La finalidad de este artículo jurídico es evidenciar que el Estado y las entidades públicas, a nivel nacional, también pueden ser representadas y defendidas por algún abogado-apoderado que designe el titular de cada entidad y no solo por el procurador público. De esta manera, se busca establecer que, en determinados casos, es jurídicamente viable que algunas entidades públicas que no cuentan con procurador público por diversos motivos puedan intervenir directamente en las investigaciones, procesos o procedimientos, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, cualquiera sea su naturaleza y/o materia, a través de un abogado-apoderado que acredite el titular de la institución. / The purpose of this legal article is to show that the State and public entities, at the national level, can also be represented and defended by a lawyer-attorney designated by the head of each entity and not only by the public attorney. In this way, it seeks to establish that, in certain cases, it is legally viable that some public entities that do not have a public attorney for various reasons can intervene directly in investigations, processes or procedures, jurisdictional and non-jurisdictional, whatever their nature and /or matter, through a lawyer-representative who certifies the owner of the institution. / Trabajo académico

Memoria (licenciado en ciencias Jurídicas y sociales) / Para nadie es novedoso el hecho de que la educación, y particularmente el derecho a, ha estado en la palestra pública en Chile en los últimos años. A partir de la denominada “Revolución Pingüina” del año 2006, pero fundamentalmente mediante las movilizaciones sociales que se desarrollaron por la temática el año 2011, se comenzó a discutir sobre la relevancia de este derecho para la sociedad misma. No obstante, aquel proceso abrió más preguntas que respuestas. Si se solicitaba la verdadera materialización de la educación como un derecho, ¿qué ocurría, en términos prácticos, que aquél -contemplado en el artículo 19 N°10 de nuestra Carta Fundamental- no era concebido socialmente como tal? En atención a la primacía de la realidad sobre la teoría, podrían concebirse variadas respuestas. No obstante, existe un desafío aún anterior: qué entendemos realmente por Derecho a la Educación, y, junto con ello, qué es la educación en sí. Los derechos humanos de segunda generación o también denominados derechos prestacionales requieren una reconfiguración, una que logre saldar la deuda del Estado moderno, aquella que haga práctica el principio que establece que aquél está al servicio de la persona humana en todas sus facetas, y que comprende que aquellos derechos, concebidos desde el sacrificio de años de historia, le pertenecen a todo ser humano sin importar sus características diferenciadoras del otro. De dicha forma, analizar el concepto de derecho a la educación no sólo desde su jurisprudencia mediante la tutela indirecta mediante el derecho a la propiedad, sino desde sí y para sí, abarcando, con la prudencia suficiente, el recurrir a la filosofía, la sociología y, por sobre todo, al derecho nacional e internacional. Una construcción que devele la posibilidad de configurar el mismo pero también de tutelarlo: hablamos de pasar del papel a la defensa del derecho mismo a educarnos.

En el presente artículo, el autor aborda el complejo tema de la naturaleza del contrato público de concesión partiendo de la premisa de aceptar la teoría unitaria del contrato público (estatal, administrativo). Se analiza este tipo de contrato en el marco del régimen de promoción de la inversión privada en el Perú para la construcción, mantenimiento y operación de servicios públicos y obras públicas, por medio del cual el Estado peruano utiliza la modalidad concesional para relacionarse con los entes privados que se encargarán de dichas actividades. En este trabajo, el autor también pone énfasis en los diversos principios jurídico-públicos que tienen que regir en la fase de ejecución de los contratos de concesión suscritos por el Estado Peruano bajo el régimen de promoción de la inversión privada. In this article, the author approaches the complex issue of the nature of the concession contract, under the premise of accepting the unitary theory of the public contracts. Is analyzed this type of contract under the promotion system of private investment in Peru, led to public utilities and public infrastructure works legal regime which is used by the Peruvian State to relate to private entities that are responsible for such activities. Furthermore, the author also emphasizes the various principles that have to prevail in this type of concession contracts.

In this article, the author introduces the main features and fundamentals of Private Law. Then, he makes a brief tour of the areas covered by private law within the system. Finally, through a comparison between the operation of private law and public law, the different logic to which each responds is emphasized. / En el presente artículo, el autor realiza una introducción a las principales características y fundamentos del Derecho Privado. Luego, hace un breve recorrido sobre las áreas que abarca el derecho privado dentro del ordenamiento. Finalmente, a través de una comparación entre el funcionamiento del derecho privado y del derecho público, se enfatiza la lógica distinta a la que cada uno responde.

El presente trabajo ha sido elaborado en atención a las distintas formas de intervención del Estado en la economía y principalmente está enfocado en el desarrollo de la técnica de fomento en el mercado de transporte aéreo peruano. Al respecto, el Programa de Promoción y Fomento de la oferta Privada del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es una manifestación de la técnica de fomento de la Administración Pública y tiene como objetivo el desarrollo de esta actividad en zonas aisladas que no cuentan con suficiente oferta privada, de manera que otorga incentivos para que los privados desarrollen esta actividad en las referidas zonas. En el trabajo académico se abordan, a su vez, la intervención del Estado en este mercado a través de la actividad empresarial y los vuelos de acción cívica, siendo que establece la diferencia con los vuelos subsidiados. En ese sentido, el Principio de Buena Administración debe funcionar como guía para asegurar la toma de decisiones de calidad relacionadas a la elección de una determinada forma de intervención en el mercado de transporte aéreo peruano, asegurando satisfacer las necesidades básicas de sectores que no cuentan con las posibilidades geográficas, sociales y económicas para acceder a servicios básicos.

Las organizaciones públicas, para poder cumplir con sus funciones, cuenta con distintitas potestades, entre ellas la discrecionalidad, que lo facultad a emitir actos sin la necesidad de previamente exista un procedimiento como son los actos de administración que están relacionados con las acciones del personal, pueden acarrear la vulneración de los derechos de su personal, como pueden ser: Derecho a la unión familiar, Derecho a los estudios, Derecho de residencia habitual, entre otros. En ese sentido, el presente trabajo tiene como finalidad demostrar la importancia de motivar los actos de administración, relacionado a las acciones de personal. Para lo cual se realiza un análisis teórico y dogmático sobre la importancia de las acciones de personal, los actos emitidos por las organizaciones administrativas, su debida motivación y los derechos vulnerados al no configurarse dicha circunstancia. Asimismo, se efectuó un análisis exegético de la normativa que regula los actos de la administración. Llegando a las conclusiones: a) Que los actos de administración, relacionados a la asignación de personal deben estar debidamente motivados; b) Deberían ser impugnables los actos de administración, relacionados a la asignación de personal; c) Una regulación idónea debería buscar un equilibro entre la protección de los derechos individuales y los intereses públicos.

El principal objetivo de este trabajo consiste en determinar —desde una aproximación general— en qué medida la privatización del derecho a la seguridad social en nuestro ordenamiento jurídico habría supuesto o no la desnaturalización del contenido de este derecho. Para tal propósito, centraremos nuestro análisis en la prestación social referida a pensiones. En tal sentido, la justificación de este artículo no es otra que la de poder contribuir, desde la perspectiva de los derechos humanos, al análisis de este derecho, así como a la reflexión acerca de las dificultades que este afronta para lograr su plena efectividad.

The establishment of the limits between the public law and the private law has been a hard to clarify. For that reason, the author brings a perspective about this division, focusing on the case of public procurement. Thus, in the first part he will explain the division between public law and private law, and how this division has evolved. Then, he will explain the consequences of the disruption of unitary theory on public procurement. Finally, he will show the inequality of the parts, the public prerogatives and the compensatory guarantees, all involved in the peculiarities of management contract, that distinguishes it from an private contract. / La determinación de la frontera ente el derecho privado y el derecho público siempre ha sido una situación complicada de esclarecer. Por tal motivo, el autor brinda una perspectiva sobreesta división pero enfocándola, principalmente, al escenario de la contratación pública. Así,en un primer momento explicará la división entre el derecho privado y el derecho públicoy cómo esta ha ido evolucionando con el devenir del tiempo; luego nos explicará quéimplica el abandono de la tesis unitaria en el escenario de la contratación pública, para,finalmente, mostrarnos que la desigualdad de las partes, las prerrogativas del poder públicoy las garantías compensatorias se encuentran dentro de las peculiaridades que exhibe lateoría del contrato administrativo y la distinguen de un contrato entre particulares que se circunscribe en el ámbito de derecho privado.

This article explains the contentious process of harmfulness. Thus, the author mentions that the foundation of the process of harmfulness has been on our right the survival of the Administrative security of the legality and the public interest butlimiting the self-enforcement, the requirement of belief in authority to pursue the annulment of an administrative act and to ensure the due process of law is being administered. / El presente artículo explica el proceso contencioso de lesividad a partir de la naturaleza jurídica de éste .Así, el autor menciona que el fundamento del proceso de lesividad ha sido en nuestro derecho la pervivencia de la tutela administrativa de la legalidad y del interés público pero limitando la autotutela, la exigencia de convicción en la autoridad para perseguir la anulación de un acto y garantizar el debido proceso del administrado favorecido con el acto.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Para alcanzar el objetivo antes citado, se ha realizado, en el Capítulo Primero, un trabajo previo consistente en el repaso de la Teoría General de Dominio Público, oportunidad que permite examinar el concepto, elementos, características y realizar un paralelo con la propiedad privada. En el Capítulo Segundo, se estudia la consagración del Dominio Público en nuestro Derecho, comenzando por la Constitución Política de 1980, siguiendo con el análisis de las disposiciones pertinentes del Código Civil. El Tercer Capítulo se dedica, a examinar la utilización del Dominio público por los habitantes del país de manera general, y al uso privativo que puede otorgarse por el Estado. También en este capítulo se estudia la forma en que un bien se integra al Dominio público y cómo abandona este régimen. El Capítulo Cuarto se refiere a la clasificación doctrinal de Dominio Público, que distingue entre Dominio Público terrestre, aéreo y acuático. En este punto se hace un análisis de nuestra legislación, en relación a un aspecto de cada uno de ellos. Finalmente, el Capítulo Quinto plantea algunos casos relacionados con el tema de este trabajo