La violencia obstétrica, constituye una problemática abordada desde distintos ámbitos y regulada en muchos países a nivel internacional. Los derechos humanos vulnerados que se vinculan con actos de violencia obstétrica han sido abordados y trabajados por distintos comités, informes y protocolos dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Derechos Humanos. El objetivo de esta investigación es analizar la situación de la violencia obstétrica y como el estado peruano ha venido dando respuesta frente a esta problemática. Ello, a partir del caso de Eulogia Guzmán y su hijo Sergio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este caso engloba un conjunto de hechos vinculados con vulneraciones a los derechos humanos, tales como el derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la dignidad humana, derecho a la salud materna y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Pues se evidencia que nuestro país tenía obligaciones vigentes en materia de estos derechos cuando aconteció este caso. En ese sentido Eulogia termina siendo víctima de la inacción e ineficacia del estado para garantizar el ejercicio de derechos plenamente reconocidos. / Obstetric violence constitutes a problem approached from different spaces and regulated in many countries at an international level. The violated human rights linked to acts of obstetric violence have been signed and worked on by different committees, reports, and protocols within the Inter-American Human Rights System and the Universal Human Rights System. The objective of this research is to analyze the situation of obstetric violence and how the Peruvian State has been responding to this problem. This, based on the case of Eulogia Guzmán and his son Sergio vs. the Inter-American Commission on Human Rights. This case included a number of facts related to human rights violations, such as the right to health, the right to life, the right to human dignity, the right to maternal health, and the exercise of women's human rights. According to that, it is evident that our country had obligations regarding these rights when this case happened. In this sense, Eulogia ends up being a victim of the inaction and ineffectiveness of the state to guarantee the exercise of fully recognized rights. / Tesis

En noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional oficializó el pase de la fase de examen preliminar a la apertura de una investigación formal sobre los presuntos crímenes cometidos en Venezuela desde 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos. Un año antes, en noviembre de 2020, la Carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y la Universidad española Alfonzo X el Sabio, organizaron el Foro titulado “La Corte Penal Internacional y las situaciones sobre Venezuela”. El presente libro recoge las ponencias de este evento, las cuales componen un contenido importante pues se convierten en doctrinas para el Derecho Internacional y muy en particular para la joven Corte Penal Internacional, a donde fueron enviados los resultados de este evento.

Informe de Seminario para optar al grado de Licenciado en Historia / Seminario de grado: Entendiendo la sociedad latinoamericana a través de un análisis histórico cultural

Tesis (Magíster en derecho con mención en Derecho Internacional)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta tesis buscara demostrar la situación de vulnerabilidad que producen las normas de extranjería en el ámbito del derecho laboral y la seguridad social a los trabajadores migrantes, en especial a los que se encuentran en una situación migratoria irregular. Para esto, abordaremos las normas nacionales y tratados internacionales que regulan el ámbito jurídico del trabajador migrante que se encuentra en Chile; también los problemas laborales y previsionales que se generan por la aplicación de las normas de extranjería en el ámbito del trabajo y de la seguridad social; realizaremos una exposición sobre el conflicto entre las normas aplicables, y como esto se puede observar respecto del principio de no discriminación y del derecho a la libertad de trabajo. Por último, las conclusiones que se pueden determinar mediante esta investigación, y las propuestas que ofrecemos como fórmulas para dar solución a estas problemáticas y contradicciones. Deseamos que este humilde trabajo sea un aporte para el actual debate, referido a la migración en Chile.

Memoria para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales / Reconociendo la importancia de actualizar las herramientas que los servicios de inteligencia cuentan para llevar a cabo su labor, este trabajo tratará una de las más controvertidas, la vigilancia masiva, y en específico, su interacción con el derecho a la privacidad. Así, se comenzará por analizar en que consiste esta, su alcance y uso en la actualidad. Su intrínseca relación con los derechos humanos será analizada a la luz de las posibles afectaciones que puedan estos sufrir. Para determinar las exigencias bajo las cuales puede permitirse la vigilancia masiva, se tratará su régimen a nivel internacional, ya sea por medio de legislación comparada o por los pronunciamientos recaídos por parte de organismos internacionales. El objetivo final, será determinar los estándares que esta actividad debe cumplir en caso de ser utilizada a nivel nacional. Su falta de tratamiento a nivel nacional, requerirá examinar la normativa que en la actualidad permite la interceptación de las comunicaciones, y en base a esta construir esta respuesta. Palabras clave: vigilancia masiva, privacidad, derechos humanos, interceptación de comunicaciones / Recognizing the importance of updating the tools that intelligence services have to carry out their work, this work will deal with one of the most controversial, massive surveillance, and specifically, its interaction with the right to privacy. Thus, it will begin by analyzing what it is, its scope and current use. Its intrinsic relationship with human rights will be analyzed in light of the possible effects that these suffer. In order to determine the requirements under which mass surveillance can be allowed, its regime will be treated at an international level, either through comparative legislation or by pronouncements handed down by international organizations. The final objective will be to determine the standards that this activity must meet if it is used nationally. Its lack of treatment at the national level, will require examining the regulations that currently allow the interception of communications, and based on this build this response.

La presente investigación tuvo por objetivo proponer una ley para la Coordinación entre Justicia Comunal y Poder Judicial que garantice el respeto a los Derechos Fundamentales, estableciendo los criterios que contribuyen con el correcto desarrollo de lo estipulado en el artículo 149 de la Constitución Política. Para ello fue necesario analizar el contexto actual en el que se ejerce la Justicia Comunal, teniendo en cuenta las diferentes controversias que se han ido suscitando en el transcurso del tiempo en esta forma de justicia, y sus deficiencias frente a un trabajo conjunto con la Justicia Estatal; y segundo, establecer los criterios en los que se debe desarrollar el debido proceso en la Justicia Comunal, tomando como base el derecho a la doble instancia y el otorgamiento al Poder Judicial a fiscalizar el ejercicio de la Justicia Comunal. Todo este estudio nos permitió plantear nuestro problema bajo el desarrollo de una investigación cualitativa a la luz de un estudio social y jurídico de acuerdo a la casuística nacional e internacional, lo cual conllevara al ejercicio pleno de una justicia enfocada en garantizar los derechos fundamentales de la persona.

Los pueblos indígenas fundamentan su vida en la tierra y el medio ambiente en el que viven y se desarrollan, su derecho al territorio y acceso a los recursos naturales se garantiza en el ordenamiento jurídico mexicano a través de diversas disposiciones constitucionales y leyes federales relacionadas, así como la normativa internacional en el contexto del régimen de protección de los derechos de los pueblos indígenas, resaltando básicamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Como resultado de una tradición de ocupación del espacio caracterizada por una explotación intensiva de los recursos, en Brasil no se ha considerado la transgeneracionalidad del derecho al medio ambiente o la sostenibilidad de su desarrollo. Con un importante incremento demográfico y en ausencia de planificación ordenada del territorio, el país alcanzó una elevada tasa de urbanización de la población, en ciudades configuradas a lo largo de cursos de agua o en sus áreas de influencia. El presente estudio tiene por propósito, en ese contexto, investigar el fenómeno de las inundaciones urbanas frente a la constante interacción entre la ciudad y las aguas fluviales de su entorno. Por condiciones hidrológicas, geológicas y meteorológicas, asociadas a la acción humana, los fenómenos naturales pasan a tener características de catástrofes, produciendo daños personales y patrimoniales. Así, se trata de profundizar en el análisis de las verdaderas causas de los daños producidos en eventos extremos de origen hidrológico, pues, si las crecidas son movimientos naturales de los cauces, en buena medida conocidos y previsibles, las inundaciones (que afectan a las vidas y patrimonios de las personas) deberían ser evitadas. Desde el punto de vista metodológico, para realizar la presente investigación se han utilizado fuentes legales, doctrinarias y jurisprudenciales, sumadas al análisis de diferentes estudios y experiencias técnicas utilizadas en Europa y aún desconocidas en Brasil, como los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS). Finalmente, se propone para Brasil una aprobación de nuevos instrumentos legislativos destinados a perfeccionar el actual sistema normativo que permita afrontar la problemática de las inundaciones, utilizando para ello el análisis comparativo con Europa, en general, y España, en particular, dotando al orden jurídico de una política nacional de ordenación territorial que logre coordinar los distintos textos legales editados en ámbitos locales y regionales, así como promover un diálogo entre éstos y las normas sectoriales con reflejo territorial.

El Estatuto de Roma, en vigor desde el 01 de julio del 2002, es el instrumento que prevé la creación de una Corte Penal Internacional, ante la necesidad de juzgar a quienes cometen delitos contra la comunidad internacional. El Estado peruano al ratificar este instrumento internacional se obligó a adecuar su legislación interna de acuerdo a estas normas internacionales, por ello el Congreso de la República mediante Ley Nº 27837 creó una comisión especial revisora del Código Penal encargada de revisar entre otras cosas, la adecuación a los delitos previstos en el Estatuto de Roma. Esta comisión concluyó la propuesta de adecuación de la legislación nacional al Estatuto, la cual dio mérito al proyecto de Ley Nº 14659/2005-CR que a su vez se recogió en el proyecto de Ley Nº 1707/2007/CR. A pesar de la importancia de este proyecto, consideramos que éste contiene errores sustanciales en la tipificación de los delitos que contradice lo estipulado en el Estatuto de Roma, en especial en los delitos de lesa humanidad; asimismo es posible mejorar el proyecto al incluir normas que hagan factible la materialización de la jurisdicción universal y la imprescriptibilidad de estos delitos, así como la aplicación del principio aut dedere et aut iudicare y la mejora de la tipificación del delito de genocidio y su instigación. Por otro lado, respecto a los delitos contra el DIH es necesario incluir definiciones del DIH que faciliten su aplicación e interpretación. El proyecto de ley fue presentado en el 2006, sin embargo hasta la actualidad el Parlamento ha postergado su revisión pues al ratificar el estatuto los estados trasladan la competencia a la Corte Penal Internacional, de un modo subsidiario, para juzgar a sus ciudadanos o a extranjeros y con ello se vulneraría la soberanía jurisdiccional del Estado. No obstante esta idea es errada, pues contrariamente a lo que piensan algunos de nuestros parlamentarios, la implementación en lugar de violar la soberanía peruana, la reforzaría y fortalecería la competencia de nuestros jueces para juzgar este tipo de delitos, recordando siempre el principio de subsidiariedad de la Corte.