El presente trabajo de investigación tiene como problemática que algunas entidades públicas al momento de hacer la licitación colocan en las bases requisitos que sobre pasan la norma, la consecuencia es que pocos contratistas cumplan los requisitos y restringiendo la participación, concurrencia y pluralidad de postores en el procedimiento de selección. Como objetivos específicos tenemos primero analizar informes de control posterior en el proceso de licitación y ejecución de obra así mismo identificar los problemas existentes en los actuales procesos para analizar las causas que originen el incumplimiento del reglamento y luego interpretar este reglamento para sugerir propuestas de mejora en el proceso de licitación y ejecución de obra para su mejor operatividad. Por el tipo de estudio a realizar, esta investigación es descriptiva en relación al nivel es cualitativo y con respecto al diseño es una investigación no experimental porque se va analizar e interpretar desde diferentes puntos de vista el incumplimiento al mencionado Reglamento de Contrataciones en el proceso de licitación y su implicancia en la ejecución de obra, con el fin de sugerir propuestas de mejora para el Reglamento de Contrataciones en el proceso de licitación de obras públicas. La presente investigación busca analizar e identificar los principales problemas existentes de dicho proceso, a través de tablas con sus respectivos comentarios, que permitirán recolectar la información necesaria, y así, sugerir propuestas de mejora para evitar los problemas existentes en el procedimiento de selección de licitaciones y ejecución de obras públicas.

El presente trabajo de investigación aborda la calificación del hurto en instalaciones de la concesionaria como caso fortuito o de fuerza mayor, como eximente de responsabilidad por la interrupción del servicio público de distribución eléctrica. Para ello, se analizarán conceptos que guardan relación con la motivación de la sentencia emitida por la Primera Sala Contencioso Administrativa Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima en el expediente No. 1504-2007. Así, principalmente, el examen de la resolución No. 11 recaerá en la interpretación del artículo 1315 del Código Civil peruano, así como en la distribución de riesgo y deber de cuidado de las instalaciones, en tanto parámetros a considerar en el procedimiento regulado en mediante Resolución No. 010-2004-OS-CD por la que se aprobó la directiva para de calificación de fuerza mayor para instalaciones de transmisión y distribución. El trabajo es de carácter documental, pues recurre a la observancia de posturas doctrinarias y al sistema de fuentes del Derecho administrativo a fin de sustentar una postura opuesta a la de la Gerencia General de Osinergmin, en tanto órgano decisor en sede administrativa, y a la decisión adoptada en sede jurisdiccional; esto es, la investigación realizada defiende que el hurto de instalaciones de la concesionaria sí califica como causa no imputable en función al modelo de estado garante, los deberes asumidos por las partes y las normas jurídico administrativas pertinentes para la interpretación del contrato público de concesión de distribución

En el presente trabajo de investigación se estudia la suficiencia e idoneidad de la concepción de la convivencia contenida en la normativa de contratación estatal para la determinación del impedimento para ser participante, postor, contratista y/o subcontratista previsto en el lit. h) del art. 11° del Capítulo III: Condiciones Exigibles a los Proveedores, de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley N° 30225 (en adelante, LCE). Ante la inexistencia de una definición propia de la convivencia en la normativa de contratación estatal, en su desarrollo doctrinario y/o jurisprudencial de dicha materia, que permitan la adecuada determinación del mencionado impedimento, el autor plantea su conceptualización desde la perspectiva del derecho administrativo, incorporando a la misma elementos que la identifiquen con el verdadero sentido de su regulación en materia de contratación estatal, evitando la interpretación y aplicación equivocada de su acepción civil, evidentemente patrimonialista, en contraposición al bien jurídico tutelado por la normativa de contrataciones públicas: recurso público.

El análisis de la evolución de los contratos administrativos en el Perú, demuestra que —aunque todavía existe discusión sobre los tipos de contratos que celebra la Administración Pública— la mayoría de la doctrina ha optado por reconocer la concepción unitaria de los contratos administrativos. Con ello se ha podido evidenciar que tal criterio no resultaría suficiente para derivar uno u otro contrato a la vía arbitral o al Poder Judicial para solucionar las controversias que se pudieran originar. Las principales controversias por las cuales las partes de un contrato público van a arbitraje se resumen en deficiencias en las etapas precontractual y en ejecución de contrato, y en el incumplimiento de prestaciones que determina la aplicación de penalidades. La adopción del arbitraje como medio de solución de controversias constituye una manifestación de esa apertura económica al sector privado y, de ninguna manera, un debilitamiento del Derecho Administrativo. Con sus aciertos y bemoles, el arbitraje en materia de contratación pública sigue siendo un sistema de administración de justicia perfectible, que constituye un respiro para un sobrecargado Poder Judicial.

La ejecución de proyectos de inversión con la participación del sector privado siempre ha denotado un aspecto importante en el desarrollo social, económico y cultural de un país, en este caso una de las contrataciones dentro del rubro de los proyectos de inversión que ha ido tomando protagonismo son las concesiones en las Asociaciones Público Privadas, las mismas que han pasado por una evolución normativa con el objetivo de adecuarse a nuevas circunstancias y situaciones. Sin embargo, su desarrollo ha sido cuestionado debido a circunstancias que han concluido incluso en situaciones mediáticas, las mismas que han llevado a cuestionar si las concesiones son herramientas idóneas para ejecutar proyectos de gran envergadura, puesto que dichas concesiones cuentan con contratos susceptibles de variaciones, esto último como consecuencia de diversas circunstancias: cambios en el gobierno, mejoras en el contrato, nuevos eventos, así como la posibilidad de que los gestores de dichos contratos pretendan salvaguardar intereses particulares, lo que nos lleva cuestionarnos si las adendas en los contratos de concesión son una herramienta idónea para cumplir con la finalidad del contrato o simplemente se ha convertido en una figura que ha venido siendo empleada trayendo como resultado el mal uso de los recursos. La doctrina especializada ha desarrollado de forma amplia dicha interrogante y a partir del presente trabajo de investigación podremos evidenciar parte del problema y plantear posibles soluciones ante situaciones y circunstancias que se han venido desarrollando durante diversos proyectos APP.

El presente trabajo tiene como objetivo determinar la viabilidad jurídica de la declaratoria de nulidad de un contrato administrativo, de oficio, por los árbitros en el marco de la resolución de conflictos en contrataciones del Estado, para lo cual, se parte del análisis de un caso en concreto en el que, en efecto, un tribunal arbitral declaró la nulidad de oficio de un contrato administrativo por la causal de fin ilícito. Se utiliza el método de resolución de casos, a través de la construcción del árbol de problemas planteando una pregunta principal, como problema jurídico a resolver. Luego, se plantearán otras 3 cuestiones a resolver, referidas a la competencia de los árbitros para pronunciarse sobre la validez de un contrato; a la naturaleza del contrato administrativo, y; al cumplimiento de los requisitos para la declaratoria de nulidad de oficio del contrato por fin ilícito, en el caso concreto. Finalmente, se concluirá que los árbitros serán competentes para resolver nulo de oficio un contrato administrativo si es que la materia sobre la validez del contrato es arbitrable para el caso en concreto y si es que se cumplen con las causales de nulidad previstas en el artículo 219° del Código Civil. / The objective of this work is to determine the legal viability of the declaration of nullity of an administrative contract, ex officio, by the arbitrators in the framework of the resolution of conflicts in State contracting, for which, it starts from the analysis of a specific case in which, in effect, an arbitral tribunal declared the nullity, ex officio, of an administrative contract on the grounds of an illicit purpose. The case resolution method is used, through the construction of the problem tree proposing a main question, as a legal problem to solve Then, other 3 questions to be resolved will be raised, referring to the competence of the arbitrators to rule on the validity of a contract; the nature of the administrative contract, and; to the fulfillment of the requirements for the declaration of nullity ex officio of the contract for illicit purpose, in the specific case. Finally, it will be concluded that the arbitrators will be competent to resolve null, ex officio, an administrative contract if the matter on the validity of the contract is arbitrable for the specific case and if the grounds for nullity provided for in article 219 of the Code Civil are met.

El principal aporte de esta investigación es documentar i) la expansión del sector empresarial de la seguridad privada y ii) el aumento de su contratación por el Estado peruano durante las últimas décadas; marginalmente, se avanza una explicación sobre el universo de datos mixtos recopilados. El número de empresas aumentó sostenidamente durante el periodo 2000-2017. De igual manera, sucedió con el presupuesto público destinado a contratar servicios de seguridad. A diferencia de las variables identificadas por la literatura científica del norte global, se planteó buscar una explicación a la expansión del mercado en la configuración institucional del Estado durante las décadas anteriores, inclusive. Estudiar de esta forma la expansión del sector seguridad permite profundizar en la interacción de la relación entre el Mercado y el Estado, ya sea como cliente, competidor o regulador en un país latinoamericano durante siglo XXI.

En la presente investigación, se planteó como objetivo principal fortalecer la aplicación de los controles internos y concurrentes para detectar y prevenir los riesgos en la contratación de personal fantasma en las municipalidades, para conseguirlo, se analizó el fenómeno y las causas de corrupción, los casos de contratación de personal fantasma en municipalidades y su afectación al erario público, asimismo, se examinó la normativa del Sistema Nacional de Control, se hizo un breve repaso por los tipos y modalidades de control gubernamental, y se verificó la publicación de informes de control concurrente entre los años 2017 al 2022 en materia de contratación de personal operario municipal. La metodología empleada fue analítica-descriptiva con un enfoque cualitativo de tipo documental, que permitió analizar los puntos de vista de cada autor, conceptos, teorías y estadísticas. Los resultados develan a la corrupción como el principal problema que dificulta el desarrollo del país, su presencia abarca todas las regiones, causando pérdidas millonarias en el erario público de las municipalidades, instituciones en las que además existe una deficiente implementación del Sistema de Control Interno; también, se advierte la escasa realización de servicios de control concurrente en la contratación de personal operario municipal; concluyéndose que el control interno se fortalece e implementa mediante el desarrollo de sus ejes y componentes, y el control concurrente, a través del aumento de metas y la obligatoria programación de estos servicios, así como la aplicación de operativos sectoriales e hitos de control específicos en los servicios de serenazgo y limpieza pública.

En nuestro país existen 2769 empresas inhabilitadas para participar en procesos de contratación pública, con sanción vigente. En el último informe oficial de la OSCE, publicado en el año 2017, se ha demostrado que, en el supuesto más grave, por cada proceso de contratación pública en el 72% de procesos de adjudicación, se ha otorgado la buena pro con la participación de solamente, un postor. El índice de competencia es de 1. ¿Qué hacemos para que estas empresas inhabilitadas, puedan participar nuevamente y mejorar así el índice de competencia por proceso? Por medio de la Directiva Nº 24-2014— sobre contrataciones públicas— el Parlamento Europeo, establece un tema muy importante. En el numeral 6 del artículo 57, se prevé la posibilidad de evitar la inhabilitación de un proceso de contratación pública, por medio de un sistema denominado “Self Cleaning”, es decir, un programa de “auto-limpieza”, “auto-saneamiento” o “rehabilitación empresarial” de cara al delito cometido y por el que fue inhabilitada la empresa; dicho programa, para su validez, debe ser desarrollado por la propia empresa y sometido a evaluación por la entidad que tramita el proceso de contratación pública. Se trata, en buena cuenta, de un programa de regeneración ex post a la sentencia firme que determinó la inhabilitación de la empresa. Precisamente sobre este tema versa, el presente trabajo; se plantea la posibilidad de implementar el sistema de Self Cleaning en nuestro ordenamiento jurídico. Se considera el sistema de Self Cleaning como modelo de regeneración empresarial ex post, que permite rehabilitar empresas ya inhabilitadas para participar en procesos de contratación. Ello incrementa el indicador de competencia; reduce los efectos negativos en los empleados de las empresas inhabilitadas, consorciadas y demás afectados colaterales; además permite preservar la lex artis de cada empresa. / Trabajo de investigación

El presente estudio determina si el pago de penalidades (sanciones derivas del incumplimiento de obligaciones contractuales) resulta deducible a efectos de calcular la renta neta empresarial, según las disposiciones de la Ley del Impuesto a la Renta. Debe señalarse que no existe disposición expresa que regule tal supuesto, ni consenso en los dictámenes emitidos por entidades administrativas y judiciales sobre el particular. Ante ello, se desarrolla el contenido del principio de causalidad y sus criterios vinculantes (razonabilidad y normalidad); y de instituciones jurídicas del Derecho Civil, como las obligaciones contractuales, el incumplimiento y las penalidades. Para tales efectos, se aplican los métodos de interpretación de normas jurídicas, en concordancia con algunas fuentes del Derecho, como la doctrina jurídica y la jurisprudencia. Según lo expuesto, y considerando las posturas sobre la deducción de la penalidad, la tesis concluye que dicha deducción no está prohibida por Ley; y es conforme con el principio de causalidad, pues su pago mejora la imagen del deudor tributario frente a proveedores y, principalmente, clientes, lo que genera rentas potenciales. Sobre el criterio de normalidad, se colige que la penalidad es “normal” para el desarrollo de actividades empresariales siempre que el incumplimiento que lo origine sea habitual, de acuerdo a las normas jurídicas del Código Civil y la Constitución. Al respecto, es habitual que las obligaciones contractuales se ejecuten en tanto el deudor actúa de manera proba; por lo tanto, el único supuesto de incumplimiento que puede esperarse es aquel proveniente del caso fortuito o fuerza mayor: el pago de la penalidad será “normal” solo si deriva del incumplimiento no imputable al deudor. Respecto al criterio de razonabilidad, el importe del gasto debe mantener vinculación con indicadores cuantitativos, tales como el valor patrimonial de los contratos, o el nivel de ingresos del deudor.