Desde la primera década del siglo XXI, empezaron a surgir normas haciendo referencia a los conceptos de emprendimiento y emprendedores, los cuales tomaron protagonismo en la segunda década en América Latina y España, con la expedición de normas específicas sobre emprendimiento, en todos los niveles, de lo cual no existe un análisis doctrinal en conjunto. Se evidencia esta situación como parte de un fenómeno económico global, que ha encontrado en el emprendimiento una estrategia para lograr crecimiento económico, generación de empleo y equidad social. Revisados la mayoría de países Iberoamericanos, se encuentra que casi todos han expedido normas sobre el tema, las cuales versan sobre varias áreas del Derecho, haciendo énfasis en algunos aspectos del mercado y determinados sectores poblacionales. Dichas normas, también presentan definiciones de los conceptos de emprendimiento y emprendedor, los cuales se analizan a la luz de las instituciones jurídicas de libertad de empresa, empresa y empresario; así como las formas jurídicas para el emprendimiento: el empresario individual y los empresarios sociales.

En el presente artículo, la autora hace una introducción a la figura del Representante de los Obligacionistas detallando los requisitos, funciones, responsabilidades y demás características de dicha institución, acompañando esto de las normas concernientes a esta figura. Centrándose en la emisión de obligaciones por oferta pública, la autora nos narra estos aspectos necesarios del Representante de los Obligacionistas, pieza clave entre el Sindicato de los Obligacionistas y el emisor.

This article is the first chapter of the second edition of “The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach”, by Reinier Kraakman, John Armour, Paul Davies, Luca Enriques, Henry Hansmann, Gerard Hertig, Klaus Hopt, HidekiKanda and Edward Rock (Oxford University Press, 2009). The book as a whole provides a functional analysis of Corporate (or Company) Law in Europe, the U.S., and Japan. Its organization reflects the structure of Corporate Law throughout all jurisdictions, while individual capitals explore the diversity of jurisdictionalapproaches to the common issues of Corporate Law. In its second edition, the book has been significantly revised and expanded. / Este artículo es el primer capítulo de la segunda edición de The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach, por Reinier Kraakman, John Armour, Paul Davies, Luca Enriques, Henry Hansmann, Gerard Hertig, Klaus Hopt, Hideki Kanda y Edward Rock (Oxford University Press, 2009). El libro como un todo provee un análisis funcional del Derecho Corporativo (o Societario) en Europa, Estados Unidos y Japón. Su organización refleja la estructura del Derecho Corporativo a lo largo de todas las jurisdicciones, mientras que los capítulos individuales exploran la diversidad de los enfoques de distintas jurisdicciones a los problemas comunes del Derecho Corporativo. En su segunda edición, el libro ha sido significativamente revisado y expandido.

El Derecho de Adquisición Preferente (“DAP”) es uno de los mecanismos más utilizados para limitar la libre transferencia de las acciones de una sociedad anónima. Tradicionalmente, el estudio del DAP se ha centrado en su enfoque societario; sin embargo, en la presente investigación, a fin de tener una visión más aprehensiva, se propone además un análisis desde el Derecho Civil y desde la perspectiva económica de esta preferencia. En el ordenamiento societario peruano, el artículo 237 de la Ley General de Sociedades establece un DAP, de aplicación supletoria, para la transferencia de acciones en las Sociedades Anónimas Cerradas (“SAC”). La presente tesis se centra en el análisis del procedimiento de ejercicio de este DAP en las SAC, y a lo largo del desarrollo se muestran los potenciales problemas e incertidumbres alrededor de este procedimiento que pueden impedir y/o poner en cuestionamiento una efectiva transferencia de las acciones de una sociedad. A su vez, se proponen respuestas e interpretaciones para prevenir controversias en el ejercicio de este DAP y así evitar costos no queridos para los involucrados en este procedimiento.

El presente informe jurídico tiene como finalidad analizar las implicancias y efectos jurídicos originados a raíz de la demanda de disolución interpuesta por Specchi S.A.C. (a través de su gerente general, Oscar Sampietro), contra la señora Ana Cecilia Ricci (en adelante, “Sra. Ricci”) y contra el mencionado gerente general en calidad de accionista (en adelante, “Sr. Sampietro”), en la cual Specchi S.A.C. solicita que se declare su disolución de pleno derecho por no contar con la pluralidad de accionistas requerida por ley por un plazo mayor al establecido en el artículo 4° de la Ley General de Sociedades (en adelante, “LGS”). Esta pérdida de pluralidad se origina, sin embargo, en la resolución contenida en la sentencia emitida por el Cuarto Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima1, que declara la existencia de la unión de hecho conformada por la Sra. Ricci y el Sr. Sampietro. Tal sentencia incluye, además, otro pronunciamiento: declara fundada la liquidación de la sociedad de bienes originada en tal unión de hecho respecto de todos los bienes de dicha sociedad, incluyendo Specchi S.A.C. Jurisprudencialmente, se reconoce que los efectos de la declaración de unión de hecho son de aplicación retroactiva, por lo que respecto de Specchi S.A.C. se genera una situación sui generis al no tenerse punto claro respecto de cómo esta aplicación retroactiva modifica (o no) la composición accionaria de Specchi S.A.C. El análisis de los problemas jurídicos en materia de derecho de familia y derecho societario se realiza no sólo de manera extensiva y sistemática respecto de las normas de derecho de familia y de derecho societario, pero también analizando su ratio legis, interrelación, origen y aplicación, así como se emplea una orientación dogmático-jurídica en atención a la revisión de diversa doctrina aplicable.

En el presente artículo, se estableció el marco de las denominadas operaciones acordeón de acuerdo a nuestra regulación jurídica societaria. Luego se analizó un conocido caso que se trata en sede constitucional; CHIQUITOY (expediente N° 00228-2009-PA/TC- La Libertad). Acto seguido, se analizó la viabilidad de los requisitos de validez que planteo el TC para la aplicación de la operación acordeón a una sociedad que se encuentra inmersa en un proceso concursal. Finalmente se estableció los requisitos para la aplicación de la operación acordeón para aquellas sociedades que si bien es cierto estas pasando por una inestabilidad financiera aún no están inmersas en un proceso concursal.

De acuerdo al artículo 36 de la Ley General de Minería, los socios, directores, representantes, trabajadores y contratistas, y las personas que dependan económicamente de estos, no podrán solicitar concesiones un radio de 10 kilómetros de las concesiones de titularidad de otra persona con la que mantengan cualquiera de las relaciones indicadas. Pese a ello, Newmont Perú S.R.L. (Newmont) solicita sustituir a Back Arc Minerals S.R.L. (BAM) respecto a la concesión Tacna 101, ubicada a menos de 10 kilómetros de un grupo de concesiones del primero. Tacna 101 fue solicitada por BAM cuando su accionista mayoritario, Ever Jesús Márquez Amado, era un trabajador de Newmont, a quien sí le hubiese sido aplicable el artículo 36 de la LGM si él hubiese solicitado la referida concesión. En vista de ello, Newmont solicita la aplicación extensiva del artículo 36 de la Ley General de Minería y el levantamiento del velo societario de BAM respecto a Ever Jesús Márquez Amado. La solicitud de Newmont fue rechazada en primera y segunda instancia por el INGEMMET y el Consejo de Minería, respectivamente. En nuestra opinión, no correspondía aplicar del artículo 36 de la Ley General de Minería. Por un lado, no era posible aplicar extensivamente el artículo 36 de la Ley General de Minería al no haber una laguna que integrar. Por otro, al existir otros remedios en el ordenamiento distintos a la sustitución respecto a la concesión Tacna 101, no era posible levantar el velo societario de BAM.

Este trabajo expone los problemas que afronta una S.A.C. sin directorio y una S.R.L. cuando el gerente general cesa o se ve imposibilitado temporalmente para ejercer sus funciones y la junta general no puede instalarse con carácter de universal por la inasistencia de la totalidad de sus integrantes, en ese escenario, los accionistas tienen que recurrir a la vía notarial o judicial para convocar válidamente a una junta general con el objeto de nombrar al nuevo gerente general, sin embargo, estas vías suelen ser muy costosas y demandan mucho tiempo, en ese lapso, la sociedad corre el riesgo de paralizar sus operaciones al encontrarse acéfala por la falta de un representante con facultades suficientes que le permita desarrollar con normalidad su objeto social. Estudiaremos los distintos tipos de representación, expondremos la forma en la que se encuentra regulada en la LGS y en el ALGS la administración y representación en una S.A., S.A.C. sin directorio y una S.R.L., analizaremos legislación comparada sobre la materia, los precedentes de observancia obligatoria y resoluciones del Tribunal Registral, y dos casos prácticos. Finalmente, sustentaremos la necesidad de implementar una estrategia de política legislativa tendiente a lograr la modificación de la LGS y del DS N° 006-2013-JUS, a efectos de permitir que los socios o accionistas otorguen a uno o más apoderados las mismas facultades que al gerente general.

El destino de las ganancias en una empresa puede generar distintos problemas y enfrentamientos entre los accionistas, quienes son los llamados a decidir sobre las utilidades; este conflicto tiene como origen intereses que se contraponen, uno de estos puede ser el buscar que la sociedad mejore su posición económica mediante la capitalización del total de sus utilidades frente al derecho de los accionistas, generalmente minoritarios, en recibir los dividendos. De este modo, resulta atractivo para la sociedad poder reinvertir sus utilidades, dado que no requerirá otro tipo de financiamiento, pero esto representa dejar sin ganancias a los socios. Así, surge justificar la reinversión por un interés social, el cual consideramos debe ser visto como el objeto por el cual se constituye una empresa, que es el fin lucrativo. En ese sentido, el presente trabajo de investigación procura establecer que se debe priorizar el derecho del socio minoritario a percibir dividendos frente a una capitalización del total de utilidades, lo cual no representa un limite o una acción en contra de los planes de negocios o crecimiento de la compañía, sino un acceso efectivo a las ganancias generadas por ésta, como una retribución al capital invertido y compensación por el riesgo asumido. De esta forma, para evitar los posibles conflictos, se podría buscar que exista un mecanismo mixto para poder satisfacer ambas necesidades, lo mencionado mediante una política de dividendos basada en principios de buen gobierno corporativo, y a su vez en respeto del ordenamiento jurídico actual, el cual en la Ley General de Sociedades prevé la existencia del Dividendo Obligatorio, representando para nuestro caso un aspecto relevante que ayuda a garantizar este derecho patrimonial del accionista. / Trabajo de investigación

La aplicación de la tecnología en la actualidad es un requisito indispensable para la automatización y digitalización de los procesos en las organizaciones públicas y privadas. Por ello, en el presente trabajo pongo en evidencia la necesidad de establecer la relación entre los aportes que trae consigo en el Derecho Societario, específicamente sobre el funcionamiento y los beneficios del blockchain en las juntas general de accionistas de las sociedades anónimas para garantizar el derecho de voto y con ello los demás derechos implícitos a este. Pues, mediante esta tecnología se facilita a las empresas grandes, inclusive pequeñas, en optimizar los acuerdos societarios de diferentes índoles. A la vez, la tecnología blockchain brinda simplicidad a los mismos accionistas en el derecho de emitir su voto de una forma más accesible y acorde a sus necesidades, garantizando su participación y verificaciones correspondientes con la seguridad que dicha información que brinde y reciba sea auténtica y real. Para esto, pongo como ejemplo diversas evidencias a nivel nacional e internacional con el fin de conocer la aplicabilidad y viabilidad que tiene la tecnología blockchain en las celebraciones de juntas de accionistas. Del mismo modo, enfatizo de manera técnica los mecanismos necesarios para entender su funcionamiento y su relación con el derecho societario en general, porque de esa manera, podemos entender la gran necesidad de adaptar nuestra realidad empresarial a los medios tecnológicos nuevos.