Globalmente, la participación de las mujeres en diversos aspectos de la vida es reducida en comparación con la de los hombres, y ello se evidencia aún más en los escalones de mayor jerarquía de toma de decisiones en las empresas, como son los directorios. En el mercado de valores, si bien existe una mayor exigencia por parte de los inversionistas institucionales, bolsas de valores, reguladores, entre otros actores del mercado, para lograr la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en los directorios, esta exigencia no solo se demanda por ser un derecho fundamental, sino porque al tener un órgano de decisión con una composición diversa -ésta entendida en sus distintas dimensiones como conocimientos, edad, disponibilidad de tiempo, permanencia en el cargo, nacionalidad – se fortalecerá el gobierno corporativo de la compañía, generando valor tanto para la empresa, sus accionistas y sus demás grupos de interés. El Perú se encuentra comprometido con el gobierno corporativo y el desarrollo sostenible, no obstante, la composición de la gran mayoría de directorios de las empresas que listan valores en la Bolsa de Valores de Lima, únicamente se encuentra conformada por hombres, los cuales permanecen en sus cargos de forma indefinida o son reemplazadas por otros de su mismo género y que ellos mismos propusieron. En ese sentido, el objetivo del presente trabajo de investigación cobra relevancia, pues se pretende realizar un análisis de la relación entre el ingreso de una mujer al directorio de una empresa que lista valores en la Bolsa de Valores de Lima, compuesta mayoritariamente por hombres, y la diversidad de la composición del directorio en sus dimensiones de conocimiento, edad, disponibilidad de tiempo, origen, permanencia en el cargo. / Trabajo de investigación

El presente trabajo de investigación atiende al crecimiento exponencial del fenómeno Start Up en el Perú en respuesta a su estrecha relación con las nuevas tendencias mundiales de innovación y tecnología. Al respecto, dadas las particularidades propias del mundo de la innovación, la Start Up debe de encontrarse estrechamente vinculados con distintos agentes que forman parte de un ecosistema emprendedor de los que se sirve en sus distintas etapas evolutivas. Precisamente, en las etapas tempranas, la Start Up debe de afrontar los momentos más cruciales debido al riesgo inherente que enfrenta el surgimiento de su idea innovadora, siendo que requiere de recursos económicos que la materialicen. Para ello, en este ecosistema emprendedor existen agentes privados interesados en inyectar capital a la Start Up a través de la adquisición de acciones llamados business angels; sin embargo, las Start Up no cuentan con mecanismos autorregulatorios que les permitan crear un mejor ambiente para la inversión, toda vez que no prevé la posibilidad de que uno de los fundadores del equipo de la Start Up que no esté completamente comprometido con la sociedad, decida retirarse de la misma pero manteniendo su propiedad proporcional (participación accionarial sobre la misma), generando efectos no deseados para los fundadores y los inversores. En respuesta a ello, la Ley General de Sociedades faculta a los socios accionistas para que, en el marco de su esfera íntima de libertad contractual y dentro de los márgenes impuestos por las normas imperativas y estatuarias; puedan celebrar contratos entre ellos que permitan autorregular determinadas situaciones de la la vida interna de la sociedad. Así, bajo este contexto y en respuesta a la problemática planteada, resulta conveniente que las Start Up implementen un convenio de accionistas denominado “vesting”, el cual permite generar estabilidad en la Start Up en las etapas tempranas, debido a que obliga a los fundadores a tener una permanencia en la misma bajo un esquema de consolidación de sus acciones; permitiendo un ambiente más agradable para la inversión de los denominados business angels o inversores ángeles. / Trabajo de investigación

Los directores empresariales son aquellas personas designadas por la junta de accionistas para que tomen las riendas de la empresa, por lo que las decisiones que ejecuten son de suma importancia, ya que podrían definir el éxito o fracaso empresarial. Nuestra Ley General de Sociedades (“LGS”) establece que los directores deben desempeñar sus funciones con la diligencia de un ordenado comerciante y de un representante leal; así como también que los directores serán responsables en caso de dolo, abuso de facultades o negligencia grave. Ahora bien, bajo dichas premisas es donde se tiene que ubicar a las decisiones de negocio. La LGS no hace distinción alguna para los casos en los cuales los directores actuaron de buena fe, se informaron debidamente y siguieron el procedimiento correspondiente, pero que aun así generaron pérdidas a la empresa; con aquellos supuestos donde los directores incumplieron con sus deberes y obligaciones, actuando negligentemente al momento de adoptar un acuerdo, por lo que en ambos supuestos los directores sí podrían ser juzgados por un tercero, juez o árbitro, quien evaluará de forma retrospectiva una decisión empresarial y determinará la existencia de responsabilidad. La figura del Business Judgment Rule (“BJR”) es una figura jurídica que nace del problema expuesto, con la finalidad de ser un escudo protector para los directores que actuaron de buena fe y en cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Actualmente el BJR no se encuentra recogido en nuestra normativa, lo cual genera una indefensión por parte de los directores ante reclamos por negligencia grave por las decisiones de negocio que hayan podido adoptar. En ese sentido, el presente trabajo busca desarrollar la figura del BJR y demostrar la necesidad de su incorporación en el ordenamiento jurídico peruano. / Trabajo de investigación

El acceso irrestricto al agua potable es un derecho fundamental de todas las personas, el acoplamiento del servicio de abastecimiento de agua de manera continua y saneamiento higiénico es esencial para vida y los derechos humanos. Sin embargo, el suministro de agua potable en términos de calidad, continuidad y cobertura, sigue manteniéndose como un reto en diferentes partes del mundo y Perú no es la excepción. En ese sentido, el Gobierno Peruano a través de la ejecución del Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021 ha establecido metas ambiciosas para cerrar la brecha de infraestructura en saneamiento estimando lograr el acceso al servicio de agua potable para el 100% de la población urbana en el año 2021 y para el 100% de la población rural para el año 2030, mediante la ejecución de proyectos de inversión pública en saneamiento. Sin embargo, todo este esfuerzo no es suficiente para poder asegurar la continuidad de la prestación del servicio, si no se cuenta con un adecuado proceso de monitoreo, operación y mantenimiento de las obras culminadas, generando un nuevo problema por el deterioro e inadecuada operación de la infraestructura entregada. Algunas de las causas son la limitada capacidad de los gobiernos locales, los operadores del ámbito rural para la gestión de saneamiento, las inversiones insuficientes y un marco legal que no incentiva la participación de las empresas privadas en el ámbito rural. En relación a lo señalado, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la normativa vigente en el ámbito de agua y saneamiento rural, con el fin de determinar si esta es adecuada para asegurar la administración de estos servicios de saneamiento y la posibilidad de intervención del sector privado, para así poder proponer alternativas o propuestas que permitan mejorarla y lograr una adecuada gestión de los servicios. / Trabajo de investigación

El Decreto Legislativo No. 1409 (2018) crea el régimen societario alternativo denominado Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS), marco normativo mediante el cual se busca la formalización de la micro, pequeña y mediana empresa en el Perú. La exposición de motivos de la ley propone el nacimiento de esta sociedad a fin de dinamizar el sector MIPYME, mejorar la recaudación fiscal y disminuir las altas tasas de informalidad laboral, presentando para ello un nuevo modelo de constitución virtual, en documento privado, menos costoso y rápido, alejándose así de las barreras impuestas a los modelos societarios clásicos. La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), como modelo innovador, nace en Colombia (2008) de la mano del maestro Francisco Reyes Villamizar, extendiéndose posteriormente a las legislaciones de Chile, Argentina y la OEA. Este régimen basa su éxito en la reducción de plazos y costos de constitución, reducción de la informalidad y mayor flexibilidad, todo sobre la base de la “sociedad contrato” y en la “autonomía de la voluntad”. Nuestro legislador, al advertir las bondades del exitoso modelo, propone adaptar lo mejor de cada experiencia internacional para aplicarla en la SACS. Es justamente este nuevo marco normativo nacional sobre el cual se basa la presente investigación, a fin de determinar si aquél recoge o no las virtudes del modelo SAS. A partir de ese análisis y del resultado que se obtenga se establecerá la viabilidad y necesidad de la creación de la SACS, lo cual determinará si estamos frente a un modelo exitoso o ante uno que debe ser adaptado para lograr trascender.

La presente investigación aborda el análisis de uno de los contratos con más alta complejidad en su negociación, suscripción y ejecución, se trata del contrato de obra de construcción, en la esfera la actividad privada. Este tipo de contratos que son utilizados para los proyectos de construcción en el Perú regula las relaciones que se generan al interno entre partes como son: comitente y contratista. El estudio del tema nos permite conocer como en la práctica existe un imperante desequilibrio contractual entre las partes, siendo la parte más débil el contratista. A su vez, analizamos que un favor colaborativo de esta lamentable situación es la legislación del Código sustantivo, la misma que data desde el año 1984 y la cual al año 2017 resulta sumamente ineficiente y desactualizada con los alcances de los proyectos de construcción que hoy por hoy se ejecutan en el Perú. / Trabajo de investigación

El presente trabajo de investigación se enfoca en dar un panorama amplio sobre los Principios de responsabilidad corporativa aplicada a un modelo societario regulado en la legislación comparada que sirve como clave para moldear las necesidades del empresario peruano. Por lo que en el primer capítulo abordaremos la gestión de la responsabilidad social corporativa, así como los métodos de certificación y la regulación en nuestra legislación. En el segundo capítulo, analizaremos la estructura y naturaleza jurídica de la Sociedad de Bienestar e Interés Colectivo (Soc. BIC) y su avance en la regulación comparada, el cual permite incentivar al sector privado hacia un cambio necesario a fin de contribuir de forma inclusiva los tres sectores del mercado (social, económico y ambiental) Por último en el tercer capítulo afianzaremos todo lo desarrollado en la investigación bajo una nueva visión empresarial, la cual se propone adoptar a la Soc. BIC en nuestro ordenamiento, cuyos nuevos métodos en el proceso de producción de las sociedades mercantiles lo hacen factible, así mismo permitirá una tacita autorregulación que dinamizara el mercado peruano y ofrecerá beneficios a quienes se adhieran a las nuevas exigencias de políticas de responsabilidad social corporativa. Por ello se ofrecerá el perfil de la regulación de la Sociedad BIC.

Esta investigación aborda un problema recurrente en la ejecución de los contratos públicos: la posibilidad de la Entidad de declarar la nulidad de oficio de las decisiones adoptadas durante la ejecución contractual. Por ejemplo, una Entidad identifica que aprobó una ampliación de plazo basada en información falsa o errada que presentó el contratista. ¿Puede declarar la nulidad de oficio de esa decisión? La normativa no aclara esta problemática. El OSCE y los árbitros han tenido criterios distintos e incluso contradictorios para resolver esta problemática. Esta investigación analiza si la Entidad puede declarar la nulidad de tales decisiones con base a la nulidad de los actos administrativos o en la aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo General / This investigation addresses a recurring problem in the execution of public contracts: the possibility of the Entity to declare the nullity ex officio of the decisions taken during the contractual execution. For example, an Entity identifies that it approved an extension of term based on false or erroneous information submitted by the contractor. Can you declare the nullity ex officio of that decision? The regulations do not clarify this problem. The OSCE and the arbitrators have had different and even contradictory criteria to solve this problem. This investigation analyzes whether the Entity can declare the nullity of such decisions based on the nullity of the administrative acts or in the application of the General Administrative Procedure Law.

La imagen corporativa debe ser una prolongación o proyección de la estructura y comportamiento de la empresa en la cual conviven todos los grupos de interés, por lo que, la imagen corporativa no debe pensarse como una máscara externa que puede adaptarse convenientemente a las situaciones de la organización. Cabe preguntarse, entonces, si una empresa que cumple políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es percibida de manera diferente, o si la RSE toca directamente su imagen, derivando en su éxito o fracaso comercial. A partir de esta interrogante, nace la necesidad de demostrar si la RSE, por sí sola, le otorga un valor agregado a la imagen corporativa de una empresa, logrando con ello un mejor posicionamiento y participación en el mercado. La metodología de esta investigación, netamente documental y de carácter exploratorio y explicativo, permite analizar y comparar diversos indicadores de una muestra de diez empresas, todas ellas pertenecientes a rubros de reputación sensible y que operan en el Perú, a fin de exponer su comportamiento en relación a sus actividades. Esta investigación ha permitido concluir que, las políticas de RSE no son, por sí solas, un indicativo certero de generación de valor en la imagen corporativa, siendo de vital importancia para el favorable desarrollo de una empresa el cumplimiento de ciertos estándares o indicadores que complementen las políticas de RSE implementadas dentro de la organización; por lo que una empresa, además de ser socialmente responsable, debe contar con una apropiada gestión de riesgo, analizar los índices de satisfacción, preocuparse por fidelizar a sus stakeholders y desarrollar un plan estratégico donde el cumplimiento de políticas de RSE adecuadas, coadyuven a que la empresa logre alcanzar sus objetivos.

El presente trabajo aborda un tema que ha recibido especial atención en los últimos meses, debido a la reciente entrada en vigencia en el ordenamiento peruano de la norma que lo regula. Nos referimos al control previo de operaciones de concentración empresarial, el cual ha sido regulado en términos generales, para todo tipo de sector económico, a través de la Ley Nº 31112. La presente investigación tiene por finalidad realizar un análisis comparado de las disposiciones legislativas referidas al control previo de operaciones de concentración empresarial en los ordenamientos jurídicos de distintos países de la región; en específico el peruano, argentino, chileno y colombiano. Para tal efecto, en el primer capítulo se recogen los antecedentes de la regulación comparada del control previo de concentraciones empresariales, advirtiéndose que se trata de un mecanismo de protección de la libre competencia, remontándonos a la legislación antitrust adoptada en Estados Unidos de América a partir de la Sherman Act de 1890. A continuación, se aborda el concepto de control previo de las concentraciones empresariales, también denominado control de estructuras. Adicionalmente, se hace referencia a los actos u operaciones que se encuentran sujetos al procedimiento de control previo, destacándose la figura de la fusión; detallándose, además, los tipos de concentración empresarial: horizontal, vertical y de conglomerado. Por último, se aborda la evolución de la regulación del control de operaciones de concentración empresarial en el Perú, partiendo desde la expedición de la Constitución Política del Perú, la cual adopta un régimen económico de economía social de mercado; pasando por la Ley N° 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico; hasta la aprobación y entrada en vigencia de la antes mencionada Ley N° 31112, Ley que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial. El segundo capítulo comprende una comparación de las disposiciones de la Ley N° 31112 y la regulación vigente en Argentina (Ley N° 27.442), Chile (Ley N° 20.945) y Colombia (Ley N° 1340); en relación a los actos y tipos de concentración empresarial, los supuestos de exoneración, la posibilidad de plantear consultas a la autoridad, así como la posibilidad de la notificación voluntaria, el valor del umbral a partir del cual la operación requerirá de autorización previa; la naturaleza del procedimiento, sus fases, plazos, la posibilidad de actuar de oficio y si la norma contempló un procedimiento simplificado; el tipo de pronunciamiento, el silencio administrativo y la regulación respecto al fraude o falsedad en la información presentada con la solicitud. Finalmente, en el tercer y último capítulo se presentan los resultados de la investigación, detallando las similitudes y diferencias de las legislaciones objeto de revisión, prestando especial atención a aquellas particularidades susceptibles de ser recogidas en el ordenamiento jurídico peruano, a fin de mejorar la regulación vigente del control de operaciones de concentración empresarial.