The purpose of this article is to analyze the constitutional situation that developed in Venezuela between December 2012 and April 2013, resulting from the deterioration of the health and the death of President Hugo Chávez, and that is linked to the following events. First, on December 10, 2012 he left the country to be treated in La Habana Cuba, since then he was not seen in public anymore; second, he did not show up at his Inauguration and Oath Ceremony on January 10, 2013, to begin his new presidential term 2013-2019 for which he was elected in October 2012. Third, the Constitutional Jurisdiction ordered, without any logic, that the absent President nonetheless continued to be «in full charge of his office» along with his Ministers, imposing a non-elected official to be the Executive Vice-president and to exercise the Executive Power. Fourth, the same Constitutional Jurisdiction imposed, when the Vice-president announced the death of Chávez on March 5th, 2013, the same non elected Vice-president to be President in charge, without any democratic legitimacy, which gave him the opportunity to participate in the April 2013 presidential elections without having to leave the office. / El presente estudio analiza la situación constitucional que se produjo en Venezuela entre diciembre de 2012 y abril de 2013, con motivo del agravamiento de la salud y el fallecimiento del presidente Hugo Chávez, y que se vincula con los siguientes acontecimientos. Primero, se ausentó de Venezuela el 10 de diciembre de 2012 para operarse en La Habana, Cuba no volviéndoselo a ver más en público; segundo, no compareció el 10 de enero de 2013 ante la Asamblea nacional a tomar posesión del cargo de presidente (2013-2019) para el cual había sido reelecto en octubre de 2012. Tercero, el juez constitucional decretó, sin lógica alguna, que el presidente ausente, sin embargo, continuaba «en ejercicio pleno de su cargo», junto con sus ministros, imponiendo a un funcionario no electo como el vicepresidente ejecutivo para ejercer el Poder Ejecutivo. Cuarto, el mismo juez constitucional impuso al mismo vicepresidente Ejecutivo, sin legitimidad democrática, cuando él mismo anunció la muerte de Chávez el 5 de marzo de 2013, para que asumiera como presidente encargado y, sin separarse de su cargo, pudiera participar en las elecciones presidenciales de abril de 2013.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La parte principal de esta Memoria es la Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano de 2000 en actual vigencia. Para llegar a esta Ley, se toman en cuenta sus antecedentes históricos a partir de la situación de los Estados Pontificios desde los inicios del siglo XIX en adelante. Se analiza el orden internacional a raíz de la invasión napoleónica y posteriormente el Congreso de Viena, pasando por el largo proceso de unificación italiana que afecta en su esencia la organización y extensión territorial de los Estados Pontificios como asimismo su expresión jurídica. Este proceso culmina con la caída de Roma el año 1870 y la proclamación del Reino de Italia con la Ciudad Eterna como capital. Allí se suscita una situación en la cual el Papa queda reducido exclusivamente a la ciudad del Vaticano y nace la llamada ‘cuestión romana’ que se extiende por 59 años hasta 1929. Este periodo se caracteriza por un estado permanente de tensión entre la Santa Sede y el Gobierno Italiano, lo que no logra aminorarse con la llamada Ley de Garantía de 1871. El Papa mantiene su personalidad internacional con legación activa y pasiva durante todo este período. La cuestión romana se soluciona con el llamado Tratado de Letrán suscrito con el Reino de Italia el año 1929. En este tratado se reconoce la soberanía papal sobre el Vaticano y debido a esta nueva situación, el Sumo Pontífice dicta varias leyes, la principal es la llamada Ley Fundamental de 1929 que organiza las funciones del estado y el ejercicio de los poderes públicos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Labor Law is called to solve and prevent arisingconflicts between employers and employees. In light of this, certain conflicts between the employer and a union, or his own employees, can be solved by an arbitration board.In that line, it is important to take into account the many existing differences between juridical labor arbitration and economic labor arbitration; the author, in the present article, arguments that those differences represent the fundamental reason why the first one does exercise jurisdictional function and the second one does not. On that basis, the author affirms that it’s possible to exercise diffuse control in economic labor arbitration. / El Derecho Laboral está llamado a solucionary prevenir la mayor cantidad de conflictos que puedan darse entre trabajadores y empleadores. A la luz de ello, existen determinados supuestos en los cuales un conflicto entre el empleador y una organización sindical o sus propios trabajadores puede ser visto o solucionado en sede arbitral.Es importante tener en cuenta, para ello, las diferencias entre un arbitraje laboral jurídico y un arbitraje laboral económico; el autor, en el presente artículo, afirma que las mis- mas constituyen el fundamento de porqué el primero sí ejerce función jurisdiccional  y  el segundo no. En base a ello, se puede afirmar que no es posible ejercer el control difuso enlos arbitrajes laborales económicos.

El presente informe tiene como finalidad analizar la idoneidad de la acción de nulidad interpuesta por Marfor Producciones S.R.L. en contra de la marca «EXPONÁUTICA PERÚ» de titularidad de Profesionales Marítimos S.R.L. y la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 121-IP-2014. El análisis del presente caso se justifica en dos grandes áreas del derecho: la propiedad industrial y el derecho comunitario. En primer lugar, buscaremos acreditar que Marfor Producciones S.R.L. interpuso una acción inefectiva para la tutela de sus derechos. En segundo lugar, abordaremos la interpretación efectuada por el Tribunal al concepto de “juez nacional” en el marco de las interpretación prejudiciales (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). En concreto, revisaremos los seis criterios que estableció el Tribunal para permitir que entidades administrativas como la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos puedan encajar en el término “juez nacional” comunitario y, por consiguiente, solicitar interpretaciones prejudiciales. La metodología aplicada en el informe es indudablemente dogmática, con un enfoque amplio en la doctrina especializada, la normativa aplicable y la jurisprudencia correspondiente. En el trabajo se podrá observa el criterio de interpretación teleológico y, en menor medida el literal. En suma, las conclusiones principales son que (i) la acción de nulidad interpuesta por Marfor Producciones S.R.L. fue inidónea y (ii) la interpretación prejudicial efectuada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es correcta pero con ciertas precisiones.

El trabajo presenta el balance del control jurisdiccional realizado por el Tribunal Constitucional (TC) sobre las decisiones de no ratificación de magistrados (jueces y fiscales) expedidas por el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), periodo 2009 al 2018. El control del ejercicio de la potestad de ratificar está principalmente a cargo del TC, quien viene diseñando en sus resoluciones el equilibrio que debería existir entre esta potestad con la de impartir justicia, cada vez que resuelve los procesos de amparo sobre la decisión de no ratificar a un magistrado. En las dos primeras décadas de este siglo el control se hizo con interpretaciones y aplicaciones que, si bien evolucionan en favor de la protección, se trata de una tutela al debido proceso relativizado, limitada a examinar o constatar que la decisión administrativa cuente con justificación interna (formal), evaluando la corrección lógica y la coherencia narrativa del razonamiento (premisas normativas y fácticas) que permitan su enlace con la decisión. La tutela constitucional es desconfiada en brindar una protección que controle la validez de la justificación externa de la decisión administrativa, pues no evalúa la corrección constitucional de las interpretaciones y/o argumentos expresados por el ex CNM en sus resoluciones, ni aplica criterios de razonabilidad y proporcionalidad, que si resulta controlable en las destituciones. La falta de un control judicial más riguroso sobre el ejercicio de la potestad de ratificar podría permitir y/o convalidar eventuales arbitrariedades que, a su vez, podrían influir en el sistema democrático de gobierno, la existencia de un sano equilibrio de potestades y el respeto mutuo de competencias. Finalmente, además de realizar el balance cuantitativo y estadístico, se analizan críticamente las resoluciones jurisdiccionales del TC para conocer la realidad práctica del control que ejerce sobre las decisiones de no ratificación, específicamente del deber de motivar y la intensidad que emplea como parámetro de control vinculante, para lo cual también se recurre a la prueba exacta de Fisher.

El presente artículo versará en el análisis de dos sentencias de la Corte IDH en el que se detalla el caso dos mujeres fueron torturadas sexualmente por agentes militares en el periodo del Conflicto Armado Interno. En este análisis se analizará los hechos jurídicamente relevantes del caso, así como también los derechos y artículos tipificados en la Convención Americana de los derechos humanos que fueron violados por el Estado Peruano peruano. Todo ello por la acusación penal contra ellas en base a la ley especial “antiterrorista” tipificada en el Decreto Ley Nº 25475. La hipótesis que la autora buscará argumentar y fundamentar es que las mujeres procesadas por el delito de terrorismo en el Conflicto Armado Interno tenían mayores capas de vulnerabilidad analizado desde la perspectiva de género interseccional. 2. El Decreto Ley Nº 25475 y la violación a estándares internacionales fue la raíz de la violación a los derechos humanos protegidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos tales como la libertad personal, la integridad personal, las garantías judiciales y la igualdad y no discriminación hacia las mujeres detenidas por el delito de terrorismo sobrevivientes del delito de violación sexual perpetrado por militares. Por último, se plantearán conclusiones y recomendaciones en base a los objetivos de la autora y búsqueda de justicia en base a las violaciones a los derechos humanos y la casuística real de las miles de mujeres víctimas de tortura sexual dentro del periodo de conflicto armado. / Trabajo académico

A intenção de nossa pesquisa é fornecer à comunidade jurídica do Brasil estudo abrangente sobre determinado processo judicial brasileiro. O fim deste processo é solucionar, como questão principal, incertezas que possam surgir em torno dos limites dos Poderes do Estado; os chamos conflitos de atribuição. A pesquisa processual é antecedida por detalhado histórico sobre a separação brasileira de Poderes. / El propósito de nuestra investigación es proporcionar a la comunidad juridica, especialmente brasileña, un extenso estudio acerca del proceso constitucional brasileño cuya finalidad es proteger el equilibrio del sistema de frenos y contrapesos solucionando, como cuestión principal, los conflictos entre los poderes del Estado o, en otras palabras, proteger las atribuciones constitucionales de los distinctos órganos de poder solucionando dichos conflictos. En Brasil de 2006 casi no hay estudios acerca deste asunto, no obstante el derecho brasileño conocer la práctica de solucionar, en el campo judicial, los mencionados conflictos como cuestión principal en el proceso constitucional cuya localización, es importante destacar, está en el sector del Derecho Procesal Constitucional, más precisamente el Derecho Procesal Constitucional Orgánico. Nuestra investigación empieza con minuciosa historia sobre el sistema de frenos y contrapesos brasileño.

A intenção de nossa pesquisa é fornecer à comunidade jurídica do Brasil estudo abrangente sobre determinado processo judicial brasileiro. O fim deste processo é solucionar, como questão principal, incertezas que possam surgir em torno dos limites dos Poderes do Estado; os chamos conflitos de atribuição. A pesquisa processual é antecedida por detalhado histórico sobre a separação brasileira de Poderes. / El propósito de nuestra investigación es proporcionar a la comunidad juridica, especialmente brasileña, un extenso estudio acerca del proceso constitucional brasileño cuya finalidad es proteger el equilibrio del sistema de frenos y contrapesos solucionando, como cuestión principal, los conflictos entre los poderes del Estado o, en otras palabras, proteger las atribuciones constitucionales de los distinctos órganos de poder solucionando dichos conflictos. En Brasil de 2006 casi no hay estudios acerca deste asunto, no obstante el derecho brasileño conocer la práctica de solucionar, en el campo judicial, los mencionados conflictos como cuestión principal en el proceso constitucional cuya localización, es importante destacar, está en el sector del Derecho Procesal Constitucional, más precisamente el Derecho Procesal Constitucional Orgánico. Nuestra investigación empieza con minuciosa historia sobre el sistema de frenos y contrapesos brasileño.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo pretendemos indagar tanto el contexto interno como global en que se desarrolla la crisis en Libia, la denominada “Primavera Árabe”; a su vez procuraremos analizar, desde los criterios de competencia establecidos en el Estatuto de Roma, la intervención que ha mostrado la Corte Penal Internacional en los Estados parte y también, en los no son parte del Estatuto; situaciones que han llevado a discutir el verdadero propósito de las intervenciones de esa institución. También intentaremos comprender el rol preponderante que juega el Consejo de Seguridad de la ONU en el ámbito de la justicia penal del Estatuto de Roma a nivel institucional, lo que bajo un ojo crítico, abre el debate respecto a la independencia y autonomía que pregona la Corte desde su instauración, ya que podría traer como consecuencia que las decisiones se tomen bajo un ideal político segregador, que busca el control social bajo una homogenización de valores occidentales, tomando en cuenta los países sobre los ha actuado hasta el día de hoy, y aún, de otros casos similares en los que no ha habido acuerdo para intervenir.