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The contentious process of declaration of detrimental to public interest: Fourteen years after its incorporation in Peruvian law / El Proceso Contencioso de Lesividad: Catorce años después de su incorporación en el derecho peruanoMorón Urbina, Juan Carlos 12 April 2018 (has links)
This article explains the contentious process of harmfulness. Thus, the author mentions that the foundation of the process of harmfulness has been on our right the survival of the Administrative security of the legality and the public interest butlimiting the self-enforcement, the requirement of belief in authority to pursue the annulment of an administrative act and to ensure the due process of law is being administered. / El presente artículo explica el proceso contencioso de lesividad a partir de la naturaleza jurídica de éste .Así, el autor menciona que el fundamento del proceso de lesividad ha sido en nuestro derecho la pervivencia de la tutela administrativa de la legalidad y del interés público pero limitando la autotutela, la exigencia de convicción en la autoridad para perseguir la anulación de un acto y garantizar el debido proceso del administrado favorecido con el acto.
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La tutela anticipada en el procedimiento de tutela laboral : estudio y análisis para su acertada comprensiónUribe Reyes, Esteban José, Olivares Palomo, Felipe Óscar January 2016 (has links)
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto reflexionar en torno a la naturaleza,
características y aplicación práctica de la facultad jurisdiccional que incorporó a
nuestra legislación procedimental laboral el actual artículo 492 del Código del
Trabajo, denominada doctrinariamente “Tutela Anticipada” o “Anticipatoria”.
La hipótesis normativa, constituida por una parte por el atentado grave a las
garantías fundamentales que el sistema general de los Derechos Fundamentales
custodia, en los hechos, permite poner fin al conflicto planteado en su dimensión
tutelar, sin audiencia e incluso oficiosamente y sin la procedencia de impugnación
alguna, lo que podemos reconocer como Tutela Anticipatoria.
La inclusión de la norma del artículo 492 ha sido, criticada por la Doctrina
aduciéndose que, principalmente, su aplicación plantea pugna con aquellas
normas adjetivas básicas, a propósito del debido proceso y de orden
constitucional.
Se concluye la pertinencia de su inclusión en la Ley Procesal Laboral, como un
“procedimiento especialísimo” que tiene por objeto la cautela inmediata de
derechos fundamentales, frente a una lesión especialmente grave, a través de la
suspensión de los efectos del acto impugnado y/o denunciado, lo cual, si bien a
primera vista colisiona formalmente con el debido proceso, veremos, éste ha
debido imponerse dada la relevancia de los bienes jurídicos que pretende tutelar.
Finalmente, debemos incluir igualmente las nociones relativas al acceso provisorio
o provisional de la demanda en el procedimiento Monitorio, pues toca
tangencialmente el aspecto central, precisamente en cuanto su anticipatoriedad,
pero que sin embargo se justifica en la economía procesal y no -de modo centralen
su función esencialmente cautelar. / 03/04/2018
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El daño al proyecto de vida en los casos de Gabriela Blas y del matrimonio igualitario en ChileTurkieltaub del Fierro, Manuela January 2019 (has links)
Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El Daño al Proyecto de Vida es un concepto frecuentemente utilizado por el sistema Interamericano de Derechos Humanos y que ha ido desarrollándose paulatinamente a través de la doctrina. Sin embargo, éste no se encuentra recogido positivamente tanto a nivel internacional como interno, dificultando por ello su aplicación e interpretación.
En el presente trabajo se busca unificar la información disponible relacionada a la conceptualización de esta categoría de daño para analizar su posible incidencia en el ordenamiento chileno. Lo anterior se realiza mediante la revisión de dos casos nacionales paradigmáticos: el de la pastora aymara Gabriela Blas, condenada penalmente por el abandono de su hijo, y de la iniciativa impulsada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual para promover la incorporación del matrimonio igualitario en la legislación chilena.
Nace como principal interrogante y desafío de esta investigación analizar el nivel de flexibilidad que permite el concepto de Daño al Proyecto de Vida y, a contrario sensu, delimitar adecuadamente su extensión.
La tarea no resulta sencilla. En efecto, se aborda esta labor mediante la aplicación de los requisitos establecidos, fundamentalmente, por la doctrina para la configuración del Daño al Proyecto de Vida a situaciones no enfrentadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso de los derechos colectivos y de la omisión como origen de la transgresión.
Estos objetivos implican necesariamente relacionar nuestro ordenamiento interno, tanto en su faceta pública como privada, con el sistema internacional de los derechos humanos para establecer de qué forma podría incluirse y aplicarse a situaciones amparadas por la normativa chilena
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La violencia sexual como violencia de Estado en el Conflicto Armado Interno: Análisis, críticas y reflexiones a la aplicación de perspectiva de género de la Sentencia J. vs Perú de la Corte Interamericana de Derechos HumanosRodríguez Paredes, Indira Zulema 12 September 2022 (has links)
El presente trabajo de suficiencia profesional versa sobre la sentencia dada por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos respecto al caso J vs. Perú. El método que se usa se basa en la determinación de
los hechos jurídicamente relevantes, la identificación y desarrollo de los problemas jurídicos, el
análisis de cada uno de ellos, propuestas de la Bachillera, formulación de conclusiones y
recomendaciones. De acuerdo al análisis, se observa que la señora J. sufrió detención ilegal y
arbitraria, violencia sexual y tortura por razones de género y variables referentes al contexto social y
político del conflicto armado interno. Asimismo, sufrió la vulneración de su derecho a la presunción de
inocencia y a la igualdad ante la ley.
En ese sentido, se concluye la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a la integridad
personal, a no ser sometido a tortura, a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El problema principal radica en determinar si
es que el Estado es responsable internacional por actos de violencia sexual perpetrados por sus agentes
en perjuicio de la señora J. Por último, es preciso señalar que la perspectiva de género debe aplicarse
en el análisis de los casos de violación sexual en el conflicto armado interno ocurrido en Perú en los
años 1980 – 2000, en la cual los agentes del Estado perpetraron violencia de género a la mujer como
herramienta contrasubversiva. El enfoque es importante para construir un país en justicia transicional y
justicia de género.
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Prueba y tributo: un análisis constitucional en torno a los medios probatorios extemporáneos en el procedimiento y proceso contencioso tributarioSumarriva Trujillo, Lucero Samy 07 July 2020 (has links)
En el ámbito del Derecho Tributario la determinación de la obligación tributaria es un
aspecto transcendental, pues por su intermedio, el individuo puede contribuir al
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad contributiva, mientras
que el Estado puede recaudar recursos tributarios que constituyen una de sus
principales fuentes de financiamiento. Empero, la determinación de la obligación
tributaria, es un proceso que puede resultar complejo, pues en razón de que en nuestro
país tenemos un sistema de autodeterminación, el administrado es quien determina la
obligación tributaria que le corresponde, que al ser posteriormente materia de
fiscalización o revisión por parte de la Administración Tributaria, pueden surgir una serie
de controversias que tienen como uno de sus aspectos más importantes y a su vez
problemáticos, el sustento probatorio de las obligaciones tributarias, y más
concretamente la oportunidad en la cual deben ser presentados los mismos.
Pues bien, cuando tales medios probatorios no son presentados oportunamente,
precluye la facultad de que sean admitidos, y consiguientemente no pueden ser
valorados, tanto por la Administración Tributaria como por el Tribunal Fiscal, conforme
a las reglas de preclusión procesal que el legislador ha previsto en los artículos 125°,
141° y 148° del Texto Único Ordenado del Código Tributario; salvo que el administrado
se encuentre en alguno de los supuestos de excepción que tales normas han
contemplado. Y como producto de esta situación, los administrados acuden al Poder
Judicial, para cuestionar las decisiones asumidas por los órganos administrativos antes
mencionados, respecto a la denegatoria de admisión de medios probatorios
extemporáneos sin que medie alguno de los supuestos de excepción.
Así las cosas, de la revisión de las decisiones adoptadas por el órgano jurisdiccional, se
advierte que una de las líneas de interpretación es la admisión de medios probatorios
extemporáneos sin el cumplimiento de alguno de los supuestos de excepción,
principalmente, con el argumento de que se estaría vulnerando el derecho a probar de
los administrados, y de esta manera se deja de lado las reglas de preclusión procesal
previstas en el ordenamiento tributario así como aquellas previstas en el artículo 30° del
Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso
Administrativo; todo ello, partiría de una interpretación que tiene como fundamento la
prevalencia de derechos constitucionalmente protegidos.
Sin embargo, las reglas de preclusión procesal recogidas, tanto en los procedimientos
como en el proceso contencioso tributario, tienen como sustento al principio
constitucional de seguridad jurídica que a su vez permite la vigencia del sistema jurídico
y del Derecho en sí mismo. En ese sentido, es menester efectuar un análisis desde la
perspectiva constitucional, para evaluar la colisión entre el derecho a probar y las reglas
de preclusión procesal; para tal fin, se aplicará el principio de proporcionalidad planteado
por Robert Alexy, entendiendo al derecho a probar bajo la lógica de los principios (pues
es un derecho que admite restricciones) y a las reglas de preclusión procesal, bajo el
sustento del principio constitucional de seguridad jurídica. De esta manera, se permitirá
establecer la constitucionalidad de las restricciones del derecho a probar en el ámbito
del Derecho Procesal Tributario, y se podrá analizar las líneas jurisprudenciales
adoptadas en las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales sobre la admisión
de medios probatorios extemporáneos. / Trabajo de investigación
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