Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El propósito de esta memoria es tratar de dar una visión de conjunto a través de las distintas fuentes jurídicas y literales de la jurisdicción denominada voluntaria de diversas épocas. Como es sabido, continua siendo un tema polémico hasta nuestros días por cuanto no se ha podido determinar en forma indubitada cuál es el origen, contenido y naturaleza jurídica del instituto que nos ocupa. De la romanística han surgido distintas opiniones acerca de la naturaleza misma de la jurisdicción voluntaria: Por una parte, ha sido considerada como una verdadera actividad jurisdiccional ejercida por los magistrados competentes; desde otro punto de vista, se le ha atribuido un carácter administrativo y, finalmente también ha sido tratada como una actividad sustancialmente administrativa desarrollada bajo formas jurisdiccionales y se ha afirmado, asimismo, que la jurisdicción voluntaria se encuadraría en una zona limítrofe entre la función jurisdiccional y la función administrativa. Se ha propugnado también, por parte de la doctrina, su individualización como categoría o actividad autónoma – como tertius genus” entre administración y jurisdicción -, caracterizada por la circunstancia de actuarse una función pública sobre relaciones o intereses jurídicos privados. Incluso se ha llegado a afirmar, en la doctrina italiana, que la jurisdicción voluntaria tiene hoy un valor sólo convencional, y que no cabe hablar, en relación con los actos que se encuentran dentro de la misma, ni de jurisdicción ni de voluntariedad.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta tesis es el analizar las diversas situaciones que se pueden presentar al momento de llevar un asunto que involucre un elemento internacional ante un tribunal interno. El interés en este tema se explica en el fenómeno cada vez más frecuente de situaciones que no sólo afectan los intereses de un Estado o de sus ciudadanos, sino que involucran a diversos Estados o incluso a la comunidad internacional como un entero. El hecho que un tribunal interno conozca de un asunto que involucra un elemento internacional es altamente cuestionado y debatido en la actualidad, ello se debe a que no existe un ordenamiento jurídico de carácter internacional que regule de forma clara e indubitada el tema. En la actualidad el tratamiento de este fenómeno se diferencia de un Estado a otro, así como también depende del poder político y económico del Estado del tribunal que intenta ejercer jurisdicción, debido a que en muchas ocasiones el ejercicio de jurisdicción dependerá de la conveniencia del Estado en cuestión. Existen numerosos fallos en los tribunales nacionales donde han ejercido jurisdicción en causas que involucran un elemento internacional, así también existen diversas convenciones y tratados que regulan ciertas situaciones que podrían conducir a un ejercicio de jurisdicción que trascienda a los intereses o ciudadanos de un Estado en particular. De ellos puede deducirse el que la relación entre el derecho nacional e internacional es un tema complejo y difícil de dilucidar, para algunos la solución se encuentra en la jurisdicción de los tribunales internos, para otros en el establecimiento de tribunales internacionales y finalmente para parte de la doctrina la respuesta está dada para el ámbito de las graves violaciones a los derechos humanos por el establecimiento de la Corte Penal Internacional.

En estos tiempos actuales, en donde la Constitución debe estar por encima de toda ley, haciendo valer la defensa de los derechos fundamentales, con un respeto al debido proceso en torno del imputado, y el justiciable, es por ello, esta investigación trata de constituir lineamientos, que son indispensables para poder llegar a pensar de que la Sala Penal de la Corte Suprema, vía su recurso de casación penal, que he escogido dicho recurso, para esta investigación en donde se desea y me enfocare respectivamente en su rol que éste debe de tener, para adecuar el recurso en la procedencia. / Tesis

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la actualidad existe consenso generalizado respecto a la necesidad de reprimir aquellas violaciones que atentan gravemente contra la comunidad internacional toda y sus valores fundamentales, los llamados crímenes internacionales. El genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes lesa humanidad, son tipos penales que a pesar de desarrollarse íntegramente dentro de un país determinado, sobrepasan ampliamente las fronteras del mismo, y de ahí los innumerables esfuerzos que se han desplegado en el último siglo con el objeto de legitimar su persecución y sanción a la luz del derecho internacional. Dentro las múltiples fórmulas que se han creado con estos fines, buscando evitar finalmente la impunidad de estos graves ilícitos, tenemos una que ha sido bastante controvertida en la práctica jurídica y cuya procedencia aún es resistida por algunos sectores debido a los ribetes políticos que implica su aplicación. Nos referimos al principio de jurisdicción universal, que autoriza a los tribunales internos de cualquier Estado perteneciente a la comunidad internacional a conocer de los crímenes internacionales aún cuando éstos se han perpetrado fuera de sus territorio. Respecto a este punto, materia central de la memoria, se analizará su contenido, su fuente, el fundamento para su reconocimiento por los distintos actores del concierto internacional, las IX problemáticas ligadas a su aplicación, entre otras aristas de importancia. También se darán luces sobre tres de los casos más relevantes a nivel internacional, donde se ha reconocido su procedencia o bien se han dado razones para su exclusión, finalizando con una reflexión crítica en torno a esta materia

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Históricamente – antes de la intervención del Tribunal Constitucional – la legislación laboral otorgaba al trabajador la posibilidad de reincorporarse al centro del trabajo siempre que su despido se encauce dentro de la figura del despido nulo (tutela restitutoria), pues la figura del despido arbitrario solo otorgaba al trabajador la posibilidad de percibir una indemnización (tutela resarcitoria), ello en interpretación del TUO del D.L N° 728 (Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en adelante LPCL). Así las cosas, el TC se vio en la obligación de intervenir para evaluar el artículo 34º del TUO del D.L. N° 728, aprobado por D.S 003-97-TR, LPCL en lo referente a la posibilidad del empleador de extinguir la relación laboral cubriendo el pago de una indemnización tasada, lo cual generaba constante controversia entre las partes de la relación laboral en aquellas épocas. En el año 2000 el Sindicato Único de Trabajadores de Telefónica del Perú y la Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú (FETRATEL) interpusieron acción de amparo contra las empresas Telefónica del Perú S.A.A. y Telefónica Perú Holding S.A. con el objeto de que se abstengan de amenazar y vulnerar los derechos constitucionales de los trabajadores, en virtud de un Plan de Despido Masivo elaborado por la Gerencia de Recursos Humanos de Telefónica del Perú S.A.A. en aplicación del artículo 34° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En particular en esta memoria trataremos de dar respuesta a las siguientes inquietudes: a. ¿Se respeta efectivamente el principio de legalidad en la órbita del Derecho Internacional Penal? b. ¿Qué características especiales puede tener el principio de legalidad en el ámbito internacional? c. ¿Son validas las normas de Derecho Internacional Penal ante las leyes chilenas? Para resolver las anteriores preguntas se recurrirá al análisis y exposición de cuál ha sido la evolución histórica que este principio ha tenido en el Derecho Penal, las razones de su establecimiento y desarrollo. Asimismo, se expondrán las principales teorías que se han expresado por parte de los tratadistas del Derecho penal y cómo ellas se han plasmado en la consagración positiva de este principio por parte de los Estados. A continuación, teniendo claras las características básicas del principio de legalidad, sus implicancias y extensión, pasaremos a exponer una relación básica de lo que el Derecho Penal Internacional es, sus fuentes, fundamentos y ámbito de jurisdicción. Luego de establecido el marco teórico jurídico en torno al Derecho Penal Internacional y al Principio de Legalidad, se analizará en profundidad las principales teorías que existen en torno a la aplicación que este principio pudiera tener en el ámbito internacional, las críticas que respecto a su real respeto se han manifestado, así como la manifestación práctica que éste pudiera tener en las principales experiencias de jurisdicción penal internacional, directas e indirectas, que se han conocido en el pasado y en la actual Corte Penal Internacional. Seguidamente, se analizarán las implicancias generales que el Derecho Internacional Penal tiene para nuestro país, los mecanismos necesarios para efectuar su recepción y el valor y jerarquía que sus normas tienen dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / A fin de delimitar el objeto de este trabajo y atendida la evolución histórica, social y estructural que ha tenido cada una de las instituciones a las que resulta aplicable la regulación penal y procesal que establece el Código de Justicia Militar, nos limitaremos al Ejército, especialmente en lo referente al ámbito disciplinarios; sin perjuicio de ello, muchas de las conclusiones en las que culminará este trabajo debieran considerarse para la Fuerza Aérea y para la Armada de Chile. Mención especial merece Carabineros de Chile por cuanto, tratándose de una Institución que habitualmente se relaciona con el mundo civil resulta en si cuestionable la aplicación de la normativa militar a su caso particular. Hipótesis de trabajo. El Ejército se funda sobre tres grandes pilares: obediencia, jerarquía y disciplina, principios presentes en el nuevo proceso de modernización de la Institución, pero, a fin 6 de consolidar este proceso resulta necesario que se adecúe el sistema de Justicia Militar en tiempos de paz a las normas establecidas en la Constitución , integrando a su respecto los principios de inamovilidad e independencia y asegurando de esta forma a los integrantes de la Institución la existencia de un procedimiento acorde con la Constitución y los estándares establecidos en los documentos internacionales que Chile ha suscrito