Es necesario destacar que se ha procurado la inclusión de varios acuerdos internacionales que ejemplifican las materias en comento, al mismo tiempo en que se ilustran a partir de casos prácticos seguidos ante los más diversos órganos judiciales internacionales. Ciertamente, se han escogido los que se han estimado como los más representativos. En aquellos casos en los cuales no exista norma o la situación no haya dado lugar a la fecha a algún procedimiento jurisdiccional, será efectuada la advertencia correspondiente.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación aborda un estudio desde la criminología y la política criminal, que contemple aspectos históricos y sociológicos de la delincuencia por convicción política realizadas por algunos grupos de matriz islámica, e indagar sobre la consistencia del tratamiento jurídico que se les da desde el mundo occidental. Se estima que la conducta de ciertos grupos islámicos seleccionados por los autores, en atención a la publicidad de ellos, tiene como causante la intromisión del mundo occidental en oriente-medio. En consecuencia, algunos de estos grupos deben ser tratados como delincuentes políticos, y no como terroristas, como ocurre en la actualidad.

El artículo presenta una revisión panorámica de la conformación histórica del Tribunal Constitucional peruano y los diferentes modelos de jurisdicción constitucional, los precedentes constitucionales y los controles constitucionales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

En este trabajo se aborda la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria desde el enfoque de la intervención de los Letrados de la Administración de Justicia, tanto en cuanto a su labor de impulsor de la tramitación como en su función, en ciertos casos, de decisor; con todos los interrogantes doctrinales que tal atribución plantea y el análisis de los aciertos y cuestiones mejorables que contiene. La LJV regula propiamente en su texto los expedientes tramitados por Jueces o Letrados de la Administración de Justicia y atiende en sus disposiciones finales aquellos otros asuntos que pasan a ser expedientes notariales y registrales, recogiéndose su regulación en otras leyes, y siendo competencia de Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles. La LJV pretende la modernización de una parte del “sistema positivo de tutela del Derecho Privado”, ofreciendo mayor coherencia a nuestro sistema procesal, para lo cual es imprescindible conocer los antecedentes prelegislativos y doctrinales de la actual Ley. Se analiza el concepto de jurisdicción y su alcance en la actuación del Letrado de la Administración de Justicia en este tipo de expedientes. Para ello, se estudia la parte general de la LJV, donde se analizan los aspectos procesales de la tramitación general del procedimiento. Seguidamente, se abordan los expedientes que son competencia exclusiva del Letrado de la Administración de Justicia y, por último, los que tramita y decide de manera concurrente con otros operadores jurídicos.

El presente trabajo aborda el estudio de la fuerza vinculante de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la finalidad de determinar si tienen fuerza vinculante para los tribunales nacionales de Estados que no han sido condenados en los casos donde se establecieron. Para ello, se establece el concepto de estándar, luego se analizan los diferentes argumentos esgrimidos en torno a su fuerza vinculante, tanto los desarrollados por la propia Corte Interamericana como por la doctrina especializada. De ahí se desarrolla, desde una perspectiva general, la recepción de los estándares interamericanos por las cortes nacionales para, finalmente, analizar la recepción y seguimiento del estándar sobre la invalidez de las leyes de auto-amnistía. Con el análisis de casos de la Corte Interamericana que establecen ese estándar y de las cortes de Argentina, Uruguay y Colombia que los reciben y utilizan se arriba a la conclusión que su fuerza vinculante depende, en gran medida, del uso que le dan las cortes nacionales. / The present work deals with the study of the binding force of the standards of the Inter- American Court of Human Rights, with the purpose of determining if they have binding force for the national courts of States that have not been condemned in the cases where they were established. To this end, the concept of a standard is established, then the different arguments put forward regarding its binding force are analyzed, both those developed by the Inter-American Court itself and by the specialized doctrine. From there, from a general perspective, the reception of the inter-American standards by the national courts is developed to, finally, analyze the reception and follow-up of the standard on the invalidity of the self-amnesty laws. With the analysis of cases of the Inter-American Court that establish that standard and of the courts of Argentina, Uruguay and Colombia that receive and use them, it is concluded that their binding force depends, to a large extent, on the use of the national courts. / Tesis

En estos tiempos actuales, en donde la Constitución debe estar por encima de toda ley, haciendo valer la defensa de los derechos fundamentales, con un respeto al debido proceso en torno del imputado, y el justiciable, es por ello, esta investigación trata de constituir lineamientos, que son indispensables para poder llegar a pensar de que la Sala Penal de la Corte Suprema, vía su recurso de casación penal, que he escogido dicho recurso, para esta investigación en donde se desea y me enfocare respectivamente en su rol que éste debe de tener, para adecuar el recurso en la procedencia.

La presente investigación tiene por objetivos siguientes: a) Exponer los fundamentos jus-sociológico, ius-filosófico y ius-formal del arbitraje y su relación con la jurisdicción como mecanismos heterocompositivos de solución de conflictos en la sociedad; b) Y, a partir de ella, exponer el fenómeno de la constitucionalización del arbitraje en nuestra historia constitucional y particularmente en la Constitución de 1993, así como la posición adoptada por el Tribunal Constitucional al respecto, y exponer nuestra posición respecto de los mismos conforme a los fundamentos y naturaleza jurídica del arbitraje, así como exponer y fundamentar las propuestas para una debida constitucionalización del arbitraje en el Perú; y, c) Exponer los fundamentos del control constitucional del arbitraje en el Estado Constitucional de Derecho; y, a partir de ello, determinar que tal control al ser básicamente jurisdiccional no resulta ser una función exclusiva de la justicia constitucional (Tribunal Constitucional y órganos especializados en lo constitucional del Poder Judicial) a través de los procesos constitucionales de la libertad (y del proceso de amparo en particular), sino que más bien, el control constitucional del arbitraje constituye una función que ordinariamente corresponde ser cumplida por los jueces ordinarios (Poder Judicial) a través de la vía procesal específica e igualmente satisfactoria que el amparo y que constituye el proceso (o recurso) de anulación de laudo previsto en el Decreto Legislativo N° 1071 (que norma el arbitraje); y, más bien, sólo excepcionalmente tal control corresponde ser realizado a través del proceso de amparo como vía extraordinaria y urgente.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo tiene por objeto analizar las decisiones de confirmación de cargos y sentencias definitivas pronunciadas por la Corte Penal Internacional, con el objeto de identificar los principales criterios que han sido identificados y aplicados por la Corte al momento de analizar la imputación de un individuo de quien se alega la comisión de un crimen de competencia de la Corte, sea como autor o partícipe. Para esos efectos, esta memoria comienza con una descripción de los modelos de responsabilidad individual que han sido aplicados en derecho penal internacional a lo largo de los años teniendo en cuenta que los tribunales penales internacionales han tratado las formas de autoría y participación de manera más bien disímil a lo largo del tiempo, especialmente durante los siglos XX y XXI. A continuación, se describen los criterios identificados que han sido considerados por la Corte Penal Internacional, tanto al momento de confirmar cargos como de condenar o absolver a los imputados de crímenes de su competencia. En esa sección se presenta también un análisis crítico de las decisiones y criterios, a fin de determinar si la Corte se ha atenido a lo dispuesto en su Estatuto, o por el contrario, ha excedido los términos del mismo en su ejercicio interpretativo. Este trabajo finaliza con las conclusiones, que recogen los principales avances logrados por la Corte Penal Internacional, y los desafíos que ésta enfrenta en lo sucesivo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La siguiente investigación describirá la realidad que representa el denominado Derecho Penal del Enemigo, en relación con el concepto doctrinal y jurídico, individualización y características del sujeto al que se le denomina “enemigo”. En el primer capítulo hay una consideración directa respecto de cuáles son las características del Derecho Penal del Enemigo y qué elementos son preponderantes al momento de conceptualizarlo. Esto con la intención de contextualizar en términos doctrinarios el expansionismo del Derecho Penal y el consecuente desmedro de los Derechos Humanos y la dignidad de las personas. Siguiendo con la línea de contextualización del momento histórico, social y económico que se vive en el mundo, el capítulo segundo intenta dar cuenta de cómo el fenómeno de la globalización es un factor determinante en la expansión del Derecho Penal del Enemigo, puesto que este tipo de legislación penal, es una consecuencia –en términos jurídicos- de la hegemonía que pretende el sistema neoliberal que hoy rige al mundo. Posterior a la contextualización del Derecho Penal del Enemigo, esta investigación se abocará a determinar quién es el sujeto al que se le denomina enemigo, cuáles son sus características, qué fundamentos filosóficos hace suyos Jakobs para conceptualizarlo, por qué es considerado una no-persona y qué consecuencias tiene este trato, quiénes en términos prácticos son considerados enemigos (terroristas, inmigrantes, narcotraficantes, marginales, etc) y cuál es la realidad de los enemigos en Chile. Esto se expresa en el tercer y cuarto capítulo de esta investigación. Por último, el quinto capítulo está dedicado a describir cuáles son las consideraciones sociales, políticas, económicas y culturales que determinan la proliferación del Derecho Penal del Enemigo. El Derecho Penal del Enemigo es una técnica legislativa que atenta contra el Derecho Penal liberal, los Derechos Humanos y la dignidad de las personas. Constituye una involución del Derecho Penal y un retroceso en el desarrollo de las relaciones sociales personales.