El presente proyecto de innovación propone un cambio en la forma en la que actualmente se viene desarrollando la etapa de admisión de ofertas en los procedimientos de contratación pública en el Perú, y es que luego de la revisión y análisis de las evidencias que sustentan este proyecto, se determinó que el problema detectado en dicha etapa tiene como causa principal la actuación irregular de parte de los comités de selección. Bajo ese contexto, el desafío de innovación se traduce en la siguiente pregunta ¿Cómo podemos reducir las actuaciones ineficientes e irregulares de los comités de selección en la etapa de admisión de ofertas para mejorar y hacer más transparentes, imparciales y eficientes los procedimientos de contratación pública en el Perú? Sobre el prototipo de innovación se trata de una nueva funcionalidad que se desarrollaría dentro del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado – SEACE, de modo que sea el mismo proveedor del Estado quien registre la información -que actualmente se solicita declarar en los anexos de presentación obligatoria- en formularios electrónicos que mantengan el carácter de declaración jurada, y que al estar vinculados por la interoperabilidad a fuentes de información interna y externa, se alerte al proveedor cuando la información que está declarando no guarde relación con aquella que fue registrada en las mencionadas bases de datos, la cual fue validada por una serie de especialistas, a efectos de verificar su deseabilidad, factibilidad y viabilidad. / This innovation project proposes a change in the way in which the bid admission phase is currently being developed in public procurement procedures in Peru, because after reviewing and analyzing the evidence that supports this project was determinated that the problem detected in that phase is main caused by the irregularity of the acts of the selection committees. In this context, the innovation challenge translates into the next question: How can we reduce the irregular actions of selection committees at the bid admission phase to improve and make them more transparent, impartial and efficient public procurement procedures in Peru? About the innovation prototype it is a new functionality that would be developed within the Electronic System of State Procurement – SEACE, so that it is the same state provider who records the information that is currently requested to declare in the annexes of mandatory presentation in electronic forms that maintain the character of affidavit, and that being linked by interoperability to internal and external information sources, the provider is alerted when the information that is being declared is not related to that which was registered in the aforementioned databases., which was validated by a series of specialists, in order to verify its desire, feasibility and viability.

El devenir actual en la ejecución de obras públicas en nuestro país advierte el crecimiento de una tendencia bastante interesante en lo que respecta a qué marco contractual se decide emplear para esta actividad: por un lado, tenemos al clásico Contrato Administrativo, regulado por normas públicas con larga trayectoria y de usual utilización, como es la Ley de Contrataciones del Estado. En contraposición lo anterior, la utilización de contratos de estándares internacionales para la construcción, como son los NEC, se ha popularizado estos últimos años, siendo empleados para la ejecución de proyectos de infraestructura pública de diversos tipos, situación que irrumpió a partir de la ejecución de las obras de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del año 2019. Tomando en consideración lo hasta ahora expuesto, es oportuno preguntarnos ¿Resulta justificado ese cambio de tendencia para el provecho de la obras públicas en nuestro país?, ¿Esta transición del Contrato Administrativo (regulada por la Ley de Contrataciones del Estado) al contrato privado (específicamente el tipo NEC) resulta beneficiosa para la ejecución de obras públicas en nuestra coyuntura?, ¿El Contrato Administrativo en nuestro país ha evidenciado inutilidad y/u obsolescencia para la ejecución de obras públicas frente a marcos contractuales de derecho privado (como es el Contrato NEC)? El presente trabajo de investigación buscar dar respuesta a esas y otras preguntas, con el objetivo de clarificar si un tipo contractual resulta ser mejor que otro (ya sea en todo o en parte) para la ejecución de obras públicas en el Perú. / The current evolution in the execution of public works in our country shows the growth of a very interesting trend as regards the contractual framework that is decided to be used for this activity: on the one hand, we have the classic administrative contract, regulated by public regulations with a long history and of usual use, such as the Government Procurement Law. In contrast to the above, the use of international standard contracts for construction, such as the NEC, has become popular in recent years, being used for the execution of public infrastructure projects of various types, a situation that burst into the execution of the works for the Pan American and Parapan American Games in 2019. Taking into consideration the above, it is appropriate to ask ourselves: Is this change of trend justified for the benefit of public works in our country? Is this transition from the administrative contract (regulated by the Government Procurement Law) to the private contract (specifically the NEC type) beneficial for the execution of public works in our situation? Has the administrative contract in our country shown its uselessness and/or obsolescence for the execution of public works compared to private law contractual frameworks (such as the NEC Contract)? This research work seeks to answer these and other questions, with the objective of clarifying whether one type of contract is better than another (either in whole or in part) for the execution of public works in Peru. / Trabajo académico

En el presente trabajo se analiza si las modificaciones efectuadas sobre los contratos de concesión de infraestructura de transporte de uso público, cofinanciados y vigentes, han alterado la asignación de riesgos previamente pactada por las partes. Para tal efecto, en primer lugar, se estudia y reconoce que la óptima distribución de riesgos es una característica inherente a las asociaciones público privadas, siendo las concesiones cofinanciadas una de sus modalidades. Asimismo, se define el alcance de la noción de riesgo contractual, se identifican cuáles son los riesgos que existen y se comparten en las concesiones cofinanciadas, así como los criterios para conseguir una eficiente asignación. Como siguiente paso, se estudian las razones que justifican la legítima necesidad de recurrir a las modificaciones contractuales, como mecanismos de solución de contingencias no previstas, pero también se reconoce la existencia de ciertos peligros que encierran las renegociaciones contractuales. En ese mismo orden de ideas, se estudia la evolución normativa de la regulación sobre adendas y modificaciones contractuales, con especial énfasis en el tratamiento legal del deber de procurar no alterar la asignación de riesgos originalmente contemplada. Continuando con el desarrollo de la investigación, se establecen los criterios en virtud de los cuales debe considerarse que una modificación contractual altera justificada o injustificadamente la asignación de riesgos. Posteriormente, sobre la base de dichos criterios, se efectúa un análisis detallado de las modificaciones efectuadas a los trece contratos de concesión cofinanciados vigentes de infraestructura de transporte de uso público que han sido objeto de alguna renegociación. Después de completar dicho estudio, se determina si las modificaciones contractuales analizadas han producido una alteración en la asignación de riesgos previamente establecida y si, de ser el caso, dicha variación es justificada o injustificada. Dichos resultados son consolidados gráficamente. La investigación finaliza con la presentación de las conclusiones y de algunas recomendaciones normativas, que pueden ser implementadas, con la finalidad de precisar el alcance de la obligación legal de procurar no alterar la asignación de riesgos y de evitar la suscripción de adendas que incurran en variaciones injustificadas de los esquemas de distribución de riesgos. / In the present research, it is analyzed if the modifications made to the current co-financed concession contracts of transport infrastructure for public use, have altered the allocation of risks previously agreed upon by the parties. For this purpose, first of all, it is studied and recognized that the optimal distribution of risks is an inherent characteristic of public-private partnerships, and therefore of co-financed concessions, as they are forms of public-private partnerships. Likewise, in the development of the thesis, the notion of contractual risk is defined, which are the risks that exist and are shared in the cofinanced concessions, as well as the criteria to achieve an efficient allocation. As a next step, this research presents the reasons why the modifications of concession contracts are legitimately used as mechanisms for the resolution of unforeseen contingencies, but also recognizes the existence of certain dangers inherent in contractual renegotiations. In this sense, the evolution of regulatory regulation on addenda and contractual modifications is studied, with special emphasis on the legal treatment of the duty to try not to alter the assignment of risks originally agreed upon. Continuing with the development of the research, the guidelines to be followed are established to determine if a contractual modification justifiably or unjustifiably alters the allocation of risks. Subsequently, following these criteria, a detailed analysis is made of the modifications to the thirteen current co-financed concessions transport infrastructure for public use that have been subject to at least a renegotiation. After completing this study, it is determined if the contractual modifications have produced an alteration in the previously established risk allocation and if, if applicable, such variation is justified or unjustified. These results are consolidated graphically. The investigation ends with the presentation of the conclusions and some recommendations, which can be implemented legally, in order to specify the content of the legal obligation to ensure that the allocation of risks is not altered and to avoid addenda that incurs unjustified alterations of the risk distribution schemes. / Tesis

El presente trabajo de investigación analiza los problemas subyacentes a la contratación pública, la cual está directamente relacionada con el crecimiento y el desarrollo de un país. Por tal motivo, se propone un cambio de perspectiva respecto al principal problema de la contratación pública: el bajo nivel de competencia; en consecuencia, partimos de la premisa que, superando dicho problema, es posible superar aquellos problemas vinculados, tales como la corrupción o la sobrevaloración de precios. Para tal fin, se parte por describir lo que debemos entender por competencia y cómo es que la contratación pública ha sido abordada por organismos supranacionales (OMC, CNUDMI, OCDE) y específicamente, cómo es que es regulada en los países miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú). En segundo lugar, se debate sobre las propuestas de mejora del nivel de competencia en la contratación pública en el Perú, considerando que el vigente marco normativo viene sufriendo cambios periódicos. Finalmente, se propone mecanismos de mejora de los métodos de contratación utilizados actualmente, sea por sus buenos resultados en la experiencia internacional o sea porque ya han sido incorporados en otros marcos normativos en los que el Estado peruano participa (diálogo competitivo, selección en dos fases, etc.); esto, debido a que un mayor nivel de competencia en la contratación pública generará una contratación pública más eficiente, es decir, el Estado obtendrá mayor valor por el dinero público, mediante una mejor relación calidad-precio. / Trabajo de investigación

El presente trabajo abordará temas relacionados a los diversos regímenes de contratación de personal utilizados por el Estado, los mismos que son el Régimen Público, normado por el Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento, así como por la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, el Régimen Privado, normado por el Decreto Legislativo N° 728, Ley de Fomento del Empleo, y el antiguo Régimen de los Contratos de Servicios No Personales (SNP), quienes pasaron al régimen de los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) desde junio del año 2008, régimen normado por el Decreto Legislativo Nº 1057 y por su reglamento normado por el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM; así como la problemática generada por la mala utilización de los mismos, en especial del antiguo régimen de SNP ahora CAS, lo que ha ocasionado desorganización en la Administración Pública, dilución del concepto de Carrera Administrativa y vulneración de derechos laborales. La hipótesis planteada en el presente trabajo se refiere a que, si la problemática generada con la coexistencia de distintos regímenes de contratación de personal en el Estado no es solucionada, la desorganización en la Administración Pública continuará y los derechos laborales de los trabajadores contratados inicialmente como Servicios no Personales y luego mediante CAS, seguirán siendo vulnerados. Las preguntas planteadas para resolver la hipótesis son las siguientes, ¿las normas de contratación de personal para laborar en el Estado fueron respetadas?, ¿tuvo sustento legal la utilización de los contratos SNP?, ¿fue el CAS la solución adecuada para regularizar la situación del personal contratado como SNP?, ¿el régimen CAS es constitucional? Con el presente estudio se tratará de demostrar la desorganización en la que se encuentra la Administración Pública, así como la evidente vulneración de los derechos laborales del personal contratado inicialmente como SNP y luego como CAS, planteando finalmente una propuesta de solución al problema. Para la elaboración del estudio se utilizará el Método Deductivo, con el que se analizará inicialmente el marco normativo existente para la contratación de personal utilizada por el Estado, se identificarán los distintos regímenes de contratación, para luego identificar los problemas generados y plantear finalmente una solución a los mismos.

La presente investigación jurídica centró su estudio en los actos de colaboración que realiza el extraneus en la comisión del delito de negociación incompatible previsto en el artículo 399 del código penal, a efectos de revelar su relevancia penal y, por ende, su punibilidad. Tal estudio tiene su motivación en la existencia de Resoluciones Judiciales que suelen absolver a los extraneus de la imputación de cómplices del mencionado delito, sosteniendo no ser punible los actos de los extraneus porque el mencionado artículo no admitiría el procesamiento ni sanción de los terceros exrtraneus que participan también en el mismo proceso de contratación “corrompido”, no presentando mayor sustento dogmático, amparándose solo en diversos pronunciamientos judiciales de nuestra Corte Suprema, entre ellos, en el recurso de Casación Nro. 841-2015-Ayacucho (Caso Gobierno Regional de Ayacucho) que niega la complicidad en el citado delito. En la presente investigación desarrollamos un profundo análisis doctrinario y jurisprudencial de los fundamentos políticos criminales que subyacen al delito de negociación incompatible desde un enfoque de delito de corrupción que nos permitirá comprender su naturaleza y tratamiento; proponiendo además, un replanteamiento del bien jurídico protegido que nos permite visibilizarlo como un delito de peligro concreto y con ello, como un delito en el cual muy bien puede interactuar posibles cómplices en su comisión. Desde el punto de vista del cómplice, planteamos que este personaje no solo tiene deberes generales de no dañar, sino que, ingresa a un segundo nivel de asunción de deberes especiales, distinto al del autor claro está, regulados por las normas jurídicas de contratación publica, los cuales son asumidos de manera voluntaria, al asumir roles contractuales con el Estado y, son estos deberes especiales [por su condición de postor, contratista, ejecutor, concesionario, etc] que al ser infraccionados y afectar el bien jurídico protegido del delito de negociación, los que permiten sustentar responsabilidad penal del extraneus que se favorece con el contrato. Finalmente, concluiremos que el supuesto jurídico del delito de negociación no restringe la concurrencia de cómplices [cuando se da la modalidad delictiva de “interés indebido de terceros favorecidos con el contrato u operación”], su naturaleza no es regular actos de complicidad, pues, la complicidad se regula desde la parte general y su aplicación es transversal a todos los tipos penales de la parte especial, entre ellos, el delito de negociación. Con este planteamiento, no se pretende criminalizar a toda persona que participa contratando con el Estado, sino solo, evitar espacios de impunidad, como política de integridad Estatal. / This legal investigation focused its study on the acts of collaboration carried out by the extraneus in the commission of the crime of incompatible negotiation provided for in article 399 of the Penal Code, in order to reveal its criminal relevance and, therefore, its punishability. Such a study is motivated by the existence of judicial decisions that usually absolve extraneus of the accusation of being accomplices to the aforementioned crime, maintaining that the acts of extraneus are not punishable because the aforementioned article would not admit the prosecution or punishment of third exrtraneus who also participate in the same "corrupt" contracting process. It does not present any further dogmatic support, relying only on various judicial pronouncements of our Supreme Court, among them, in the appeal of Cassation No. 841-2015-Ayacucho (Case of the Regional Government of Ayacucho) which denies complicity in the aforementioned crime. In this research, we develop an in-depth doctrinal and jurisprudential analysis of the criminal political foundations that underlie the crime of incompatible negotiation from a corruption crime approach that will allow us to understand its nature and treatment; It also proposes a rethinking of the protected legal right that allows us to make it visible as a crime of concrete danger and with it, as a crime in which possible accomplices may very well interact in its commission. From the point of view of the accomplice, we propose that this character not only has general duties not to harm, but also enters a second level of assumption of special duties, different from that of the perpetrator of course, regulated by the legal rules of public procurement, which are assumed voluntarily, by assuming contractual roles with the State and, It is these special duties [due to their status as bidder, contractor, executor, concessionaire, etc.] that, when they are infringed and affect the legal right protected from the crime of negotiation, make it possible to sustain criminal liability of the foreigner who is favored by the contract. Finally, we will conclude that the legal assumption of the crime of negotiation does not restrict the concurrence of accomplices [when the criminal modality of "undue interest of third parties favored with the contract or operation"] occurs, its nature is not to regulate acts of complicity, since complicity is regulated from the general part and its application is transversal to all the criminal types of the special part. among them, the crime of negotiation. With this approach, it is not intended to criminalize every person who participates in contracting with the State, but only to avoid spaces of impunity, as a policy of State integrity. / Trabajo académico

Cómo, las capacidades estatales administrativas de cualquier efectivo policial que labora en una unidad ejecutora de la Policía Nacional del Perú, influye en la ejecución del presupuesto asignado anualmente a dicha unidad, es un aspecto no abordado, y mucho menos estudiado por algún órgano o unidad orgánica de la PNP. La especialidad en Contrataciones del Estado, o en Contrataciones Públicas, no existe en la PNP; y es que la evolución de los programas presupuestales en nuestro país es relativamente nuevo, ya que vienen siendo implementados por el Ministerio de Economía y Finanzas desde el año 2008; a ello se suma la capacitación que tiene que tener el personal policial que es asignado a una Unidad Ejecutora, ya que como dijimos, además de no ser una especialidad, tampoco dicha materia es dictada en los centros de formación policial. Lo que no lleva a la pregunta: ¿y cómo hace el personal policial que es cambiado para trabajar en una Unidad Ejecutora? La respuesta llega sola, tiene que ir aprendiendo desde el nivel básico. Pero las normas sobre contrataciones son modificadas continuamente, lo que implica una actualización permanente. Pero cuando la situación parece estabilizarse, vienen los desplazamientos de cargos, es decir, los cambios de colocación de aquel personal policial que habiéndose capacitado y actualizado, tiene que ser cambiado de colocación a otra unidad policial, que no necesariamente es otra unidad ejecutora. El presente proyecto de innovación se centra en estas capacidades estatales administrativas, en el caso particular, en las del personal policial de la Unidad Ejecutora 029 DIREJANDRO PNP, y cómo su mayor o menor fortalecimiento institucional, influye finalmente en el trabajo profesional y éste, en los bienes, servicios u obras que como producto, son entregados a la sociedad, como parte de la implementación de las políticas públicas donde la PNP tiene participación. / How, the administrative state capacities of any police force that works in an executing unit of the National Police, influences the execution of the budget assigned annually to said unit, is an aspect not addressed, and much less studied by any organ or organic unit of the National Police of Peru. The specialty in State Procurement, or in Public Procurement, does not exist in the National Police; The fact is that the evolution of budget programs in our country is relatively new, since they have been implemented by the Ministry of Economy and Finance since 2008; Added to this is the training that police personnel who are assigned to an Execution Unit must have, since as we said, in addition to not being a specialty, this subject is not taught in police training centers either. Which does not lead to the question: and how do the police personnel who are changed to work in an Execution Unit do? The answer comes alone; you have to learn from the basic level. But the rules on hiring are continually modified, which implies a permanent update. But when the situation seems to stabilize, there are the displacements of positions, that is, the changes of placement of those police personnel who, having been trained and updated, have to be transferred to another police unit, which is not necessarily another executing unit. This innovation project focuses on these administrative state capacities, in the particular case, on those of the police personnel of the Executing Unit 029 DIREJANDRO PNP, and how their greater or lesser institutional strengthening ultimately influences professional work and this, in the goods, services or works that, as a product, are delivered to society, as part of the implementation of public policies where the National Police has participation.

Se observa en el Perú un incremento sostenido del número de arbitrajes en contrataciones con el Estado, por lo que es cada vez más trascendente el interés público que subyace en ello. Por ende, las disputas del arbitraje se tratan bajo el escrutinio de la sociedad en general y lamentablemente, casos como el de Orellana e investigaciones como las realizadas a raíz de Lava Jato han puesto en materia de discusión la transparencia del arbitraje. Por ello, el objetivo de este artículo es contribuir un poco más al entendimiento de la realidad arbitral de modo que se hagan más observables ciertas realidades del arbitraje peruano y se identifiquen preliminarmente algunos aspectos susceptibles de mejora como son las designaciones de los árbitros y el deber de revelación. También, se plantea una propuesta primigenia de marco normativo usando como base las reglas del International Bar Association (en adelante IBA) y teniendo en consideración características propias de nuestro contexto. Cabe mencionarse que esta investigación es en su mayoría de metodología dogmática, ya que usa normativa, doctrina y jurisprudencia para fundamentar el razonamiento. Sin también se presentan cifras y datos obtenidos de estudios e informes jurídicos para dar solidez a la argumentación. Una de las conclusiones principales es que dada la existencia de materias especializadas con pocos profesionales en dichos campos y de un creciente número de arbitrajes los parámetros numéricos de las IBA deben ser modificados para que puedan ser herramientas idóneas para nuestro sistema jurídico. / A sustained increase in the number of arbitrations in contracting with the State is observed in Peru, so the public interest underlying this is becoming more transcendent. Therefore, arbitration disputes are dealt with under the scrutiny of society in general and, unfortunately, cases such as the Orellana case and investigations such as those carried out as a result of Lava Jato case have put the transparency of arbitration under discussion. Therefore, the objective of this article is to contribute a little more to the understanding of the arbitration reality in such a way that certain realities of Peruvian arbitration become more observable and some aspects susceptible to improvement are preliminarily identified, such as the appointments of the arbitrators and duty of disclosure . Also, an original proposal o normative framework was made using as a basis the rules of the International Bar Association (hereinafter IBA) and taking into account characteristics of our context. It should be noted that this research is mostly dogmatic methodology, since it uses legislation, doctrine and jurisprudence to support the reasoning. Also, figures and data obtained from legal studies and reports are also presented to give strength to the argument. One of the main conclusions is that considering the existence of specialized subjects with few professionals in these fields and a growing number of arbitrations, the numerical parameters of the IBA must be modified so that they can be suitable tools for our legal system.

La presente investigación tiene como objetivo delimitar el rol de los secretarios arbitrales dentro del proceso arbitral. En primer lugar, se realiza una delimitación conceptual que aborda la definición doctrinaria de los secretarios arbitrales, su importancia para el arbitraje, y la forma en cómo dichos aspectos han sido regulados por la normativa nacional y los reglamentos de las instituciones arbitrales nacionales e internacionales. En segundo lugar, se aborda la interrogante de si es necesaria una regulación o aclaración de las funciones de los secretarios arbitrales; y cuál sería el enfoque más adecuado para realizar dicha regulación. Con ese objetivo, se analiza la importancia de la trasparencia como elemento central en la actuación de los secretarios arbitrales y las preocupaciones que han surgido en torno a su participación en el proceso arbitral. Asimismo, se realiza un análisis de algunos casos y sentencias importantes en el ámbito internacional. Finalmente, se aborda a profundidad el análisis de las diferentes tareas de las que se ocupan los secretarios arbitrales, detallando aquellas funciones sobre las que no existe controversia, y planteando una opinión acerca de otras funciones que pueden resultar más controvertidas. A lo largo de la investigación, se analizan los datos de las encuestas realizadas por instituciones arbitrales internacionales, así como la de realización propia, con el objetivo de conocer la percepción de la comunidad arbitral respecto a todos los temas

El presente informe tiene como objetivo llevar a cabo un análisis jurídico de la Sentencia de Casación N°525-2020/Nacional. Dicho análisis girará en torno a dos preguntas principales las cuales son las siguientes: ¿el abogado Luis Peschiera Rubini puede ser considerado autor del delito de colusión agravada en la fase de selección del Proceso de Contratación para el Proyecto Gasoducto Sur Peruano? ¿Se declaró fundado correctamente el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del abogado Luis Peschiera Rubini? Respecto de la primera pregunta podemos señalar que analizaremos si en efecto el abogado Luis Peschiera Rubini si puede ser considerado autor del delito de colusión agravada regulada en el artículo 384° de Código Penal. Para abordar dicha cuestión, revisaremos la teoría del acceso al dominio de protección sobre el bien jurídico vulnerable y puesto en peligro que nos propone el profesor alemán Shüneman. Sobre la segunda pregunta, debemos señalar que se analizará si es que Corte Suprema hizo bien en declarar fundado el recurso de casación que interpuso la defensa técnica del abogado. Adelantando nuestra posición, consideramos que no hizo bien ya que declaró como atípica una conducta típica, con lo cual no nos encontramos de acuerdo, más aún porque de esa forma la investigación del abogado Luis Peschiera Rubini quedó archivada. / The purpose of this report is to carry out a legal analysis of the Cassation Ruling N°525-2020/National. This analysis will focus on two main questions: can attorney Luis Peschiera Rubini be considered the author of the crime of aggravated collusion in the selection phase of the Procurement Process for the Southern Peruvian Gas Pipeline Project? Was the cassation appeal filed by the technical defense of attorney Luis Peschiera Rubini correctly declared well-founded? Regarding the first question, we will analyze whether in fact attorney Luis Peschiera Rubini can be considered the author of the crime of aggravated collusion regulated in article 384° of the Criminal Code. To address this question, we will review the theory of access to the domain of protection over the vulnerable and endangered legal property proposed by the German professor Shüneman. Regarding the second question, we must point out that we will analyze whether the Supreme Court was right in declaring the cassation appeal filed by the lawyer's technical defense to be well-founded. Advancing our position, we consider that it did not do well since it declared as atypical a typical conduct, with which we do not agree, even more so because in this way the investigation of attorney Luis Peschiera Rubini was archived.