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Autor no autoriza el acceso completo de su documentos hasta el 05/11/2019 / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / 05/11/2019

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, como institución del régimen de los océanos, cumple determinadas funciones a fines de administrar y proteger a este último. Su importancia para el sistema internacional de solución de controversias se advierte desde su competencia material y personal. Su relación con la Corte Internacional de Justicia y con los procedimientos arbitrales debe entenderse en el contexto de multiplicación de tribunales internacionales y el sistema de solución de controversias previsto en la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. A través de su jurisprudencia, en especial en casos de medidas provisionales y pronta liberación de buques y sus tripulaciones, el Tribunal ha podido actuar en pos de la protección del medio marino, del Patrimonio Común de la Humanidad y el desarrollo del derecho internacional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

En este artículo se trata de desentrañar la naturaleza jurídica del proceso de amparo, estudiando aquellas características esenciales intrínsecas y despojadas del régimen legal quele establezca cada sistema de jurisdicción constitucional. Los tribunales constitucionales identifican al amparo con una doble naturaleza, que persigue no solo la tutela subjetiva de los derechos fundamentales de las personas, sino también comprende la tutela objetiva de la Constitución. Lo primero supone la restitución del derecho violado o amenazado, lo segundo la tutela objetiva de la Constitución, esto es, la protección del orden constitucional como una suma de bienes institucionales.

In Spanish Colonial America, as well as in the Iberian Peninsula at the same time, different jurisdictions intertwined in the same space. By way of consequence, the complex political organization of the New World was composed, at the local level, by the Indian and Spanish Councils, the doctrines, and the provincial structures called corregimientos. Although the officials of those institutions received precise instructions, in which the Spanish Crown defined and limited their functions, tensions were common between the Indian governors, the clergymen, the Spanish Councils’ officeholders, and the Spanish provincial magistrates, or corregidores. The present article will analyze a series of lawsuits that occurred in sixteenth century Yucatan and in which those authorities were implicated, in order to highlight not only the nature of the jurisdictional conflicts, but also the modalities of their resolution at stake in the Spanish Empire’s courts of justice. Special emphasis will be put on the jurisdiction of the Maya Councils with the objective of better understanding the scope of indigenous agency in Spanish Colonial America. We argue that the local control on the one hand, and the legal representation on the other, were key elements in these processes. / Al igual que en la península ibérica, en la América colonial se superpusieron distintas jurisdicciones en el mismo espacio, de modo que el complejo entramado político del Nuevo Mundo estaba conformado, a nivel local, por los cabildos indígenas y españoles, las doctrinas y los corregimientos. Aunque los representantes de aquellas instituciones recibieron detalladas instrucciones en las que la Corona española definía y limitaba sus funciones y prerrogativas, fueron frecuentes las tensiones entre los gobernadores indígenas, los alcaldes ordinarios, los curas beneficiados y los corregidores. A partir de una serie de pleitos en los que estuvieron involucradas estas autoridades, el presente trabajo analiza tanto la naturaleza de los conflictos jurisdiccionales que tuvieron lugar en el Yucatán del siglo XVI como las modalidades de su resolución en los foros de justicia de la Monarquía hispana. Se presta especial atención a la jurisdicción de los cabildos mayas con el fin de esclarecer el alcance de la participación indígena en el sistema político del Imperio hispánico. Consideramos que el control local, por un lado, y la representación legal, por otro, resultan fundamentales para comprender aquellos fenómenos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Aunque el recurso a la guerra como medio de resolver las disputas entre naciones ha acompañado a la humanidad desde sus albores, y en casi todas las épocas han existido quienes han cuestionado el recurrir a ella, intentado excluirla completamente, o al menos limitar su uso sólo a casos muy justificados, no fue sino hasta entrado el siglo XX que comenzaron a desarrollarse los primeros intentos por estatuir un conjunto de normas internacionales que restringieran al máximo su uso como medio de resolución de conflictos entre los países. En 1928, a través del Pacto Briand-Kellog, se prohibió por primera vez el uso de la guerra como instrumento de política nacional (aunque sin contemplar una sanción específica para el caso de la transgresión a dicha norma). Por su parte el Estatuto de Londres de 1945, que dio cuerpo jurídico al Tribunal de Nüremberg, fue el primero en calificar la agresión como un crimen contra la paz, atribuyendo una sanción penal a sus responsables. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, en la comunidad internacional comenzaron a realizarse esfuerzos por adoptar un instrumento que permitiera dar fuerza jurídica vinculante a un principio que ya se había asentado en la conciencia de los Estados y de las personas: que la guerra de agresión y los crímenes contra la paz debían ser algo no sólo moralmente reprobable, sino también penalmente sancionable. No obstante, dadas las condiciones geopolíticas existentes en aquella época, con dos bloques claramente definidos en una virtual disputa por el control del mundo, se hizo imposible que estas ideas y principios se plasmaran en un instrumento. No sería sino hasta 1974, cuando Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Resolución 3314, que comenzaría a tomar forma la posibilidad de convertir la agresión, en un verdadero crimen internacional, sancionable como tal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / Debido a lo escaso de bibliografía nacional especializada sobre el tema, la presente memoria tiene como objetivo fundamental el exponer y analizar los principales aspectos del Derecho Penal Internacional y de la Jurisdicción Penal Internacional, entre los que se encuentran su conceptualización, historia, fuentes, principios, órganos, sistemas de aplicación, etc. En cuanto a la metodología utilizada, ella ha sido, fundamentalmente, la de análisis y exposición de los principales instrumentos internacionales sobre la materia, desarrollando aquellos más importantes e informando su estudio mediante la opinión personal de los autores y principales teóricos doctrinarios que existen sobre la materia. Apartado especial, debido a su importancia, han merecido el Estatuto de la Corte Penal Internacional y el llamado Caso Pinochet, principalmente en cuanto a las implicancias que éste último ha tenido en la órbita jurídica internacional y a las discusiones acaecidas con ocasión de él.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / A continuación nosotros nos avocaremos justamente al tratamiento de este grupo de ilícitos que caen bajo la órbita de atribuciones de la Corte, especificando cuáles son y las particularidades que cada uno de ellos tiene. En cuanto a la metodología a utilizar en el curso de este trabajo, desde ya creemos importante señalar que ella principalmente está referida a la exposición de lo contenido tanto en el Estatuto de la Corte como en lo señalado por el Proyecto de Elementos de los Crímenes que ha preparado la Comisión Preparatoria. En los casos en que lo creamos pertinente también nos referiremos a los antecedentes de las normas establecidas en el Estatuto, en la medida de que ellas ya se encontraren contenidas con anterioridad en otros instrumentos, señalando los puntos en que son coincidentes y aquellos en los cuales el Estatuto de la Corte innova o pueda significar un retroceso.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / Esta memoria tiene por objeto analizar las inmunidades de jurisdicción que el Derecho Internacional concede a los Jefes de Estado y ex-Jefes de Estado. También se tratan las inmunidades de jurisdicción en general y la inmunidad del Estado. El método utilizado ha sido el recurso a la práctica interna de los Estados para averiguar el estadio de la costumbre internacional en esta materia. También hemos recurrido a la opinión de la doctrina. En definitiva, se logra acreditar la vigencia actual del tema de la inmunidad de los Jefes de Estado y la importancia de garantizarla para el efectivo cumplimiento de sus importantes funciones internacionales. Respecto de los ex-Jefes de Estado se ha analizado en profundidad su inmunidad y la importancia que tiene para garantizar la integridad de los actos del Estado al que representaron.