Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La presente memoria de prueba tiene por finalidad entregar un casebook para facilitar el estudio de las obligaciones de medios y resultados. Para ello, se realizó una revisión exhaustiva de las decisiones de los tribunales de justicia del país en el período 2000-2018 y se sistematizaron las mismas para elegir seis casos que fueron desarrollados con mayor profundidad a lo largo del trabajo. Se concluyó que (i) la jurisprudencia reciente acoge la distinción de las obligaciones de medio y resultados de manera expresa y de manera conteste; (ii), las Cortes aceptan la distinción en el contenido de ambas obligaciones, al diferenciar entre aquellas obligaciones donde se asegura un resultado determinado y donde un resultado no se encuentra asegurado, sino el deudor se encuentra obligado a poner a disposición su conocimiento y destreza para que por medio de un actuar diligente se intente arribar a dicho resultado; (iii) los Tribunales no suelen justificar normativamente la recepción de la clasificación de obligaciones de medio y resultados; (iv) En relación con los criterios que permiten determinar si estamos frente a una obligación de medios o resultados, la jurisprudencia le entrega un alto valor a la voluntad de las partes; (v) La carga de la prueba no tiene una postura clara al respecto en la jurisprudencia en los juicios de responsabilidad civil

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / 6 ABSTRACT Mediante el presente trabajo se repasa la historia fidedigna de la Ley N° 19.971 sobre Arbitraje Comercial Internacional, con especial énfasis en los motivos que tuvo nuestro legislador para adoptar en su integridad una “ley modelo” proveniente desde el extranjero. Luego se centra en analizar cada una de las causales de nulidad que esta Ley contempla en su artículo 34 y que pueden servir de base para la anulación de un Laudo arbitral dictado en conformidad a la misma ley. En el análisis de cada causal se hace referencia a los aportes doctrinarios, tanto nacionales como extranjeros, que han servido para precisar el alcance de cada una de ellas. Este aporte doctrinario se hace especialmente latente en una tan causal amplia e indeterminada como la del “orden público.” También se hace alusión a la naturaleza jurídica de este arbitrio procesal. Finalmente se analizan los seis fallos de nuestra Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago que se han pronunciado en virtud de esta acción de nulidad, depurando de la parte considerativa de cada fallo los hechos más relevantes para efectos de la investigación y analizando críticamente el razonamiento de la Corte en cada caso concreto. De esta forma se concluye que nuestro Tribunal Superior ha hecho, en líneas generales, una correcta aplicación de esta acción de nulidad, restringiendo su interpretación y aplicación a los casos en que verdaderamente ésta procede, evitando así la tendencia de las partes litigantes a querer extender este tipo de arbitrios a fines que no se condicen con la naturaleza de un procedimiento arbitral y con los fines propios de esta acción de nulidad en específico.

El presente informe se analizará la Casación Nº 2264-2010 HUAURA emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima, a razón del proceso de Divorcio interpuesto por el señor Ruiz Palacios, estando a que las sentencias de los órganos inferiores contravinieron las normas el debido proceso al inaplicar el artículo 333 y realizar una incorrecta valoración de los medios probatorios obrantes en el expediente, impidiendo al demandante tener una sentencia conforme a ley. A través del presente informe, se analizará lo resuelto en el proceso en el juzgado y la Sala Superior, así como lo resuelto por la Sala Suprema en casación, para poder identificar problemas jurídicos y brindar una respuesta a los mismos. El análisis se centra en el error por parte de los órganos inferiores al momento de identificar las causales de divorcio y su aplicación y la incorrecta valoración de los medios de prueba. / This report will analyze Cassation Nº 2264-2010 HUAURA issued by the Permanent Civil Chamber of the Supreme Court of Justice of Lima, in regards to the Divorce process filed by Mr. Ruiz Palacios, being that the statements made by the Lower Courts contravened the rules of the due process by the misapplication of article 333 and, thus, made an incorrect assessment of the evidence offered in the file, which resulted in preventing the plaintiff from having a sentence in accordance with the law. Through the aforementioned report, an analysis will be provided in regards to the resolution made by the Court and the Superior Chamber, so as what was resolved by the Supreme Chamber in Cassation, looking forward to identifying legal loopholes and issuing a tackling response to them. The analysis will pivot in the mistake made by the Lower Courts when recognizing the grounds of divorce and their further application, as well as the mistaken assessment of the means of proof.

La Extinción de Dominio ha surgido como una gran herramienta de política criminal para prevenir y luchar contra la corrupción y la criminalidad organizada, excluyendo del sistema legal todos los activos de procedencia o destinación ilícita, para evitar, precisamente, que estos sean introducidos al comercio nacional. No obstante, siendo este un instituto reciente en el ordenamiento peruano, la norma actual aún no ha sido capaz de abordar adecuadamente los aspectos más importantes, como, por ejemplo, la situación de los terceros de buena fe (problema de interpretación de la norma). Comenzando con que se requiere por Ley que la buena fe esté debidamente acreditada, pero sin explicar qué implica esto, ni qué posibilidad hay de afectaciones a los derechos de los terceros que creen haber actuado bajo un nivel de probidad o debida diligencia. El propósito de este artículo es justamente ello, plantear en principio qué se debe entender como tercero de buena fe, y con ello determinar qué zonas grises se mantienen en la norma peruana actual. De esa forma llegar a propuestas válidas y efectivas para un instituto en ascenso que, aplicándolo bien, conseguiría alcanzar sus propósitos. En ese sentido, recurriendo a la experiencia colombiana, determinar qué es lo que requiere nuestra propia norma de extinción de dominio para que, en el tema de los terceros de buena fe, se tenga muy bien regulados los supuestos y no se deriven situaciones que perjudiquen a inocentes. / Domain Extinction has emerged as a great criminal policy tool to prevent and fight corruption and organized crime, excluding from the legal system all assets of illicit origin or destination, precisely to prevent them from being introduced into national commerce. However, as this is a recent institute in the Peruvian legal system, the current standard has not yet been able to address adequately the most important aspects, such as, for example, the situation of third parties in good faith (problem of interpretation of the rule). Starting with the fact that good faith is required by law to be duly accredited, but without explaining what this implies, or what possibility there is of affecting the rights of third parties who believe they have acted under a level of probity or due diligence. The purpose of this article is precisely this, to propose in principle what should be understood as a third party in good faith, and thereby determine which gray areas are maintained in the current Peruvian standard. In this way, arrive at valid and effective proposals for a rising institute that, applying it well, would achieve its purposes. In this sense, using international experiences such as the Colombian one, determine what our own rule of domain extinction requires so that, in the matter of third parties in good faith, the assumptions are very well regulated and that they do not derive situations that harm innocent people.

En el año 2017 la reconocida empresa Gloria fue denunciada por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) pues estaría comercializando el producto “Pura Vida Nutrimax” con la denominación “Leche evaporada parcialmente descremada con leche de soya, maltodextrina, grasa vegetal, minerales (Hierro y Zinc) y enriquecida con vitaminas (A y D)”, la cual no reflejaría la verdadera naturaleza del producto. Por ello, es importante determinar si se habría vulnerado obligaciones impuestas por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, como el deber de idoneidad e información. Para ello buscamos responder tres interrogantes: ¿la denominación utilizada por Gloria refleja la verdadera naturaleza del producto?, ¿cuál es la competencia de Digesa e Indecopi con respecto a determinar la verdadera naturaleza del producto?, ¿es correcto alegar el principio de confianza legítima para eximir de responsabilidad a Gloria? A partir de ello, concluimos que se habría vulnerado el principio de confianza legítima pues la autoridad competente habría inducido a error al administrado, por tanto, no le corresponde ser sancionado.

La finalidad del presente trabajo es advertir acerca de los remedios que pueden ser utilizados por el falso representado en el caso de la falsa representacion anómala; una nueva modalidad de estafa que utiliza la falsa representación como instrumento para despojar de su propiedad a incautos propietarios. En virtud de ello, para dar solución a dicha problemática, hemos identificado mediante el examen de distintas casaciones y jurisprudencias tanto nacionales como extranjeras, que ante el supuesto de la falsa representacion anómala, existe discordacia entre la jurisprudencia y la doctrina porque en algunas sentencias se otorgan los efectos de la nulidad y en otras, los de la ineficacia. No obstante, consideramos que se estructura un supuesto de falsa representación distinto a lo regulado por el Art. 161° del Código Civil. En tanto, nos encontramos frente a un caso en el que existe una falsificación de documentos (en nuestro caso, del poder de representación), en el que no se puede utilizar el remedio de la ratificación porque, el contrato celebrado reviste una finalidad ilícita; es decir, que la causa del contrato va en contra de una norma imperativa penal que regula la figura de la estafa sobre bienes inmuebles (Art. 196-A inciso 4 del Codigo Penal). En consecuencia, los remedios de la ratificación, confirmación y conversión son excluidos. Por último, somos de la opinión, que el falso representado tendría como único remedio el de la restitución por medio de la figura del enriquecimiento sin causa, debido a que, el falso representante y el tercero contratante se han confabulado para enriquecerse a costa del falso representado, quien ha visto mermado su patrimonio. Ello, origina que el derecho de propiedad del falso representado deba de ser preferido por el ordenamiento jurídico, al evidenciarse la mala fe del tercero adquiriente en la primera compraventa. Sin embargo, también analizaremos el caso en que en la segunda compraventa nos encontremos frente a un tercer adquriente de buena fe.

El desarrollo del presente informe se sustenta en los aspectos jurídicos más relevantes en torno a la Resolución N° 5 del Expediente N° 00215-2023-0-1817- SP-CO-02, que resuelve anular parcialmente el laudo arbitral del 21 de febrero de 2023. En dicho arbitraje se discutió la aplicación de "penalidades por mora" y "otras penalidades" bajo la Ley N° 29230. Posteriormente, luego de haber abordado los aspectos relevantes sobre las penalidades contractuales, se procederá a examinar la facultad del Poder Judicial para anular laudos arbitrales por motivación insuficiente. Para ello se debe tener en cuenta si bien no es posible aplicar el estándar de motivación judicial a los arbitrajes, los árbitros deben sustentar sus decisiones en aspectos fácticos y jurídicos del caso concreto a fin de no vulnerar el derecho a la debida motivación que asiste a las partes. Aunado a ello, se tiene que en el Caso Arbitral N° 0267-2022-CCL el tribunal arbitral ha evaluado con coherencia la forma en la que se debe sancionar el incumplimiento del supervisor al no haber entregado los informes respectivos en el plazo contractualmente establecido, para ello sustenta su decisión en la fórmula prevista en las bases integradas del contrato. Sin embargo, pese a está prohibido expresamente que el Poder Judicial se pronuncie sobre el fondo de la controversia, en el caso particular se evidencia que se ha solicitado la precisión respecto al monto de referencia, lo cual estaría afectando la irrevisabilidad del laudo. / The development of this report is based on the most relevant legal aspects regarding Resolution No. 5 of File No. 00215-2023-0-1817-SP-CO-02, which certifies to partially rescind the arbitration award of February 21, 2023. During the arbitration, the application of "late penalties" and "other penalties" under Law No. 29230 were discussed. Subsequently, after having addressed the relevant aspects of contractual penalties, we will proceed to examine the power of the Judiciary to rescind arbitration awards due to insufficient motivation. In order to successfully complete this task, it must be taken into account that although it is not possible to apply the standard of judicial motivation to arbitrations, arbitrators must base their decisions on factual and legal aspects of the specific case in order not to violate the right to due motivation that assists the parts. In addition, in Arbitration Case No. 0267-2022-CCL the arbitration tribunal has consistently evaluated the way in which the supervisor's non-compliance should be sanctioned for not having delivered the respective reports within the contractually established period, decision that is based on the formula provided in the integrated bases of the contract. However, although it is expressly prohibited for the Judiciary to rule on the merits of the controversy, in the particular case it is evident that precision has been requested regarding the reference amount, which would affect the nonreviewability of the award.

Conocer las actividades que desarrolla una sociedad, no solo permite atraer el capital de futuros inversionistas sino que brinda seguridad a los socios que deciden participar al interior de una sociedad. De igual manera, para la ejecución de las actividades que forman parte del objeto social, es importante conocer qué permisos son necesarios para operar en el mercado y; si buscamos realizar un efectivo control de riesgos, debemos identificar la tipología aplicable al sector en el que opera una sociedad, no solo a partir de las normas de compliance en materia de derecho penal sino también en temas de protección al consumidor y publicidad. Estos momentos, en la historia de una sociedad, son relevantes para demostrar la importancia del contenido del objeto social. Por otro lado, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Registral y de acuerdo a la normativa aplicable, existe una tendencia desde hace más de veinte años, a fin de evitar expresiones de carácter genérico en la redacción del objeto social o parte de este, que no permitan identificar las actividades que desarrolla una sociedad y que, podría terminar afectando los intereses de los socios, en especial, de los minoritarios, quienes podrían optar por separarse. En este sentido, la presente investigación tiene por objetivo demostrar cuáles son las consecuencias negativas que acarrea un objeto social que no está redactado de forma clara, ya sea al interior de la sociedad o frente a terceros, a partir de la casuística presentada en las diferentes resoluciones emitidas por el Tribunal Registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP. Asimismo, se busca demostrar cómo la determinación de un objeto social permite establecer un mayor control de riesgos en la sociedad. Es por ello que, a fin de evitar expresiones que no logren identificar las actividades de una sociedad, se formulan recomendaciones y lineamientos para la uniformización de criterios en la redacción del objeto social.

En el presente Informe se analizará la Sentencia emitida por la Primera Sala Comercial sobre el recurso de anulación de laudo presentado por KS DEPOR S.A contra el Club Sporting Cristal, el cual fue tramitado bajo el Expediente No. 00022-2016-0-1817-SPCO-01. En específico, se hará un análisis respecto a la primera causal de anulación de laudo presentada por la demandante, vinculada a la supuesta vulneración al deber de independencia e imparcialidad por parte de dos de las árbitros al no haber revelado -de manera oportuna- hechos que atentaban contra estos principios del arbitraje y de los cuales la demandante tomó conocimiento una vez culminado el arbitraje. Esta causal fue declarada improcedente por la Sala Comercial al no haber presentado un reclamo previo, de conformidad con lo establecido en el artículo 63.2 de la Ley de Arbitraje. Tomando como base ello, y en primer lugar, el presente informe analizará si el requisito de formular reclamo previo, a efectos de demandar la nulidad del laudo bajo las causales b) y c) previstas en el artículo 63.1, se debe cumplir incluso cuando la falta de independencia e imparcialidad se descubre de manera posterior al arbitraje. En segundo lugar, se analizarán los alcances de los deberes de los árbitros de imparcialidad e independencia. Y, finalmente, se determinará si es que, efectivamente, las árbitros vulneraron o no los principios de independencia e imparcialidad y si es que correspondía anular o no el laudo. / This Report will analyze the Judgment issued by the First Commercial Chamber on the claim for annulment of the award filed by KS DEPOR S.A. against Club Sporting Cristal, which was processed under File No. 00022-2016-0-1817-SP-CO-01. Specifically, an analysis will be made with respect to the first cause for annulment of the award presented by the claimant, linked to the alleged violation of the duty of independence and impartiality by two of the arbitrators by not having disclosed -in a timely manner- facts that violated these principles and of which the claimant became aware once the arbitration was completed. This cause was declared inadmissible by the Commercial Chamber for not having filed a prior claim, in accordance with the provisions of Article 63.2 of the Arbitration Law. On this basis, and in the first place, this report will analyze whether the requirement of having to file a prior claim, for the purpose of claiming the nullity of the award under the grounds b) and c) provided for in Article 63.1, must be met even when the lack of independence and impartiality is discovered after the arbitration. Secondly, the scope of the principles of impartiality and independence will be analyzed. And, finally, it will be determined whether or not the arbitrators did indeed violate the principles of independence and impartiality.

En el presente informe jurídico se evalúa la motivación del laudo arbitral emitido como consecuencia de la controversia entre el señor Juan Giancarlo Castañeda Cabanillas y Provias Nacional, en el marco de la adquisición del predio denominado “El Tamarindo”, ubicado en el distrito de San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo, departamento de la Libertad. El proceso arbitral tuvo como objeto revisar la tasación comercial realizada por Provias Nacional al referido inmueble, pues a consideración del señor Castañeda, aquella era incorrecta al no haber considerado la existencia de plantaciones de espárragos. Para ello, el Árbitro Único ordenó la realización de una pericia de oficio, cuyos resultados fueron prácticamente transcritos en el referido laudo, para, de esa manera, declarar fundada la pretensión referida a la revisión de la tasación. En ese sentido, explicaremos los defectos de motivación en el referido laudo, en el cual, debido a una incorrecta valoración de la pericia de oficio, el árbitro no brindó ningún tipo de justificación de las razones por las cuales el referido medio probatorio le generó tal convicción. A partir de ello, se analizará la Resolución N° 5 del Expediente N° 00195-2022- 0-1817-SP-CO-01, en la cual la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundado el recurso de anulación de laudo interpuesto por Provias Nacional, cumpliendo con los límites legales establecidos en el artículo 62° de la Ley de Arbitraje. / This legal report evaluates the motivation of the arbitration award issued as a result of the controversy between Mr. Juan Giancarlo Castañeda Cabanillas and Provias Nacional within the framework of the acquisition of the property called “El Tamarindo”, located in the district of San Pedro de Lloc, province of Pacasmayo, department of La Libertad. The purpose of the arbitration process was to review the commercial appraisal carried out by Provias Nacional for the aforementioned property, since in the opinion of Mr. Castañeda, it was incorrect as it did not consider the existence of asparagus plantations. To this end, the Sole Arbitrator ordered the carrying out of an ex officio examination, the results of which were practically transcribed in the aforementioned arbitration award, in order to, in this way, declare the claim referring to the review of the appraisal founded. In that sense, we will explain the motivational defects in the aforementioned award, in which, due to an incorrect assessment of the ex officio expertise, the arbitrator did not provide any type of justification of the reasons why the aforementioned means of evidence generated such a situation conviction. From it, we will analyze Resolution No. 5 of File No. 00195-2022-0-1817-SP-CO01, in which the First Civil Chamber with Commercial Subspecialty of the Superior Court of Justice of Lima declared Once the appeal for annulment of the award filed by Provias Nacional was founded, it complied with the legal limits established in article 62 of the Arbitration Law.