Given the lack of regulation about the protection of collective rights in Peru, the main goal of this investigation is to show what should be some elements of the content of a due collective process. Thus each of its elements is studied taking into account the Peruvian jurisprudence and legislation. / Ante la insuficiente regulación de tutela colectiva de derechos en el Perú, el objetivo de la investigación es plantear el contenido de algunos de los elementos del derecho fundamental al debido proceso colectivo en el Perú. Para ello, se analiza los elementos que se considera relevantes tomando en consideración las características particulares de la tutela colectiva y considerando la jurisprudencia y legislación existentes en el Perú.

This article addresses the relationship between the Process and the Constitution. For this purpose, it is explained what is the object of study of the Procedural Law, and which is the litigation model adopted in article 139 of the Peruvian Constitution, why this model is about a system with its own autonomy and substantivity and not about a subsystem, and how Civil Law and Common Law converging in this model. Furthermore, the author establishes, based on the Constitution, the reason why the existing procedural guarantees in our legal system do not imply a “right to a right decision”, but only the right to a fair process, and explains the difference between “fair process” and “justice” or “judicial truth”. / El presente artículo aborda la relación existente entre el Proceso y la Constitución. Para tal fin, se explica cuál es el objeto de estudio del Derecho Procesal y cuál es el modelo de litigación adoptado en el artículo 139 de la Constitución Peruana, por qué este modelo se trata de un sistema con autonomía y sustantividad propias y no de un subsistema, y cómo convergen el Civil Law y el Common Law en este modelo. Asimismo, el autor fundamenta, con base en la Constitución, por qué las garantías procesales existentes en nuestro ordenamiento jurídico no implican un “derecho al acierto”, sino tan solo el derecho a un proceso justo, y se establece ladiferencia entre “proceso justo” y “justicia” o “verdad judicial”.

This article point out the progressive enrichment by which fundamental rights concept have gone through, providing to holders—government and individuals— not only rights, liberties, powers and immunity but also the obligation to respect, defend, guarantee and promote all them regardless the conduct displayed by the holder in this field. With this in mind, the author examines arbitration definition and main characteristics, highlighting its constitutional dimension proposing a systematic reading in accordance with fundamental rights. / El artículo toma como punto de partida el enriquecimiento progresivo por el que ha transitado la concepción de derechos fundamentales, que actualmente no solo implican el otorgamiento a sus titulares derechos, libertades, competencias e inmunidades sino que todos —Estado y particulares— estamos obligados a respetarlos, defenderlos, garantizarlos y promoverlos, independientemente de que su titular haya desplegado o no una conducta con ese propósito. A partir de ello, el autor analiza la definición y principales características del arbitraje, destacando su dimensión constitucional y proponiendo una lectura sistemática y en armonía con los derechos fundamentales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo principal de esta tesis fue estudiar el procedimiento de expulsión de extranjeros en Chile, de modo de verificar si es vulneratorio de los principios que integran el debido proceso -expresados por la Convención Americana de Derechos Humanos suscrita por Chile-, y en términos específicos, analizar el funcionamiento de la institución para determinar si en el país existe la práctica de las expulsiones colectivas. Para ello, en la primera parte del trabajo se hizo un análisis de la legislación chilena relativa a la expulsión de extranjeros en perspectiva histórica, con el fin de entender la evolución que ha tenido la institución en los últimos cien años, para luego, a la luz del procedimiento establecido por ley para expulsar a un extranjero, determinar si éste se ha adecuado o no a los requisitos del debido proceso establecidos en la Convención. Finalmente se examinó la expulsión colectiva y su protección normativa en el derecho internacional, así como sus elementos, que se desprenden de la jurisprudencia de tribunales internacionales, para determinar con esas herramientas, y en base a casos de expulsiones conocidos por tribunales chilenos, si en Chile se realizan este tipo de prácticas. Al respecto se llegó a la conclusión de que si bien las expulsiones no se adecuaron al debido proceso, no se realizaron en grupo, no pudiendo acreditarse en consecuencia que se lleven a efecto expulsiones colectivas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo persigue revisar, de forma breve, los cimientos y vicisitudes prácticas y teóricas de uno de los medios de impugnación más relevantes que tocan a la administración de justicia en el Derecho laboral: el recurso de nulidad laboral. Con este fin, el trabajo presenta dos ejes principales. El primero de ellos, es un análisis proveniente de un marco teórico, que propiciará una revisión normativa y doctrinaria del recurso, dejándose guiar por la siguiente ruta: (i) un vistazo a consideraciones generales previas, como un somero repaso al contexto de la reforma procesal laboral, el concepto de debido proceso y el derecho a impugnar; (ii) una caracterización del sistema recursivo laboral actual, pasando por los principios del proceso laboral y los demás recursos que le componen; y (iii) un análisis más detallado del recurso mismo, su concepto, requisitos, causales y las problemáticas relacionadas que se observan. El segundo eje es un análisis jurisprudencial de fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte Suprema, todos dictados durante los años 2016 y 2017, a fin de hacerse una idea de cuáles son los asuntos que motivan conflictos jurídicos y qué interpretaciones son comunes pero destacables en los tribunales superiores, con un especial énfasis en entender las tendencias que han seguido los jueces en los últimos años. Finalmente, se concluirá el presente trabajo con una propuesta normativa, a la luz de lo aprehendido de los dos ejes anteriores, que constituye un humilde intento por proponer un mayor ajuste del sistema recursivo laboral y, en particular, del recurso de nulidad, al estándar del debido proceso.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo de investigación pretende dar cuenta de la institución del informe pericial y de la persona del perito en el ámbito juridico procesal y especialmente en sede penal. Se advierte que la legislación nacional no ofrece regulación exhaustiva respecto de ciertos rasgos subjetivos que invisten la figura del perito en tanto experto en una determinada disciplina, sea esta una ciencia, un arte u oficio, especialmente en cuanto a la evaluación que respecto a su incorporación recae en fase de admisibilidad probatoria, relevando dichas calificaciones a las garantías de seriedad y profesionalismo que su ofrecimiento a juicio aspire a representar. Se examina a su vez la asimetría cognoscitiva existente entre juez y perito reconociendo a este como intermediario epistemológico de conceptos ajenos al acervo cultural común del juez, vinculando dicho desequilibrio a la desigual distribución de expertiz que nuestro ordenamiento procesal contemporáneo exhibe en un contexto de apropiación de medios probatorios, globalización y dinámico avance científico-tecnológico / 31 julio de 2020

La presente sentencia inicia con la demanda de hábeas corpus interpuesta por el señor Pedro Omar Rodríguez Molina con la finalidad de terminar con la detención preventiva ordenada por el Juzgado y confirmada por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal. Manifestando que en este proceso se habían vulnerados derechos como la motivación de resoluciones judiciales y el debido proceso. Argumenta que el mandato de detención emitido por primera instancia no valoró las pruebas presentadas donde se demostraba que no tiene antecedentes penales, judiciales, ni policiales, no cuenta con requisitorias ni existe prueba que demuestre su culpa en algún delito similar. Así mismo manifiesta se omitió valorar las pruebas presentadas con respecto a su arraigo domiciliario a pesar de que este había sido demostrado mediante un documento probatorio (un contrato de arrendamiento y recibos de servicios básicos) así como la constancia de trabajo que prueba su arraigo laboral. El TC resolvió infundada la demanda, analizando que el órgano judicial si cumplió con la exigencia constitucional de la motivación manifestando que si existió una argumentación objetiva y razonable. Otro punto relevante, es el referido a que la configuración del peligro procesal no implica que, de manera simultánea, tengan que concurrir el peligro de fuga y la obstaculización del proceso, o que, respecto del peligro de fuga, tengan que, conjuntamente, concurrir la carencia del arraigo domiciliario, familiar y laboral; puesto que resulta suficiente que se manifieste alguno de los aludidos supuestos. / Trabajo de suficiencia profesional

El presente informe tiene como objetivo presentar y analizar los principales problemas jurídicos del expediente N° 0061-2019-OEFA/DFAI/PAS, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en contra de Pan American Silver Huarón S.A. por la comisión de dos (2) presuntas infracciones, tras el reporte de la emergencia ambiental del 12 de diciembre de 2017, ocurrida en el depósito de relaves N° 5 de su unidad minera “Huarón”, ubicada en el distrito de Huayllay, provincia y departamento de Pasco. Sobre el particular, los principales problemas jurídicos que versan en el referido expediente son los siguientes: Determinar si la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos resolvió el procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra de Pan American Silver Huarón S.A. vulnerando el principio de verdad material; Determinar si la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas inició el procedimiento administrativo sancionador en contra de Pan American Silver Huarón S.A. vulnerando el principio de tipicidad; y, Determinar si la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos resolvió el procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra de Pan American Silver Huarón S.A. vulnerando el principio del debido procedimiento. / Trabajo de suficiencia profesional

El Derecho va cambiando según las necesidades que deba afrontar la sociedad, y con ello, van surgiendo nuevos tipos penales, otros van actualizándose, e incluso se crean nuevas formas de combatir el delito a través de procesos especiales. Siendo esto así, debemos ir a la par de estas actualizaciones, analizando y cuestionando lo nuevo que nos trae el Derecho. Es por eso que, el objetivo de este trabajo es, sobretodo, despejar las dudas más recurrentes que existen sobre un proceso creado para combatir “bienes” que contribuyen a la corrupción, que el Derecho Penal y Procesal Penal recién están conociendo, y que cobra protagonismo en la Casación N° 1408-2017-PUNO: el proceso de extinción de dominio aplicado a procesos de naturaleza compleja como de lavado de activos cuyo delito previo -en el caso- reside en la minería ilegal. Después de todo, sin el conocimiento pleno de sus alcances y propósitos, existirá la posibilidad de que se emitan sentencias que contravengan derechos fundamentales o que supongan una situación de impunidad. Es por este motivo que se realizará un análisis con respecto al proceso de extinción de dominio, para entender cuál es su objeto de aplicación (sobre todo en los casos de minería ilegal y lavado de activos), sus limitaciones, y cómo es su tratamiento respecto de los terceros de buena fe, para después compararlo con los modelos instaurados en Colombia y México, determinando cuáles son sus aciertos y desaciertos, y, en ese sentido, presentar recomendaciones para un proceso que considero no se le ha otorgado la importancia debida en la lucha contra la corrupción. / We know that Law is changing according to the needs that society must face, and with this, new criminal types are emerging, others are being updated, and new ways of combating crime are even created through special processes. Clarity, we must go hand in hand with these updates, analyzing and questioning what is new that Law brings us. This is why the objective of this work is, above all, to clear up the most recurrent doubts that exist about a process created to combat “assets” that contribute to corruption, that Criminal Law and Criminal Procedure are just learning about, and that charges prominence in Cassation 1408-2017-PUNO: the domain extinction action applied to processes of complex nature such as money laundering whose previous crime -in the case- lies in illegal mining. After all, without full knowledge of its scope and purposes, there will be possibility that sentences will be issued that violate fundamental rights or imply a situation of impunity. It is for this reason that an analysis will be carried out with respect to the domain extinction action, to understand what is its object of application (especially in cases of illegal mining and money laundering), its limitations, and how is its treatment regarding of third parties in good faith, to later compare it with the models established in Colombia and Mexico, determining what their successes and failures are, and, in that sense, present recommendations for a process that, I believe, has not been given due importance in the fight against corruption.

El presente informe tiene como objetivo analizar la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída sobre el Expediente N° 00367-2016-PHC/TC Pleno 467/2020, en la cual se discute si se ha vulnerado el derecho de defensa en un proceso penal en donde el acusado era miembro de una comunidad nativa y no se designó un intérprete, de tal forma que no pudo utilizar su propio idioma (shipibo conibo). Es importante señalar que, la Sentencia del Tribunal Constitucional antes señalada recoge principios aprobados por el Poder Judicial en su Protocolo de Atención y Orientación Legal con Enfoque Intercultural, los cuales el Tribunal Constitucional termina constituyéndolos como doctrina jurisprudencial vinculante. En el desarrollo del informe, en primer lugar, desarrollaremos conceptos previos necesarios para comprender la problemática del tema, para luego realizar una síntesis de la Sentencia del Tribunal Constitucional, y finalmente, fijaremos nuestra posición respecto a la sentencia analizada. / Trabajo de suficiencia profesional