificada de trato y discriminación. Esta es la controversia que da origen al presente Expediente y cuyos aspectos controvertidos comprenden materias la interpretación del Contrato de Concesión, el análisis de competencia sobre el material tractivo y rodante, así como la participación de OSITRAN en el procedimiento administrativo sancionador. Al respecto, considero que INDECOPI no realizó una correcta interpretación del Contrato de Concesión, la misma que tuvo impacto en una incorrecta delimitación del mercado relevante. Finalmente, OSITRAN no fue incorporado en el procedimiento como correspondía, lo cual fue corregido por el Tribunal. Finalmente, es importante notar que esta controversia se mantiene a nivel judicial. Esta controversia fue materia de pronunciamiento de la justicia constitucional, debido a una acción de amparo presentada por Perurail en la cual cuestionaba la admisión de la apelación de OSITRAN y que tuvo como consecuencia permitir a la Sala conocer la controversia. Si bien ya se contaba con un pronunciamiento de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaraba nula la admisión de la apelación y firme la decisión de la Comisión, todo lo actuado fue declarado nulo por el Tribunal Constitucional en la sentencia del 18 de agosto de 2020 recaída en el Expediente No. 1484-2015-PA/TC. Así, el Tribunal Constitucional ha ordenado volver a la etapa de admisión de la demanda y la controversia sobre la admisión de OSITRAN en el procedimiento sigue pendiente

En este trabajo de tesis se realiza una evaluación del desempeño del mecanismo de Licitaciones de Largo Plazo realizadas en el marco de la Ley 28832 “Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica” que permite identificar aspectos que podrían estar afectando la competencia por los contratos de largo plazo. Estos contratos se encuentran próximos a su vencimiento por lo que es necesario revaluar el diseño de las licitaciones de largo plazo en un contexto en el que el 60% de la energía producida en el Perú proviene de centrales hidroeléctricas y en el que las tecnologías que utilizan Energías Renovables No Convencionales (ERNC), como la solar fotovoltaica y eólica, deberían estar en condiciones de competir con las centrales convencionales sin barreras que limiten su ingreso al parque generador. Se han revisado las experiencias internacionales de Brasil y Chile, países en los cuales ha habido un fuerte ingreso de tecnologías ERNC con precios competitivos. En Chile a diferencia de Brasil estas tecnologías compiten sin ningún tipo de ayudas o subsidios. En mercados con un parque generador compuesto predominantemente por centrales hidroeléctricas, solar fotovoltaicas y eólicas, el pago por capacidad debería estar orientados a asegurar el suministro de energía firme en periodos de baja afluencia de agua y poca disponibilidad de irradiación solar fotovoltaica y viento mientras que la remuneración de potencia firme solo correspondería a aquellas centrales que contribuyen a cubrir la máxima demanda del sistema eléctrico, tales como las centrales térmicas que utilizan gas natural. En ese contexto y estando próximo el vencimiento de los Contratos de Suministro de las Licitaciones de Largo Plazo, se recomienda hacer ajustes en el mecanismo de licitaciones de modo que: • Los desajustes de la demanda sean cubiertos con las Licitaciones de Corto Plazo contempladas en la Ley 28832 en lugar de la suscripción de contratos bilaterales con tope en el Precio en Barra, esto permitirá incorporar las señales de escasez o abundancia del Mercado de Corto Plazo en las tarifas que pagan los usuarios regulados. • Se realicen ajustes en las licitaciones de largo plazo que promuevan el ingreso de centrales de generación que utilizan ERNC, como la solar fotovoltaica y eólica. Esta recomendación se realiza sobre la base de la experiencia registrada en Brasil y Chile en cuyas últimas licitaciones se ha tenido una participación importante de estas tecnologías con precios competitivos aun cuando su ingreso debe complementarse con una mayor cantidad de reservas operativas y servicios auxiliares y complementarios adicionales. Estos ajustes incluyen la responsabilidad del Regulador en la conducción e implementación de las licitaciones, la migración a un mecanismo de contratación de energía con potencia asociada por bloques horarios, la incorporación de las restricciones de las líneas de transmisión y la evaluación de la incidencia de la aplicación de las fórmulas de indexación en la adjudicación de las ofertas. / In this thesis, a performance evaluation of long-term auctions based on Law 28832 has been made in order to identify key aspects that could be affecting competition for long-term contracts. In Perú, where hydroelectric power plants supply the 60% of energy produced at The National Electric Power Interconnected (SEIN) and long-term contracts are about to expire, there is the need to reassess the design of these auctions in order to removing the barriers to market entry to the technology of non-conventional renewable energy sources, such as wind and solar photovoltaic. Brazil and Chile experiences have been reviewed with the goal to learn about auctions used to promote the entry of these technologies. In Chile, this technologies don´t have any kind of aids and subsidies. In electric markets with high levels of hydropower, solar photovoltaic and wind, the capacity payment for generators should remunerate the firm energy delivery to the electric system in stress condition when there is a lack of water, sun and wind; even though they need additional operational stocks and ancillary services. The payment of firm capacity will only be for generators that contribute to cover the maximum demand of the interconnected electric system, such as natural gas thermal plants and others with diesel and carbon when they are required. Taking into account that contracts are about to expire, the following recommendations are made. The mismatch of electric demand should be covered with short-term auctions based on Law 28832 instead of signing bilateral contracts with cap on the Base Price. • Make some adjustments in the bidding mechanism to remove entry barriers for nonconventional renewable energy sources. These adjustments include the responsibility of the Regulator for management the auctions, moving to contract blocks of energy with power associated, adding the restrictions of transmission lines and the evaluation of the effect of indexing formulas in the allocation mechanism.

El proyecto de innovación se desarrolló en el marco de las Contrataciones Públicas del Perú. A partir de la información recolectada, se evidencio que una gran cantidad de profesionales que laboran en los OEC de las Entidades Públicas no se encuentran certificados, a pesar de ser está una obligación que deben cumplir todas las Entidades a nivel nacional. Por ello, este proyecto está enfocado en encontrar una solución al problema público identificado que es la “Ineficaz implementación del procedimiento de certificación de profesionales y técnicos que laboran en el OEC de las Entidades Públicas a nivel nacional desarrollado por el OSCE entre los años 2018 y 2019”. La principal evidencia del problema fueron los informes emitidos por los OCI de 62 entidades en el año 2019, que identificaron que el 72.04 % de los profesionales no se encuentran certificados, y por los informes de 12 entidades, que identificaron que el 65.40 % no se encuentran certificado. En consecuencia, se pone en riesgo la gestión logística. Por consiguiente, se propone cambios innovadores para enfrentar este problema identificado, siendo la propuesta “Mejorar la Plataforma Pública del SICAN” que implementa un registro de información, que permitirá generar una base de datos confiable y accesible para un control y monitoreo más eficiente del OSCE, los OCI, de la Contraloría General y de cada una de las OECs. Asimismo, esta propuesta fue validada por los principales usuarios, desde el punto de vista de la deseabilidad organizacional, la perspectiva de la factibilidad y la viabilidad económica. / This innovation project was developed within the framework of the Procurement Peru’s public sector. From the information collected, it became evident that a large number of professionals and technicians working in the bodies in charge of Public Entity Procurement (OEC) is not certified, at although this is an obligation that must be fulfilled by all national entities. Therefore, this project is focused on finding a solution to the public problem identified as the "Ineffective implementation of the certification procedure of professionals and technicians who work in the OEC of Public Entities at the developed by the OSCE between 2018 and 2019". The main evidence of the problem were the reports issued by the institutional control bodies (OCI) of 62 public entities in 2019, which identified that 72.04% of professionals are not certified, and by reports from 12 entities, which identified that 65.40% did not are certified. Consequently, logistics management is put at risk. The project therefore proposes innovative changes to address this problem identified, being the proposal "Improve the SICAN Public Platform" than by implementing an information register, which will make it possible to generate a reliable and accessible data for more efficient control and monitoring of the OSCE OCI, the Comptroller General's Office and each of the OECs. In addition, this proposal was validated by the main users, from the point of view of desirability and from the perspective of feasibility and economic viability. / Trabajo de investigación

En la normativa del derecho laboral en el estado peruano, se encuentran contrapuestos diversos derechos, principios y garantías que, como resultado acarrean la vulneración de los derechos de muchos trabajadores, en especial del sector público, donde se tienen diversas modalidades de contratación. Siendo esta diversidad, la que genera desigualdad y desequilibrio. Dentro del régimen de la actividad pública se encuentra la llamada Contratación Administrativa de Servicios (en adelante CAS), la cual afecta derechos laborales y más aún, generaría desigualdad y discriminación frente a los demás regímenes laborales. En ese sentido nuestra posición supone explicar: qué es un contrato laboral a la luz de los principios del Derecho del trabajo, así mismo, evidenciar que existe una vía procedimental por medio de la cual puedan accionar las personas que se sientan afectadas en sus derechos, evidentemente en busca de la restitución de los mismos. Hasta el momento, en la jurisdicción nacional se han visto diversidad de fallos y sentencias de toda índole, los cuales debieran ser unificados para llegar a tener una sola línea de acción, siendo así, lo que se busca en el presente trabajo es marcar un posible camino, a través de la Acción de Convencionalidad, el cual conduzca a un pronunciamiento jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), quien, de una vez por todas, delimite la aplicación de los principios del Derecho del trabajo y así no solo el Perú, sino todos los países adscritos a su jurisdicción, estén vinculados para que elaboren contratos laborales acorde a los lineamientos que emita el máximo intérprete de los Derechos Humanos en América.