En el presente trabajo se analizarán consecuencias contractuales y extracontractuales en los casos de incumplimiento dentro de los contratos administrativos. Se analizará tanto doctrina para la descripción de figuras importantes tales como el incumplimiento contractual y la acción de repetición, como un caso práctico, para mejor entendimiento. / Contractual and non-contractual consequences will be analyzed in cases of non-compliance within administrative contracts in the present article. Both doctrine for the description of important figures such as contractual breach and recourse action will be analyzed, as well as a practical case for better understanding. / Trabajo académico

El presente artículo analiza el por qué el uso de figuras jurídicas aplicables al derecho administrativo general no puede ser discrecional ni mucho menos arbitrario. Existen reglas de aplicación supletoria que deben ser rigurosamente observadas preliminarmente a efectos de determinar si su uso no desnaturaliza el propósito mismo de la norma en cuestión. La figura de la Eficacia Anticipada del Derecho Administrativo no está pensada para una aplicación general sino para verificar cada caso en particular y sus implicancias. En tal sentido, en el caso de las prestaciones adicionales para la ejecución de contratos de bienes y servicios del Estado deben cumplir con las disposiciones normativas que les son aplicables, no pudiendo utilizar salvavidas jurídicos para regularizar situaciones que ponen en cuestión la legalidad de la decisión adoptada. / This article analyzes why the use of legal concepts applicable to general administrative law cannot be discretionary, much less arbitrary. There are supplementary application rules that must be strictly observed preliminarily to determine if their use does not distort the very purpose of the relevant norm. The concept of Anticipated Effectiveness in Administrative Law is not intended for general application but rather to assess each specific case and its implications. In this regard, in the case of additional obligations for the execution of contracts for goods and services with the State, they must comply with the applicable regulatory provisions, and legal loopholes cannot be used to regularize situations that question the legality of the decision made. / Trabajo académico

En el presente trabajo de investigación sobre principios de la ley de contrataciones y adquisiciones menores a 8 UIT se determinó la influencia de la vulneración de los principios que rigen la ley de contrataciones del estado en las adquisiciones menores a 8 UIT de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. La metodología optó por el tipo de investigación básica con un diseño no experimental transversal, nivel descriptivo-correlacional, que aplicó encuestas y revisó información de la institución en un determinado momento y tiempo único. La población y muestra es el total de adquisiciones menores a 8 UIT en soles en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo durante el periodo de setiembre de 2021. Los resultados identificaron que el uso de los principios de las contrataciones del estado se encuentran en un nivel deficiente y muy deficiente, adicional a ello las adquisiciones menores a 8 UIT en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, también es calificado de nivel deficiente, porque las adquisiciones incumplen los principios. Por último, se determinó una relación directa y positiva del 93.2% en la influencia (correlación) de los principios de la Ley de contrataciones del estado en las adquisiciones menores a 8 UIT.

El presente artículo científico, propone acciones de mejora para optimizar la gestión por procesos en los procedimientos de contratación del PAC 2019 del PEOT; ello se realizó mediante un enfoque mixto, en la que se ha determinado que se realiza las fases de acuerdo a la LC, existiendo puntos críticos en las fase de planificación y actuación preparatoria y fase de ejecución contractual, resaltando el desconocimiento para la elaboración del requerimiento y los procesos a llevarse a cabo para ello, ocasionando demoras y consecuentemente generando que estas sean convocados en fechas posteriores a la prevista, además no existe el seguimiento adecuado que permita su culminación de manera satisfactoria. Posteriormente, se ha identificado indicadores para un mejor seguimiento con respecto a las brechas encontradas por fase, finalmente en cuanto a la gestión por procesos, se resume que, no se tiene definido el procedimiento a seguir en procesos que no se encuentran contenidos en la normativa de contrataciones, así como los tiempos que ello demanda. Es por ello que se ha planteado una propuesta en la que se establecen acciones concretas factibles que hará que la gestión por procesos de las contrataciones se desarrolle de manera eficiente y eficaz y que garanticen el cumplimiento de los objetivos estratégicos, permitiendo además realizar un seguimiento en tiempo real y ser utilizado por las áreas cuyo nivel les faculte tomar decisiones de gestión para contribuir al fin público y desarrollo de la Región Lambayeque.

En el marco de los Objetivos del Milenio, la falta de provisión de servicios públicos esenciales constituye en el Perú una carga histórica que debe ser superada con el objetivo de implementar de manera eficiente políticas de desarrollo social, establecer índices sostenibles de crecimiento micro y macroeconómico y aportar a la reducción de las tasas de pobreza en el país. Sin embargo, es indiscutible que la prestación de tales servicios esenciales o de interés público o general (servicios eléctricos, de transporte, ferroviarios, aeroportuarios, portuarios, etc.) no es posible sin contar con el soporte o sostén de una infraestructura que permita su viabilidad. De esta manera, en los países latinoamericanos, la falta de provisión de servicios públicos se ha intentado explicar en la denominada “Brecha de Infraestructura en América del Sur”, término que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (“CEPAL”) y la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas (“UNASUR”) han utilizado en diversas investigaciones Ejemplo claro de esta brecha es que, en los últimos 20 años, los países latinoamericanos (con distintos modelos económicos y políticos) han invertido aproximadamente entre el 2% y el 3% de su Producto Bruto Interno (“PBI”) en infraestructura, salvo en los casos de Chile con 6% y Colombia con 4%

El presente trabajo de investigación busca analizar el nuevo mecanismo de solución de controversias conocido como Dispute Board o Junta de Resolución de Disputas (en adelante, JRD) que ha sido recogido en la actual Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Se parte de la hipótesis que la JRD nació como un mecanismo de solución de controversias que busca cubrir las desventajas del arbitraje, dado que los que intervienen en la JRD son especialistas que conocen la controversia desde antes de su surgimiento formal, por lo que tienen mayor alcance del problema. Este tema resulta sumamente relevante de investigar en tanto se trata de un nuevo mecanismo en el cual las controversias son resueltas durante la ejecución de la obra, significando así aparentemente una prontitud en la decisión. En esta investigación, se parte del análisis del sector de la construcción y del contrato de obra pública para posteriormente analizar la experiencia de la JRD en el ámbito internacional y de cómo este mecanismo ha sido recogido en el ámbito nacional. Se concluye que pese a todos los beneficios propios de la JRD, éste resulta ser solo un mecanismo pre-arbitral, toda vez que la decisión de la Junta no tiene carácter de cosa juzgada como sí lo tiene el laudo arbitral, por lo que como está diseñada la JRD, se obtendrá una decisión susceptible de ser examinada y revisada en un arbitraje, lo que podría significar un efecto contrario al que se busca con la aplicación de la JRD.

El presente trabajo de investigación abarca el estudio de la condición resolutoria en los contratos de trabajo como instrumento de extinción de la relación jurídica laboral. Asimismo, analiza su aplicación y requisitos de validez frente a una posible colisión de derechos fundamentales y principios del derecho laboral. De esta manera, en la primera parte se describe, analiza y estudia la condición resolutoria como modalidad del acto jurídico a la luz de las categorías jurídicas civiles existentes en nuestra legislación para luego establecer las características y los requisitos para su configuración y validez, respectivamente. Además, estudia el principio de estabilidad en el empleo desde un punto de vista crítico y analítico en el marco del proceso de flexibilización de las normas laborales y su relación con la condición resolutoria. Se concluye que para que se pueda pactar una condición resolutoria en el contrato de trabajo es necesario que esta cumpla con los requisitos que determinen su validez y que no signifique un abuso de derecho/poder por parte del empleador, de lo contrario se atentaría con el principio de estabilidad en el empleo. Además, debe hacerse uso del principio de proporcionalidad el cual es, sin duda alguna, una herramienta idónea de solución de los conflictos entre derechos fundamentales.

En el sistema de contratación estatal se evidencia la presencia de ciertas prerrogativas exorbitantes a favor de la Administración Pública, materializadas mediante “cláusulas exorbitantes” que demostrarían la superioridad jurídica del Contratante Estatal como garante del interés público. Ante ello, un sector de la doctrina ha manifestado que las “cláusulas exorbitantes” como la potestas variandi o la resolución unilateral son implícitas, por lo tanto, no es necesario que estén incluidas en el cuerpo general del contrato administrativo. Sin embargo, el presente trabajo académico, además de ofrecer importantes alcances conceptuales sobre la materia, tiene por finalidad estipular algunas consideraciones sobre la figura de la resolución unilateral en los contratos de concesión de servicios públicos, debido a que no existen prerrogativas exorbitantes de manera implícita, estas deberán tener un fundamento normativo y contractual de forma obligatoria. La razón de ello es que nuestro ordenamiento legal está guiado por directrices como la seguridad jurídica, donde la Administración Pública deberá actuar sujeto a criterios de razonabilidad, bajo los límites de los derechos fundamentales de iniciativa privada, libertad de empresa, contratación y propiedad privada, consagrados para los concesionarios.

La compra pública es una importante herramienta para incidir en la sostenibilidad ambiental de la producción y consumo de bienes, servicios, así como de obras. Tanto por el alto volumen de recursos que moviliza como por su aplicación en todos los sectores y niveles de gobierno. Sus efectos positivos están siendo demostrados en varios países desarrollados y en desarrollo. En este trabajo se revisan las experiencias y se elaboran propuestas orientadas a expandir su aplicación en el Perú. A nivel internacional existen, por ejemplo, regulaciones y orientaciones de las Naciones Unidas, de la Unión Europea. En países latinoamericanos se han incluido normativas, impulsados diversos proyectos e intercambiado experiencias exitosas. En el caso peruano, este proceso empezó con la Ley General del Ambiente, Ley 28611 del 2005 que introdujo el criterio de asignar mayor puntaje en la selección de proveedores del Estado que muestren condiciones ambientales adecuadas. La Ley de Contrataciones del Estado del 2008 incorporó el principio de sostenibilidad ambiental. También está considerada en varios tratados de libre comercio suscritos por el Perú. Con la nueva ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225 del 2015, se creó la figura de la homologación de bienes y servicios; y el Organismo Supervisor de las Contrataciones Estatales ha aprobado bases estándar. Es necesario, sin embargo, expandir las compras públicas ambientalmente sostenibles en el Perú, involucrando a todos los actores gubernamentales y privados, mejorando la conciencia social y empresarial respecto a las ventajas de la producción y consumo sostenibles. Para ello se propone, entre otros mecanismos, la realización de un Programa Nacional de Compras Públicas Ambientalmente sostenibles, que regule temas tales como los criterios y lineamientos, marco institucional, selección y priorización de bienes, servicios y obras, verificación y validación de bienes y servicios a adquirir, educación y sensibilización, medición y seguimiento e Informes Anuales. / The public purchase process is an important tool to influence the environmental sustainability of the production and consumption of goods, services, as well as construction projects. Both because of the high volume of resources mobilizedas well as its application in all sectors and levels of government. Its positive effects are being demonstrated in several developed and developing countries. This paper reviews experiences and elaborates proposals aimed at expanding its application in Peru. At international level, for example, there are regulations and guidelines from the United Nations and from the European Union. In Latin American countries, regulations have been included, projects have been promoted and successful experiences exchanged. In the Peruvian case, this process began with the General Environmental Law, Law 28611 from 2005, which introduced the criterion of assigning a higher score in the selection of State suppliers for those that show adequate environmental conditions. The State Contracting Law of 2008 incorporated the principle of environmental sustainability. It is also considered in several free trade agreements signed by Peru. With the new law of State Contracts, Law 30225 from 2015, the figure of the homologation of goods and services was created; and the State Procurement Supervisory Authority has approved standard bases. It is necessary, however, to expand environmentally sustainable public procurement in Peru, involving all governmental and private actors, improving social and business awareness of the benefits of sustainable production and consumption. To this end, it is proposed, among other mechanisms, the implementation of a National Program for Environmentally Sustainable Public Procurement, which regulates subjects such as criteria and guidelines, institutional framework, selection and prioritization of goods, services and construction projects, verification and validation of goods and services to be acquired, education and awareness raising, measurement and monitoring, and Annual Reports. / Tesis

Determinar la responsabilidad administrativa y la competencia del órgano que tiene la facultad de sancionar, con arreglo al ordenamiento jurídico, son problemas jurídicos de permanente análisis. En el presente informe se ha planteado dichos problemas, sobre los cuales se ha realizado reflexiones en torno a la importancia de una cuidosa actividad probatoria de quien ostenta la potestad de declarar dicha responsabilidad, debiendo ser su finalidad, sancionar a quien realizó la conducta atribuida. Sin embargo, también ha sido una oportunidad para revisar las disposiciones contenidas en el contrato –cuya resolución fue imputada al consorcio- y cuestionar tanto el instrumento como la potestad que tiene la entidad de disolver el vínculo contractual. En relación a los instrumentos normativos empleados, nuestras fuentes son la constitución política, la Ley N°274441, en adelante, LPAG y sus modificatorias, recopiladas en su texto único ordenado –en adelante, TUO LPAG-. En relación a las fuentes normativas en contrataciones públicas, está la Ley de Contrataciones del Estado –en adelante, LCE- y su reglamento, incluyendo sus modificatorias, en lo concerniente al procedimiento para sancionar –en adelante, PAS-, consorcios y la prescripción. Asimismo, se ha complementado el análisis en relación a sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional –en adelante, TC- y resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado –en adelante, TCE, entre otras fuentes como Opiniones emitidas por la Dirección Técnico Normativa del OSCE -en adelante, DTN-. Las conclusiones podemos resumirlas en la importancia de establecer la responsabilidad en quien haya realizado la conducta infractora, con adhesión a una actividad probatoria pulcra y al ordenamiento jurídico, privilegiando nuestra carta magna. Asimismo, respecto de la prescripción administrativa, esta debe actuarse siempre de oficio y no necesariamente a petición del administrado como medio de defensa, ya que, lo que se analiza es la competencia del órgano administrativo para conocer y resolver la materia. Respecto de la actuación de la entidad contratante, ésta debe vincularse al respeto del ordenamiento jurídico, por lo que, las obligaciones que establezca en los instrumentos de la contratación no pueden contravenir dicho ordenamiento. / Determining administrative responsibility and the competence of the body empowered to sanction, in accordance with the legal system, are legal issues subject to ongoing analysis. This report has raised these issues, reflecting on the importance of careful evidentiary activity by those who hold the power to declare such responsibility, with the aim of penalizing the individual who engaged in the attributed conduct. However, it has also provided an opportunity to review the provisions contained in the contract –whose resolution was attributed to the consortium– and question both the instrument and the authority of the entity to dissolve the contractual relationship. In relation to the normative instruments used, our sources are the Political Constitution, Law No. 27444, hereinafter referred to as the LPAG and its amendments, compiled in its Single Consolidated Text – hereinafter referred to as the TUO LPAG. Regarding normative sources in public procurement, there is the State Contracting Law – hereinafter referred to as the LCE – and its regulations, including amendments, concerning the procedure for sanctions – hereinafter referred to as PAS – consortiums, and prescription. Likewise, the analysis has been complemented by rulings issued by the Constitutional Court – hereinafter referred to as the TC – and the State Contracting Tribunal – hereinafter referred to as the TCE – among other sources. The conclusions can be summarized as establishing responsibility on the part of whoever has engaged in the infringing conduct, adhering to careful evidentiary activity and the legal framework, starting with our Constitution. Likewise, concerning administrative prescription, this must always be acted upon ex officio and not necessarily at the request of the administrator as a means of defense, as what is analyzed is the competence of the administrative body to hear and resolve the matter. Regarding the actions of the contracting entity, these must be linked to respect for the legal framework.