Las empresas de Casinos han presentado problemas con el Sector Bancario desde hace varios años, ello se debe al alto grado de incidencia de prácticas de lavado de activos dentro de estos establecimientos, motivo por el cual han sido catalogados como blancos fáciles. Por otro lado, las entidades bancarias con el animus de preservar sus intereses dentro ellos su reputación, han optado por establecer políticas de índole interna, donde han señalado taxativamente las actividades económicas consideradas riesgosas en sí mismas, dentro de las cuales encontramos a los Casinos. Esta clasificación ha traído como consecuencia directa que no sean sujetos de crédito, inclusive algunas entidades bancarias han restringido la prestación de servicios bancarios, impidiendo cualquier tipo de vinculación comercial. Esta situación ha generado graves perjuicios a las empresas de Casinos; ya que han sido apartados del Sistema Financiero, constriñéndoles a buscar mecanismos alternativos que les permitiera seguir desempeñando su actividad comercial de manera normal. Frente a las adversidades reportadas por la Industria de Casinos, consideramos necesario incorporar mecanismos legales, que permitan demostrarle a los Bancos que los Casinos cumplen con las medidas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En este sentido, proponemos que las empresas de Casinos refuercen su Sistema de Prevención de lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo, así como también la incorporación de prácticas de Buen Gobierno Corporativo; toda vez que esto permite la generación de un valor añadido para las empresas de Casinos, a través de la transparencia en la información, implementación de sistemas de gestión de riesgos entre otros.

La presente investigación versa sobre la causalidad de los gastos para la realización de acciones de responsabilidad social empresarial a favor de comunidades por parte de empresas mineras, bajo la hipótesis de que estos sí cumplen con dicho principio. La justificación de este estudio radica en el hecho que está directamente relacionado con la resolución de un problema práctico controvertido, como es el tratamiento tributario de los gastos de responsabilidad social empresarial que efectúan las empresas mineras. Asimismo, es una contribución al respecto, considerando que no existe una opinión uniforme y definitiva de operadores jurídicos, tanto públicos como privados; por lo tanto, no hay seguridad jurídica para los contribuyentes que realizan acciones de responsabilidad social empresarial. Para poner a prueba la hipótesis planteada, se propuso un marco conceptual sobre el mencionado principio, de conformidad con la legislación, la jurisprudencia nacional y la doctrina nacional e internacional. Asimismo, se realizó un estudio respecto de la responsabilidad social empresarial con base en los elementos que frecuentemente la identifican. Finalmente, luego de analizar críticamente la doctrina nacional y jurisprudencia sobre la materia, se concluyó que son causales los gastos de responsabilidad social empresarial que corresponden a aquellas iniciativas de la empresa que tengan por objeto la gestión de los impactos que genera su propia actividad, que forme parte de estrategia empresarial y ligada estrechamente a su actividad en los ámbitos de valor compartido por la empresa y la sociedad con miras a alcanzar del desarrollo sostenible con la participación de los grupos de interés afectados. De este modo, acotamos la definición de RSE respecto de lo que coloquialmente se entiende por dicho concepto

La actividad minera es muy importante para la economía del Perú, por lo que es de interés nacional aumentar la competitividad a nivel del país. En el presente estudio identificamos como uno de los problemas principales para lograr una mayor competitividad en el sector minero, la sobre abundancia de normas y procedimientos, muchos de ellos ineficientes para sus objetivos. A fin de delimitar el estudio nos hemos referido al procedimiento de certificación ambiental para la gran y mediana minería, en la que vemos que el problema antes mencionado está presente al identificar al menos 15 procedimientos administrativos involucrados en su obtención, lo que da como resultado que éste sea un procedimiento largo y oneroso. Con el fin de aportar propuestas para la mejora de la competitividad, presentamos la necesidad de un análisis de la calidad regulatoria a todo nivel y de forma constante, el perfeccionamiento de los entes reguladores que deben tener a la mano medios alternativos para cumplir con las funciones estatales y no solo trasladar obligaciones a los particulares, así como de impulsar a fin de hacer atractiva la certificación ambiental global.

Los Joint Venture son contratos asociativos utilizados a nivel mundial, con la finalidad que las partes (ya sean personas naturales o jurídicas) que lo conforman cooperen entre ellas. No obstante al uso casi global de estos contratos, en la actualidad aún existen algunas diferencias de trato jurídico y practico que podemos advertir, tal como se encuentra establecido en normativas norteamericanas, españolas, alemanas, peruanas, entre otros; sin embargo, este problema, no parte únicamente con la regulación de este tipo de contratos, sino que parte por el reconocimiento general de los contratos asociativos, o llamados también “partnership”, ya que en algunos países como es el caso de España, Estados Unidos, y Alemania, permiten constituir personas jurídicas con estos instrumentos societarios, a diferencias de nuestra regulación que, de acuerdo a nuestra ley societaria, se encuentra prohibida esta posibilidad. Justamente esta situación jurídica asimétrica que tenemos frente a lo que en mercado se acepta, es la justificación de este trabajo, toda vez que de aquí parte problemas de índole económico, internacional y sobre todo nacional, ya que la participación de estas agrupaciones de empresas es sumamente importante tenerla en cuenta para nuestra económica y evolución como país, al igual como en otros países se encuentra reconocido, con lo cual, mi principal objetivo determinar si con la inclusión de los Joint Venture en nuestra Ley General de Sociedades, se podría cambiar la perspectiva de los contratos asociativos, facilitando la funcionalidad empresarial de las agrupaciones conformadas por estos contratos. En el desarrollo de la presente investigación se demuestra cómo es que la practica comercial y jurídica de otras materias, han tratado a estas agrupaciones como personas jurídicas, razón por la cual, se llegó a la conclusión que, lo ideal sería incluir la posibilidad que, a través de estos contratos asociativos podamos constituir personas jurídicas nuevas. / Trabajo de investigación

El Estado, los proveedores y los consumidores constituyen los tres agentes relevantes dentro del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, siendo los consumidores la parte más frágil y por ende sobre los cuales el Estado despliega su rol tuitivo. Las asociaciones de consumidores, como representantes de la sociedad civil, ejercen un rol importante dentro de este diseño y por ello es relevante su fortalecimiento. A través del presente trabajo de investigación, se explora una de las aristas que pueden fortalecerlas, como es el caso del aspecto financiero, por parte del Estado y a través de un mayor acercamiento hacia los proveedores dentro del marco de convenios de cooperación. Sin duda ambos aspectos son controversiales dado el estado actual de la normativa en materia de protección del consumidor en el mercado peruano, más no necesariamente en el ámbito comparado con otros países. Por tanto, se concluye que la apertura de las opciones de financiamiento para las asociaciones de consumidores y convenios con proveedores incidirá en un mayor fortalecimiento y desempeño de la defensa de los consumidores, las mismas que deberán de estar sujetas a reglas de transparencia y disponibilidad presupuestal. Para ello, se aborda la problemática, se cuestiona los principales aspectos en pro de la propuesta y se plantea la forma normativa sobre la base del análisis del desempeño de las asociaciones de consumidores, el análisis comparado y regulatorio. / Trabajo de investigación

El problema principal de investigación del presente trabajo es analizar si el Decreto Legislativo N° 1409, que aprueba el régimen de la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada, se encuentra diseñada de manera adecuada, que permita fomentar con la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas y, de esa manera, contribuir con los índices de reducción de los niveles de informalidad en el país. Se debe tener en cuenta que, la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada es una institución jurídica que ha sido importada en nuestro ordenamiento societario. Dicho régimen inició en el país de Colombia, con su creador el jurista Francisco Reyes Villamizar, donde en menos de 10 años desde su vigencia ha logrado desplazar a las formas societarias tradicionales y a coadyuvar a reducir los niveles de informalidad en el comercio. Poco a poco los países de Latinoamérica se han ido sumando con adoptar el régimen societario que es materia de investigación, motivo por el cual, la Organización de Estados Americanos decidió crear una Ley modelo que sirva a sus países miembros para crear esta nueva forma de constituir empresas, de manera simple, menos costosa y más beneficiosa. El impacto más relevante de esta forma societaria a nivel Latinoamérica ha sido la reducción del comercio informal. Es así que, se espera que el Decreto Legislativo N° 1409 contribuya con hacer más sencillo el gran reto hacia la formalización en nuestro país. Teniendo en cuenta ello, estudiaremos las causas jurídicas principales que determinan la informalidad en el país y, las estudiaremos en función a la regulación de nuestro Decreto Legislativo N° 1409, a fin de evaluar si la norma aprobada resulta pertinente para subsanar dichas causas. Asimismo, la legislación comparada, en particular la colombiana, nos servirá de baremo para analizar la regulación de nuestra Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada. / Trabajo de investigación

El presente trabajo de investigación explica la necesidad de establecer el cumplimiento normativo en las empresas -Compliance laboral-, con el objeto de evitar riesgos de diversa índole que pueden traer consigo los accidentes y enfermedades profesionales, los cuales pueden afectar la vida y salud de los trabajadores. Se precisa que en la normativa nacional vigente se tiene a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 en la cual se establece la responsabilidad del empleador en torno a los accidentes y enfermedades profesionales, priorizando los deberes de prevención y responsabilidad, entre otros, que la aludida ley señala para los empleadores/empresarios, el cual lo concordamos con el acuerdo jurisdiccional adoptado en la ciudad de Lima, los días 18 de septiembre y 2 de octubre del 2017, cuando se ha realizado el VI Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral y Previsional, el cual se acordó que “El empleador siempre será responsable por cualquier evento dañoso del trabajador”, aunado a que en la actualidad se tiene la figura agravada en el Código Penal, Artículo 168-A, como es el delito de Atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, que en su figura dolosa (muerte del trabajador o terceros) sanciona con una pena privativa de libertad de hasta de ocho años. Es por ello que se plantea la posibilidad de que para aquellas empresas que voluntariamente cumplan con sus obligaciones legales y contractuales e implementen mecanismos para preservar la seguridad y salud de sus trabajadores, se debe tener en cuenta dicho cumplimiento normativo al momento de imponer sanciones de toda índole, pero siempre y cuando se verifique real cumplimiento, por lo que se recomienda la implementación de un programa de cumplimiento normativo empresarial en los empleadores/empresarios, para no afectar la vida y salud de sus trabajadores y asimismo para no afectar su reputación empresarial.