No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta investigación tiene su objeto en uno de los temas que menos tratados se encuentran en nuestro derecho procesal. Dentro del fecundo estudio de los recursos escuetos son los esfuerzos dedicados al análisis del recurso de reposición. Se ha divido este trabajo en dos mitades, la primera dedicada al estudio general del recurso de reposición, sus características, su origen y evolución, su desarrollo a lo largo de la vigencia de los códigos vigentes en Chile y las problemáticas que ha generado. Para ello, y dado el poco material dedicado a la reposición que existe en Chile, es que se recorre gran número de legislación extranjera, así como la más autorizada doctrina comparada que se ha dedicado a su estudio. La segunda parte, denominada especial, está dedicada al estudio del recurso de reposición que se encuentra regulado expresamente en la mayoría de los cuerpos legales que regulen, aunque sea someramente, un procedimiento de carácter jurisdiccional. La idea ha sido rever desde las normas más generales como el CPC y el CPP y NCPP hasta procedimientos más complejos llevados ante tribunales especiales como el SII y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Como corolario se ha hecho referencia al proyecto de Código Procesal Civil que fuera ingresado a primer trámite constitucional el 13 de Marzo de 2012 y el reconocimiento que dicho cuerpo legal hace de la reposición, sus características y sus diferencias con la actual reglamentación y que impacto tendrá esta nueva normativa, de carácter supletoria, en el sistema recursivo en el derecho procesal chileno

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Este trabajo tiene por objeto el demostrar que el cambio de sistema de enjuiciamiento penal no fue antojadizo, sino que fue fruto de un proceso de cambio en la sociedad nacional de gran complejidad cuyo origen probable fue el fenómeno de la globalización y del reconocimiento internacional de los tratados de derech humanos. Esto debido a que al ponerse fin a las fronteras culturales y sociales de los distintos Estados, se obligó a las naciones a crear, particularmente en materia de procedimiento penal, un procedimiento acorde con el estándar de garantías y derechos que la comunidad internacional aceptaba. Garantías y Derechos que hablaban de un sistema en el cuál la víctima tuviera una efectiva y pronta solución a los intereses reclamados como consecuencia de la comisión de un ilícito penal en su contra, y de un imputado que fuera parte activa de un proceso penal y no objeto del mismo. Un sistema donde los principios de imparcialidad, transparencia y celeridad fueran percibidos por la comunidad a fin de dar certeza a la aplicación de la justicia penal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En las páginas que siguen se aborda el problema que pudiera representar la atribución legal de facultades oficiosas en materia probatoria que el Proyecto de Nuevo Código Procesal Civil otorga al juez, intentando determinar si las mismas suponen la vulneración del principio dispositivo en lo referido a la introducción de elementos de hecho así como en lo que concierne a la distribución de tareas y roles procesales, o si dichas facultades transgreden el principio de aportación de parte, alterando el derecho de los litigantes para determinar el objeto litigioso, incorporando al proceso los hechos que lo configuran así como los medios necesarios para acreditarlos. En el mismo sentido se intentará precisar si las facultades oficiosas en materia probatoria conferidas al juzgador se confunden con sus facultades de dirección, o si, finalmente, ellas pudieran considerarse atentatorias al derecho de los justiciables a un juez imparcial, al debido proceso y a su legítimo ejercicio del derecho a defensa. Para afrontar la tarea propuesta se analizará el estado de la cuestión en la doctrina tanto nacional como extranjera, en lo que ella refiere a dichas potestades probatorias y a su relación con los principios dispositivo, de aportación de parte, al derecho de los justiciables a un tribunal imparcial, al debido proceso y a su derecho de defensa, para luego abocarse al estudio de los artículos del Proyecto de Nuevo Código Procesal Civil que configuran los poderes de instrucción del juez en materia probatoria, para establecer las facultades oficiosas con que inviste al Tribunal, su sentido y alcance, intentando determinar si dichos poderes resultan contradictorios con los conceptos individualizados precedentemente. Finalmente se expondrán las conclusiones respecto de la problemática planteada.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Desde finales del año 2000, Chile comenzó a experimentar un cambio radical en el sistema judicial penal. La Reforma Procesal Penal remeció las bases fundamentales que inspiraban todo el sistema judicial en lo criminal, lo que se expresa esencialmente en los principios formadores del nuevo sistema, que buscan una mayor protección a las garantías y derechos de cada uno de los intervinientes, reforzando la protección del imputado contra el ejercicio de la persecución penal ejercida por el Estado, ya que se reconoce, en su mayoría, la situación de desigualdad y vulnerabilidad que sufría, en el antiguo procedimiento penal, el sujeto pasivo de la persecución penal frente al Estado. Uno de los primordiales principios que busca proteger el nuevo Código Procesal Penal es el respeto a la garantía del Debido Proceso, dentro del cual se enmarcan diversos derechos básicos del imputado durante todo el transcurso del proceso penal, lo que se manifiesta, por ejemplo, en la aplicación restrictiva de las medidas cautelares personales, o en el resguardo de los derechos esenciales de la persona en la recopilación de pruebas por parte del órgano persecutor del Estado. El fiscal, como exclusivo director de la investigación dentro del proceso, debe velar por el respeto de las diversas garantías o derechos del imputado y de la ciudadanía en general, susceptibles de ser vulneradas en la etapa de instrucción, tales como la dignidad, la integridad física y psíquica, la inviolabilidad de la intimidad y del hogar, etc. Dentro del marco de protección de las garantías del imputado, encontramos el artículo 122 del Código Procesal Penal que establece expresamente el carácter restrictivo de la aplicación de las medidas cautelares personales, dentro de las cuales encontramos la medida cautelar de la detención. Esta nueva regulación está directamente relacionada con el espíritu de la Reforma, dado que busca disminuir la discrecionalidad de los órganos involucrados en la realización del Derecho Penal, con la finalidad de velar por el cumplimiento de los principios establecidos expresamente por nuestra legislación para la protección de los derechos y garantías del detenido, principalmente la libertad personal y la seguridad individual. De esta manera, es posible apreciar, a la luz de las disposiciones legales establecidas en el Código Procesal Penal, los requisitos y presupuestos legales que deben concurrir para que la detención pueda ser aplicada y se ajuste a derecho, sin menoscabar uno de los presupuestos esenciales que subyacen al nuevo sistema procesal penal y que se encuentra recogido expresamente en el Título I del nuevo código: el principio de inocencia del imputado

Seminario para optar al Título de Ingeniero Comercial mención Economía / Desde un punto de vista económico, el estudio de los determinantes socio – económicos de la criminalidad se inicia con el trabajo de Becker (1968), quién desarrolla un modelo de consumidor donde la decisión por delinquir proviene de la maximización de utilidad del individuo sujeta a restricciones de ingreso, donde este último depende, entre otros, de las probabilidades de ser aprehendido y de las penas asociadas a la comisión del delito. Con este modelo, Becker demuestra como una mayor probabilidad de ser detenido y, además, la existencia de penas más severas podría reducir los pagos esperados por delinquir y así modificar la oferta de crímenes. Esta es la denominada hipótesis de disuasión. A partir de lo anterior, Ehrlich (1973) proporciona el primer trabajo empírico riguroso para estimar los efectos de las variables socio – económicas sobre la criminalidad. Con el fin de explicar la oferta criminal, Ehrlich utiliza un modelo ocio – trabajo para caracterizar a los individuos. A partir del modelo, y considerando que el trabajo puede ser de tipo legal e ilegal, según el autor, cada individuo asigna óptimamente el tiempo al desarrollo de actividades legales e ilegales, lo que a posteriori determina los ingresos esperados para cada una de ellas. Puesto que el ingreso legal puede ser modelado a partir de variables socio – económicas exógenas (capital humano, edad, género, urbanización, niveles de desigualdad social, etc.), se tiene que el modelo de Ehrlich puede ser estimado y testeado econométricamente a partir de datos objetivos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Es necesario tener presente que la problemática relativa a los mayores poderes del juez se ha estudiado fundamentalmente a propósito del proceso civil. Por esta razón el ejercicio que se plantea en este trabajo es comenzar con el análisis de los fundamentos de estas potestades en el derecho procesal civil. En el entendido, que si la doctrina comparada justifica el aumento de las potestades materiales del juez en el proceso civil – que revisaremos en extenso a lo largo de este trabajo-, con mayor razón se justificaría en el proceso laboral, teniendo presente el sustrato del derecho sustantivo8. 8 En relación a los cuestionamientos que plantea el aumento de las facultades del juez en materia procesal civil, se suele considerar que sí se justificaría en otras ramas del derecho procesal, así Tavolari señala: “En verdad, el reproche de presunta imparcialidad no asoma en los llamados procesos sociales – laborales, de menores-, respecto de los cuales la iniciativa judicial se acepta y proclama como paliativo necesario”. Cfr. TAVOLARI, RAÚL, “Diligencias para mejor proveer: antiguos y nuevos problemas”, en Tribunales jurisdicción y proceso, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1994, p. 31. 12 En otras palabras, si se justifica el aumento de potestades materiales del juez en el proceso - especialmente en materia de prueba-, respecto de derechos absolutamente disponibles por las partes, entregado totalmente a la libertad de éstas y en el que se las considera iguales entre sí, como ocurre respecto al derecho procesal civil, con mayor razón se justificarían estas mayores potestades respecto al proceso laboral, proceso en el que se discuten derechos de carácter indisponibles, y en donde el derecho tiene un rol protector respecto de partes con fuerzas desiguales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El principal objetivo de esta memoria es examinar la inclusión o admisibilidad de la denominada “prueba ilícita” dentro del proceso civil siguiendo una concepción racionalista de la prueba. Para esto, se sostendrá que el fin de la prueba no es otro que la búsqueda de la verdad y como tal fin impone una acertada determinación de los hechos, es imprescindible considerar todos los elementos probatorios que se dispongan de forma de aumentar la probabilidad de obtener decisiones correctamente aplicadas. En el primer capítulo, la investigación sostendrá que el fin de la prueba es la averiguación de la verdad. Para esto se desarrollará el método más satisfactorio para alcanzar dicho objetivo, el principio de inclusión procesal probatoria. Se enunciarán las bases y críticas de este principio. A su vez, para un análisis comprensivo de la materia, se señalarán de forma breve los momentos de la actividad probatoria. En el segundo capítulo, se abordarán algunas de las muy distintas reglas de exclusión vigentes en nuestro proceso civil, sosteniendo una crítica respecto a la excesiva regulación normativa en cuanto a la inclusión de los distintos medios probatorios, como de la forma en que se valoran por parte del órgano adjudicador. Por último, el tercer capítulo tiene por finalidad mostrar la conveniencia epistémica que significa aceptar la inclusión y valoración de toda prueba dentro del proceso civil. Para ello, se analizarán las distintas justificaciones que han emanado tanto doctrinaria como jurisprudencialmente para determinar su inclusión o exclusión, dentro de un proceso civil. Se compararán también los distintos objetivos del proceso, examinando si su inclusión responde sólo a un análisis epistemológico o hay también valores políticos o morales que justificación su exclusión como elemento probatorio.