Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Lolol es un pueblo costero de la provincia de Colchagua, el cual se encuentra ubicado al sur oeste de la comuna de Santa Cruz, constituyendo camino obligado hacia la comuna de Paredones, dislandando al sur con la comuna de Curicó. El presente trabajo tiene por objeto examinar la importancia que este pueblo ha tenido en la evolución de la organización política de nuestro país, primitivamente como un caserío y posteriormente como municipalidad

El gobierno electrónico, es ahora, indispensable para un gobierno progresista. Siendo un instrumento que, adecuadamente implementado logra una gestión de calidad en cuanto a la interacción gobierno-ciudadano. En la municipalidad distrital de la ciudad de Chiclayo presentan carencias en cuanto a tales aspectos, contando únicamente con un sitio web que se limita a mostrar noticias o proyectos competentes a la localidad u otros temas de carácter básico como: horarios de atención, reseña histórica y documentación de poco interés para los ciudadanos. Dejando un vacío en la comunicación entre el ciudadano y su gobierno local, mostrando una obvia ausencia de un gobierno electrónico efectivo incapaz de facilitar servicios de carácter tributario. A raíz de ello se plantea la siguiente interrogante ¿De qué manera podemos apoyar en el proceso de tributación en una municipalidad distrital de la ciudad de Chiclayo?. Para ello, el objetivo basado para el desarrollo del proyecto de tesis es apoyar en el proceso de tributación en una municipalidad distrital de la ciudad de Chiclayo a través de una aplicación web basada en la estrategia nacional de gobierno electrónico dada por la ONGEI. Mediante la presente, se realizará un análisis conciso sobre qué aspectos dentro del ámbito tributario, de la cual se diseñará e implementará una aplicación web basada en la estrategia nacional de gobierno electrónico dada por la ONGEI a través de la metodología UWE que dará inicio a una interacción virtual personalizada, vía consultas en línea, reduciendo tiempo y costos que se puedan incurrir.

La ratificación de una ordenanza municipal distrital es sumamente importante en la medida que esta la dota de validez y vigencia; por tanto, de no existir, la ordenanza no producirá sus efectos jurídicos, en consecuencia, no podrá ser exigible de cumplimiento por parte de los administrados. Ante esto, los vacíos legales que pudiesen existir alrededor de la ratificación, son realmente trascendentes y con sumas repercusiones, tanto en la misma potestad tributaria de los Gobiernos Locales Distritales como en los principios tributarios y hasta en el mismo Estado peruano, al ser un Estado social, democrático de Derecho. En ese sentido, se detectó una falta de regulación en cuanto al procedimiento de la ratificación, pues solo se advierte, del artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades, que esta es necesaria; sin embargo, no se prescriben los lineamientos generales que salvaguarden el principio de predictibilidad y seguridad jurídica. La elaboración del presente trabajo tuvo como base una investigación cualitativa y una metodología básica o fundamental, cuyos objetivos planteados fueron los siguientes: estudiar los alcances de la potestad tributaria de los Gobiernos Locales, analizar los procedimientos vigentes para la ratificación de las ordenanzas Municipales Distritales que se rigen en algunas provincias del Perú, para finalmente, establecer un procedimiento general de ratificación.

El presente trabajo de investigación busca analizar la problemática que constituye el fenómeno de la sobrerregulación municipal en el Perú. Se parte de la hipótesis de que las municipales distritales y provinciales de nuestro país son los principales promotores del excesivo marco regulatorio que somete a los agentes económicos del mercado. Este tema resulta sumamente relevante en tanto esta tendencia sobrerregulatoria de los gobiernos locales contradice lo dispuesto por la Constitución Política del Perú de 1993 que prioriza la libre iniciativa privada y la libre competencia con el fin de facilitar el ingreso y subsistencia en el mercado de sus participantes, razón por la cual el marco regulatorio debería simplificarse y hasta reducirse dentro de lo posible. Se concluye que si bien el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) se muestra como una herramienta bastante efectiva frente a un escenario como el que constituye la sobrerregulación, consideramos que su principal desventaja radica en que se trata de un control ex post, razón por la cual planteamos y recomendamos como una herramienta complementaria el Análisis de Calidad Regulatoria, demostrando que dicho control no supondría una vulneración a la garantía constitucional-institucional de la autonomía municipal.

La presente tesis aborda los tributos municipales vinculados a la propiedad predial, un conjunto de impuestos, contribuciones y tasas1 cuyo análisis ha ocupado –si es que algo- sólo una fracción del tiempo dedicado al estudio del Impuesto a la Renta o el Impuesto al Valor Agregado; pero que –a pesar de ello- gozan de una posición increíblemente privilegiada en un sistema tributario como el peruano: (i) sus antepasados datan de tiempos inmemoriales, (ii) sufren modificaciones relativamente pequeñas en su regulación esencial –es más, gozan de una estabilidad casi sin precedentes en el contexto de un ordenamiento como el peruano-, (iii) tienen una base bastante amplia de contribuyentes distribuidos en circunscripciones espaciales relativamente pequeñas y quienes son fácilmente determinables con certeza, y (iv) en el caso particular del Impuesto Predial, la manifestación de capacidad contributiva gravada es difícilmente trasladable físicamente, modificable o pasible de ser ocultada ante una inspección fiscal; y los resultados de estas inspecciones -cuando son correctamente llevadas a cabodebieran ser difícilmente rebatibles a través del interpretaciones jurídicas.

La presente tesis sobre la Constitución de Cádiz y su influencia en el derecho municipal peruano se justifica en la necesidad de establecer que nuestro municipalismo es fruto del liberalismo de la carta gaditana, que tuvo, a su vez, como fuente el contexto político e histórico anterior a la carta, que originó el decaimiento del antiguo régimen y, con ello, la concepción del monarca como gobernante omnímodo, cuya legitimidad era divina, sin participación del pueblo. El objetivo de la investigación es establecer la ligazón, el nexo entre política y Constitución, en la medida que el contexto político (la invasión de Napoleón) originó que se dé un instrumento normativo que encauce el poder político; y así se evidencia que nuestra hipótesis es que el poder político necesita delimitarse. Otro objetivo es evidenciar que la influencia ideológica de la Constitución de Cádiz se trasladó a la búsqueda de la emancipación política de nuestro país. La teoría de la investigación es que los postulados ideológicos de la Constitución de Cádiz terminaron por derrumbar la idea del poder como designio de Dios y dieron lugar a una descentralización del poder político mediante una nueva organización territorial del Estado, donde la democracia se inicia en los pueblos y el municipio es un órgano de gobierno local. Los resultados de la investigación nos permiten sostener que el municipio como órgano de gobierno local es fruto de la concepción liberal de la Constitución de Cádiz, y que perdura a lo largo del tiempo. Finalmente, la conclusión de la tesis es que el municipalismo en el Perú es fruto de la concepción ideológica de la Constitución de Cádiz, que no solo descentralizó el poder político, sino fundamentalmente, legitimó éste a través del sufragio, convirtiendo al súbdito de antes por el ciudadano de ahora.

La presente investigación sostiene como hipótesis que resulta válido establecer un control ex-ante a las ordenanzas municipales que determinen sanciones pecuniarias, a efectos de cautelar la observancia al principio de razonabilidad. Esta medida responde a que, si dichas sanciones no se encuentran debidamente sustentadas en ese marco normativo interno, los efectos de su aplicación podrían resultar ilegales e inconstitucionales, al permitir alcanzar sumas manifiestamente desproporcionadas, vulnerando así derechos fundamentales del administrado. Cuando nuestra hipótesis utiliza el término de validez, es en el sentido de demostrar que se justifica o resulta necesario establecer ese control ex ante; así como que, resulta técnica y jurídicamente viable; esto es sin vulnerar la autonomía municipal. Como metodología se utiliza la argumentación jurídica constitucional, el análisis normativo, el estudio de casos; entre otros, para evidenciar que el marco normativo general al cual las municipalidades se encuentran sujetas resulta insuficientemente desarrollado, dejando gran parte de la regulación a su normativa interna, lo que permite ampliar los ámbitos de su discrecionalidad, lo que deviene en incumplimientos, contradicciones y/u omisiones a la norma general. Esto mismo sucede cuando se regula en su facultad sancionadora; lo que permite por parte de los operadores municipales, escasa rigurosidad en el sustento técnico para establecer los valores determinados como sanción en su normativa e imposibilita la aplicación efectiva de criterios de gradualidad previstos en la ley, lo que no coadyuva en garantizar la obtención de sanciones justas. Es con ese objetivo que, en el presente trabajo se desarrollan alternativas de propuesta regulatoria.

La presente investigación sostiene como hipótesis que resulta válido establecer un control ex-ante a las ordenanzas municipales que determinen sanciones pecuniarias, a efectos de cautelar la observancia al principio de razonabilidad. Esta medida responde a que, si dichas sanciones no se encuentran debidamente sustentadas en ese marco normativo interno, los efectos de su aplicación podrían resultar ilegales e inconstitucionales, al permitir alcanzar sumas manifiestamente desproporcionadas, vulnerando así derechos fundamentales del administrado. Cuando nuestra hipótesis utiliza el término de validez, es en el sentido de demostrar que se justifica o resulta necesario establecer ese control ex ante; así como que, resulta técnica y jurídicamente viable; esto es sin vulnerar la autonomía municipal. Como metodología se utiliza la argumentación jurídica constitucional, el análisis normativo, el estudio de casos; entre otros, para evidenciar que el marco normativo general al cual las municipalidades se encuentran sujetas resulta insuficientemente desarrollado, dejando gran parte de la regulación a su normativa interna, lo que permite ampliar los ámbitos de su discrecionalidad, lo que deviene en incumplimientos, contradicciones y/u omisiones a la norma general. Esto mismo sucede cuando se regula en su facultad sancionadora; lo que permite por parte de los operadores municipales, escasa rigurosidad en el sustento técnico para establecer los valores determinados como sanción en su normativa e imposibilita la aplicación efectiva de criterios de gradualidad previstos en la ley, lo que no coadyuva en garantizar la obtención de sanciones justas. Es con ese objetivo que, en el presente trabajo se desarrollan alternativas de propuesta regulatoria.

A lo largo de la elaboración del presente trabajo, hemos tomado como referencia determinados hechos históricos que fundamentan la evolución de las instituciones jurídicas estudiadas en esta investigación; sin embargo, somos conscientes que en simultáneo se han ido produciendo otros acontecimientos, que ya no los podremos incluir y que serán objeto de análisis de quien tome la posta en un ulterior intento de continuar con nuestra investigación.

El presente trabajo analiza el proceso de amparo iniciado por la empresa minera Shougang Hierro Perú S.A.A. contra una ordenanza municipal expedida por la Municipalidad Provincial de Nazca, que aprobó un Plan de Desarrollo Urbano para la ciudad de San Juan de Marcona. A raíz de este instrumento, se desata un conflicto entre la empresa y el gobierno local, vinculado al desarrollo y continuidad de las actividades mineras en el distrito, pues la ordenanza municipal clasificó a los terrenos otorgados en concesión minera como “urbanos” y de “expansión urbana”, y estableció una regulación urbanística particularmente restrictiva al desarrollo industrial minero. Los problemas jurídicos que se desprenden de este caso son analizados desde dos perspectivas. Primero, del análisis abstracto de la constitucionalidad del Plan de Desarrollo Urbano, conforme al marco constitucional, legal y reglamentario al cual se sujetan las competencias de los Gobiernos Locales, el desarrollo de la actividad minera y los instrumentos de planificación urbana. Segundo, del análisis concreto de los efectos de la norma sobre los derechos constitucionales de la empresa minera. De esta forma, se pudo concluir que la ordenanza municipal no cumplió con el procedimiento constitucional, legal y reglamentariamente establecido para la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano; y que, además, su contenido vulneró los derechos constitucionales a la libertad de empresa, libertad de industria y el derecho de propiedad de la empresa demandante. / This work analyzes the action for the protection of constitutional rights initiated by the mining company Shougang Hierro Perú S.A.A. against a municipal ordinance issued by the Provincial Municipality of Nazca, which approved an Urban Development Plan for the city of San Juan de Marcona. As a result of this instrument, a conflict arises between the company and the local government, related to the development and continuity of mining activities in the district. This stems from the municipal ordinance categorizing the lands granted in the mining concession as "urban" and "urban expansion", while simultaneously instituting particularly restrictive urban regulations pertaining to mining industrial development. The legal issues stemming from this case are scrutinized from two perspectives. Firstly, from an abstract analysis of the constitutionality of the municipal ordinance, in accordance with the constitutional, legal, and regulatory framework governing the competencies of Local Governments, the development of mining activity, and the approval of urban planning instruments. Secondly, from a concrete analysis of the norm's effects on the constitutional rights of the mining company. Consequently, it was determined that the municipal ordinance failed to adhere to the constitutionally, legally, and regulatory established procedure for approving an urban planning instrument. Moreover, its content infringed the constitutional rights to freedom of enterprise, freedom of industry, and the right to property of the plaintiff company.