El Decreto Legislativo No. 1409 (2018) crea el régimen societario alternativo denominado Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS), marco normativo mediante el cual se busca la formalización de la micro, pequeña y mediana empresa en el Perú. La exposición de motivos de la ley propone el nacimiento de esta sociedad a fin de dinamizar el sector MIPYME, mejorar la recaudación fiscal y disminuir las altas tasas de informalidad laboral, presentando para ello un nuevo modelo de constitución virtual, en documento privado, menos costoso y rápido, alejándose así de las barreras impuestas a los modelos societarios clásicos. La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), como modelo innovador, nace en Colombia (2008) de la mano del maestro Francisco Reyes Villamizar, extendiéndose posteriormente a las legislaciones de Chile, Argentina y la OEA. Este régimen basa su éxito en la reducción de plazos y costos de constitución, reducción de la informalidad y mayor flexibilidad, todo sobre la base de la “sociedad contrato” y en la “autonomía de la voluntad”. Nuestro legislador, al advertir las bondades del exitoso modelo, propone adaptar lo mejor de cada experiencia internacional para aplicarla en la SACS. Es justamente este nuevo marco normativo nacional sobre el cual se basa la presente investigación, a fin de determinar si aquél recoge o no las virtudes del modelo SAS. A partir de ese análisis y del resultado que se obtenga se establecerá la viabilidad y necesidad de la creación de la SACS, lo cual determinará si estamos frente a un modelo exitoso o ante uno que debe ser adaptado para lograr trascender.

El presente trabajo de investigación se enfoca en dar un panorama amplio sobre los Principios de responsabilidad corporativa aplicada a un modelo societario regulado en la legislación comparada que sirve como clave para moldear las necesidades del empresario peruano. Por lo que en el primer capítulo abordaremos la gestión de la responsabilidad social corporativa, así como los métodos de certificación y la regulación en nuestra legislación. En el segundo capítulo, analizaremos la estructura y naturaleza jurídica de la Sociedad de Bienestar e Interés Colectivo (Soc. BIC) y su avance en la regulación comparada, el cual permite incentivar al sector privado hacia un cambio necesario a fin de contribuir de forma inclusiva los tres sectores del mercado (social, económico y ambiental) Por último en el tercer capítulo afianzaremos todo lo desarrollado en la investigación bajo una nueva visión empresarial, la cual se propone adoptar a la Soc. BIC en nuestro ordenamiento, cuyos nuevos métodos en el proceso de producción de las sociedades mercantiles lo hacen factible, así mismo permitirá una tacita autorregulación que dinamizara el mercado peruano y ofrecerá beneficios a quienes se adhieran a las nuevas exigencias de políticas de responsabilidad social corporativa. Por ello se ofrecerá el perfil de la regulación de la Sociedad BIC.

La imagen corporativa debe ser una prolongación o proyección de la estructura y comportamiento de la empresa en la cual conviven todos los grupos de interés, por lo que, la imagen corporativa no debe pensarse como una máscara externa que puede adaptarse convenientemente a las situaciones de la organización. Cabe preguntarse, entonces, si una empresa que cumple políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es percibida de manera diferente, o si la RSE toca directamente su imagen, derivando en su éxito o fracaso comercial. A partir de esta interrogante, nace la necesidad de demostrar si la RSE, por sí sola, le otorga un valor agregado a la imagen corporativa de una empresa, logrando con ello un mejor posicionamiento y participación en el mercado. La metodología de esta investigación, netamente documental y de carácter exploratorio y explicativo, permite analizar y comparar diversos indicadores de una muestra de diez empresas, todas ellas pertenecientes a rubros de reputación sensible y que operan en el Perú, a fin de exponer su comportamiento en relación a sus actividades. Esta investigación ha permitido concluir que, las políticas de RSE no son, por sí solas, un indicativo certero de generación de valor en la imagen corporativa, siendo de vital importancia para el favorable desarrollo de una empresa el cumplimiento de ciertos estándares o indicadores que complementen las políticas de RSE implementadas dentro de la organización; por lo que una empresa, además de ser socialmente responsable, debe contar con una apropiada gestión de riesgo, analizar los índices de satisfacción, preocuparse por fidelizar a sus stakeholders y desarrollar un plan estratégico donde el cumplimiento de políticas de RSE adecuadas, coadyuven a que la empresa logre alcanzar sus objetivos.

El presente trabajo aborda un tema que ha recibido especial atención en los últimos meses, debido a la reciente entrada en vigencia en el ordenamiento peruano de la norma que lo regula. Nos referimos al control previo de operaciones de concentración empresarial, el cual ha sido regulado en términos generales, para todo tipo de sector económico, a través de la Ley Nº 31112. La presente investigación tiene por finalidad realizar un análisis comparado de las disposiciones legislativas referidas al control previo de operaciones de concentración empresarial en los ordenamientos jurídicos de distintos países de la región; en específico el peruano, argentino, chileno y colombiano. Para tal efecto, en el primer capítulo se recogen los antecedentes de la regulación comparada del control previo de concentraciones empresariales, advirtiéndose que se trata de un mecanismo de protección de la libre competencia, remontándonos a la legislación antitrust adoptada en Estados Unidos de América a partir de la Sherman Act de 1890. A continuación, se aborda el concepto de control previo de las concentraciones empresariales, también denominado control de estructuras. Adicionalmente, se hace referencia a los actos u operaciones que se encuentran sujetos al procedimiento de control previo, destacándose la figura de la fusión; detallándose, además, los tipos de concentración empresarial: horizontal, vertical y de conglomerado. Por último, se aborda la evolución de la regulación del control de operaciones de concentración empresarial en el Perú, partiendo desde la expedición de la Constitución Política del Perú, la cual adopta un régimen económico de economía social de mercado; pasando por la Ley N° 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico; hasta la aprobación y entrada en vigencia de la antes mencionada Ley N° 31112, Ley que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial. El segundo capítulo comprende una comparación de las disposiciones de la Ley N° 31112 y la regulación vigente en Argentina (Ley N° 27.442), Chile (Ley N° 20.945) y Colombia (Ley N° 1340); en relación a los actos y tipos de concentración empresarial, los supuestos de exoneración, la posibilidad de plantear consultas a la autoridad, así como la posibilidad de la notificación voluntaria, el valor del umbral a partir del cual la operación requerirá de autorización previa; la naturaleza del procedimiento, sus fases, plazos, la posibilidad de actuar de oficio y si la norma contempló un procedimiento simplificado; el tipo de pronunciamiento, el silencio administrativo y la regulación respecto al fraude o falsedad en la información presentada con la solicitud. Finalmente, en el tercer y último capítulo se presentan los resultados de la investigación, detallando las similitudes y diferencias de las legislaciones objeto de revisión, prestando especial atención a aquellas particularidades susceptibles de ser recogidas en el ordenamiento jurídico peruano, a fin de mejorar la regulación vigente del control de operaciones de concentración empresarial.

Nuestro trabajo de investigación presenta presenta una mirada innovadora y multidisciplinaria que conjuga el mundo jurídico con el mundo de la empresa, bajo una perspectiva, jurídica, económica, de gestión y estratégica. Para su desarrollo hemos construido la estructura de la empresa fiduciaria como organización económica y desarrollado las fases del proceso de constitución a nivel jurídico y a nivel de gestión, teniendo como base la LGS, la Ley de Banca y reglamentos de la SBS. Como ventaja competitiva de nuestra investigación hemos diseñado una serie de diagramas y cuadros que nos permiten visualizar, describir y justificar la problemática de nuestra investigación que son las barreras legales de entrada que genera el marco normativo del fideicomiso para el acceso de las pequeñas y medianas empresas al mercado fiduciario. Para demostrar la existencia de estas barreras, nos apoyamos de conceptos económicos como economía social de mercado, estructura de mercado, libre iniciativa privada, libertad de empresa, libertad de competencia, costo beneficio, incentivos, costo de oportunidad y del análisis de razonabilidad y proporcionalidad aplicado por INDECOPI para determinar la existencia de barreras legales en el mercado. Finalmente llegamos a estructurar un modelo de negocio que simplificamos a través de una fórmula que consideramos se puede replicar a menor escala en todo tipo de empresas y como propuesta de valor planeamos la creación de sociedades anónimas cerradas fiduciarias, SACF, y un mercado alternativo fiduciario, MAVF, teniendo como base los regímenes especiales y las modalidades societarias de la LGS y la flexibilización del MV para el acceso de las pequeñas y medianas empresas al MAVF. / Our research work presents an innovative and multidisciplinary view that combines the legal world with the business world, from a legal, economic, management and strategic perspective. For its development, we have built the structure of the trust company as an economic organization and developed the phases of the constitution process at a legal level and at a management level, based on the LGS, the Banking Law and SBS regulations. As a competitive advantage of our research, we have designed a series of diagrams and tables that allow us to visualize, describe and justify the problems of our research, which are the legal entry barriers generated by the regulatory framework of the trust for the access of small and medium-sized companies. to the fiduciary market. To demonstrate the existence of these barriers, we rely on economic concepts such as social market economy, market structure, free private initiative, freedom of enterprise, freedom of competition, cost benefit, incentives, opportunity cost and the analysis of reasonableness and proportionality. applied by INDECOPI to determine the existence of legal barriers in the market. Finally we came to structure a business model that we simplified through a formula that we believe can be replicated on a smaller scale in all types of companies and as a value proposition we plan the creation of closed trust companies, SACF, and an alternative trust market, MAVF, based on the special regimes and corporate modalities of the LGS and the flexibility of the MV for the access of small and medium-sized companies to the MAVF.

A propósito de la modificación del Artículo 106 de la Ley de Impuesto a la Renta mediante la Ley No. 27356, vigente a partir del 01 de enero de 2001, se prohibió la aplicación de la compensación de pérdidas tributarias transferidas a través de las reorganizaciones societarias. En ese contexto, el autor desarrolla y reflexiona respecto a (i) la finalidad de la Ley No. 27356 para prohibir la compensación de pérdidas tributarias transferidas mediante las reorganizaciones societarias, (ii) las limitaciones del legislador para prohibir la aplicación de la compensación de pérdidas tributarias transferidas en las reorganizaciones societarias, y (iii) la aplicación en el tiempo de la Ley No. 27356 sobre reorganizaciones societarias realizadas antes de su entrada en vigencia. Ello, en virtud de lo dispuesto en la Casación No. 4015-2014-Lima

Este trabajo de investigación tiene la finalidad de demostrar la necesidad de la existencia de límites legales a la libertad de empresa en cuanto el acceso de las universidades privadas a la prestación del servicio de educación superior universitario, considerando que el Estado debe garantizar que dicho servicio cuente con condiciones mínimas de calidad, resguardando de esa manera el derecho fundamental a la educación. Debemos indicar que si bien con la promulgación de la Ley 30220, Ley Universitaria (en adelante, Ley Universitaria), se estableció una regulación con el objetivo de garantizar la calidad de la educación superior universitaria, hace unos meses el Congreso de la República modificó dicha Ley con la promulgación de la Ley 31520, Ley que reestablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Cabe mencionar que las principales modificaciones están referidas a cambiar la naturaleza de la Sunedu, restarle funciones en cuanto al licenciamiento de programas, escuelas y facultades, y modificar la forma de elección de los miembros de su Consejo Directivo. A partir de esta situación, consideramos que resulta relevante recordar los fundamentos esgrimidos por el Tribunal Constitucional en sus pronunciamientos sobre la constitucionalidad de la Ley 30220, los cuales fundamentan la necesidad de que la Ley 31520 sea derogada por afectar el derecho constitucional a la educación. Esta propuesta de derogación tiene como objetivo evitar que la Ley 30220 pierda su esencia y garantizar la calidad de la educación superior universitaria.

La presente Tesis para obtener el Título de Licenciado en Derecho, se escribe en un momento en que el debate internacional sobre el cumplimiento de los estándares sociales (normas laborales, ambientales, de salud, seguridad) ha permitido justificar la inserción de un sistema denominado Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa, el mismo que ha evolucionado gracias al impulso de un importante agente económico: las Empresas Transnacionales. Mediante aquel sistema nacido en los años setenta, las Empresas Transnacionales y distintos agentes internacionales políticos y económicos de gran importancia1 , fomentan el desarrollo de sus actividades comerciales con “Responsabilidad Social Empresarial”. Para ello, dentro de este nuevo sistema, se emiten un conjunto de reglas y normas de tipo privadas, ya sean unilaterales o consensuadas con los principales agentes afectados y beneficiarios de su aplicación (sindicatos, proveedores, comunidades, sociedad civil), en donde las Empresas Transnacionales señalan su compromiso y respeto a las buenas prácticas laborales, ambientales, de seguridad laboral, de salud y de acciones sociales.

El Perú es un país que ha tendido un crecimiento económico promedio por encima de 6% durante los últimos 5 años, en la actualidad la economía sigue creciendo aunque a un menor ritmo y se perfila entre las más sólidas de la región, sin embargo esto no se traduce en desarrollo; es en este contexto que surge una nueva entidad denominada “empresa social” la cual emplea sus activos y competencias en generar impacto social. En este trabajo enfocamos los distintos aspectos de la empresa social, desde el surgimiento de este nuevo modelo, pasando por el contexto en el que se desenvuelven a nivel internacional y cómo las políticas públicas en algunos países están siendo dirigidas a incentivar el desarrollo de este modelo empresarial, de igual forma mostramos algunos casos concretos en nuestro país, las cuales han demostrado ser un mecanismo eficiente de solución a problemas sociales aplicados a contextos definidos, también se abarca el problema de la falta de un marco jurídico que regule sus obligaciones y que proteja la misión para que fueron creadas, desde la falta de un mecanismo legal de constitución de las mismas y la protección de los intereses del empresario, así como de la misión social, motivo por el cual consideramos que se debe crear una nueva categoría legal a fin de dar a la empresa social un ambiente adecuado para su desarrollo y poder cumplir de manera más eficiente su doble perfil.

El presente trabajo aborda la sociedad unipersonal; es decir, aquella conformada por un único socio, tomando en cuenta data estadística de demografía empresarial peruana de los años 2018 a 2022. La actual Ley General de Sociedades peruana establece que para la constitución y marcha de una sociedad es requerida la intervención de dos o más socios. Excepcionalmente, se permite la unipersonalidad para: las empresas estatales, las sociedades autorizadas por ley y toda sociedad por el plazo máximo de seis meses. No obstante, información estadística muestra que en el Perú la mayoría de las empresas que iniciaron o reanudaron sus actividades entre el 2018 y el 2022 adoptaron formas jurídicas unipersonales (persona natural con negocio o Empresa Individual de Responsabilidad Limitada). Ambas formas presentan desventajas que hacen que optar por ellas no resulte conveniente para los empresarios. Por otro lado, no se puede negar la existencia en el Perú de sociedades que cumplen con la pluralidad de socios únicamente de manera formal y no real (denominadas “sociedades de favor”). El presente trabajo sustenta, desde un enfoque estadístico, la conveniencia de permitir la existencia de sociedades unipersonales en el Perú. Planteamos un cambio normativo que permita la unipersonalidad para la sociedad anónima y la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Asimismo, proponemos los principios que la futura regulación de la sociedad unipersonal en el Perú debe seguir, a fin de satisfacer efectivamente las necesidades de los empresarios peruanos y constituirse en un auténtico instrumento de promoción de la actividad empresarial.