La normatividad laboral tiene como principal sujeto de protección al trabajador, sin embargo no nos ponemos a pensar que en las relaciones laborales de carácter privado; el empleador se puede ver afectado en tanto los propios trabajadores cometen ilícitos penales en contra de la propia empresa es el caso de los trabajadores de confianza, quienes según los procesos en investigación y sentenciados que hemos incluido como muestra que tuvieron lugar en el distrito Fiscal y Judicial de Cusco y Madre de Dios, se han venido cometiendo el delito de Apropiación Ilícita. Por lo que hemos demostrado a través de un análisis material de las fuentes del derecho la insuficiencia de un marco normativo laboral de previsión para este tipo de situaciones que se dan en la relación laboral de carácter privado, es por ello la necesidad de liberalizar la legislación laboral los cuales nos permitan el cobro de los perjuicios patrimonial de derechos disponibles de los trabajadores con la finalidad de evitar procesos judiciales laborales y penales latos y evitar crisis, desaliento empresarial y en el peor de los casos quiebras de algunas empresas. El principal instrumento metodológico utilizado ha sido la argumentación, matizada con adecuados criterios hermenéuticos y demás herramientas jurídico-legales teniendo como áreas de investigación el Derecho laboral, constitucional y penal. Se ha demostrado entonces la hipótesis planteada inicialmente la cual es que existe una insuficiencia del marco normativo laboral vigente, ya que son escazas las posibilidades que tiene el empleador de cautelar el patrimonio empresarial en este escenario penal que es la Apropiación Ilícita, teniendo como conclusión final que no existe posibilidad de retención de sus beneficios laborales solo el de retención temporal de la Compensación por Tiempo de Servicios pero por un plazo muy breve de no más de 30 días pero previa demanda laboral de despido por falta grave del trabajador; entonces hacerse un cobro de cualquier beneficio laboral de carácter remunerativo o no remunerativo sería ilegal, quedando solo el campo penal para tratar de resarcir el daño patrimonial ocasionado, por lo cual hemos planteado una modificación del Artículo 2 numeral 6 del Código Procesal Penal, que en buena medida ayudarían a las empresas a recuperar el daño patrimonial ocasionado.

En el presente trabajo, planteamos la necesidad de realizar ciertos ajustes en cuanto a la finalidad y alcances del sistema de atención de reclamos por productos y servicios financieros. Para ello, estudiaremos dos instituciones fundamentales en el sistema financiero y protección a los intereses del consumidor. Trataremos de plantear un modelo en el que el número de las agencias y distribución de las funciones de regulación y supervisión se puede llevar a cabo entre dos entidades que trabajen en forma coordinada, con claras limitaciones de competencia y responsabilidades a fin evitar duplicidad de funciones.

La presente investigación aborda un tema que no ha sido analizado en el Derecho Administrativo ni en el Derecho de la Competencia: la restricción de la información de un proceso de selección como garantía de una mayor competencia. Es un tema relevante porque su estudio permitirá identificar la incidencia que puede tener la revelación de determinada información en el fomento de la competencia y en la consolidación de las prácticas colusorias en el mercado de compras estatales. Se propone investigar si la transparencia que se establece de la información del proceso de licitación afecta la libre competencia de los postores fomentando prácticas colusorias entre éstos y perjudicando, en consecuencia, la óptima obtención de bienes, servicios u obras para el Estado en desmedro del interés público al contratarse en forma desventajosa. Partimos de la premisa que si bien la transparencia puede generar efectos positivos para evitar la corrupción y generar confiabilidad al permitir a la ciudadanía efectuar un control constante de los gastos públicos y de otro lado, los competidores-postores de una compra pública podrán efectuar los cuestionamientos que consideren necesarios a las demás propuestas, se determinará que el exceso de información y, por lo tanto, de transparencia de un proceso de selección, puede fomentar la existencia y permanencia de prácticas colusorias entre postores-competidores, toda vez que conocerdeterminada información favorecerá los acuerdos colusorios y su monitoreo por parte de los competidores coludidos, de modo que aquél que incumpla el acuerdo colusorio será el blanco de represalias de estos. Al permitirse el acceso a información sensible, como es la identidad de los postores o las condiciones comerciales ofrecidas, se restringirá la competencia y, en consecuencia, se obtendrán contrataciones a mayor costo o de menor calidad, lo que en definitiva se traducirá en la frustración de los fines públicos del Estado, esto es el interés público. Se trata de un tema que si bien ha sido mencionado en algunos estudios internacionales aún no ha tenido una atención a nivel nacional.

Una empresa puede mejorar su competitividad, no solo al supervisar la calidad de sus productos, sino también al comprometerse con su entorno: los grupos de interés o stakeholders. Esta perspectiva de competitividad, que implica nuevas estrategias, puede ser utilizada tanto para los directivos como para los trabajadores de la empresa. Al adoptar estas prácticas socialmente responsables, cualquier tipo de empresa construye u na necesaria estabilidad social dentro de la comunidad en la que se asienta. Este aspecto ya ha sido considerado como una de las tres dimensiones de la acción de cualquier empresa. El padre y mentor del management del siglo XX, Peter Druker, señala que las dimensiones son; la primera, referida a los resultados económicos; la segunda, vinculada con la productividad y el logro de las metas de los trabajadores; y la tercera, relacionada con el impacto social y la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial, se puede definir como una nueva filosofía que adopta la empresa, no solo con el fin de actuar en beneficio propio, sino también para lograr un impacto favorable para su entorno social a largo plazo, conformado por trabajadores, comunidad, clientes, proveedores y familias. Con lo cual, se desarrolla una visión integral con proyección al futuro, con el fin de generar un triple beneficio: rentabilidad, mejor entorno empresarial y beneficios para la sociedad.

El incremento de la recaudación a fin de obtener los recursos necesarios para cumplir su rol es uno de los principales objetivos del Estado. En esta línea de acción, se crean leyes con fines de maximizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, delegando el control del pago de los impuestos a la Administración Tributaria, pero estas medidas de ningún modo deben vulnerar los principios que la Constitución y las leyes establecen. En el contexto actual, la figura del responsable solidario adquiere especial importancia como potencial fuente recaudadora, sin embargo, la Administración sin mediar proceso previo para determinar tal calidad, le impone el pago de los impuestos generados por su representada, sin que éste tenga la oportunidad de réplica, recortando de esta forma el derecho de defensa, entre otros derechos constitucionales y legales. En la búsqueda de dar solución al problema observado, el presente trabajo tiene como objetivo desarrollar y proponer un procedimiento para la atribución de responsabilidad solidaria de los representantes legales de las personas jurídicas, que regule la aplicación del segundo párrafo del artículo 16º del Código Tributario, ante la presunción de dolo, negligencia grave o abuso de facultades por parte de la Administración Tributaria.

La rápida evolución tecnológica y la globalización traen como principal consecuencia resaltar la relevancia de la información en diversos sectores. Sin duda, las empresas no se encuentran exentas a esta realidad, planteándoles nuevos retos con relación a la protección de datos personales (en adelante PDP) dentro del marco de las relaciones laborales. Por ello, el tema de PDP dentro del marco de la prestación laboral cobra mucha relevancia en el área del compliance laboral-por ser la PDP uno de sus ámbitos de actuación- en donde sus sistemas de gestión de cumplimiento sirven no solo para prevenir y gestionar incumplimientos laborales; sino también, para afianzar las buenas prácticas empresariales. En este contexto, la normativa de PDP en el Perú (Ley No. 29733 y su reglamento) se convierte en el principal instrumento jurídico que toda empresa debe observar, conocer y cumplir. No obstante, se evidencia la posibilidad de las empresas de incurrir en malas prácticas en materia de PDP en el ámbito de las relaciones laborales, motivado por el incumplimiento de la normativa aplicable en PDP y por no asumir un compromiso voluntario relacionado a la autorregulación, a la efectiva gestión de riesgos y al cumplimiento normativo laboral. Por ello, para lograr una mejor comprensión de nuestra problemática referida anteriormente, se utiliza la metodología del método comparado y riesgos legales. Con el análisis de casos nacionales y extranjeros, se logra evidenciar la problemática existente en cada caso, y del mismo modo, se logra establecer diversas propuestas alternativas con el fin de que las empresas puedan mitigar o prevenir los riesgos que podrían acarrearles perjuicios legales, económicos y reputacionales; y de esta manera, fomentar las buenas prácticas empresariales. Por último, resulta importante que las empresas incorporen dichos sistemas de gestión, en donde la PDP sea un componente relevante en dicho sistema, y por ende, en la cultura de cumplimiento empresarial. De esta manera, el compliance laboral sería considerado como un cambio en la filosofía de toda empresa, primando el compromiso por parte de estas de cumplir con sus obligaciones y promover una cultura de cumplimiento normativo en esta materia, en donde la ética y la responsabilidad social empresarial sean los principales ejes rectores. / Trabajo de investigación

La investigación parte de la observación de diversos conflictos jurídicos que surgen a raíz del normal desenvolvimiento de una empresa (sociedad), premisa por la que nos enfocamos en aquellos relacionados a la manifestación de voluntad societaria emitida por los órganos sociales, toda vez que, éstos, muchas veces no son acertadas y ocasionan perjuicio (económico, patrimonial, entre otros) a los socios, a la sociedad en sí, e incluso a terceros; razón por la que, la Ley Nº 26887, dispone que los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas pueden ser impugnados ante el órgano jurisdiccional, a través de un proceso abreviado, o un proceso sumarísimo, conforme a las estipulaciones del artículo 143° de la referida Ley. En mérito a ello, el Objetivo de la presente investigación es determinar la forma en la que se puede solucionar la existencia de diferentes vías procedimentales en los procesos de impugnación de acuerdos societario; apoyándonos, por ende, en las diversas opiniones de juristas, doctrinarios, en la ley societaria vigente, y otras leyes sustantivas y procesales de aplicación supletoria. Utilizando consecuentemente, el Método universal científico, y, el método general Inductivo y Descriptivo, los cuales permitieron descubrir y desentrañar los elementos que ocasionan la demora procesal innecesaria en los procesos de impugnación señalados. Llegando a observar que, la regulación vigente, relacionado a la existencia de diferentes vías procedimentales (abreviado y sumarísimo), afecta a la tramitación judicial de los procesos de impugnación, pues los convierte en procesos deficientes, latos, y con una demora procesal excesiva; concluyendo por ende, en la posibilidad de que el proceso de impugnación de acuerdo societario debe ser célere, por lo que, debe tramitarse, únicamente, en la vía del proceso sumarísimo, razón por la que se propone la modificación el artículo 143° de la Ley General de Sociedades.

La hipoteca es considerada la garantía por excelencia tanto a nivel local como internacionalmente. Así, la ejecución de la hipoteca goza de un carácter fundamental para el desarrollo del sistema de garantías peruano. Actualmente, el único proceso de ejecución se realiza a través de la vía judicial; sin embargo, este proceso cuenta con una normativa que, pese a sus intentos de ser de célere procedimiento, genera que la ejecución dure en exceso de dos a tres años. Mediante el presente trabajo confrontaremos la evolución en los últimos años de la normativa y la jurisprudencia y a partir de ello identificaremos los problemas gravitantes para plantear la solución para lograr una ejecución más expeditiva. En ese sentido, nuestro objetivo es determinar las soluciones prácticas factibles que no representen una mayor controversia y que disminuyan sustancialmente el lapso del proceso de ejecución de una hipoteca. El presente trabajo concluye con la propuesta de modificaciones normativas al esquema actual de la ejecución judicial de la hipoteca, y, paralelamente, plantea la ejecución de la hipoteca por la vía extrajudicial para que estos procesos sean expeditivos y resulte en un sistema de garantías que funcione como una herramienta de fomento del crédito en el cual la demora del mismo proceso no constituya en una externalidad.

En el año 1995, según manifiestan Cak e Ikeda (2005), la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) definió a la cooperativa como una asociación conformada por personas unidas voluntariamente, buscando satisfacer las necesidades económicas, sociales y culturales que tienen en común, ello a través de la constitución de una empresa frente a la que puedan ejercer propiedad conjunta, y esté además democráticamente controlada.

El Derecho de la empresa es un área legal que estudia a los fenómenos que gobiernan la empresa y aquellos vinculados a ella, de manera directa e indirecta. A simple vista, el lector puede pensar que el autor confundió los términos y en vez de utilizar las palabras “comercial” o “mercantil” prefirió hacer uso de “empresa”. Para un sector doctrinal, el derecho de la empresa representa la evolución y la modernización de los comercios o mercaderes y su sustitución por formas de organización más profesionales o científicas. Este criterio es correcto más debe resaltarse un aspecto muy esencial: las competencias que requiere todo especialista en derecho de la empresa trascienden lo meramente legal para comprender a una organización tan compleja como es la empresa.